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DOBLE LLAVE – La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) informó este miércoles 25 de noviembre que en 2019 al menos 4.640 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina, lo que implica un incremento del 31,5 % respecto al año anterior.

«La violencia de género ocurre de forma sistemática en nuestra región. No conoce fronteras, afecta a mujeres y niñas de todas las edades y sucede en todos los espacios», señaló Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la institución, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según los datos del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (OIG) de la CEPAL, en 2019 se perpetraron 1.111 feminicidios más que en 2018, año en el que se contabilizaron 3.529 muertes por violencia machista.

La institución mostró a través de un comunicado su preocupación por las «altas tasas de feminicidio observadas» y por la «persistencia de la violencia por razones de género» en la región, que calificaron de «pandemia en la sombra«.

Dos de cada tres mujeres fueron víctimas de violencia por razones de género en distintos ámbitos de su vida y una de cada tres experimentaron vejaciones físicas, psicológicas o sexuales a manos de sus parejas, informó el comunicado.

Países con mayores tasas de feminicidio

Los países con mayores tasas de feminicidios por cada 100.000 mujeres son Honduras, El Salvador, República Dominicana y Bolivia.

En términos absolutos, Brasil contabilizó la cifra de asesinatos machistas más alta, con 1.941 casos, seguido de México, con 983 feminicidios reportados el año pasado.

La situación de las mujeres se ha visto «agravada» durante el confinamiento por la pandemia del COVID-19, agregó la institución, puesto que el aislamiento «limitó el acceso a redes de apoyo y servicios de atención» destinados a evitar la violencia machista.

Además, la saturación de los servicios de salud por causa de la crisis sanitaria también afecta la capacidad de atención médica de las víctimas que sufren violencia sexual.

«La gran cantidad de denuncias en líneas y de forma presencial exige fortalecer la acción pública con aumento de recursos fiscales y medidas que garanticen la atención integral», apuntó el informe.

Pese a que se implementaran más de 90 medidas en toda la región para tratar de evitar los femicidios en el marco de la pandemia, la institución consideró que en general el funcionamiento de los servicios es «muy complejo y limitado».

«Urge avanzar en forma integral y acelerada en la garantía de los derechos y la autonomía de las mujeres en sus dimensiones económica, física y en la toma de decisiones», concluyó Bárcena.

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Gabriela Morales

Con información de La Vanguardia

 

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