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Cataluña no ha dejado de ser noticia esta semana. Luego de las elecciones del pasado domingo, que tuvo como gran ganador al partido Convergencia Democrática de Cataluña, mucho se ha hablado sobre la separación de la región del resto de España.

Mariano Rajoy avanzó este jueves en su estrategia de judicializar el desafío indepentista de Cataluña: la reforma legal que permitirá al Tribunal Constitucional castigar el incumplimiento de sus sentencias pasó del Congreso de los Diputados al Senado con el único apoyo de su Partido Popular (PP).

La formación conservadora admitió públicamente que la reforma está dirigida a frenar al jefe del gobierno catalán. Se trata de “armar jurídicamente” a las instituciones frente al “golpe de Estado a cámara lenta” que pretende perpetrar Artur Mas, defendió la formación conservadora.

Mas, jefe del Ejecutivo catalán en funciones, convirtió las elecciones del domingo pasado en Cataluña en un plebiscito de facto sobre la independencia, que ganaron los secesionistas con mayoría de diputados en el Parlamento regional, pero no de votos.

El futuro político de Mas, sin embargo, ha quedado en el aire tras las elecciones porque la CUP, el partido secesionista que tiene la llave de la gobernabilidad, rechaza apoyarlo en la investidura y pide un candidato alternativo.

La reforma que hoy pasó hacia el Senado y que tendrá luz verde definitiva a mediados de mes, permitirá al Tribunal Constitucional suspender en el cargo al jefe del gobierno catalán, sea cual sea, si prosigue el proceso hacia la independencia y desoye las resoluciones que pueda emitir la corte contra los pasos que vaya dando el Ejecutivo regional hacia la secesión.

Todos los grupos de la oposición están en contra de la medida, que supone judicializar más el problema catalán y cargar una responsabilidad política sobre el Tribunal Constitucional, y pidieron abordar la vía política y el diálogo con Cataluña.

Se trata de “excitar el anticatalanismo y conseguir votos para el PP a costa de destrozar el Tribunal Constitucional”, aseguró el Partido Socialista (PSOE), el principal de la oposición española.

La formación anunció que recurrirá la reforma ante el propio Tribunal Constitucional una vez entre en vigor.

La mayoría absoluta del PP le permitió hoy rechazar todas las enmiendas parciales al texto y enviarlo al Senado.

Elecciones el 20 de diciembre

Rajoy, que aspira a un segundo mandato en esos comicios, fue preguntado sobre la fecha durante una entrevista en la televisión privada Antena 3. Ya había dicho que serían en diciembre, pero hasta este jueves no había revelado la fecha exacta.

Se barajaba también el día 13. Pero finalmente, los españoles acudirán a las urnas en vísperas de las fiestas de Navidad.

El presidente del gobierno español y líder del conservador Partido Popular (PP) decidió estirar al máximo la legislatura y apurar el tiempo para convocar unas elecciones generales cruciales bajo la idea, según los analistas, de que cuanto más tiempo pase, más ciudadanos valorarán los datos económicos. Sin embargo, el Banco de España acaba de alertar de una ralentización en la recuperación.

El domingo día 20 de diciembre es el límite legal para celebrar los comicios, que hace cuatro años se celebraron el 20 de noviembre. La ley española permite ese margen de un mes que Rajoy decidió apurar.

Será la primera vez que el país vota a su Parlamento el último mes del año. La mayoría de los comicios generales desde 1977 ha tenido de hecho lugar en el primer semestre. De 11 veces, los españoles han acudido a las urnas cinco en marzo, tres en junio, dos en octubre y una en noviembre, el año pasado.

Estas serán las primeras elecciones generales que se celebran tras el fin del bipartidismo que ha supuesto la irrupción de Podemos, primero, y Ciudadanos, después, y en las que ningún partido será capaz ya de obtener una mayoría absoluta.

KYL

Con información de dpa.

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