HRW acusa a las autoridades venezolanas de “utilizar la pandemia como excusa para la represión”

DOBLE LLAVE – La ONG Human Rights Watch (HRW) acusa a las autoridades venezolanas de presuntamente servirse de las medidas de control del COVID-19 y del estado de excepción, decretado a mediados de marzo, como «excusa» para reprimir a la disidencia e intensificar el control de la población.

Asimismo, el organismo denuncia detenciones arbitrarias de periodistas, trabajadores sanitarios, abogados y políticos opositores.

El presidente, Nicolás Maduro, ha prorrogado cinco veces el estado de excepción y alarma, que contempla restricciones a la circulación, la suspensión de algunas actividades y el uso obligatorio de mascarillas, a pesar de que la Constitución establece un máximo de 60 días y la Asamblea Nacional no lo ha aprobado.

Con este decreto, las fuerzas de seguridad pueden realizar «inspecciones» si existe una «fundada sospecha» de que se están violando las disposiciones excepcionales; una «puerta abierta a la represión», como ya constató el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en un informe y han venido denunciando en estos últimos meses organizaciones locales.

HRW estima que, al menos 162 personas fueron sido víctimas de hostigamiento, detención o persecución penal entre marzo y junio, si bien otras fuentes como Foro Penal constataron 252 arrestos arbitrarios entre marzo y julio. Los detenidos pueden terminar acusados de delitos previstos en la ambigua «ley contra el odio» y procesados sin apenas acceso a abogados y por un sistema judicial vinculado al gobierno.

Las autoridades supervisan las calles durante la cuarentena

Líneas rojas

HRW alertó de los retrasos que la pandemia esta generando en el sistema judicial y que las autoridades “se hayan agarrado a la emergencia sanitaria para justificar la realización de arrestos sin la orden previa de un juez”.

En este sentido, la ONG recordó que, el Derecho Internacional también establece líneas rojas en situaciones de emergencia como la actual, entre ellas figuran el derecho a la vida, la prohibición a la tortura y los maltratos, el derecho a un juicio justo, a no sufrir detención arbitraria y el derecho a la revisión judicial de las detenciones.