Se espera que la Corte Penal Internacional actúe ante los hechos producidos en los últimos años en el país
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DOBLE LLAVE – La Corte Penal Internacional (CPI) es un Tribunal de Justicia Internacional permanente que se encarga de juzgar a las personas que son señaladas por cometer actos de genocidio, guerra, agresión y de lesa humanidad. No pertenece a las Naciones Unidas pero mantiene vínculo en términos descritos por el Estatuto de Roma.

Aunque su sede se encuentra en La Haya, en los Países Bajos, la organización tiene autoridad para intervenir en situaciones de riesgo humanitario, tal como sucede actualmente en Venezuela. No obstante, muchas personas desconocen el alcance de sus decisiones y el peso real de estas sobre el país suramericano, por eso la siguiente reseña.

El 17 de julio de 1998, se estableció la CPI tras obtener aprobación en la Conferencia Diplomática de Plenipotenciarios de la ONU en la ciudad de Roma. De esta manera, pasó a ser el primer organismo judicial internacional permanente cuya finalidad es perseguir y condenar graves crímenes cometidos por individuos en contra del DI y los Derechos Humanos.

Su manera de actuar es por medio de:

  • Remisión de un Estado Parte a la Corte
  • Solicitud del Consejo de Seguridad de las NU (donde se aplica el veto invertido)
  • De oficio por la propia CPI. Se reciben denuncias de víctimas que son estudiadas por la acusadora principal de esa institución, Fatou Bensouda.
  • Si se requiere investigación más profunda del caso y seguir adelante con el proceso, deberá pedir la autorización de la Cámara de Antejuicios.

Venezuela en La Haya

Debido a las diversas faltas contra del derechos humanos de los venezolanos, la directora del Instituto Casla de Praga, Tamara Sujú, indicó que se presentó ante la CPI una gran cantidad de casos de tortura en el país suramericano, que se han producido en los últimos años.

En junio de 2016 se presentó el “Informe sobre casos emblemáticos de torturas y métodos utilizados en Venezuela en los años 2002-2016”, en el que se explican 55 casos documentados de vejaciones y malos tratos. Ahora se agregaron más nombres y apellidos de víctimas, instituciones y personas que se prestaron para participar en estos actos de tortura y represión.

Sin embargo, muchas son las interrogantes que surgen en cuanto al caso de Venezuela, ya que desde hace algún tiempo distintas Cortes Superiores en el mundo alertan sobre las acciones de la CPI en el país, pero éstas no terminan de llegar al territorio donde se impide la libertad.

Uno de los requisitos importantes para que la CPI active sus ejecuciones, es que el país requerido cuente con un Tribunal dispuesto a enjuiciar al victimario, así sea al mismo Jefe de Estadio, cosa por la que Venezuela estaría padeciendo ya que los poderes judiciales están parcializados. Otro paso es activar la sala de antejuicios que da la autorización para las investigaciones propias.

La pronta acción de la CPI en Venezuela se está necesitando de manera inmediata y si ésta no llega a tiempo, estaría yendo en contra de su razón de ser por no impartir justicia en casos donde jóvenes y venezolanos han perdido la vida o las oportunidades de distintas maneras.

Este tipo de impunidad es la que se quiere evitar en el siglo XXI, donde, aunque no debería, se alargan casos de crímenes y torturas en países como Siria o Corea del Norte, que viven sus momentos más críticos de dictadura gubernamental.

Angélica Rodríoguez.

Con información ElUniversal.

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