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DOBLE LLAVE – La Justicia de El Salvador informó este jueves que la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz de 1993, es inconstitucional, ya que aseguran que impide la investigación y sanción de las violaciones de los derechos humanos que se cometieron durante el período de la guerra civil en ese país.
El fallo de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) indica que la amnistía va en contra de la protección de los derechos fundamentales y obstaculiza el cumplimiento de las obligaciones estatales de prevención, investigación, enjuiciamiento, sanción y reparación de las graves violaciones a dichos derechos.
La guerra de El Salvador dejó más de 70 mil muertos, 8.000 desaparecidos y casi un millón de refugiados.
El informe de la comisión de la verdad, apoyada por las Naciones Unidas (ONU), dictaminó que el Ejército y los cuerpos de seguridad fueron culpables de más del 80% de los crímenes de guerra: asesinatos selectivos, torturas y desapariciones forzosas, entre otros.
La sentencia judicial establece que «los autores materiales o directos, generalmente actuaron bajo la dirección de los jefes máximos de las estructuras militares, paramilitares y guerrilleras a las cuales pertenecían. Todo lo cual implica una necesaria responsabilidad penal tanto de los ejecutores directos como de aquellos que dieron las respectivas órdenes violatorias de derechos fundamentales».
Crímenes como el del arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en 1980; la masacre de El Mozote de 1981, cuando fueron asesinados más de 1.000 campesinos, así como la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos de sus empleadas, no se han llevado a juicio en El Salvador porque los jueces se apoyaron en la citada amnistía de 1993.
De igual manera, la Sala también establece que la citada amnistía reviste la inconstitucionalidad porque «contradice el derecho a la indemnización por daño moral, pues obstaculiza e impide una forma de reparación o remedio que la Constitución y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos invocados sí garantizan en los casos de graves violaciones a los derechos fundamentales». Esto generará grandes debates en medio de una sociedad dividida y polarizada.
Angélica Rodríguez.
Con información de dpa.
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