La propuesta surge como respuesta al reciente reporte del Ejecutivo sobre un récord en la demanda energética, el cual el abanderado opositor calificó como una muestra más de la «oscuridad» que atraviesa el país debido a la falta de legitimidad y mantenimiento, y no a las sanciones internacionales.

Fondos en disputa y críticas a la gestión

El líder opositor cuestionó que el dinero venezolano en el exterior se esté destinando actualmente al pago de bufetes de abogados privados en EEUU, en lugar de invertirse en la infraestructura eléctrica.

Edmundo González criticó duramente la postura oficial que pide a los ciudadanos «ahorrar luz» y exige al sector privado utilizar sus propios generadores, señalando que quienes hoy piden sacrificios al país son los mismos que nunca han padecido las fallas del servicio en sus hogares.

El debate sobre la legitimidad

Según el dirigente exiliado en España, el deterioro del sistema no es consecuencia de las medidas de presión internacional, sino de la incapacidad del gobierno para atraer empresas serias, argumentando que ninguna entidad de prestigio firma contratos con administraciones que carecen de legitimidad.

Esta posición contradice la versión del gobierno, que insiste en que las «maniobras» actuales de estabilización son necesarias para responder a un crecimiento económico y a temperaturas extremas que llevaron la demanda a 15.579 megavatios.

Crisis del sector

La controversia ocurre en un momento de vulnerabilidad para el SEN, con fallas diarias que afectan principalmente a las regiones del interior de Venezuela.

Mientras el Ejecutivo inició una convocatoria nacional para presentar un Plan de Recuperación junto a sectores científicos e industriales, la oposición mantiene que la solución estructural pasa por un cambio en la administración de los recursos y el reconocimiento de la crisis de mantenimiento que ha provocado apagones constantes en todo el territorio.

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El Ejecutivo vinculó este incremento al aumento de las temperaturas y al crecimiento económico, ordenando medidas drásticas como la prohibición total de la minería digital en el país para proteger el suministro.

Hito en el consumo y medidas restrictivas

De acuerdo con el comunicado oficial, la demanda actual ha puesto bajo presión la infraestructura nacional.

Ante este escenario, el gobierno encargado hizo un llamado urgente al sector privado para que utilicen sus propias plantas de generación durante las horas de mayor temperatura.

Asimismo, se activó un plan de supervisión inmediata para identificar y sancionar el uso ilícito de equipos de minería de criptomonedas, considerados altos consumidores de energía.

Inversiones y convocatoria nacional

Para intentar solventar las fallas a mediano plazo, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de «inversiones estratégicas», aunque sin detallar los proyectos específicos.

Como parte de esta estrategia, este viernes 8 de mayo se instalará una mesa técnica que convocará a científicos, académicos y sectores industriales con el objetivo de diseñar el nuevo Plan de Recuperación y Transformación del Sistema Eléctrico Nacional.

Descontento social y crisis de servicios

Sin embargo, la situación en el interior del país sigue siendo crítica. La ONG Provea reportó que en estados como Aragua, Carabobo, Anzoátegui, Monagas, Sucre y Barinas se mantienen fuertes protestas ciudadanas debido a los cortes prolongados.

Mientras el sector oficialista apunta a factores climáticos, líderes opositores y organizaciones civiles reiteran que el colapso se debe a la desinversión y la falta de mantenimiento acumulada durante años.

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«Lamentablemente, el tema de la minería informal es una actividad que está presente en esta zona, pero la medida que hemos tomado no significa que se potencie, ni que la probabilidad de que alguna afectación por minería informal aumente. Eso no va a pasar», indicó Valencia en la emisora RPP.

Cuando le pidieron más detalles sobre la existencia de esta actividad ilegal en la reserva donde se encuentran las líneas de Nazca, el ministro señaló que «hay algunos yacimientos mineros», pero que no tiene «la información exacta de qué tipo de mineral hay ahí».

El pasado jueves, el Ministerio de Cultura anunció la reducción del área de la reserva, una decisión que según Valencia «no altera ni afecta el área inscrita como sitio del patrimonio mundial ni su zona de amortiguamiento reconocidos por la Unesco, por lo que el Valor Universal Excepcional (VUE) del bien cultural permanece intacto«.

Protección de las Líneas de Nazca

El ministro dijo que el recorte del área responde a la necesidad de reflejar de manera más precisa la relación entre los geoglifos y las características físicas registradas en la zona, al asegurar su protección y preservación.

«Debo precisar y ser enfático en referir que el área inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad y el área de amortiguamiento no ha sido afectada. Es decir, el área que ha sido inscrita en la lista de patrimonio de la humanidad y zona de amortiguamiento está dentro del polígono de los 3.200 kilómetros, que sigue siendo reserva arqueológica», sostuvo Valencia.

El titular de ministerio de Cultura expuso que la reserva arqueológica en mención, delimitada en 2004, tenía una extensión aproximada de 5.600 kilómetros cuadrados y después de recabar información y realizar estudios durante más de 20 años se ha determinado que son aproximadamente 3.200 kilómetros cuadrados los que corresponden al área cultural de las líneas de Nazca.

El ministerio recordó que la Reserva Arqueológica de las Líneas y Geoglifos de Nazca fue declarada mediante una resolución del 26 de julio de 1993 y, posteriormente, mediante una resolución del 13 de agosto de 2004 se precisó que abarcaba un área de 5.633,47 kilómetros cuadrados.

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La minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.

Claves de la situación de la minería ilegal en Perú

1.- Mapa minero

La minería ilegal se extiende por la costa, sierra y selva del país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que genera pérdidas anuales a Perú por más de 6.200 millones de dólares o 5.500 millones de euros.

La mina más afectada por los enfrentamientos de bandas asociadas a esta actividad ilícita es Poderosa, donde fueron asesinados los 13 trabajadores de la mina, muchos de ellos vinculados a la seguridad, y donde son contantes los ataques a mineros y contra su infraestructura.

En este gran yacimiento aurífero, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en dos años por las bandas, que según la empresa, han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».

2.- Daño social y medioambiental

La actividad de los mineros ilegales se multiplica por múltiples rincones del país, lo que inevitablemente viene acompañado de explotación laboral y sexual de mujeres y menores en los campamentos.

Además, provoca un aumento de la violencia por la presencia de bandas armadas, de la corrupción, por autoridades implicadas, y también vulnera los derechos de comunidades indígenas, que ven como mineros ilegales operan en sus territorios.

Más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal solo en Madre de Dios. Un enorme problema ambiental al que se une el uso del mercurio, utilizado en la extracción de oro, y que contamina aguas y perjudica la salud de personas indígenas.

3.- Incapacidad de las autoridades

El estado de emergencia decretado en Pataz, que incrementa la presencia militar y policial, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para enfrentarse a esta situación.

Los expertos destacan que para combatir el crimen es necesario reforzar la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.

4.- Registro formal

Uno de los mecanismos estatales para reducir la informalidad de los mineros es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que establece los requisitos para que los mineros artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.

Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.

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La operación se lleva a cabo por orden del Tribunal Supremo y se pondrá en marcha el próximo viernes en este territorio indígena donde viven 6.365 indígenas, de la etnia mebengôkre y del grupo aislado de Rio Fresco.

Los mineros ilegales, también conocidos como garimpeiros, han destruido 274 hectáreas de bosque nativo de la tierra Kayapó, un 8,5 % de la extensión de la reserva, según datos de un comunicado del Ministerio de los Pueblos Indígenas.

La minería ilegal, además de destruir la selva, utiliza metales pesados en sus procesos, entre ellos el mercurio, que contaminan los ríos y la pesca, lo que ha causado enfermedades a la población nativa.

Según el comunicado, la tierra Kayapó es la segunda reserva indígena más afectada por la minería ilegal en Brasil, por detrás de la tierra indígena Sararé.

Expulsión de mineros ilegales

La operación de expulsión de los mineros será coordinada por los Ministerios de Presidencia y de los Pueblos Indígenas y movilizará una veintena de organismos públicos, que incluyen varios cuerpos de policía.

Esta es la octava operación de expulsión de garimpeiros promovida por el Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva desde que llegó al poder en 2023.

La lucha contra la minería ilegal es uno de los pilares de la política indígena del Gobierno, al lado del combate a la deforestación ilegal y la retomada de los procesos de demarcación de tierras, que habían sido suspendidos por el Ejecutivo del presidente Jair Bolsonaro (2019-2022).

No obstante, los pueblos indígenas se quejan de la lentitud en los procesos de protección de sus tierras. Desde 2023, el Gobierno creó 13 nuevas reservas y asegura que otras 11 están listas para alcanzar ese estatus.

Actualmente, existen unas 600 tierras indígenas protegidas, que ocupan cerca del 14 % del territorio nacional y albergan a cerca de 700.000 personas.

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El estudio «Oro tóxico» elaborado por Greenpeace Brasil muestra cómo la extracción de este metal es «una de las principales causas de la pérdida de biodiversidad en el país y afecta de forma desproporcionada a las comunidades indígenas y grupos vulnerables».

El mercurio utilizado durante el proceso de extracción «contamina la selva y los cursos de agua, y pone en peligro la vida salvaje y la salud humana», según la organización.

La investigación analiza el camino del oro ilegal desde la Amazonía hasta los mercados mundiales y revela que, en 2024, los principales destinos fueron Canadá, Reino Unido y Suiza todos «importantes centros internacionales de refinado y comercio», donde Suiza destaca como «puerta de entrada de más de la mitad de las importaciones de oro de la Unión Europea».

El informe señala discrepancias en los datos oficiales sobre el comercio de oro: las importaciones suizas «superaron las exportaciones declaradas por Brasil en un 67 % en 2022 y en un 62 % por en 2023», lo que sugiere «importantes irregularidades».

Además, la organización ambiental considera «poco probable» que la demanda mundial de la minería ilegal disminuya y señala que, «sólo en 2024 el precio del oro aumentó un 44 % y muchos bancos centrales han manifestado su intención de acumular reservas de oro».

«El hambre mundial de oro destruye la selva amazónica y esto debe cambiar»; los minoristas internacionales tienen que «revelar sus cadenas de suministro y garantizar que el oro ilegal queda fuera del mercado», según el responsable de la campaña sobre minería ilegal en la Amazonía, Harald Gross.

Extracción ilegal en tierras indígenas

El expresidente Jair Bolsonaro «debilitó deliberadamente los controles medioambientales en la Amazonía», lo que desencadenó «una explosión de la exploración minera entre 2018 y 2022, con un asombroso aumento del 265 % en la extracción ilegal en tierras indígenas», según el informe.

Desde 2023, el actual Gobierno brasileño ha intensificado los esfuerzos de seguridad y vigilancia en áreas clave, pero la minería ilegal continúa adaptándose y extendiéndose por la selva», lo que «subraya la necesidad urgente de estrategias sostenidas a largo plazo».

Los datos analizados en el estudio (2023-2024) muestran que la acción gubernamental para combatir esta actividad destructiva «no está produciendo una disminución», sino un cambio en los territorios indígenas afectados.

De esta manera, mientras que las actividades mineras se redujeron en las tierras Yanomami, Munduruku y Kayapó, en un 7 %, un 57 % y un 31 % menos respectivamente, el territorio Sararé experimentó un ascenso dramático, con un aumento de actividades de minería ilegal del 93 %.

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De ese total, 510 hectáreas se encuentran en las zonas de amortiguamiento de las áreas protegidas, espacios de transición entre la reserva natural y su entorno donde también están prohibidas estas actividades, mientras que más de 50 hectáreas se ubican dentro de los límites de estas zonas protegidas.

El área natural más afectada es el Parque Nacional Podocarpus, donde la minería ilegal ya se desarrolla en lo profundo de la zona, una de las de mayor biodiversidad y endemismo en la región sur de Ecuador.

Hasta septiembre de 2024, la minería ilegal había arrasado con 50 hectáreas ubicadas a lo largo del río Loyola, dentro del Parque Nacional, 28 hectáreas más de las que se reportaron en julio de 2023, lo que resulta en un crecimiento de 125 % en el último año.

Por medio de imágenes satelitales, el MAAP ha podido determinar que la minería «ha aumentado considerablemente», ocasionando que el río Loyola cambie su cauce. «Asimismo se evidencia la pérdida de los bosques nativos, lo que produce una fragmentación a los ecosistemas adyacentes», según señaló el reporte.

Avance de la minería ilegal

Estas actividades mineras también están amenazando a las áreas protegidas que están en el Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza.

En Sumaco Napo-Galeras, que está en el norte del país, la deforestación aumentó en 142 hectáreas dentro de la zona de amortiguamiento, entre septiembre de 2022 y agosto de 2024, de los cuales 0,32 hectáreas se localizaron al interior de los límites del Parque Nacional.

En la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, también en el norte del país, se registró un avance total de minería de 337 hectáreas entre febrero de 2020 y septiembre de 2024, de las cuales 1,05 hectáreas se encuentran dentro del límite de la Reserva.

Por su parte, en el Refugio de Vida Silvestre El Zarza, en el sur de Ecuador, el MAAP evidencia actividades mineras a orillas del río Zarza, en el límite del área protegida.

Este informe del MAAP es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).

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DOBLE LLAVE

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Fuente de imagen referencial: EFE/José Jácome

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El jefe de Estado ordenó al comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, llevar a cabo un plan de recuperación y reforestación de la zona, ubicada dentro de un parque natural, que quedó «completamente» destruida.

Señaló que «ya se inició el desalojo pacífico, voluntario, organizado» de la mina ilegal ‘Bulla Loca’, donde ocurrió el derrumbe, de donde fueron evacuadas 384 personas hasta el viernes pasado, según informó entonces Hernández Lárez.

Asimismo, Maduro denunció que en la zona de La Paragua -cercana a la mina- hay un «conjunto de irregularidades graves», entre ellas «actuaciones corruptas de algunos funcionarios», que se están investigando en un proceso que dirige «personalmente», del que ofrecerá mayores detalles cuando tenga el informe, «en las próximas horas».

#EnVivo 📹 | «Yo ordené una investigación y de verdad aquí hay que actuar para liberar toda esa zona y proceder a un plan de reforestación», orientó el jefe de Estado @NicolasMaduro sobre operaciones de minería ilegal en el estado Bolívar pic.twitter.com/DyoU5aLpc3

— Prensa Presidencial (@PresidencialVen) February 27, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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A través de la red social X (antes Twitter), el funcionario dijo que, en «cumplimiento de las órdenes» del mandatario Nicolás Maduro, la institución militar ha evacuado a «más de 14.000 mineros ilegales» y desmantelado «más de 4.500 estructuras tipo campamentos» usadas para el ejercicio ilícito de esta actividad.

Asimismo, señaló que los funcionarios de la FANB que participan en estos operativos en el parque nacional Yapacana, en el estado Amazonas (sur, fronterizo con Brasil y Colombia), unos «25.000 efectivos», han destruido «infinidad de maquinarias depredadoras», como «motores, plantas, compresores y muchas otras».

«En muy breve será liberado, definitivamente, el parque nacional Yapacana de los mineros y la depredación ambiental», aseguró el comandante de la Fuerza Armada en la red social, donde comparte fotografías y vídeos de los operativos.

El militar dijo recientemente que un tribunal ha autorizado la aplicación de «medidas judiciales precautelares» contra los acusados de practicar la minería ilegal en Yapacana.

La acción judicial autoriza a la FANB a aplicar medidas de «carácter ambiental», sin detallar si este permiso incluye la potestad para arrestar a civiles.

Esta resolución incluye permisos para desmantelar campamentos y estructuras donde se realice la práctica ilegal de la minería, así como para decomisar y destruir artefactos como dragas, motores, plantas eléctricas y mangueras, «teniendo especial cuidado en el manejo de sustancias peligrosas que se encuentran en los sitios».

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@rafarias86

Con información de medios, agencias y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @dhernandezlarez

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Así lo comunicó este lunes el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, mediante X (antes Twitter).

Desmantelamiento de campamentos y estructuras ilícitas

Hernández manifestó que estas medidas de «carácter ambiental» posibilitarán a los militares deshacer los campamentos y estructuras donde se lleva a cabo esta actividad ilícita, además de retener, incautar y eliminar los materiales «que puedan ser utilizados para la contaminación de las aguas, destrucción de la vegetación y la degradación de los suelos».

Sin embargo, no especificó si estas medidas abarcan la potestad para apresar a civiles.

Confiscación y destrucción de artefactos contaminantes

La resolución judicial también concede a la FANB la facultad para embargar y destruir artefactos como dragas, motores, plantas eléctricas y mangueras, «teniendo especial cuidado en el manejo de sustancias peligrosas que se encuentran en los sitios».

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Gabriel Velásquez

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La agropecuaria continúa siendo el principal impulsor de la deforestación, mientras que la minería ilegal en Pará representa una preocupación adicional

Agropecuaria, el principal impulsor de la deforestación

La agropecuaria sigue siendo el principal «vector de presión» que impulsa la deforestación en la Amazonía, siendo responsable de casi el 97 % del área talada.

Esta actividad económica, que incluye la expansión de la agricultura y la ganadería, tiene un impacto devastador en los bosques y la biodiversidad de la región.

Minería ilegal en Pará, un factor preocupante

El informe destaca que en el estado de Pará, ubicado en el norte de Brasil, la minería ilegal también ha sido un factor «expresivo» en la deforestación.

La extracción de minerales sin autorización y sin prácticas sostenibles representa una grave amenaza para los ecosistemas y las comunidades locales.

La necesidad de medidas urgentes y efectivas

Estas alarmantes cifras de deforestación en la Amazonía enfatizan la urgencia de tomar medidas concretas y efectivas para proteger este invaluable ecosistema.

Es crucial fortalecer la implementación y el cumplimiento de las leyes ambientales, así como promover prácticas sostenibles en la agropecuaria y combatir la minería ilegal.

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Gabriel Velásquez

«En el Parque Nacional Yapacana fueron aprehendidos cinco ciudadanos de nacionalidad colombiana y un ciudadano brasileño, dedicados a la depredación ambiental, destrucción de la naturaleza y los ecosistemas de las tierras venezolanas, consideradas como zonas de seguridad y defensa nacional bajo administración especial»; indicó el militar a través de la red social Twitter.

En el Parque Nacional Yapacana fueron aprehendidos cinco (05) ciudadanos de nacionalidad colombiana y un (01) ciudadano brasilero, dedicados a la depredación ambiental, destrucción de la naturaleza y los ecosistemas de las tierras venezolanas, consideradas como zonas de seguridad… pic.twitter.com/zlavRa0tOH

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) June 12, 2023

Hernández Lárez reveló además la destrucción de un campamento usado para la minería ilegal, también en el parque Yapacana, aunque no detalló si las detenciones están relacionadas con la destrucción de dicho campamento.

El jefe del Ceofanb aseguró que el espacio estaba en manos de «grupos delincuenciales liderados por terroristas ambientales» que «promocionan desde Inírida, en Colombia, la debacle del ecosistema».

Durante el operativo, efectivos militares destruyeron dos martillos y un motor eléctrico, dos cascos de turbinas, una mecha de perforación; 40 metros de cable coaxial, dos plantas eléctricas portátiles y dos motocicletas, entre otros materiales utilizados para la minería.

Autoridades venezolanas intensificaron la vigilancia en las zonas mineras de Amazonas y Bolívar en los últimos años, con el objetivo de erradicar a grupos irregulares que extraen riquezas de la tierra, lo que ha producido enfrentamientos armados, detenciones y denuncias de ONG de abuso de poder contra pueblos indígenas.

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Víctor De Abreu

La información la dio a conocer a través de las redes sociales el jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB (Ceofanb), Domingo Hernández Lárez.

En un mensaje publicado en Twitter detalló que fueron destruidos en el campamento ilegal: dos motores, dos bombas, combustible, una balsa, mangueras y otros implementos usados para la minería ilegal.

Ante el desmantelamiento del campamento en Canaima, Hernández Lárez subrayó que la FANB se mantiene activa «combatiendo grupos de minería ilegal quienes arbitrariamente se establecen en los parques naturales protegidos por el Estado, destruyendo el medio ambiente y la capa vegetal, violando el ordenamiento jurídico territorial».

En el Parque Nacional Canaima #FANB desactiva campamento de minería ilegal, destruyendo: 2 motores, 2 bombas, combustible, 1 balsa, mangueras y otros implementos ilegales de minería. Está prohibido la minería en zonas protegidas por el Estado. pic.twitter.com/wj8Wh8kB6q

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) January 26, 2023

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: @dhernandezlarez, vía web

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La directora del Instituto de Investigaciones Ambientales de la Amazonía (IPAM), Ane Alencar, detalló que, «el decreto que incentiva la ‘minería‘ en pequeña escala, es decir la minería, es una ofensa a la Amazonía. Sin ningún estímulo la actividad fue un desastre ambiental y social, imagínense con este decreto».

Por su parte, la ONG Greenpeace destacó que esta decisión «alienta la deforestación, el acaparamiento de tierras y la minería ilegal» y que ahora el gobierno «busca formas de legalizar estos delitos que desencadenan más destrucción y contaminación ambiental», según recogió el diario “O Globo”.

La minería es una actividad económica que permite la explotación y extracción de los minerales acumulados en el suelo

En definitiva, esta decisión, que se propuso para alcanzar «un desarrollo sostenible regional y nacional», contempla al garimpo (minería salvaje y sin regulación) como «alto potencial de generación de riqueza e ingresos para una población de cientos de miles de personas».

De acuerdo con información de la Agencia Brasil, la secretaría general de la Presidencia indicó en un comunicado que, «es fundamental que las acciones gubernamentales reconozcan las condiciones en las que viven las pequeñas empresas mineras, el alcance de su actividad y las necesidades primarias de la sociedad que les rodea».

brasildefato: Um decreto de Jair Bolsonaro (PL) instituiu, nesta segunda (14), um programa de atividades de «mineração artesanal e em pequena escala» com foco na Amazônia.
Na prática, a medida oficializa a exploração que já acontece ilegalmente, dizem mo… pic.twitter.com/92knTUt5qU

— Brasil de Fato RN (@brasildefatorn) February 15, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

Los uniformados murieron el pasado sábado, cuando el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y de un grupo disidente del acuerdo de paz con las FARC los atacaron con explosivos, ráfagas de fusil y ametralladora en el departamento de Arauca, donde hay decenas de cruces irregulares que conectan a ambos países.

“Se refuerza la presencia de 300 hombres adicionales de nuestro Ejército Nacional con el fin de proteger esos puntos de cruce en la frontera”, aseguró el ministro de Defensa, Diego Molano.

El presidente Iván Duque ha insistido en que el ataque fue planificado desde Venezuela por el ELN, en alianza con disidentes.

El país vive un rebrote de violencia a pesar del desarme de la que fuera la guerrilla más poderosa del continente

El gobierno de Maduro niega relación con los hechos

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino, desmintió dicho señalamiento a través de su cuenta oficial de Twitter.

El viernes el Ejército colombiano anunció que dos uniformados fueron secuestrados en Arauca, al igual que un coronel de la institución que se encuentra en poder de los disidentes desde abril y que de acuerdo a las autoridades está en Venezuela.

Sin un mando unificado, las disidencias de las FARC suman unos 2.500 militantes y se financian principalmente con el narcotráfico, la minería ilegal y la extorsión, según inteligencia militar.

Bogotá acusó en reiteradas ocasiones al gobierno de Nicolás Maduro de dar refugio a rebeldes disidentes de las FARC y guerrilleros del ELN, lo que es negado por las autoridades venezolanas.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

“Aprobada, sin enmiendas, resolución de Unesco sobre Canaima”, señaló la ONG SOS Orinoco en redes sociales, y agregó que la decisión se tomó en “menos de un minuto y sin discusión”.

Mediante el documento, piden al Ejecutivo recibir la Comisión de Monitoreo Reactiva de la organización internacional, en aras de constatar el estado de este patrimonio mundial.

Esta zona está siendo afectada, según denuncias, por prácticas contaminantes en Bolívar, principalmente a causa de la minería ilegal, muy común en todo el estado.

El Parque Nacional Canaima ubicado en el estado Bolívar, es conocido por albergar el Auyantepuy, la meseta más alta del país y la caída de agua más alta del mundo, El Salto Ángel

Por otra parte, el contrabando ilegal de oro forma parte de la cotidianidad en la zona, después de que los ingresos turísticos se desplomaran y las comunidades indígenas se vieran en la obligación de dedicarse a la actividad minera para subsistir.

En este sentido, el Grupo de Trabajo Socioambiental de Amazonia, Wataniba, alertó que hay unas 99 áreas de explotación minera dentro del Parque Nacional, que se extienden a 184 si se incluyen las áreas adyacentes, con una afectación directa de al menos 12.800 hectáreas, sin considerar la contaminación que afecta a ríos, poblaciones humanas y la diversidad animal de la zona.

Apoyo de la anterior AN

La antigua Asamblea Nacional (AN) que ha presidido Juan Guaidó respaldó la solicitud que hizo Unesco. La presidenta de la Comisión Permanente de Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de ese ente legislativo, María Gabriela Hernández, aplaudió la decisión del organismo internacional y aseguró que brindarán el apoyo técnico y financiero para la restauración del ecosistema del parque, una vez los expertos den el veredicto de la evaluación a realizar.

Además que, apoya la “propuesta de Inparques realizada a la Unesco, para ampliar la extensión de Canaima, patrimonio de la humanidad, hacia otras áreas, hoy del Arco Minero del Orinoco, para protegerlo de la minería y del impacto que ocasiona sobre el parque”.

URGENTE: Aprobada SIN ENMIENDAS resolución de @UNESCO sobre #Canaima en menos de 1 segundo y sin discusión! Le piden al régimen @NicolasMaduro q reciba Comisión de Monitoreo Reactiva para constatar estado de valores del Sitio de Patrimonio Mundial pág. 205 https://t.co/6ixNoShTVV

— SOS Orinoco (@SOSOrinoco) July 23, 2021

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Gabriela Morales

Con información de ONG, medios nacionales y redes sociales