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DOBLE LLAVE – Un escalofriante video de 13 trabajadores de una mina de oro que habían sido secuestrados, torturados y asesinados en un socavón en el norte de Perú por parte de delincuentes ha evidenciado la «ola de terror» que ha desplegado las bandas de minería ilegal, una actividad que cada vez tiene un mayor impacto social y ambiental.
La minería formal aporta el 10 % PIB del país andino. En 2024, supuso una inversión de 4.960 millones de dólares, pero la minería ilegal mueve hasta 3.000 millones de dólares al año y crece por el aumento del precio de materiales como oro y la falta de intervención de las autoridades.
Claves de la situación de la minería ilegal en Perú
1.- Mapa minero
La minería ilegal se extiende por la costa, sierra y selva del país. La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) estima que genera pérdidas anuales a Perú por más de 6.200 millones de dólares o 5.500 millones de euros.
La mina más afectada por los enfrentamientos de bandas asociadas a esta actividad ilícita es Poderosa, donde fueron asesinados los 13 trabajadores de la mina, muchos de ellos vinculados a la seguridad, y donde son contantes los ataques a mineros y contra su infraestructura.
En este gran yacimiento aurífero, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados en dos años por las bandas, que según la empresa, han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».
2.- Daño social y medioambiental
La actividad de los mineros ilegales se multiplica por múltiples rincones del país, lo que inevitablemente viene acompañado de explotación laboral y sexual de mujeres y menores en los campamentos.
Además, provoca un aumento de la violencia por la presencia de bandas armadas, de la corrupción, por autoridades implicadas, y también vulnera los derechos de comunidades indígenas, que ven como mineros ilegales operan en sus territorios.
Más de 100.000 hectáreas de bosques amazónicos han sido arrasadas por la minería ilegal solo en Madre de Dios. Un enorme problema ambiental al que se une el uso del mercurio, utilizado en la extracción de oro, y que contamina aguas y perjudica la salud de personas indígenas.
3.- Incapacidad de las autoridades
El estado de emergencia decretado en Pataz, que incrementa la presencia militar y policial, ha evidenciado la incapacidad de las autoridades para enfrentarse a esta situación.
Los expertos destacan que para combatir el crimen es necesario reforzar la inteligencia por parte de las fuerzas de seguridad.
4.- Registro formal
Uno de los mecanismos estatales para reducir la informalidad de los mineros es el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que establece los requisitos para que los mineros artesanales e informales puedan regularizar su situación legal.
Datos del Ministerio de Energía y Minas, indican que solo el 4 % de los 85.000 mineros que buscan formalizar sus actividades son titulares de las concesiones en las que operan.
De interés: Brasil lanza operación para expulsar mineros ilegales de tierra indígena
DOBLE LLAVE
Con información de EFE Servicios
Fuente de imagen referencial: EFE/Policía Nacional de Perú
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