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DOBLE LLAVE – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al gobierno de Nicolás Maduro no ratificar la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones no Gubernamentales (ONG), que fue impulsada en un primer debate el 24 de enero por la Asamblea Nacional.
La CIDH y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) expresaron su preocupación a través de un comunicado por el avance del proyecto de ley y advirtieron que esto limitaría la participación ciudadana y la defensa de los Derechos Humanos en Venezuela.
La ley, que aún no fue convocada para su segunda discusión, reduce las actividades que pueden desarrollar las organizaciones, además de otorgarle a las autoridades del Estado la facultad de disolver unilateralmente aquellas que participen, según su criterio, en actividades políticas o que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones de la República.
“Este no es el primer acto gubernamental que tiene como finalidad controlar y limitar el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil, restringiendo libertades como la de expresarse, asociarse y la de participar en asuntos de interés público”, detalló el comunicado.
Las organizaciones destacaron que en 2022 rechazaron el anteproyecto de «Ley de Cooperación Internacional» que contemplaba la prohibición, suspensión, restricción o eliminación de las organizaciones de la sociedad civil, “que directa, o indirectamente, promuevan o participen con otras asociaciones, organizaciones, gobiernos u organismos internacionales, en la aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la República”.
En 2021, la CIDH y su RELE se pronunciaron en contra de la Providencia Administrativa No. 001-2021, que exigía a las organizaciones sin fines de lucro inscribirse en el Registro Unificado de Sujetos Obligados de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT).
“En Venezuela existe un entorno hostil contra las organizaciones defensoras de los derechos humanos, en el que predominan las campañas de desprestigio, estigmatización y actos de hostigamiento como consecuencia de sus actividades de defensa”, agregó la CIDH en el comunicado.
Las organizaciones afirmaron que es fundamental que el Estado cuente con organismos competentes para su registro, sin limitar arbitrariamente la libertad y funcionamiento de estas organizaciones.
La CIDH exhortó además al Gobierno nacional a que se abstenga de aprobar cualquier ley o reglamento que limite el derecho de asociación, la libertad de expresión y la participación en asuntos de interés público.
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Víctor De Abreu
Con información de El Diario y otros medios nacionales
Fuente imagen referencial: Politika UCAB, vía web
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