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DOBLE LLAVE – La propuesta de reforma a la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia desestima la privación de libertad pero conserva facultades discrecionales de censura y establece severas penalizaciones administrativas sobre las plataformas informativas, según alertó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) en un pronunciamiento institucional publicado en sus redes sociales.
La agrupación gremial denunció que el texto en debate parlamentario mantiene conceptos jurídicos ambiguos —tales como la generación de «angustia o zozobra»— que otorgan amplio margen de interpretación al Ente Regulador para exigir la remoción inmediata de material informativo en soportes digitales y tradicionales.
Asimismo, el SNTP precisó que la norma faculta al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz para aplicar de forma directa penas pecuniarias que oscilan entre 500 y 10.000 veces el tipo de cambio de la divisa de mayor valor fijada por el Banco Central, además de imponer de 200 a 600 horas de labor comunitaria, relegando la revisión por parte de los tribunales a una fase posterior al dictamen.
Ante este escenario, la representación sindical ratificó su exigencia de derogar íntegramente este marco normativo, anular los expedientes judiciales en curso y levantar las medidas cautelares que pesan sobre comunicadores sociales, señalando que la sustitución de la prisión por castigos financieros no elimina las amenazas hacia el ejercicio del periodismo ni la arbitrariedad en el bloqueo de portales de noticias o revocatoria de concesiones radiales.
#ComunicadoSNTP | El proyecto de reforma de la Ley contra el Odio elimina todas las penas de cárcel, pero mantiene controles sobre lo que difunden los medios y crea nuevas sanciones administrativas.
Conserva la facultad de ordenar el retiro inmediato de contenidos y obliga a difundir mensajes sobre convivencia y paz. Incumplir puede ocasionar el inicio de un procedimiento administrativo.
El proyecto define cinco faltas, pero mantiene términos abiertos como “angustia o zozobra”, “motivos análogos” y mensajes que atenten contra la convivencia. La garantía expresa para el periodismo y la opinión política solo cubre la falta de discurso de odio; no limita la aplicación de las demás faltas.
También establece multas de 500 a 10.000 veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor y entre 200 y 600 horas de trabajo comunitario. El Ministerio de Justicia impondría las sanciones; la revisión judicial vendría después.
Quitar la cárcel no elimina el control ni el margen para la arbitrariedad. El SNTP exige derogar la Ley contra el Odio, cerrar las causas judiciales y poner fin a las medidas cautelares impuestas por su aplicación arbitraria.
Si eres uno de los que defiende la libertad de expresión, publica y comparte.
— SNTP (@sntpvenezuela) October 21, 2026
De interés: TSJ valida proyecto de reforma a la Ley contra el Odio
Con información de EFE Servicios
Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña
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