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El alcalde de la ciudad colombiana de Cúcuta, Donamaris Ramírez, anunció que viajará a Washington para denunciar al gobierno venezolano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la deportación masiva de colombianos.
«Este martes estaré en Washington interponiendo una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra Maduro», dijo el alcalde, quien agregó que llevará documentación sobre «atropellos» que habrían cometido miembros de la Guardia Nacional venezolana contra los deportados.
«Hay mucho material para demostrar la tiranía del gobierno de Maduro», enfatizó el alcalde de la ciudad a la cual han arribado más de un millar de colombianos deportados del vecino país.
El procurador general de Colombia, Alejandro Ordóñez, dijo el miércoles pasado que está recopilando información de la actuación de los militares venezolanos para interponer una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI), pues en su opinión se han cometido delitos de lesa humanidad.
«Es dramático y alucinante. Aquí estamos frente a claros delitos de lesa humanidad, aquí se debe pedir la unidad de la institucionalidad frente a estas víctimas de actos sistemáticos contra los colombianos», dijo el jefe del Ministerio Público.
La crisis empezó el pasado 20 de agosto, cuando un ataque armado que dejó heridos a tres militares venezolanos en su país, cerca de la línea limítrofe, llevó a Maduro a cerrar por 72 horas la frontera entre el estado venezolano de Táchira y el departamento colombiano de Norte de Santander.
Posteriormente, Maduro extendió el cierre por tiempo indefinido y decretó medidas de excepción en Táchira, tras lo cual empezó la deportación de colombianos.
Según el mandatario, con el estado de excepción se busca erradicar el contrabando desde Venezuela a Colombia y combatir a bandas paramilitares que operan en esa zona.
Pero el aspecto que más disgusto ha causado a Bogotá es la deportación de más de un millar de colombianos, que desde hace una semana empezaron a llegar a albergues de Cúcuta, la capital de Norte de Santander.
Varios de los deportados han denunciado que sus casas fueron marcadas con la letra «D» y luego demolidas en el municipio de San Antonio, en Táchira.
Además de los deportados, más de 4.000 colombianos han cruzado los límites internacionales a través de un río para retornar a su país y anticiparse a la deportación.
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, hasta ahora se han presentado 1.014 denuncias por la actuación de las autoridades venezolanas.
El organismo indicó que el 34% de las quejas corresponde a violencia física o verbal, el 29% a desintegración familiar, el 17% a despojo y el 16% a destrucción de viviendas.
AG
Con información de dpa.
Fotografía REUTERS.
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