BCV estaría esperando que se estabilice la tensión socio-política de 2015 para entregar indicadores económicos a la colectividad



El acceso a la información pública es un derecho humano que se presenta  como “la piedra angular de todas las libertades a las que están consagradas las Naciones Unidas”, en virtud de ello todos los ciudadanos deben buscar, recibir y difundir información de interés común relacionada a los desempeños del Estado y las administraciones públicas.

Venezuela vela por esta garantía mediante la Constitución Nacional que específicamente en el artículo 28 establece que “toda persona tiene el derecho de acceder a la información y a los datos que sobre sí misma o sobre sus bienes consten en registros oficiales o privados…”.

El diario El Universal destacó en el marco del “día mundial por el derecho a saber” que en cuanto a la legislación propia para resguardar tal derecho aún no se desarrolla un instrumento específico, razón por la que vinculados a la prensa esperan que próximamente se adelante un trabajo que permita a Venezuela convertirse en el país americano número 23 en consagrar un documento legal único para resguardar el derecho de acceso a la información.

Aunado a este trabajo el periodista Juan Francisco Alonso destacó que en 2014 las organizaciones no gubernamentales (ONG) Espacio Público y Transparencia Venezuela, entes dedicados al seguimiento y registro de indicadores asociados a las principales necesidades sociales, presentaron el proyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la información pública, el cual contemplaba la creación de un órgano autónomo encargado de garantizar este derecho.

Propuesta que según declaraciones de las propias ONG “fue archivada junto al centenar de peticiones que han emitido” y no han sido responsablemente atendidas, así lo exaltó Alonso en un artículo publicado en septiembre de este año donde reportó que “entre 2011 y 2014 al menos un 84% de las peticiones de información que Espacio Público dirigió a distintos organismos del Estado no fueron respondidas”.

¿Dónde se reclama la opacidad?

El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS Venezuela) explica que al hablar de violación del derecho a la información se hace referencia a opacidad, la cual se produce por no responder peticiones informativas o por ocultar datos que deberían ser públicos. ONG, economistas y analistas de gestión pública han precisado que actualmente existe un déficit informativo en cuanto a los principales indicadores económicos de Venezuela.

A propósito de ello el observatorio legislativo CEDICE organizó el foro “La economía, los secretos del Banco Central. ¿Qué pasa con la información?” para difundir la responsabilidad que tiene el ente financiero, al cual le compete publicar los principales indicadores económicos. En este foro el economista, José Guerra, asumió el liderato y denunció que “el BCV vive tinieblas informativas”.

El también profesor universitario explicó que se desconocen “desde finales de 2014 datos sobre el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC); el Producto Interno Bruto (PIB), balanza de pagos, índice de escasez” y demás datos de interés ciudadano. Guerra ahondó al argumentar que “en 2013 se dejó de publicar el indicador de remuneraciones de empleados y obreros, además del índice de desarrollo humano que contempla la calidad de servicios públicos”.

Todos los valores antes descritos reportan la evolución de un país, el INPC define la capacidad de compra real del trabajador, el PIB refleja el crecimiento financiero, la balanza de pagos registra las transacciones económicas que realiza un país con el resto de mundo, el índice de escasez advierte la realidad de la distribución alimentaria y el de remuneración de empleados permite establecer el costo de la mano de obra pública y privada.

Por tal motivo el economista explica que “hacer un balance real del desarrollo socio-económico de Venezuela en 2015 es imposible porque no hay datos oficiales”,  información que según el presidente del BCV, Nelson Merentes, sí es calculada pero no es  presentada ante la opinión pública para evitar conflictos políticos.

Y es que marzo de 2014 Merentes declaró a los medios que “ante la tensión política no se hacían públicos los indicadores económicos para no favorecer ninguna tendencia”, el directivo enfatizó en que valores como el índice de escasez competen al Gobierno y no puede ser catalogado como indicador político, por tal motivo “la información ha sido proporcionada con la debida discreción al Estado”.

Según el periodista Roberto Deniz del portal de noticias RunRun.es, las referidas declaraciones han sido, hasta ahora, la única explicación oficial a la “irregularidad de 2014 que se transformó en opacidad informativa para 2015”. Sin embargo otros funcionarios vinculados al proceso económico han sugerido explicaciones ante la falta de exposición de los datos oficiales, el diputado de la Asamblea Nacional por parte del PSUV y miembro de la comisión de finanzas,  José Ávila, hizo lo propio.

El parlamentario aseguró que las cifras que se reclaman no han sido publicadas porque “Venezuela está en guerra y el BCV vive un sabotaje interno”, profundizó en que la llamada guerra económica ha alterado la inflación a cifras irreales y que por esa razón es imposible publicar tales datos. “Sería una falta de ética, porque estaríamos apoyando la guerra contra nuestra economía” puntualizó Ávila al ser entrevistado en el programa “Al Instante” de Unión Radio.

Al mismo tiempo el diputado acusó a técnicos del organismo financiero de alimentar cifras extraoficiales que sugieren “una inflación y niveles de escasez absurdos” que lejos de acabar con la opacidad lo que hacen es “sabotear la gestión directiva del banco con una suerte de tecnocracia instalada”. Ávila aseguró que cuando se supera la tensión en el país las publicaciones de datos oficiales tomarán su curso.

Ante esto la economista Anabella Abadi declaró al diario impreso Tal Cual que en el BCV no existe una negativa de los técnicos, por el contrario “han solicitado a la dirección del banco publicar las cifras para acabar con la expectativa, y es la directiva del ente quien se niega a difundir la información”, he aquí donde está el error según la también analista de entorno y gestión pública, ya que es “la expectativa lo que alimenta la inflación”.

Abadi denomina como deficiente la actuación del ente financiero ante las realidades que vive el país desde febrero de 2014 y etiqueta de “acto inconstitucional e ilegal” la no publicación oficial de datos oficiales.

Denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)

Por otro lado, partiendo de lo que han denominado “acto ilegal” organismos venezolanos denunciaron recientemente ante la CIDH, una supuesta violación del derecho al acceso a la información pública, enfatizando en que esta es “prácticamente inexistente en el país y viola las garantías de más de 30 millones de venezolanos” así se precisó en el documento presentado ante el organismo.

Las ONG Transparencia Venezuela y Espacio Público protagonizaron el reclamo junto al Colegio Nacional de Periodistas (CNP), el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, el Instituto de Prensa y Sociedad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa.

Solicitaron ante la CIDH se analicen las verdaderas realidades del país que, según Mercedes De Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, “convergen entre unas tasas inflacionarias fantasmas y una inseguridad abrumante”, que no son explicadas como deberían porque “no hay institución de los poderes públicos nacionales donde la opacidad no sea la política oficial”.

Además, Transparencia Venezuela presentó un estudio realizado en 2014 donde concluyeron que “el marco legal venezolano resulta restrictivo y obstaculiza el ejercicio del derecho a la información”, de 475 instrumentos jurídicos adoptados en los últimos 14 años, 60 contienen disposiciones que restringen el acceso a la información pública. De Freitas aclaró que la opacidad institucional se convierte en censura y autocensura de los medios.

A propósito de ello el Director de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), William Castillo, que asistió ante la CIDH en representación de los organismos del Estado, reconoció que existen “debilidades que hay que atender” en materia de información pública, pero aseguró que no han sido descartadas por los respectivos entes ni por los medios de comunicación que “no responden a la censura, responden al peso de sus palabras, razón por la que no difunden datos imprecisos o falsos”.

¿Qué acciones toma el Estado?

El defensor del pueblo, Tarek William Saab, expuso el pasado mes de noviembre en Montevideo que el organismo exige regularmente a los entes especializados la información estadística de todo aquello que afecte directa o indirectamente el desarrollo de los venezolanos. Las declaraciones fueron parte de su ponencia en la XX Asamblea General Ordinaria y reunión de las Redes temáticas de la Federación Iberoamericana del Ombudsman.

El defensor explicó una serie de recomendaciones que fueron sugeridas a distintos entes, los cuales acataron la información y mejoraron en pro de la transparencia de los indicadores oficiales. Sin embargo un funcionario de la Defensoría del Pueblo, que prefirió mantenerse anónimo, aseguró que “de las exigencias que se le hacen a los organismos,  realmente se recibe respuesta de una minoría”, lo que imposibilita el seguimiento de las funciones gubernamentales.

Este funcionario precisó que a pesar de las fallas en materia de acceso a la información pública, las denuncias sobre la violación de este derecho apenas suman el 8,82% del cúmulo recibido por la institución desde 2001 hasta 2014, por lo que concluyen que “es un problema menor que puede ser corregido”.

Igualmente el funcionario asegura que desde la Defensoría prevén que “tras el cese de la tensión política que ha aquejado a la economía en este año, se publiquen todos los indicadores económicos  y se presente la explicación respectiva”.

Las inquietudes esperan ser correctamente atendidas, entendiendo que el acceso a la información responde a una garantía humana que debe ser exigida como minuta universal impuesta para velar por el derecho a saber. Derecho que fortalece a la ciudadanía.

Yelimar Requena

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