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DOBLE LLAVE – La venezolana Yetzabeth Hernández, quien fue víctima de acoso sexual en Perú en septiembre del 2019 y que en su intento de defensa acabó con la vida del agresor, fue condenada por homicidio calificado a 17 años de prisión el pasado el 26 de marzo de 2021.
El 29 de septiembre de 2019, Yetzabeth al regresar de realizar unas compras, entre ellas un cuchillo de cocina, fue acosada sexualmente por el ciudadano Carlos Enrique Condori, quien la venía molestando con anterioridad.
Condori se acercó en actitud agresiva contra la venezolana de 26 años, quien en su intento de defenderse logró hacerse con el cuchillo y lo hirió, ocasionándole la muerte, según relató la tía de la víctima, Rafaela Alzuru.
Según el informe forense, Condori se encontraba con altas dosis de cocaína y alcohol en su organismo. Además, tenía antecedentes por tráfico de drogas y violencia doméstica.
Xenofobia: los derechos de la víctima no fueron respetados
Yetzabeth es Licenciada en Enfermería y tiene un hijo de 7 años en Venezuela
“Ningún abogado quiso defenderla por motivo de la xenofobia. Una abogada privada que decide aceptar el caso fue amenazada de muerte por parte de los familiares del occiso y tuvo que desestimar el caso”, aseguró Alzuru, quien agregó que los derechos de Yetzabeth fueron violados.
Además, Hernández documentó en su teléfono las veces en las que el hombre la hostigaba, para constar que era víctima de acoso y xenofobia, luego de lo ocurrido el teléfono desapareció y no se lo entregaron a las autoridades.
Familiares solicitan ayuda por la injusticia
Los familiares de Hernández solicitaron ayuda a cualquier ente u organismo que tenga la facultad de lograr su liberación y regreso a Venezuela, puesto que la justicia peruana dio la opción de pagar una fianza de 25.000 dólares para su libertad.
“Nosotros no contamos ni con recursos, ni propiedades para solventar esa deuda. Solicitamos ayuda, puesto que su juicio estuvo viciado y de manera injusta manipulado. Hasta el 27 de marzo de 2021 se vencía el plazo de prisión preventiva, lo que se conoce como los 45 días de averiguaciones”, expresó Alzuru.
En este sentido, la fiscalía, de manera arbitraria, apresuró finalizar las audiencias, puesto que si llegaba el fin de la prisión preventiva y no había finiquitado el juicio debía recibir libertad plena.
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Gabriela Morales
Con información de redes sociales y medios nacionales venezolanos
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