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DOBLE LLAVE – El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) denunció este lunes que la Asamblea Nacional se apropia de funciones que le corresponden al Jefe del Estado, en referencia a la dirección de las relaciones internacionales, por otra parte pide que se organicen por el bien común.

En sentencia del 9 de junio del presente año, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley Especial para Atender la Crisis Nacional de Salud, gestionada por la AN en sesión del 3 de mayo de 2016, por arrebatar trabajos del Ejecutivo Nacional correspondientes a estados de excepción y dirección de relaciones exteriores.

En la sentencia antes mencionada, la Sala revisó que la ley que vela por los servicios de salud le confiere a la AN la capacidad de formular, dirigir y ejecutar las relaciones internacionales de la República, siendo intermediario receptor de la cooperación internacional, sin que haya sido pedida por el Presidente, violando el artículo 236.4 del Texto Constitucional.

En su veredicto, el TSJ dictaminó que la ley sancionada por la AN, que buscaba obligar al Ejecutivo a aceptar la colaboración internacional, aun cuando no lo haya solicitado, cayó en una falta de cumplimiento de la parte de la soberanía del Estado venezolano a las organizaciones internacionales y países cooperantes, mismos que tendrían la potestad de decidir en qué consistirá dicha colaboración y con qué calidad y condicionalidad sería entregada.

De tomarse esa decisión, según el TSJ, se expondría a riesgo a la población, al recibir medicinas que podrían estar en etapa de investigación, así como fármacos susceptibles de afectar la salud y de prohibida administración en seres humanos, o de productos que afecten la industria farmacéutica nacional, sin que el Poder Ejecutivo haya realizado una verificación de si éstos son necesarios para enfrentar la situación que se quiere solventar.

Adicionalmente, la Sala Constitucional, de cara a la situación excepcional por la cual atraviesa Venezuela, y que fue reconocida por todos los órganos de los poderes públicos, los exhorta a que actúen de forma organizada para lograr el bien común de los ciudadanos, siguiendo el lineamiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

Angélica Rodríguez.

Con información de Agencias.

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