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El abogado Alejandro Rebolledo, doctor en Ciencias Jurídicas y especialista en materia de prevención de lavado de dinero y demás delitos afines al crimen organizado, presentó en la Asamblea Nacional de Venezuela una propuesta de reforma parcial a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Locdoft). El proyecto entró en agenda parlamentaria y será debatido.
Rebolledo, quien es director del Instituto de Altos Estudios de Derecho, explicó que el primer objetivo de su proyecto de reforma es lograr que “Venezuela avance en el fortalecimiento de la lucha contra la delincuencia organizada y la corrupción, ajustando nuestro ordenamiento jurídico a las mejores prácticas y estándares internacionales a través de una plataforma que arroje los resultados esperados en materia de recuperación de bienes”.
En ese sentido, agregó que es imperante la recuperación de los fondos y activos que hayan sido transferidos, por medio de actos de corrupción y otros delitos, a cuentas de sociedades y particulares en el extranjero para ser puestas a disposición de mafias.
Rebolledo alegó que “es necesario el rescate de instrumentos jurídicos como la denuncia de actos de delincuencia organizada y el sistema de protección del denunciante, para recuperar y estimular esa útil y eficiente fuente de información».
Con esta reforma, enfatizó, se pretende restituir el valor de importantes herramientas que permitan rescatar esa fuente de información, estimulando la denuncia de buena fe. Para esto se plantea, incluso, ofrecer recompensas cuando a través de tales denuncias se logren sentencias condenatorias, confiscación y recuperación de bienes.
Al referirse al segundo objetivo de la reforma, Rebolledo afirmó: “Es apremiante adecuar la legislación venezolana en materia de prevención y control de los riesgos de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, a las nuevas recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en febrero del año 2012, conocidas como los ‘Estándares Internacionales para el Combate del Lavado de Dinero y de Financiamiento del Terrorismo y de las Armas de Destrucción Masiva’”.
Esto se lograría, por ejemplo, incorporando a la Ley nuevas formas delictivas, tales como el contrabando, la evasión Fiscal y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, convendría hacer otros cambios afines.
En relación al impacto económico que esta reforma pudiera generar, Rebolledo explicó: “Es importante analizar, por una parte, los costos que se deriven de la creación de nuevas estructuras y por otro lado la fuente de ingreso que su actuación puede ocasionar a través de la recuperación de bienes; y así tenemos, por ejemplo, que a través de la confiscación de los bienes, se establece un mecanismo que permitirá a la República tener un ingreso de activos (bienes muebles, inmuebles y fondos), que podrá administrar de acuerdo con la planificación financiera y estratégica del Estado”.
El doctor Alejandro Rebolledo hizo hincapié en los costos que deben considerarse para la creación de la Superintendencia u Oficina Nacional de las Actividades Profesionales y Comerciales no Financieras, una nueva institución que dependería jerárquicamente del Ministerio del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores y justicia.
Samuel Bello
Con información de Prensa IAED.
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