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DOBLE LLAVE – Las autoridades neozelandesas demandaron este lunes 30 de noviembre a diez organizaciones y tres ejecutivos, por la tragedia del volcán Whakaari, cuya erupción el pasado 9 de diciembre de 2019 se saldó con 22 muertos, entre turistas y trabajadores turísticos.

El Whakaari, también conocido como White Island y que es uno de los volcanes más activos y turísticos del país, entró en erupción mientras se encontraba en un estado de alerta 2 de una escala de 5 que preveía leve actividad volcánica y en el momento en que 47 turistas y trabajadores se encontraban en sus inmediaciones.

Se trata de un suceso inesperado, pero esto no significa que fuera impredecible

La agencia de seguridad laboral del gobierno de Nueva Zelanda, Worksafe, abrió una investigación pocos días después de la tragedia y este lunes anunció que finalmente presenta cargos contra 13 de las partes (10 organizaciones y tres personas) implicadas en el incidente, por no cumplir con su responsabilidad de proteger a los trabajadores y a los visitantes.

“Se trata de un suceso inesperado, pero esto no significa que fuera impredecible”, explicó en rueda de prensa el director ejecutivo de Worksafe, Phil Parkes.

“Aquellos que fueron a la isla, lo hicieron con la expectativa razonable de que existían los sistemas de seguridad apropiados para asegurar que regresaran a casa con salud y de forma segura”, agregó Parkes.

Tres semanas antes de la erupción, la agencia gubernamental, GNS Science, detectó un cambio de actividad en Whakaari y revisó la escala de alerta de cuatro niveles para el volcán. Comunicó a los operadores turísticos y a la prensa local que la Isla Blanca ya no se encontraba en alerta 1 que significa “actividad volcánica mínima”, sino que se encontraba en el nivel 2 que indica “elevada agitación volcánica, con el potencial de erupciones volcánicas”, y a pesar de ello, las visitas no fueron canceladas.

Las organizaciones demandadas ante un tribunal de Auckland, que celebrará su primera vista el 15 de diciembre, afrontan cada una multa de hasta 1 millón de dólares mientras que los individuos deberán pagar un quinto de ese monto.

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Gabriela Morales

Con información de El País y medios internacionales

 

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