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DOBLE LLAVE – La Reforma de la Ley Impuesto a las Grandes Transacciones Comerciales, aprobada en primera discusión por la Asamblea Nacional afectará la dolarización transaccional que en gran medida brindó un aire a una economía hiperinflacionaria, puesto que ahora las transacciones en dólares o criptomonedas, distintas al petro, deberán pagar un impuesto que podría alcanzar hasta el 20 % del valor de su valor.
Esta reforma está dirigida a todas las transacciones que involucran al sector privado del país y al ciudadano, que, en los últimos años, y motivado a la hiperinflación venezolana, sustituyó el bolívar por el dólar, e incluso por las criptomonedas como una forma de refugiarse y evitar la devaluación.
De esta manera, los pagos en divisas o con criptoactivos distintos al petro que haga cualquier persona natural o jurídica, a través de la mediación de una institución financiera, deberán pagar un impuesto que puede comprender entre 2 % y 8 %.
Por otra parte, en el caso de que una persona natural o jurídica desee pagar con divisas en efectivo o criptomonedas sin utilizar una institución financiera avalada por el Ejecutivo nacional, entonces el impuesto podría ir desde 2 % a 20 % del valor de la transacción.
¿Qué busca el gobierno de Maduro con la Ley?
La Reforma de la Ley plantea que tiene como fin “incentivar en términos tributarios el uso del bolívar, haciendo más barata su utilización respecto a las divisas”.
Sin embargo, otra razón para este impuesto es la necesidad que tiene la administración Maduro de identificar el dinero que circula en divisas en el país y que puede traducirse en mayores reportes para el fisco.
“En principio, cada vez que se modifica una Ley en términos fiscales es para recoger dinero del mercado interno y con eso también financiar el gasto público. Aunque en esta ocasión también busca estimular el empleo del bolívar al intentar desestimular el uso de otros mecanismos de pago”, señaló el economista y CEO de Olmos Group Venezuela, Aaron Olmos.
Para Olmos, el gobierno quiere saltarse la vía más complicada que es activar el aparato productivo, sentarse con los empresarios y cambiar la política del BCV respecto al encaje legal
Se pueden presentar distintos escenarios
Para el economista Aaron Olmos, en Venezuela se puede presentar un escenario en el que los comercios y las personas que transen en dólares en efectivo o que en criptomonedas busquen saltar el nuevo impuesto que procura recolectar el gobierno.
El Ejecutivo no tiene la capacidad de poder determinar a ciencia cierta cómo fue el pago en un establecimiento. Al menos que se pague con una tarjeta de débito asociada a una cuenta en dólares de la banca nacional, el uso del efectivo podría pasarse como pago en bolívares sin mucho inconveniente.
En relación a las criptomonedas, “la única manera que el gobierno de un país pueda imponer una alícuota para el pago de impuestos es que ellos sepan y tengan el conocimiento técnico de quienes hacen, qué operaciones, en qué medida y por cual vía”.
¿Los comercios se podrían saltar la norma?
El contador, abogado y socio de la asesora fiscal PwC Venezuela, José Javier García, asegura que, aunque el gobierno no tenga una forma clara de ver cómo entra el dinero a una empresa, el SENIAT aún puede fiscalizar a los comercios.
García afirma que, a la hora de fiscalizar, el SENIAT puede determinar si el ingreso en las cuentas del sistema nacional no corresponde al total de la facturación, con lo que pueden deducir que el dinero restante fue cancelado en divisas y criptomonedas.
El 65% de las transacciones comerciales se pagan en moneda extranjera en el país, entonces el impuesto arropa a la mayor parte de los venezolanos
Consecuencias de esta decisión
Para el economista Aaron Olmos, uno de los objetivos de la banca venezolana para este año es la utilización de la tarjeta de débito para pagar en dólares. Sin embargo, con esta nueva Ley se podría reducir el avance de este proceso debido a que parte de las personas que podrían tener estas cuentas en dólares no lo hagan porque no están dispuestos a pagar este dinero.
“Se trata de una medida que afecta a toda la población venezolana y hay desconocimiento total sobre su impacto. Lejos de generar beneficios, esta medida aumenta significativamente la carga fiscal de las personas y las empresas”, señala el abogado José Javier García en un informe sobre esta Ley.
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Gabriela Morales
Con información de El Estímulo
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