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Una controvertida ley antiterrorista que entró en vigor el domingo en Egipto restringe aún más la libertad de prensa y de expresión, según se desprende del texto difundido este lunes en Internet por el periódico estatal Al Ahram.
La ley prevé la pena de muerte para atentados mortales, le da el derecho al presidente de ordenar el desalojo de zonas enteras, permite la imposición de toques de queda regionales durante hasta seis meses y establece límites para la información periodística sobre ataques terroristas.
Varios grupos defensores de los derechos humanos criticaron sobre todo la «vaga» definición de terrorismo. Por ejemplo, la ley califica de terrorista cualquier acto de violencia que perturbe el funcionamiento de las instituciones estatales.
La ley permite que supuestos terroristas sean sometidos a juicios sumarísimos ante tribunales especiales. Quien sea declarado culpable de pertenenencia a un grupo extremista puede enfrentarse a una pena de prisión de hasta diez años. Al mismo tiempo, la ley restringe la posibilidad de interponer recurso de apelación.
De acuerdo con el artículo 35 de la ley, aquellos periodistas que difundan informaciones «falsas» sobre ataques terroristas, es decir, informaciones que contradigan la versión oficial del Ministerio de Defensa, serán condenados a pagar multas equivalentes a entre unos 23.000 y 58.000 euros (26.000 a 64.000 dólares).
El mismo artículo 35 también prevé la posibilidad de que se prohíba a los periodistas infractores ejercer su profesión durante un año. Originalmente, este artículo establecía penas de cárcel mínimas de dos años, pero esta sanción fue suavizada a raíz de las protestas.
AG
Con información de dpa.
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