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DOBLE LLAVE – La Cámara de Casación penal de Argentina dejó firme este miércoles el procesamiento contra la exmandataria y actual vicepresidenta del país, Cristina Fernández de Kirchner, por presunto cohecho con relación a la recaudación de fondos ilícitos enmarcados en la “causa de los cuadernos”.

Según el fallo firmado por los jueces de la sala III de Casación Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci, el máximo tribunal rechazó los pedidos formulados por el defensor de la exmandataria (2007-2015), el abogado Carlos Beraldi, y mantuvo el embargo de 200 millones de pesos.

La confirmación de esta medida también afecta al ministro de Planificación y Obras Públicas entre 2003 y 2015, Julio De Vido; al extitular de Vialidad Nacional, Nelson Periotti, y a varios empresarios vinculados a la construcción, como Carlos Wagner u Osvaldo de Sousa, entre otros.

Por presunto vínculo con 175 casos y cohecho, Fernández si será procesada por la recaudación de fondos ilícitos

Todos ellos están acusados por presunta asociación ilícita en un total de 175 casos de cohecho pasivo, esto es, haber recibido sobornos con la intención de favorecer a empresarios en la concesión de obra pública estatal entre 2003 y 2015.

La cartelización de obra pública es uno de los casos derivados de la línea principal de la “causa de los cuadernos”, centrada en la supuesta existencia, durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), de una trama de millonarios pagos de sobornos de empresarios de la obra pública a altos funcionarios, entre ellos el propio matrimonio presidencial.

Según el fallo emitido este miércoles por el tribunal, que tachó de inadmisible la queja formulada por la defensa, la decisión impugnada “no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación”.

“La decisión no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena”, subrayó la instancia judicial.

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Gabriela Morales

Con información de El Economista, otros medios y redes sociales

 

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