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El gobierno de Colombia afirmó que el fuero de los ex presidentes del país no se verá afectado por el acuerdo suscrito con la guerrilla de las FARC para crear una jurisdicción especial de justicia en el marco del proceso de paz entre las partes.
La declaración fue hecha por el jefe de la delegación del gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle, después de que el fiscal general, Eduardo Montealegre, dijera que esa jurisdicción puede investigar al ex presidente Álvaro Uribe.
«El fuero especial de juzgamiento a los presidentes es una condición de la estabilidad de las instituciones, y no es un privilegio para ellos. Por lo tanto, el gobierno no piensa que la creación de la Jurisdicción Especial de Paz modifique las normas constitucionales en esta materia», dijo De la Calle durante una audiencia en el Senado.
Según el ex vicepresidente, el gobierno «no concibe, ni promueve, ni acepta» que las negociaciones que se realizan en La Habana desde 2012 afecten el régimen especial de investigación y juzgamiento en el caso de los ex presidentes o del jefe de Estado en ejercicio.
«El gobierno estima que la existencia de un sistema especial para los jefes del Estado es un elemento esencial de la estabilidad institucional colombiana, es una institución que tiene una larga tradición», añadió.
El anuncio sobre un acuerdo en el tema de la justicia transicional dentro del proceso de paz fue hecho hace una semana en La Habana por el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño, alias «Timochenko».
El acuerdo sobre justicia transicional prevé la creación de una jurisdicción con salas de justicia y un tribunal especial para la paz para investigar y condenar a los guerrilleros con penas de entre cinco y ocho años.
Ambas partes descartaron la posibilidad de decretar amnistías a responsables de delitos de lesa humanidad, de genocidio y crímenes de guerra como la toma de rehenes, la tortura, el desplazamiento forzado, la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales y la violencia sexual. El acuerdo es válido tanto para guerrilleros como para agentes estatales.
La polémica empezó cuando el fiscal Montealegre dijo que esa jurisdicción especial puede investigar acusaciones contra Uribe cuando fue gobernador del departamento de Antioquia (1995-1997).
«Todas las investigaciones que tiene actualmente la Corte Suprema de Justicia contra el ex gobernador Álvaro Uribe, presuntamente por favorecimiento del paramilitarismo, sea por acción o por omisión, deben ir a la nueva jurisdicción especial de paz», dijo el fiscal, tras advertir que «los actos cometidos como presidente de la República seguirán en el Congreso».
Las afirmaciones fueron rechazadas de inmediato por dirigentes del opositor partido de derecha radical Centro Democrático, que lidera Uribe, algunos de los cuales afirmaron que ese juzgamiento habría sido pedido en la mesa de negociaciones por las FARC.
Uribe, uno de los principales críticos del proceso de paz entre el gobierno y el grupo guerrillero, afirmó: «Le van a entregar el país a las FARC, van a hacer este daño por meterme a mí a la cárcel. Esa es la paz imperfecta que están buscando».
LS
Con información de dpa.
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