«Para el cargo de defensor del pueblo encargado queremos designar, proponer, a un hombre que también ha sido toda su vida experto en derechos humanos», señaló el presidente de la AN, el oficialista Jorge Rodríguez, antes de nombrar a Saab en la sesión transmitida por el canal estatal ANTV.

Minutos antes de esta propuesta, Rodríguez informó que Saab renunció a su cargo como fiscal general, sin que se conozcan los motivos específicos de tal decisión pese a que envió una carta a la junta directiva de la AN, así como de Ruiz Angulo, quien argumentó motivos personales, familiares y de salud para dejar la Defensoría del Pueblo en una misiva.

Ambos funcionarios habían sido ratificados en estos cargos en octubre de 2024, para un periodo de siete años, es decir, hasta 2031.

Saab, que también ha sido gobernador apoyado por el oficialismo, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del gobierno de Nicolás Maduro.

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«Las autoridades venezolanas deben llevar a cabo reformas reales de sus leyes e instituciones judiciales y electorales. Cualquier otra cosa equivaldría a una transición simulada que quizás sirva los intereses de los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos, pero que no reivindicará los derechos del pueblo venezolano», advirtió en un comunicado publicado este miércoles la directora para las Américas de HRW, Juanita Goebertus.

La organización denuncia la celebración de «elecciones injustas» en Venezuela en la última década y afirma que los análisis de las actas electorales en los comicios de 2024 apuntan que la oposición liderada por Edmundo González y la premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, debería haberse impuesto en esa ocasión.

«Las autoridades venezolanas deben adoptar medidas inmediatas para crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres y justas», insistió.

​La ONG reclamó revisar la composición del Consejo Nacional Electoral, restaurar la independencia del Poder Judicial, destituir al fiscal general Tarek William Saab y derogar aquellas leyes que han permitido violaciones de derechos humanos.

HRW destacó también la reciente excarcelación de centenares de presos políticos, que calificó como «un alivio importante», pero subrayó que los mecanismos utilizados para detenerlos siguen en pie.

«El gobierno de Rodríguez debe permitir a los observadores internacionales de derechos humanos, incluidas la FFM (siglas en inglés de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el acceso sin restricciones a Venezuela para documentar la situación», exigió HRW.

Entre ellas, la organización pidió también a la Administración de la exvicepresidenta chavista que permita al alto comisionado de la ONU restablecer su oficina en el país, cerrada en 2024.

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Una de ellas se desmayó dos veces y se descompensa cada vez que intenta levantarse, mientras que otra ha tenido dolores de cabeza y problemas con la presión arterial, y en general ya se percibe un desgaste en los manifestantes, quienes exigen la liberación de sus parientes.

La decena de mujeres comenzó la huelga el sábado en las afueras del comando de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) conocido como Zona 7, en la capital venezolana.

Petra Vera, quien no participa por ser paciente oncológico en remisión, dijo a EFE que las familiares están dispuestas a seguir aun cuando «existe la posibilidad de que puedan empezar a tener ciertas crisis por tantas horas sin comer».

«Una de las chicas se ha descompensado», señaló Vera, cuyo cuñado se encuentra preso.

Indicó que, de manera extraoficial, supieron que, dentro de Zona 7, están «obligando a comer» al grupo de presos políticos que comenzó una huelga de hambre el viernes y que incluso son amenazados con «celdas de castigo» si no lo hacen.

La postura de María Corina Machado

En X, el Comité de Derechos Humanos de Vente Venezuela (VV), partido de la líder opositora y nobel de la paz María Corina Machado, denunció que una funcionaria policial «obstaculizó el ingreso de sueros destinados a los presos políticos en huelga de hambre».

«Ante la negativa, dos jóvenes que también se encuentran en huelga ingresaron personalmente para garantizar la entrega. Se trata de insumos médicos esenciales. Impedirlos es una vulneración directa a derechos fundamentales», expresó.

También en X, Machado dijo que «personas que están exigiendo libertad para sus familiares colapsan tras mantenerse en huelga de hambre a las afueras de la cárcel de Zona 7».

«No descansaremos hasta liberar a cada uno de nuestros presos políticos», agregó.

PJ responsabiliza a Delcy Rodríguez

El partido opositor Primero Justicia (PJ) responsabilizó al gobierno de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de «cualquier daño que sufran las familias».

El 6 de febrero, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, prometió la liberación de «todos» una vez se aprobara la ley de amnistía, aún en discusión, que estimó ocurriría «a más tardar» el pasado viernes.

Sin embargo, el Legislativo, controlado por el oficialismo, aplazó el jueves para la próxima semana el segundo y último debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que exige a los procesados y condenados presentarse ante la Justicia.

El titular del Parlamento informó el sábado de 17 excarcelaciones en Zona 7.

El proceso de excarcelaciones y la discusión de una amnistía suceden en un «nuevo momento político», anunciado por la mandataria encargada, quien asumió el cargo luego de que Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro en una operación militar en Caracas el pasado 3 enero.

De interés: Diecisiete presos políticos son excarcelados desde la «Zona 7» en Caracas

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En el reporte, la organización no gubernamental detalló que entre los detenidos hay 767 hombres y 117 mujeres. El listado especifica que 880 son adultos y cuatro adolescentes de entre 14 y 17 años.

Del total, 711 son civiles y 173 militares, indicó Foro Penal, que subrayó que este listado «no incluye, todavía, a todos los que han sido arrestados y liberados o se mantienen bajo arresto a corto plazo (48 horas)».

La mayoría de los detenidos fueron capturados después de las presidenciales de julio de 2024, en las que el ente electoral, controlado por el oficialismo, proclamó como ganador al actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pese a las denuncias de «fraude» de la oposición mayoritaria, agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

Tanto Maduro como el fiscal general, Tarek William Saab, niegan que en el país haya personas detenidas por motivos políticos, sino que aseguran cometieron delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y líderes opositores.

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Un grupo de integrantes de Movir y algunos familiares de personas detenidas se concentraron en la fachada de la Catedral Metropolitana de San Salvador, en el corazón de la capital, y alzando carteles con mensajes en rechazo del estado de excepción también pidieron por la liberación de sus parientes detenidos, según ellos, «arbitrariamente».

Samuel Ramírez, coordinador de Movir, dijo en declaraciones a EFE que les «preocupa» que la Iglesia y el arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, «guarden silencio» .

«Queremos que la iglesia católica reconozca que hay violaciones a los derechos humanos. ¿Por qué el arzobispo no ha dicho nada? (…) aquí (en El Salvador) hay violaciones a los derechos humanos, hay capturas arbitrarias, persecución política y presos políticos», señaló Ramírez.

Dijo que no se explica «cómo es que un país que se vende que es el país más seguro está por más de tres años sometido a un régimen de excepción«.

El Salvador continúa bajo un régimen de excepción como su principal -y única- medida de seguridad contra las pandillas, entre la preocupación de organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras por las miles de denuncias de violación a derechos, malos tratos y torturas en las cárceles del país y por «convertirse en una herramienta» para acallar las voces críticas del Gobierno del presidente Nayib Bukele.

Ramírez añadió que Movir «aboga por todos los inocentes detenidos» que incluye, según señaló, a los abogados críticos del gobierno del presidente Nayib Bukele, Ruth López y Enrique Anaya, y los activistas Alejandro Henríquez y el líder comunitario José Ángel Pérez.

Régimen de excepción en El Salvador

El régimen de excepción fue aprobado como una medida extraordinaria en marzo de 2022, tras un fin de semana con más de 80 homicidios, y, de acuerdo con el Gobierno, ha permitido combatir a las maras, liberar a los territorios del dominio pandilleril y reducir significativamente los homicidios en el país, considerado por años como uno de los más violentos del mundo.

Bajo este régimen se registran más de 87.000 detenciones de supuestos miembros de pandillas o supuestas personas ligadas a estas bandas, se reportan casos de violaciones a derechos humanos -la mayoría por detenciones arbitrarias- y más de 400 muertes en cárceles bajo custodia de agentes del Estado.

Además, en las últimas semanas se ha denunciado que el estado de excepción «no solo se ha utilizado para abordar la violencia relacionada con las pandillas, sino también como una herramienta para silenciar las voces críticas» del gobierno, según la Oficina en Washington de Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

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Los diputados también aprobaron por unanimidad solicitar al Ejecutivo de Nicolás Maduro que Venezuela «se salga» de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) mientras Türk «esté a cargo».

El viernes, Türk advirtió en un informe que las libertades fundamentales en el país han sufrido un importante deterioro en 2024 y 2025, en el contexto de las presidenciales y parlamentarias celebradas en estos años, y que diversas personas «han sido objeto de detenciones arbitrarias, violaciones del debido proceso y desapariciones forzadas, en medio de continuas denuncias de tortura y malos tratos».

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, mostró una fotografía de Türk y lo llamó «sátrapa» y «basura», a la vez que lo acusó de hacerse «la vista gorda de crímenes atroces».

Previamente, la diputada Iris Varela señaló como «un deber» del pueblo venezolano y de la AN «declarar persona non grata» a Türk, quien, según dijo la funcionaria, «no sirve para proteger los derechos humanos de la humanidad» y forma parte de un sistema que -expresó- es utilizado para «intervenir a los países soberanos y para arrodillar a los que no se les alinean».

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«Expresamos nuestro apoyo a otras organizaciones como Provea, como Médicos Unidos, que también han sido igualmente atacadas de forma injusta, criminalizadas y estigmatizadas y eso debe cesar y así lo hemos requerido ante la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y las diferentes entidades de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales», señaló Romero.

El activista pidió que se resguarde la integridad física de los miembros de todas estas organizaciones para «poder seguir firmes» en su labor.

«En Foro Penal rechazamos (…) con firmeza que se nos llame terroristas», añadió.

Asimismo, dijo que la ONG tiene una trayectoria de 23 años defendiendo «pacíficamente» derechos humanos y prestando ayuda, «tanto legal como humanitaria gratuita a víctimas de persecución política y a sus familias en toda Venezuela».

«Nunca, jamás, hemos promovido la violencia, trabajamos con la Constitución, las leyes y los tratados en materia de derechos humanos», subrayó Romero.

En una conferencia de prensa, Cabello indicó este miércoles que las ONG Provea, Foro Penal, Médicos Unidos y Maracaibo Posible están presuntamente ligadas a una «estructura terrorista», según pruebas recabadas en uno de los tres teléfonos incautados al dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, detenido el pasado viernes y a quien acusó de ser el «jefe de esta red».

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«Vaya nuestra total y absoluta solidaridad con Juan Pablo Guanipa y otros dirigentes políticos detenidos arbitrariamente en las últimas horas. ¡NO SON TERRORISTAS NI HAN COMETIDO DELITOS! Sigue en marcha por parte del gobierno otro capítulo para sembrar el terror y miedo entre los venezolanos», explicó Capriles en un mensaje en la red social X.

A criterio del dirigente opositor «apelan otra vez, a lo que tenemos años padeciendo, denunciando y luchando por cambiar en Venezuela: violación a la Constitución y los DDHH, violación de las leyes y la utilización de la ´justicia´ de la forma más aberrante como arma opresiva de quienes tienen el poder en el país».

También estimó que, «con estas acciones, buscan la resignación de los venezolanos que queremos un cambio democrático sembrando más miedo ¡No lo van a lograr! Ni todo el peso del poder puede contra la convicción de un pueblo que quiere ser libre».

Capriles, excandidato presidencial y exgobernador de Miranda, es aspirante a la Asamblea Nacional en las elecciones regionales y parlamentarias de este domingo.

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«Comenzaré mi trabajo en Colombia viajando a escuchar a las contrapartes de nuestra oficina en Cali y Santander de Quilichao (el lunes y el martes). Me reuniré con representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, defensoras y defensores de DD.HH., organizaciones de víctimas, autoridades del Estado y representantes del sector privado», afirmó Campbell.

El representante agregó que busca mostrar a estas personas su «apoyo y compromiso para trabajar conjuntamente con todas las personas y procesos organizativos que en Colombia trabajan valientemente por la defensa de los derechos humanos».

Cali es la capital del Valle del Cauca y Santander de Quilichao está ubicado en el Cauca, dos departamentos del suroeste de Colombia en los que operan varios frentes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que se dedica al narcotráfico.

«Según el seguimiento realizado por ONU Derechos Humanos, en lo que va de 2025, esta zona del país sigue siendo una de las más gravemente afectadas en materia de homicidios de personas defensoras de los DDHH, masacres, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y ataques indiscriminados», expresó esta oficina en un comunicado.

Ataques y masacres en Colombia

El pasado miércoles, un ataque con un dron mató a trabajador de una empresa de electricidad y dejó dos personas más heridas en Santander de Quilichao y el jueves murió una mujer en otro atentado perpetrado sobre la Vía Panamericana en Mondomo, también en el Cauca.​

De esos ataques el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, responsabilizó a las disidencias de las FARC, de las que dijo que «siguen asesinando civiles».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó estos ataques y urgió a que «se investigue, juzgue y sancione a los responsables».

La ONU ha reiterado que la protección de los derechos humanos y el respeto a la vida deben ser ejes centrales en cualquier intento por resolver el conflicto armado en Colombia y ha expresado su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una solución negociada, recordando a los actores armados su obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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Los abogados salvadoreños Jaime Ortega y Salvador Ríos, quienes niegan que sus representados pertenezcan a la pandilla trasnacional Tren de Aragua, presentaron un escrito en el que además solicitaron el acompañamiento de Caballero, titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

“Venimos a pedir la garantía de sus derechos humanos que consideramos nosotros que han sido violentado por el sistema imperante en El Salvador”, dijo Ríos a periodistas.

Por su parte, Ortega indicó que el documento fue acompañado de certificaciones de que al menos 27 de sus 30 representados no poseen antecedentes penales que los relacionen con la referida pandilla.

Este abogado indicó que esta acción también es en seguimiento al recurso de habeas corpus presentado la semana pasada ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en el que pidieron la liberación de los ciudadanos venezolanos encarcelados por el Gobierno de Nayib Bukele porque, según dijeron, no poseen condenas ni orden de captura en El Salvador.

Venezolanos detenidos en El Salvador

Sobre las acusaciones del presidente de EE.UU., Donald Trump, de que este grupo de venezolanos son parte del Tren de Aragua, Ortega criticó que el mandatario estadounidense no presenta pruebas.

Manifestó que “no podemos generalizar de que todos sean delincuentes o sean criminales. Ese es el problema más grave, que los Estados Unidos solo manifiesta de palabra, pero no ha traído ni una tan sola sentencia”.

El abogado indicó que también presentarán escritos ante la Dirección de Centros Penales y a la oficina del comisionado presidencial de Derechos Humanos, el colombiano Andrés Guzmán.

El Gobierno de EE.UU. anunció este lunes que deportó a El Salvador a otras 17 personas a las que acusa de pertenecer a las bandas criminales Tren de Aragua y MS-13, acción similar a la ejecutada el 15 de marzo cuando expulsó de manera sumaria a más de 200 venezolanos a los que envió al país centroamericano.

Todas estas personas han sido encarceladas en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una megacárcel salvadoreña símbolo del Gobierno de Bukele.

Ni el Gobierno de EE.UU. ni el de El Salvador han aportado pruebas que confirmen la pertenencia de los deportados a la MS-13 y el Tren de Aragua, ambas declaradas como organizaciones terrorista por Washington.

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DOBLE LLAVE

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«El Estado tiene la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. En esta situación, en Cauca, su prioridad debe ser implementar estrategias y reforzar la capacidad de respuesta en materia de protección y prevención de vulneraciones en contra de los pueblos indígenas», detalló la Oficina en un comunicado.

El fin de semana pasado, la columna Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC con la que el Gobierno negocia la paz, asesinó a la lideresa nasa Carmelina Yule Paví e hirió a otras dos personas en el caserío La Bodega, del municipio de Toribío.

Ese ataque llevó al Gobierno a suspender el cese al fuego bilateral con ese grupo en los departamentos de Nariño, Cauca y Valle del Cauca.

La lideresa fue asesinada cuando intentaba impedir que miembros de la columna Dagoberto Ramos se llevaran a un menor de edad de comunidades indígenas. En el hecho otras dos personas resultaron heridas.

El Gobierno y el EMC llevan a cabo desde el año pasado una negociación de paz producto de la cual el 17 de octubre iniciaron un cese el fuego bilateral y temporal que en enero fue prorrogado por seis meses, hasta el 15 de julio próximo.

La Oficina de Derechos Humanos de la ONU acogerá las decisiones que tomó el ‘Plan de Vida Proyecto Nasa‘ ante las agresiones de los grupos armados ilegales.

Estas, agregó la información, «consisten en realizar control territorial, administrar justicia para los responsables de estas graves vulneraciones, y ‘descontaminar el territorio de toda publicidad alusiva a las organizaciones armadas’, entre otras».

«La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos reitera la exigencia a los grupos armados no estatales a que, en todo tiempo y lugar, respeten los derechos humanos de la población y las normas del Derecho Internacional Humanitario», expresó el organismo.

🔵#Comunicado ONU Derechos Humanos urge a los grupos armados no estatales a respetar los derechos de los Pueblos Indígenas y al Estado a tomar medidas inmediatas de prevención y protección en #Cauca . Leer más👇👇https://t.co/36NfpfDrCa pic.twitter.com/wAnz4voohd

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) March 20, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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En este sentido señaló que “en Venezuela el derecho a la vida es inviolable y ninguna ley puede establecer la pena de muerte y ninguna autoridad puede aplicarla. Nuestro país garantiza que los funcionarios responsables de hacer cumplir la ley procedan de acuerdo con las normas de uso progresivo y diferenciado de la fuerza sancionando ejemplarmente cualquier inobservancia de esta norma”, señaló.

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Fiorella Tagliafico

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Fuente de imagen referencial: Twitter / @CancilleriaVE

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La abogada Richelle Briceño llamó a los ciudadanos «a manifestarse para exigir respeto al derecho de ser quiénes y cómo son, así como de poder vivir en una sociedad sin discriminación; si bien el país es uno de los más atrasados de Suramérica en cuanto a conquistas para el colectivo».

«Vamos a tener un mar de gente cruzando toda Caracas, vamos a tener a una cantidad de personas significativa en las calles de Caracas, cruzando y luchándose lo que significa la libertad, porque lo que está en juego en este país es la libertad de ser», indicó Briceño en una rueda de prensa.

La dirigente aseveró que el Estado carece de políticas públicas que garanticen la dignidad de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales e intersexuales, por lo que llamó «a las personas que creen en la inclusión y el respeto», aun sin estar en la comunidad LGBTI, a participar en la marcha del domingo para pedir igualdad de derechos.

Organizaciones LGBTI recordaron las «banderas de lucha» que comparten, entre las que destacan la lucha por la legalización del matrimonio civil igualitario y el cambio de nombre para las personas transgénero, un derecho consagrado en una ley del año 2010, pero que sigue sin cumplirse.

Más de 20.000 personas participaron en la marcha del Orgullo del año pasado, lo que estableció un récord que los organizadores intentarán romper este domingo.

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Víctor De Abreu

Con información de Swissinfo, otros medios internacionales y redes sociales

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El Panel indicó que esta decisión representa un paso necesario en la lucha contra la impunidad, en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

Asimismo, el Panel afirmó que la decisión se alinea con su conclusión de que el Estado venezolano no está dispuesto ni capacitado para exigir responsabilidades a los autores.

«Más allá de los esfuerzos del Estado por aparentar cumplir con el principio de complementariedad, tal como demostramos en nuestro reciente informe, el Estado ha llevado a cabo únicamente reformas cosméticas en su legislación, se niega a caracterizar los hechos como parte de un patrón generalizado y sistemático de crímenes de lesa humanidad y no inicia procesos contra los máximos responsables. Esta decisión también representa un reconocimiento de los derechos de miles de víctimas que se sintieron escuchadas por la Corte», aseveró Santiago Canton, miembro del Panel de Expertos de la OEA.

El Panel de Expertos, integrado por Santiago Canton, Irwin Cotler, Manuel Ventura y Joanna Frivet; el Secretario Ejecutivo, Rodrigo Diamanti; y la Subsecretaria, Marian Da Silva, indicó que seguirá monitoreando la situación en Venezuela y proporcionará información y casos relevantes para el análisis de la situación en el país.

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Víctor De Abreu

Con información de EVTV.online, otros medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, vía web

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La UE agregó a siete individuos a la lista negra de sanciones, incluidos un comandante de la Guardia Revolucionaria de Isfahan, así como representantes de la Justicia de dicha región.

Los sujetos son acusados por el juicio contra Saleh Mirhashmi, Majid Kazemi y Saeed Yaqoub, tres ciudadanos que fueron ahorcados en enero por su supuesta implicación en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad.

Las ejecuciones generaron una serie de protestas en mayo en Teherán, Isfahan y Karaj, tras varios meses de tranquilidad desde que en septiembre de 2022 se provocaran las protestas por la muerte de Amini.

Tras el inicio de las manifestaciones en Irán, la UE ha sancionado ya a 223 individuos y a 37 empresas que tienen prohibido entrar al territorio de la UE y a quienes se les han congelado sus bienes y activos en el club comunitario.

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Víctor De Abreu

Con información de Swissinfo, otros medios internacionales y redes sociales

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La UE añadió a siete individuos en la lista negra de sancionados, incluyendo un comandante de la Guardia Revolucionaria de la provincia de Isfahan, así como representantes de la Justicia de esa localidad, responsables del juicio contra Saleh Mirhashmi, Majid Kazemi y Saeed Yaqoub, tres ciudadanos que fueron ahorcados en enero por su supuesta implicación en la muerte de tres miembros de las fuerzas de seguridad.

Las ejecuciones provocaron protestas en Teherán, Isfahan y Karaj, en lo que representaron las primeras grandes manifestaciones en Irán tras varios meses de tranquilidad, desde que en septiembre de 2022 se generaran protestas por la muerte de Amini.

Entre los sancionados, también está el comandante de la Guardia del imán de Karaj.

Desde el inicio de las manifestaciones en Irán, la Unión Europea ha sancionado a 223 individuos y a 37 empresas que tienen prohibido entrar al territorio de la UE y a quienes se les han congelado sus bienes y activos en el club comunitario.

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Víctor De Abreu

Con información de Notimérica, otros medios internacionales y redes sociales

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La reforma a la Ley de Familias fue ratificada con 55 votos a favor y 34 en contra, tras una sesión que duró gran parte de la noche, y entrará en vigor el 1 de enero de 2024.

La reforma modifica la definición legal del matrimonio y lo contempla como la unión de dos personas naturales mayores de edad, independientemente de su sexo.

Con la medida, Estonia se convierte en el primer país exsoviético y el segundo país de Europa del este, tras Eslovenia, en adoptar el matrimonio igualitario y deja atrás a las vecinas Letonia y Lituania, donde no existe la figura de las uniones civiles del mismo sexo.

«Todo el mundo debería tener la oportunidad de casarse con la persona a la que aman y con la que quieren pasar el resto de su vida«, afirmó la primera ministra estonia, Kaja Kallas.

«Con esta decisión finalmente nos unimos a los otros países nórdicos y a todos los países democráticos del mundo donde este derecho está garantizado», agregó.

La reforma a la ley, aprobada este martes, también modificó las normas que afectan a las parejas de hecho o uniones civiles, una figura existente en Estonia tanto para parejas heterosexuales como homosexuales desde 2016.

El Centro Estonio de Derechos Humanos reveló en una encuesta en abril que 53 % de los ciudadanos de Estonia apoyan el matrimonio igualitario -frente al 34 % que lo hacía en 2012-, mientras que en la franja de edad de entre 20 y 29 años lo hace incluso el 75 %.

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Víctor De Abreu

Khan afirmó tras su visita a Venezuela que la apertura de la oficina permitirá aumentar la escala y el impacto de la presencia de la CPI en el país, con el fin de identificar y apoyar «esfuerzos significativos» para mejorar las iniciativas de Justicia.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Esta oficina tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de Justicia venezolano, de modo que también puede servir como una oportunidad para coadyuvar al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia», añadió el fiscal.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que esta oficina tendrá como objetivo principal la asistencia técnica, la formación y la cooperación, en el marco de la complementariedad a la que se comprometieron las partes mediante la firma de un memorando de entendimiento.

«El foco del Estatuto de Roma son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos», señaló Gómez Guaimar.

El abogado indicó que la instalación de la oficina en Caracas parte de un diagnóstico de lo que está mal y se debe mejorar, por lo que también tendrá un efecto de supervisión sobre las acciones del Estado.

«Toda la relación va a ser de supervisión, efectivamente, uno de los aspectos más importantes que mucha gente no ha notado y que no entiende es que para que se produzca el mecanismo de complementariedad, es necesario que haya esta supervisión», manifestó.

Gómez Guaimara agregó que, para lograrlo, se requiere la plena voluntad del Estado para implementar reformas sustanciales y significativas y así «recobrar» la independencia del Poder Judicial y su funcionalidad.

«La asistencia técnica va a procurar fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela (…) lo que resultaría razonable es que establecieran unos plazos o que determinara alguna forma de rendición de cuenta o establecimiento de resultados en relación con la gestión de esa propia asistencia», señaló.

El abogado aseveró que la asistencia técnica va más allá de la formación a funcionarios y buscará generar condiciones reales para que existan investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.

Para lograrlo, Gómez destacó la necesidad de que exista transparencia en la gestión, así como una comunicación permanente con la sociedad venezolana y con todos los actores interesados en la gestión de la CPI, lo que incluye a las ONG y las presuntas víctimas.

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Víctor De Abreu

La ONG aplaudió la decisión de la Eurocámara de este miércoles de prohibir los sistemas de biometría en espacios públicos, aunque consideró que «es preocupante que el Parlamento Europeo no haya defendido los derechos humanos cuando los sistemas de inteligencia artificial afectan a los migrantes, refugiados y solicitantes de asilo».

El Parlamento Europeo discute la ley de inteligencia artificial, que tiene por objetivo regular el uso de esta tecnología, al tiempo que se mostró partidaria de prohibir la identificación biométrica en espacios públicos.

Asimismo, aceptó que los organismos fronterizos usen sistemas de inteligencia artificial para evaluar si los migrantes suponen un riesgo para la seguridad y para detectar posibles flujos migratorios, siempre que los desarrolladores demuestren que no fomenta la discriminación.

Este miércoles se iniciarán las negociaciones entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Consejo de la UE para acordar el texto definitivo de la ley de inteligencia artificial, con el objetivo de lograr un acuerdo este año, bajo la presidencia española de la UE.

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Víctor De Abreu

La organización presentó evidencias sobre la presunta responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas con la oposición política al gobierno.

La fundación representa a familiares de dos víctimas de violencia indiscriminada y homicidios, con el fin de apoyar a las personas supervivientes y exigir responsabilidades a los autores más allá de las fronteras de Venezuela.

“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, indicó Yasmine Chubin, directora de Asesoramiento Jurídico de la iniciativa The Docket de CFJ.

“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó.

La ONG indicó que, desde 2014, las autoridades venezolanas han incumplido su obligación de poner en marcha investigaciones efectivas sobre los presuntos crímenes internacionales cometidos por funcionarios venezolanos.

La jurisdicción universal permite a los países enjuiciar los crímenes más graves, sin importar el lugar donde se hayan cometido o la nacionalidad del autor o de la víctima.

En el caso de Argentina, la Justicia ya ha aplicado con anterioridad el principio de jurisdicción universal a casos en lo que constituye ya una sólida línea de precedentes.

En 2010, una jueza federal argentina inició una investigación penal sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en España por el régimen franquista (1936-1977), lo que dio inicio a una orden de exhumación por parte del tribunal, que permitió a la hija de una víctima recuperar los restos de su padre, algo que los tribunales españoles no habían logrado.

En 2021, aplicando de nuevo la jurisdicción universal, un juez federal argentino inició una investigación sobre el presunto genocidio cometido contra la comunidad Rohingya en Myanmar.

A partir de estos dos precedentes, a comienzos de 2023 el Foro Argentino por la Democracia en la Región (FADER) presentó una denuncia penal para que se investiguen los crímenes cometidos por los regímenes de Venezuela, Cuba y Nicaragua, en el marco de la cumbre de la CELAC que se celebró en Buenos Aires.

“Argentina puede convertirse en un faro de esperanza para las muchas familias y víctimas venezolanas que llevan ya años esperando justicia”, indicó Ignacio Jovtis, Responsable Senior de Programas que dirige las investigaciones de CFJ sobre Venezuela.

“Esperamos que la justicia argentina siga aplicando correctamente la jurisdicción universal y abra una vía para las víctimas venezolanas y sus familias de la misma manera que lo ha hecho en los otros casos de jurisdicción universal que tiene ante sí”, sentenció.

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Víctor De Abreu