DOBLE LLAVE – Este lunes 18 de enero la Asamblea Nacional de Nicaragua con el apoyo de todos los diputados del partido del mandatario Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), aprobó la reforma constitucional que permitirá aplicar la cadena perpetua a aquellos que cometan crímenes de odio, la sociedad civil rechazó esto denunciando que se trata de “un instrumento de represión”.
La cadena perpetua se aplicará como una “excepcionalidad”, en el caso de que sean, “delitos graves (…) en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional”.
Las críticas tras esta decisión han sido inmediatas, analistas explicaron que se trata de una medida que suele ser refutada por la sociedad civil.
La presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez recriminó al órgano legislativo por esta aprobación. Según recoge La Prensa la dirigente señaló que es “un instrumento más de represión para el pueblo”.
Esta vocera en materia de Derechos Humanos resaltó que era “una forma de intimidar” después de aseverar que, “muchos familiares de los presos que hay en estos momentos deben tener miedo de que esta ley les sea aplicada, lo cual sería ilegal e improcedente porque ninguna ley es retroactiva”.
Un año de críticas
El gobernante nicaragüense, Daniel Ortega, encara un año electoral lleno de críticas por parte de las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, debido a una serie de reformas que se aprobaron gracias a gran parte de su partido en la Asamblea Nacional.
Entre las leyes recientemente aprobadas por el órgano legislativo se encuentran la ley de agentes extranjeros, ley contra el ciberdelito, la cual calificaron como la “la ley mordaza” por la sociedad civil, y una tercera ley que imposibilita presentarse como candidatos a las personas acusadas por “traición a la patria”.
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María Gabriela Moncada
Con información de agencias y La Prensa
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