«Tenemos una lista de 17 personas con problemas de salud, algunos muy graves», dijo a la prensa Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, quien participó en una concentración frente a la sede del Ministerio Público en Caracas.

El activista aclaró que, «de manera general», todos los detenidos por esta causa «tienen problemas de salud» y ansiedad, a la vez que permanecen «en unas condiciones de reclusión que -consideró- no son las adecuadas».

Entre los problemas de salud que enfrentan los detenidos, mencionó enfermedades cutáneas y gástricas.

«Por lo menos (…) 17 personas podrían optar por una medida humanitaria», añadió González Plessmann, quien se encontraba acompañado de familiares.

Los parientes de los detenidos e integrantes de Surgentes acudieron a la Fiscalía para exigir celeridad en este proceso, ya que los acusados llevan entre cuatro y cinco años en prisión mientras enfrentan un juicio que sus allegados consideran injusto, debido a que niegan que tengan vínculos con los «tancol».

González Plessmann denunció que varios de los detenidos cumplieron la mayoría de edad tras las rejas y que solo dos de los 67 que tienen registrados por esta causa han logrado su liberación.

Sin embargo, Surgentes estima que son más de 200 los detenidos vinculados a los «tancol».

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En un comunicado, José Quero Navas, hermano del preso político fallecido, replicó el texto que la Fiscalía publicó en la víspera para descartar «lesiones traumáticas» en el cuerpo del detenido tras la exhumación realizada el pasado 8 de mayo al cadáver, diez meses después de la muerte, según el Gobierno.

«Nos dirigimos a la opinión pública con el objeto único de realizar réplica de los hechos descritos en el señalado informe oficial, el cual se descontextualiza de un expediente (…) circunstancias, y responsables por acción u omisión de las instituciones, instancias, o rectores y otros aun no descritos en la investigación», dijo Quero Navas en un comunicado en nombre de la familia.

El texto del MP, señaló la familia, «se ha materializado, claramente, de una fuga de información» sobre la investigación y que, consideran, «pudiera estar dirigida, dadas las graves omisiones que se evidencian en el comunicado oficial antes mencionado, a exonerar de sus responsabilidades a la larga cadena de funcionarios públicos cuyas acciones y omisiones permitieron el fallecimiento» de Quero Navas.

«Exigimos, del Ministerio Público (…) el cese inmediato de cualquier acción u omisión que esté dirigida a absolver de sus responsabilidades» a estos agentes, añade el texto en el que la familia también reclama la ausencia información respecto a las circunstancias en las que se produjo el arresto del fallecido, que hasta la fecha no están claras.

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A través de un comunicado en la red social X, la organización civil cuestionó la falta de rigor del informe oficial, señalando que el documento «genera más preguntas que respuestas» y asoma un intento de cierre apresurado del caso sin determinar responsabilidades estatales.

Cuestionamientos a la versión oficial

La Fiscalía General de la República informó que las experticias forenses, incluyendo estudios histológicos y toxicológicos, dictaminaron que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar, descartando la presencia de lesiones traumáticas en el cadáver. Asimismo, el MP fijó la data de muerte entre 10 meses y un año atrás.

Ante esto, JEP advirtió que el documento solo podría ser aceptable como un avance preliminar, puesto que despachar el fallecimiento sugiriendo una causa médica evade la responsabilidad penal del Estado en la custodia del detenido.

«Si Quero murió por una enfermedad, la obligación es demostrar si recibió la atención médica debida o si existió una omisión de socorro por parte del personal de custodia, algo que el comunicado ni siquiera menciona», sentenció la ONG.

«Silencio cómplice»

Para la organización de derechos humanos, el aspecto más crítico del pronunciamiento oficial es la omisión deliberada sobre el paradero desconocido del recluso durante casi año y medio.

La ONG denunció un «silencio cómplice» frente a los 16 meses en los que la madre de la víctima, Carmen Teresa Navas, recorrió múltiples instituciones sin recibir respuesta. En tal sentido, acusaron al Ministerio Público de ignorar la cadena de responsabilidades que involucra a funcionarios de la Defensoría del Pueblo, el CICPC, el Poder Judicial y el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Cronología de una confirmación tardía

El caso ha provocado profunda conmoción en los sectores civiles y políticos del país debido a los tiempos del manejo informativo por parte de las autoridades:

• 3 de enero de 2025: Víctor Quero Navas ingresa formalmente al centro penitenciario El Rodeo I.
• 15 de julio de 2025: Según reportes del Ministerio para el Servicio Penitenciario emitidos el pasado mayo, el interno es trasladado a un centro de salud por hemorragia digestiva y síndrome febril agudo, falleciendo diez días después.
• Mayo de 2026: El gobierno confirma públicamente el fallecimiento, casi diez meses después de haber ocurrido y tras reiteradas denuncias de desaparición por parte de sus familiares.

Justicia, Encuentro y Perdón, respaldada por diversas activistas y partidos políticos, ha exigido una investigación exhaustiva y transparente que rinda cuentas por la presunta desatención médica y que lleve ante la justicia a cada uno de los funcionarios involucrados en el ocultamiento de la condición y paradero de Quero Navas.

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«En nuestra última visita acá, a la Fiscalía, hubo acuerdos que fueron incumplidos por parte de este organismo del Estado, debido a que quedamos en que nos iban a recibir una serie de documentos, un dossier con las diferentes denuncias que hicimos y aún no tenemos respuesta», dijo a la prensa Hiowanka Ávila, portavoz de los familiares, frente al Ministerio Público.

Con pancartas que exigían la libertad de los presos políticos, los familiares exigieron respuestas a la Fiscalía y una solución.

«En Venezuela aún no para la violación a los derechos humanos, esto aún continúa», apuntó Ávila.

Según la ONG Foro Penal, en Venezuela hay actualmente 409 presos políticos, 39 de ellos con nacionalidad extranjera.

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Caso Víctor Quero

Deceso y opacidad: El gobierno informó sobre la muerte de Víctor Quero diez meses después de haber ocurrido. Según la versión oficial, falleció en julio de 2025 por insuficiencia respiratoria y tromboembolismo tras ser trasladado de la cárcel El Rodeo I a un hospital.

Denuncias familiares: La madre del detenido, Carmen Navas, denunció la desaparición de su hijo durante 16 meses antes de recibir la confirmación del fallecimiento el pasado jueves.

Postura del Legislativo: El Parlamento aseguró que hará un «seguimiento permanente» para esclarecer las circunstancias de salud y los hechos que rodearon el deceso.

Reacción civil: Diversas ONG y partidos políticos cuestionan la demora de casi un año en la entrega de información y exigen que la investigación sea independiente y cuente con acompañamiento internacional.

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«Hice una invitación a estas organizaciones a participar activamente en la Consulta Nacional sobre el Sistema de Justicia Penal», indicó Devoe en su cuenta de X.

A la reunión asistieron representantes de las organizaciones Provea, Civilis, SurGentes y Cecodap, de acuerdo al fiscal general.

Qué opinan las ONG

Por su parte, el coordinador general de Provea, Oscar Murillo, detalló en X que en la reunión expuso ideas para la protección de los derechos humanos en el «marco de la actual y compleja coyuntura política y la necesidad de corregir las fallas estructurales que permiten la impunidad y la denegación de justicia en Venezuela».

En este sentido, subrayó que, para la reconstrucción institucional en Venezuela, los tribunales deben garantizar la recepción de los recursos de habeas corpus, que toda persona detenida pueda designar a su abogado de confianza y «cortar la cadena de abusos y arbitrariedades».

«Insistimos en que el único camino para el desarrollo sostenible de Venezuela requiere que se escuche a la gente con el foco puesto en el respeto a la Constitución y los derechos humanos», concluyó Murillo.

Por su parte, el coordinador general de Cecodap, Carlos Trapani, indicó que expuso las «detenciones irregulares, sin orden, sin información y con uso desproporcionado de la fuerza» que aseguró se cometen en el país, así como las «dilaciones procesales» y la «limitación de contacto con familia y defensa» cuando alguien es arrestado.

«Insistimos, además, en el uso inadecuado del delito de terrorismo en adolescentes y en la necesidad de aplicar un enfoque de protección: cuando un adolescente aparece vinculado a un acto de esta naturaleza, corresponde analizar si ha sido utilizado, manipulado o engañado por adultos», señaló Trapani en X.

Críticas sobre Larry Devoe

Larry Devoe fue designado como fiscal general el pasado 9 de abril y ha sido criticado por sus roles previos ante audiencias internacionales, donde se han denunciado violaciones de derechos humanos en Venezuela.

Tras su nombramiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, cercano a la líder María Corina Machado, acusó a Devoe de ser «cómplice por años» de «todas las atrocidades del chavismo».

El lunes, el fiscal general afirmó que construirá un plan de trabajo conjunto con el Comité Internacional de la Cruz Roja para «reforzar» su labor, incluyendo lo relacionado a los derechos de las personas encarceladas, tras sostener un encuentro con la jefa de la delegación de esta agencia en Venezuela, Valérie Aubert.

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La Fiscalía aseguró que solicitó ante un tribunal revocar «la medida cautelar (excarcelación) acordada al ciudadano Juan Pablo Guanipa» por, supuestamente, «haberse verificado el incumplimiento de las condiciones» impuestas por las autoridades judiciales.

En un comunicado, el Ministerio Público venezolano advirtió que «las medidas cautelares acordadas por los tribunales están condicionadas al cumplimiento estricto de las obligaciones impuestas».

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Por su parte, el hijo del opositor Ramón Guanipa había indicado que un grupo de «aproximadamente 10 personas no identificadas» interceptó y «secuestró» a su padre.

Guanipa había sido excarcelado en la tarde del domingo junto a otro grupo de opositores cercanos a Machado. Tras esto, el opositor encabezó junto a otros activistas políticos una caravana de motocicletas y automóviles que se dirigieron a varias cárceles para apoyar a los familiares de presos políticos y pedir su liberación.

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En una publicación en Instagram, el Ministerio Público (MP, Fiscalía) indicó que Saab designó a una fiscalía local en materia de homicidio para investigar el fallecimiento de Amado Torres, quien fue alcalde del municipio Cocorote, en el estado Yaracuy, por el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) entre 2013 y 2017 y luego de 2017 a 2021.

Actualmente, se desempeñaba como jefe del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) en Falcón, agregó la entidad.

Según la Fiscalía, el cadáver de Amado Torres fue encontrado en cayo Sombrero, uno de los islotes que forman parte del Parque Nacional Morrocoy, sin que ofreciera más detalles sobre el caso.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró el pasado 15 de enero durante el mensaje anual del Ejecutivo ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) que el país registró «una tasa de tres homicidios por cada 100.000 habitantes durante el año 2025, un indicador inferior a los 4,1 de 2024».

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Cifras de fallecidos y daños

Según las declaraciones del titular del Ministerio Público, el saldo de víctimas oscila entre 100 y 120 venezolanos, incluyendo civiles y militares.

Saab denunció el uso de bombarderos, helicópteros artillados y armas químicas. También impactos en zonas residenciales que causaron la muerte de niños, mujeres y ancianos.

Por su parte, el ministro de Defensa, Padrino López, confirmó la muerte de 47 efectivos de la FANB, mientras que el gobierno cubano reportó el fallecimiento de 32 militares de su país.

Violación del marco jurídico

El fiscal calificó la operación como un hecho «aberrante e injusto» que vulnera diversos tratados:

La propia Constitución de Estados Unidos.

Convenciones de la ONU, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional.

Aseguró que los hechos ocurrieron al margen de toda legalidad internacional.

Estatus judicial de Maduro y Flores

Saab informó que para el próximo mes de marzo está prevista una nueva audiencia en Nueva York para los detenidos.

Enfrentan cargos por presunto o supuesto narcoterrorismo.

El fiscal hizo un llamado a la justicia estadounidense para desestimar lo que calificó como una acusación «incoherente e inverosímil».

Detalles de la operación

El suceso tuvo lugar en la madrugada del 3 de enero, con ataques simultáneos en Caracas, La Guaira y otras dos regiones del país, tras lo cual Maduro y Flores fueron trasladados directamente a territorio estadounidense para ser presentados ante un tribunal federal.

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Una treintena de personas se concentró frente al Ministerio Público (MP, Fiscalía) en Caracas, entre ellas Hiowanka Ávila, hermana de Henryberth Rivas -arrestado en el Rodeo I, estado Miranda (norte)-, quien denunció que los casos de esos presos, pese a denuncias anteriores, «todavía no han sido atendidos», por lo que temen que haya muertes «bajo custodia del Estado».

Ávila indicó que entre los detenidos hay quienes sufren de cáncer y enfermedades cardiovasculares y neurológicas.

Según la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clipp), veinte personas han muerto desde 2014, cinco de ellas desde noviembre del año pasado.

Margareth Baduel, hermana de Josnars Adolfo Baduel -detenido desde 2020-, afirmó que los familiares de presos políticos también son víctimas.

Por su parte, Luis Alberto Méndez -abuelo de Gabriel Rodríguez, uno de los cuatro adolescentes presos políticos- pidió al fiscal general, Tarek William Saab, que «piense» en estos menores de edad, quienes «son inocentes».

El Gobierno y la Fiscalía de Venezuela niegan que en el país haya presos por motivos políticos, sino ciudadano que cometieron diversos delitos, una afirmación que rechazan varias ONG y partidos políticos opositores.

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A través de una publicación en Instagram, Saab indicó que fue designada la Fiscalía 34 del estado Carabobo en materia de homicidio para investigar y sancionar estos hechos.

El funcionario, que no precisó cuándo ocurrió el homicidio, señaló que unos desconocidos se acercaron a Wikelman Ramírez y «sin mediar palabras lo interceptaron y le efectuaron varios disparos».

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) lamentó el fallecimiento del expelotero y expresó sus condolencias a familiares y amigos.

Igualmente, el Consejo Directivo y la Junta Administradora del equipo venezolano Navegantes de Magallanes lamentó «profundamente» el fallecimiento de Ramírez, quien jugó en sus filas en dos temporadas como lanzador.

Wikelman Ramírez también formó parte de la selección Sub-23, campeona del Mundial 2021.

Otros equipos de béisbol como Leones del Caracas, Tigres de Aragua, Bravos de Margarita, así como Caribes de Anzoátegui, lamentaron la muerte del exjugador.

Según medios locales, Wikelman Ramírez formaba parte de los Navegantes del Magallanes hasta que en la temporada 2024-2025 fue dejado en libertad y ningún otro equipo lo contrató.

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A continuación presentamos las claves para entender el nuevo intento de «golpe de Estado» que denuncia Arévalo de León, quien cumplirá en enero próximo su segundo año como mandatario de los cuatro que le corresponden, de acuerdo con la ley de Guatemala.

Victoria electoral y primer intento de derribo

Arévalo de León ganó en agosto de 2023 de manera sorpresiva los comicios en Guatemala con un discurso anticorrupción de la mano del partido Movimiento Semilla, en una elección que, según expertos, fue pavimentada para la victoria de candidatos afines al Ministerio Público y Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

Esto fue así, argumentan los analistas, porque el Tribunal Supremo Electoral bloqueó las postulaciones de los empresarios Carlos Pineda y Roberto Arzú, además de la líder indígena Thelma Cabrera, todos con posibilidades de triunfo.

Unos días después de su victoria en las urnas, el 1 de septiembre, Arévalo de León denunció por primera vez los intentos de «golpe de Estado» por parte del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras y un grupo de actores «corruptos», en sus palabras, quienes buscaban deslegitimar a su partido y así evitar su investidura en enero de 2024.

Acusación de fraude sin fundamentos

Posteriormente, el Ministerio Público encausó sus intentos por derribar a Arévalo de León con acusaciones de fraude en las elecciones y, por primera vez en la historia de Guatemala, fueron decomisadas cajas con votos tras allanar el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, pese a sus reiterados intentos, a la fecha la Fiscalía nunca pudo comprobar irregularidades en unos comicios avalados por observadores internacionales y por miles de guatemaltecos que conformaron las juntas electorales.

Una investidura accidentada

El 14 de enero de 2024, Arévalo de León tomó el cargo en una accidentada investidura, de madrugada y con casi 12 horas de retraso, pese a las amenazas de actores políticos vinculados al Ministerio Público que advertían que no habría toma de posesión.

En un hecho sin precedentes, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, nunca se presentó a entregar el mando y el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, relató este año en una entrevista con EFE que el apoyo de la comunidad internacional fue trascendental para avanzar con la toma de posesión ese día.

Sin partido político

Al fallar en su nuevo intento de desacreditar la victoria electoral, el Ministerio Público, sobre el que recaen cientos de acusaciones de corrupción desde que tomó posesión Porras en 2018, promovió en 2024 un proceso judicial en contra del Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en la creación del partido en 2018.

Bajo esa misma premisa, la Fiscalía capturó a afiliados del Movimiento Semilla, incluido el abogado Eduardo Masaya, uno de los miembros iniciales de la agrupación política, quien ha relatado que durante su estancia de varios meses en la prisión fue presionado para que aceptara los cargos en su contra y así validar la acusación sobre el partido político.

El nuevo intento de la fiscalía de Guatemala

La última maniobra por parte del Ministerio Público tuvo lugar el pasado viernes cuando el juez penal Fredy Orellana (también sancionado por Estados Unidos) ordenó al Tribunal Supremo Electoral que designara como vacante el puesto de presidente debido a que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido, pese a que la ley no le permite dicha atribución.

Es por ello que Arévalo de León envío un mensaje a la nación en cadena nacional el pasado domingo para denunciar un nuevo «golpe de Estado» en su contra por parte de Orellana, a quien catalogó como «sicario» bajo las órdenes de Porras.

El mismo domingo, la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó que los comicios que dieron la victoria a Arévalo fueron legítimos e hizo un llamado a respetar ese resultado.

Aunque muchos de sus votantes exigen al presidente que remueva a Porras del cargo, Arévalo se ha rehusado ya que la ley al respecto es ambigua, por lo que todo apunta a que tendrá que convivir con la fiscal general hasta mayo del próximo año y resistir los nuevos y próximos embates del Ministerio Público.

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La explosión se produjo después de que una camioneta que estaba estacionada empezó a incendiarse rápidamente, según se puede observar en videos de cámaras de videovigilancia y también de personas que circulaban por el sector, donde también hay hoteles, restaurantes y otros comercios.

La detonación fue tan fuerte que, además del fallecido y de los heridos, se registraron daños materiales en algunos edificios de la zona, según reportaron medios locales.

El coronel Martín Cucalón, jefe de Bomberos de Guayaquil, señaló que la persona fallecida era un taxista y que los heridos fueron enviados a un hospital cercano, mientras que la Policía evacuó a quienes aún permanecían en el lugar tras la explosión.

Por su parte, Fernando Cornejo, presidente de la empresa municipal Segura, indicó que por medio de las cámaras de videovigilancia pudieron identificar que dos vehículos salieron de la Cooperativa San Francisco, un barrio ubicado frente al complejo penitenciario de Guayaquil, hacia la zona financiera y comercial, pero que solo uno de ellos explotó.

Un «acto terrorista» en Guayaquil

El ministro del Interior, John Reimberg, calificó el hecho como un «acto terrorista» y confirmó que un segundo vehículo tenía «una cantidad de explosivo que no detonó y que fue inmediatamente neutralizado».

El funcionario indicó que la unidad antiexplosivos de la Policía estaba haciendo «detonaciones controladas» en Guayaquil y «peritajes para determinar la presencia del tipo de explosivo».

«No se trata de un artefacto fabricado artesanalmente, se trata de elementos de elaboración profesional por parte de grupos delincuenciales que quieren ocasionar caos en el país. A la ciudadanía, mantenerse fuera del perímetro donde se encuentra operando Policía», escribió en su cuenta de X.

Posteriormente, Reimberg indicó que los agentes de Guayaquil habían encontrado «cuatro cargas explosivas de alto poder con sus respectivas mechas de seguridad» y un «dispositivo electrónico para activación del explosivo».

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«De haber ocurrido el hecho, que no ocurrió, lo primero era buscar detener, sin aniquilar sin combate previo, a esa presunta embarcación, (de la) que no han dicho las coordenadas, de dónde salió, cómo salió, quiénes estaban allí. Simplemente un video animado», dijo Saab durante un acto del Ministerio Público en una plaza en Caracas, transmitido por el canal privado Globovisión.

Saab señaló que incluso en casos de operaciones contra la delincuencia internacional hay «organismos» y «tratados» que velan por el cumplimiento de las normas.

Asimismo, calificó como «sumamente burdo» e «inaceptable» que se «utilice la presunta lucha contra el narcotráfico» para, a su juicio, «generar internamente una implosión» en Venezuela.

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«Casi 18.000 infractores son motorizados en lo que va de año, 3.386 conductores de automóviles y 722 se encontraban conduciendo otro tipo de vehículo (como) camiones, autobuses, camionetas», dijo Saab en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el ministro de Transporte, Ramón Velásquez, y fue transmitida por la estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El titular del Ministerio Público explicó que la iniciativa, que tiene como lema «Si enciendes tu moto, no apagues tu vida», pretende sensibilizar a los motorizados sobre el respeto del semáforo, el uso del casco y para que eviten las maniobras indebidas.

En ese sentido, indicó que está planteada la difusión de mensajes en la prensa, televisión, cine y pancartas.

Además, señaló que en el país se han habilitado 24 fiscalías especializadas para promover este programa y que se han dispuesto «más de 300 funcionarios» de ese ministerio para acompañarlo.

Dicha campaña, sostuvo Saab, hace parte de un plan nacional de seguridad vial denominado «Conduce por la vida», que las autoridades pusieron en marcha en febrero pasado.

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«Fue presentada e imputada la ciudadana Martha Lía Grajales en el lapso de ley tras haberse solicitado orden de aprehensión en su contra por acciones en contra de las instituciones venezolanas y la paz de la república», señaló la institución en Instagram.

El Ministerio Público (MP) indicó que a la activista se le dictó una medida de privativa de libertad «por el tribunal de la causa por los delitos de incitación al odio, conspiración con Gobierno extranjero y asociación», sin ofrecer mayores detalles de los supuestos hechos que habría cometido la activista.

Comités de derechos humanos identificados exigieron la libertad de Grajales, quien fue detenida el viernes luego de participar en un acto a las afueras de la ONU, en Caracas, en apoyo a los familiares de presos políticos que fueron agredidos el martes cuando hacían una vigilia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela.

Más de 800 personas firmaron un documento para exigir la liberación de Grajales, según informó el domingo la ONG SurGentes, que asegura desconocer el paradero de su cofundadora desde su detención el pasado viernes.

 

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«El Ministerio Público avanza de manera contundente en el proceso judicial a los 16 implicados del atentado terrorista perpetrado este pasado domingo en la plaza de la Victoria contra el Fascismo, donde pretendieron bañar de sangre a nuestro país», indicó la institución en Instagram.

Asimismo, agregó que explicará «más adelante», sin precisar cuándo, los detalles judiciales del «atentando» que, subrayó, «intentó socavar la soberanía, estabilidad y la paz del pueblo venezolano».

El pasado sábado, el ministro de Interior y Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, anunció el hallazgo de dos galpones con explosivos en el estado Monagas que, aseguró, estaban destinados a «actos terroristas» que vinculó con la líder opositora María Corina Machado y el «imperialismo norteamericano», en referencia a Estados Unidos.

Cabello indicó que este hallazgo forma parte de una investigación anunciada por él el pasado jueves, cuando informó que presuntamente se planificaba un atentado con explosivos en la céntrica Plaza Venezuela de Caracas.

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«Pudiéramos decir que en este momento tenemos 58 personas detenidas, en razón de la acción del Ministerio Público (MP, Fiscalía) y los órganos auxiliares de justicia para lograr el objetivo de neutralizar estas mafias», dijo Saab durante una declaración en Caracas, transmitida por el canal privado Globovisión.

Según el funcionario, la mayoría de los arrestos han ocurrido en los estados Aragua, Barinas, Lara, Zulia, La Guaira, Yaracuy y Caracas.

A los sujetos aprehendidos, añadió, se les acusa de los presuntos delitos de «terrorismo, legitimación de capitales, asociación para delinquir, oferta engañosa y captación indebida».

El fiscal añadió que se han logrado «sacar de circulación 12 páginas ilegales que manipulan el tipo de cambio, utilizando como indicadores financieros casas de bolsas ilegales y ficticias».

Además, afirmó estar «convencido» de que la cifra de detenidos va a aumentar en las «próximas horas».

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Este caso, del cual se ha hecho eco nuestro portal digital, replicando otras publicaciones, tiene efectivamente abierto en el Ministerio Público un expediente identificado con el Nro. MP-165253-2023.

Se dice en la misiva que la misma se produce y envía “ante la campaña difamatoria en contra de nuestra Vicepresidenta, la arquitecta Kiomara Scovino, y por ende, de nuestra Asociación de Propietarios y Residentes de Prados del Este (ASOPRAES)” y añade “promovida y simulada como alerta a través de portales de noticias y redes sociales de manera masiva, en específico en las páginas web del Diario Caraota Digital, AlbertoNews, Descifrado, Notitarde y El Universal, Runrun.es, DobleLlave.com, ElSumario.com, NoticiaAlMinuto.com y cuentas en redes sociales (…) señalando presuntos delitos cometidos a través de un mercado de objetos de segunda mano que se realiza quincenalmente en la redoma de Prados del Este, municipio Baruta”.

Dado que se indica que dichas informaciones carecen de fundamento probatorio o que no se aporta documentación, denuncia formal o fuente verificable que sustente las imputaciones, nos parece prudente pausar por ahora la publicación de nuevos datos y noticias al respecto, hasta tanto el Ministerio Publico emita el correspondiente pronunciamiento, se aclare el caso y se imparta justicia.

Es parte de nuestra política editorial la defensa y protección de los derechos e intereses de los vecinos y comunidades, frente a todos aquellos que puedan pretender representarlos o quienes sin representarlos promuevan actividades que deterioren su calidad de vida y la convivencia ciudadana en las áreas o zonas donde residen. Especialmente si afectan de alguna manera sus espacios deportivos o recreativos, complementos importantes de la salud y la educación.

«Voz del pueblo, voz de Dios».

La Dirección de DOBLE LLAVE

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A través de una publicación en Instagram, Saab indicó que los sujetos detenidos serán acusados por «diversos delitos económicos en atención a su participación en la manipulación y venta ilegal de divisas».

«Estas personas a través de distintos medios, incluyendo redes sociales, publican y realizan operaciones en divisas a una tasa de cambio distinta a la oficial, atentando contra el sistema financiero y económico del país», añadió.

Previamente, el fiscal informó la detención de 26 personas en Caracas por este hecho, a los que también se les incautaron 15 equipos telefónicos, 67.610 bolívares en efectivo (unos 682 dólares estadounidenses a tasa oficial) y 104 billetes de «dólares americanos».

A finales de mayo pasado, el Ministerio Público informó de la detención del presunto administrador de un perfil en Instagram que difunde el precio paralelo del dólar en el país, una tasa que está por encima de la cotización oficial de la divisa, que es establecida por el Banco Central de Venezuela (BCV).

Saab indicó entonces que el sujeto detenido supuestamente se dedicaba a administrar dicha cuenta con el objetivo, según el ente investigador, de «desestabilizar» la economía venezolana.

De interés: VP asegura que la economía venezolana no se controla con «detenciones»

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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