La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.

Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump, mientras que las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.

La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una «emergencia nacional» y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.

La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.

El fallo de los magistrados significa que, por ahora, la Administración puede continuar con el programa y llevar a cabo deportaciones rápidas, incluso a países como Guinea Ecuatorial, donde algunos deportados desde Estados Unidos sufrieron abusos, según una investigación publicada por The New York Times.

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«Como organización de derechos humanos nos especializamos en reformas (…) no solo durante un año, ni solo durante dos años, sino durante décadas. Llega un momento en que tenemos que decir que las reformas no van a funcionar, porque no han funcionado y es poco probable que lo hagan», afirma en una entrevista con EFE en Bogotá.

A renglón seguido añade: «Lo único que puede suceder que tenga un impacto tangible en la violación masiva de los derechos humanos que se está cometiendo en este momento es que se elimine por completo el ICE».

En un informe publicado el viernes pasado, AI detalla situaciones que considera irregulares durante las operaciones de control de la inmigración de esta agencia del Gobierno de Donald Trump en Chicago, Minneapolis-St. Paul, Nueva Orleans y Washington.

La lista de acusaciones de AI es extensa: «Homicidios ilícitos, algunos de los cuales podrían constituir ejecuciones extrajudiciales; detenciones en régimen de incomunicación arbitrarias y discriminatorias, incluso posibles desapariciones forzadas, en algunos casos en condiciones de confinamiento, que podrían violar la prohibición de la tortura; y represión violenta de protestas pacíficas», entre otros.

«Si Donald Trump no está dispuesto a hacerlo, esperemos que haya cambios en el panorama político y que las nuevas autoridades tomen las pruebas que se están presentando sobre las violaciones masivas cometidas por el ICE, que se hagan cargo de esas pruebas y digan: ‘Ya basta, tenemos que abolirlo'», agrega la secretaria general de AI.

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Varios residentes afirman a EFE que los operativos del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) han transformado a una ciudad conocida como ‘Doralzuela’ y que protagonizó los mayores festejos públicos en Estados Unidos en enero pasado tras la captura del entonces gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

«Hay mucha indignación, mucho miedo, un sentimiento de traición, sobre todo para aquellas personas que votaron por el presidente Trump, yo nunca he sido simpatizante de él, siempre me vi venir esto y las personas que sí lo apoyan ahora están o muy dolidas o tratando de hacer malabares», cuenta Liz Rebecca Alarcón, una vecina.

Más del 85 % de los 81.000 habitantes de Doral son hispanos y la mitad del total son venezolanos, pero la alcaldesa de la ciudad, la republicana Christi Fraga, firmó un acuerdo ‘287(g)’ para que la policía local coopere con ICE.

En medio del récord de más de 50.000 arrestos migratorios a nivel nacional en agosto, la cifra más alta del segundo mandato de Trump, vecinos, negocios y líderes comunitarios publican imágenes a diario de la presencia de ICE y comercios vacíos en cuentas de redes sociales, como ‘Qué pasa en Doral’.

«El Doral es un pueblo fantasma. hay negocios que están empezando a cerrar, otros negocios que están pensando cerrar porque están literalmente vacíos y no pueden sostenerse. Las personas tienen terror de salir de sus casas», expresa Adelys Ferro, directora ejecutiva del Venezuelan American Caucus (VAC), en una entrevista.

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La existencia de estas celdas de 1,7 metros cuadrados de superficie fue uno de los detalles más reveladores de un informe de la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) tras varias inspecciones al centro de detención de migrantes, que fue inaugurado por el presidente de EE.UU., Donald Trump, en julio de 2025.

Según los inspectores, hasta 79 migrantes fueron confinados «entre varios minutos y casi dos horas» en estas pequeñas jaulas entre el 17 de julio de 2025 y el 18 de enero de 2026.

Aunque el personal de Alligator Alcatraz alegó que estos recintos de unos 2,3 metros de alto eran «zonas de calma» para que los detenidos se tranquilizaran, y que incluso eran los migrantes quienes solicitaban acceder a ellas, la investigación halló evidencias de que también se emplearon a modo de castigo.

«El uso de estos espacios tan restrictivos contraviene las normas de trato humano, las cuales exigen mantener a los internos en el entorno menos restrictivo posible«, sostuvo el informe divulgado este lunes.

El hacinamiento de los migrantes también era evidente en el centro, según la investigación, que advirtió de que el lugar, en medio del humedal de los Everglades, violaba «los estándares de espacio vital».

Condiciones físicas de Alligator Alcatraz

La normativa nacional establece que cada detenido disponga de al menos 7 metros cuadrados de superficie, pero a su máxima capacidad el centro solo ofrecía 2,6 metros cuadrados por interno.

La ausencia de espacio, fácilmente apreciable en varias fotografías que acompañan el informe, «redujo la movilidad diaria de los internos, aumentando los niveles de estrés y el riesgo de propagación de enfermedades contagiosas», según los inspectores.

Alligator Alcatraz también incumplió los estándares sanitarios, de atención médica y de alimentación.

Los detenidos manifestaron «retrasos significativos» en la evaluación médica de los recién llegados, objetos de higiene personal «insuficientes» o raciones de comida demasiado pequeñas y en mal estado de conservación.

Además, indicaron que tuvieron prohibido salir al exterior durante algunas semanas, lo que contraviene la normativa.

Pese a las conclusiones del informe, el DHS aseguró que el centro «operaba bajo la autoridad del estado de Florida mediante un acuerdo marco y no bajo la gestión directa del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), por lo que los estándares federales de detención no le eran aplicables».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Oficina del Inspector General del DHS

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El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) alcanzó en julio el número mensual de detenciones más alto en lo que va del segundo mandato de Trump, con 49.571 arrestos, según datos de las universidades de California Berkeley y UCLA.

Además, las acciones migratorias de Trump han generado cientos de demandas sin precedentes de diversas organizaciones a través del país, encabezadas por la Unión Americana por las Libertades Civiles (ACLU), que su Administración ha rebatido, algunas con éxito.

El rechazo de Trump a la inmigración irregular ha estado presente a lo largo de su carrera, con discursos xenófobos que han creado mucha controversia, como el que pronunció en 2015, cuando anunció que aspiraba a la presidencia y afirmó que México enviaba a EE.UU. crimen, drogas y violadores.

A su llegada a la Casa Blanca en 2017 firmó de inmediato órdenes ejecutivas prohibiendo la entrada al país durante 90 días de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y suspendió indefinidamente el programa de admisión de refugiados sirios.

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/AL DRAGO

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«Mientras trabajamos en acomodar esta formación a fondo, las citas de servicios de visado serán ajustadas», indicó a EFE un portavoz del Departamento de Estado, que no aclaró cuándo se reanudarán esos servicios.

«Cuando hay cambios en las citas para entrevistas de visados, las embajadas y consulados comunican cualquier cambio directamente a los solicitantes», indicó el portavoz, algo que coincide con los mensajes que han comenzado a recibir solicitantes de visado en todo el mundo con suspensiones de citas ya programadas.

El entrenamiento está relacionado con nuevos procedimientos para asegurarse que los receptores de esos visados no suponen un cargo a las arcas públicas y «no se convierten en dependientes de los beneficios públicos de Estados Unidos que necesitan los estadounidenses que califican para ello».

Según el Departamento de Estado esta nueva formación a funcionarios y empleados consulares comenzó a principios de agosto a nivel «mundial», por lo que esas cancelaciones temporales se aplican por igual en toda la red de consulados de Estados Unidos.

Según otra fuente citada por el Washington Post, las citas para obtener visados de inmigrante han sido canceladas desde el lunes hasta el final de este mes de agosto.

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/MOHAMED ALI

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La agrupación, que representa a 300.000 trabajadores de hoteles, restaurantes y juegos de azar en EE.UU. y Canadá, realizó el estudio en Miami, clave para las elecciones de medio término del presidente Donald Trump el 3 de noviembre, y encontró apoyo para políticas como controlar alquileres y más impuestos para los ricos.

El sondeo, realizado de manera presencial en viviendas a 2.381 latinos nacidos en Cuba, Nicaragua, Colombia, Honduras, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico, Estados Unidos y otros países, descubrió que solo el 5 % de ellos creen que la economía estadounidense está «mejorando».

El 88 % de los encuestados expresaron un nivel 5 de preocupación, en una escala del 1 al 5, en el costo del transporte y la gasolina, al igual que el 85 % lo hizo sobre los alimentos, el 78 % sobre la vivienda y los servicios básicos, y el 67 % sobre el precio del seguro y gastos médicos.

“Lo primero que escuchamos cuando anduvimos de puerta en puerta fue lo mucho que han aumentado los precios en Miami, lo que incluye alquileres más altos», expresó en el reporte Flor Ramírez, miembro de la sección local 355 de Unite Here y trabajadora del Aeropuerto Internacional de Miami (MIA).

La encuesta, realizada entre marzo y junio de 2026 en el condado de Miami-Dade, donde el 70 % de los habitantes son hispanos y el 54 % del total nació en el extranjero, más que en ningún otro en Estados Unidos, también encontró que el 58 % está “decepcionado(a)” de las política migratorias y el 19 % “enojado(a)”.

La oficina del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en Miami lidera los arrestos migratorios del segundo mandato de Trump con más de 41.000 detenciones desde principios de 2025, citó el reporte de Unite Here.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Unite Here

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En un mensaje en su red Truth Social, Trump elogió el «trabajo excelente» y la «labor necesaria» que realizan los agentes del ICE y reiteró sus acusaciones contra la anterior Administración del demócrata Joe Biden sobre la supuesta entrada de millones de personas al país «sin control ni verificación».

«Muchos eran delincuentes, y debemos expulsarlos. Para lograrlo, debemos ser fuertes, firmes e inteligentes, y no podemos renunciar a una de las herramientas más importantes y eficaces del ICE para combatir el crimen: ¡los controles de tráfico! Si lo hacemos, estaremos jugando a favor de los delincuentes», advirtió.

Según Trump, a los demócratas «radicales de izquierda les encantaría que esto sucediera», pero insistió en que esto no ocurrirá bajo su mandato.

«ICE, sean prudentes, justos e inteligentes, y vuelvan a hacer su trabajo tan importante. ¡Sigan registrando esas cifras positivas en la lucha contra el crimen! Recuerden que en Estados Unidos se les aprecia y respeta», aseguró.

El mensaje de Trump llega después de que esa entidad federal decidiera el martes suspender hasta nueva orden la mayoría de sus registros de tráfico y los controles de vehículos, días después de que un inmigrante colombiano falleciera en su auto en Biddeford, al sur de Maine, tras recibir disparos de un agente del ICE.

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/GRAEME SLOAN

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En una opinión de más de 100 páginas, el juez John McConell Jr. señaló que esas políticas de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) dejaron a «incontables inmigrantes que vivían en EE.UU. en un limbo legal indeterminado», y que son «contrarias a la ley, arbitrarias y caprichosas».

McConell señaló que USCIS ejerce una autoridad de la que carece y «justifica sus acciones con preocupaciones ‘de seguridad nacional’ meramente pretextuales, que encubren sentimientos antiinmigrantes que (la agencia) tiene prohibido que influyan en su proceso de toma de decisiones».

La agencia pausó la adjudicación de beneficios migratorios para 39 países de África, Asia, Latinoamérica y Oriente Medio, a cuyos ciudadanos se les ha impedido «recibir decisiones finales» sobre sus solicitudes de asilo, permisos de trabajo, tarjeta verde y ciudadanía en EE.UU.

El juez sostuvo que la pausa de USCIS «no puede atribuirse a nada que estas personas hicieran mal, sino que emana solo de la casualidad de su nacimiento», y declaró que la agencia «violó las mismas leyes de inmigración que el Congreso le encargó administrar, así como las leyes administrativas» por las que se rige.

Pausa a las solicitudes de asilo

Esas políticas, que incluyen el llamado ‘veto migratorio’ y una pausa a las solicitudes de asilo, se aplicaron después de que en noviembre de 2025 un ciudadano afgano presuntamente disparara contra la Guardia Nacional en Washington D.C., lo que dejó una agente muerta y otra herida.

El fallo incluye en la explicación del contexto unas declaraciones de la exsecretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, suscritas por Trump, que recomendó «un veto migratorio en cada maldito país que ha inundado a nuestra nación con asesinos, sanguijuelas y yonquis de la ayuda social», y arremetía contra los «invasores extranjeros».

La mayoría de países afectados por estas políticas eran africanos, y los americanos eran Cuba, Venezuela, Antigua y Barbuda, Dominica y Haití.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Alejandra Arredondo

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«Muchos de los acusados en esta operación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional son inmigrantes indocumentados de Venezuela, Colombia y Honduras«, informó en un comunicado el Departamento de Justicia estadounidense.

En el operativo se incautaron más de 80 armas de fuego, aproximadamente 18 kilogramos de drogas y más de 100.000 dólares estadounidenses, agregaron las autoridades.

«Esta es una operación masiva e impactante que ha desarticulado a más de 25 terroristas del Tren de Aragua que sembraban el caos en nuestras calles«, dijo en el comunicado el director del FBI, Kash Patel.

Los cargos fueron presentados en seis distritos judiciales de EE.UU. ubicados en los estados de Colorado, Florida, Indiana, Tennessee y Washington, e incluyen delitos como tráfico de armas de fuego, narcotráfico y posesión de armas de fuego para facilitar delitos de narcotráfico, entre otros.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Departamento Justicia EEUU

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La polémica instalación —ubicada en el corazón del humedal de los Everglades, una reserva ecológica en el sur de Florida— fue inaugurada el verano pasado por el presidente Trump y le ha costado al estado millones de dólares que no han sido reembolsados por el Gobierno federal.

Un eventual cierre de Alligator Alcatraz ocurriría en medio de disputas legales y ambientales y por las condiciones de insalubridad para los detenidos.

El mes pasado, un tribunal de apelaciones permitió que el centro siguiera operando y recibiendo nuevos detenidos, tras revocar una orden que había exigido su clausura temporal por una demanda ambiental.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Cristóbal Herrera

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El Departamento de Estado detuvo recientemente la emisión de visas de trabajo para inmigrantes que buscan convertirse en conductores de camiones comerciales en Estados Unidos.

El secretario de Estado, Marco Rubio, atribuyó la suspensión al “creciente número” de conductores extranjeros que operan camiones con remolque en las carreteras estadounidenses que pone en peligro la vida de los estadounidenses y socava el sustento de los camioneros nacidos en EEUU.

“El gobierno está siendo muy injusto porque muchos de nosotros llevamos años conduciendo por las carreteras estadounidenses ayudando al país, trabajamos en la pandemia llevando mercancías y en ese momento no le quitábamos el trabajo a nadie”, opina a EFE Salvador, un inmigrante salvadoreño que no quiso revelar su apellido por temor a represalias.

El conductor que está amparado por el Estatus de Protección Temporal (TPS) asegura que teme que la Casa Blanca busque revocar su licencia comercial, lo deje sin trabajo e incluso pueda terminar deportado.

El miedo del inmigrante no es infundado, y es que el Gobierno ha emitido una serie de medidas para limitar el trabajo de camioneros inmigrantes en el país.

Desde junio el Departamento de Transporte de EE.UU. exige una prueba de inglés para los conductores de carga, en cumplimiento de una orden ejecutiva firmada por el mandatario estadounidense en abril.

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DOBLE LLAVE

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Fuente de imagen referencial: EFE/Luis Torres.

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El alcalde Eric Adams informó que la ciudad se ha unido al caso como «amigos de la corte» en apoyo al joven de 20 años, que vivía en El Bronx con su familia y que no tiene antecedentes penales.

Este es el primer caso conocido de detención por parte del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de un estudiante venezolano del sistema educativo público de Nueva York.

En el documento, presentado en el Distrito Oeste de Pensilvania, donde Contreras se encuentra detenido a pesar de vivir en Nueva York, se argumenta que está detenido sin causa y en violación de su derecho al debido proceso.

Además, también se señala que la ciudad es menos segura cuando los inmigrantes tienen miedo de acceder a servicios básicos y asistir a audiencias judiciales de inmigración, de acuerdo con un comunicado de la Alcaldía.

Del mismo modo, el escrito destaca las importantes contribuciones que los inmigrantes han tenido durante mucho tiempo en la ciudad, específicamente en su tejido cultural y en lo que respecta al crecimiento económico y la prosperidad general.

Cita de asilo del venezolano

López Contreras acudió con su madre y sin un abogado a una cita migratoria rutinaria de su solicitud de residencia permanente (‘green card’) el 21 de mayo en la que «inadvertidamente» renunció a protecciones legales.

Al salir del tribunal en Manhattan, los agentes del ICE, vestidos de incógnito, lo siguieron y detuvieron, lo que ha causado indignación y protestas en la ciudad.

El venezolano llegó a EEUU bajo la política de la Administración de Joe Biden que le permitió iniciar un proceso de solicitud de asilo, y estudia en una escuela pública de la ciudad.

Adams recordó hoy que López Contreras acudió varias veces al centro de ayuda para solicitudes de asilo que la ciudad estableció para ayudar a la ola de inmigrantes que han llegado durante los pasados dos años.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Angel Colmenares

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Se espera que aborden la incesante migración ilegal y el tráfico de fentanilo, dos crisis sin solución a corto plazo con posiciones encontradas.

«Nuestros problemas en la frontera no surgieron de la noche a la mañana. Y no se resolverán de la noche a la mañana», admitió Biden en Twitter tras ser recibido por López Obrador.

El mandatario señaló que su gobierno está utilizando las herramientas disponibles para «limitar la migración ilegal» y «ampliar la legalidad», pero enfatizó que para componer este sistema «roto» el Congreso estadounidense «debe actuar».

El emblemático Air Force One, aterrizó al final del día de ayer en suelo azteca.

¡Llegó! El Air Force One llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para la visita de @POTUS Biden a la Ciudad de México en la que participará en la Cumbre de Líderes de América del Norte #CLAN. pic.twitter.com/uufYrr5bOO

— Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) January 9, 2023

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: El Universal (México) / Captura de TV

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Con esta decisión, Estados Unidos expande su programa migratorio más allá de los permisos humanitarios que ya concede a los venezolanos.

Sin embargo, esta nueva concesión va de la mano con un endurecimiento hacia los inmigrantes ilegales.

Funcionarios del Gobierno del presidente Joe Biden informaron en una llamada con periodistas de que, en paralelo, Estados Unidos expulsará «de inmediato» a México a los migrantes de esos países que intenten cruzar a su territorio de manera ilegal.

Además, estos inmigrantes que sean expulsados, serán vetados durante cinco años para ingresar de nuevo a los Estados Unidos.

Los funcionarios también explicaron que quienes sean deportados al país vecino del sur por cruzar la frontera de manera irregular no podrán acceder a los permisos humanitarios.

Desde la Segunda Guerra Mundial

Con la inclusión de cubanos, haitianos y nicaragüenses, se amplía el programa que EE.UU. lanzó en octubre pasado para entregar 24.000 permisos a migrantes venezolanos y, al mismo tiempo, deportar a México a quienes atravesaran la frontera sin permiso.

Igualmente, Estados Unidos quiere triplicar «el reasentamiento de refugiados» procedentes de otras partes del continente en el año fiscal 2023 y acogerá a hasta 20.000 personas provenientes de naciones de Latinoamérica y del Caribe.

La Casa Blanca señaló que la motivación de estas medidas es el «nuevo patrón migratorio» que se está dando en la frontera motivada por «la inestabilidad política, económica y social en todo el mundo.

Dijeron que esto está alimentando algunos de los mayores niveles de migración», no vistos desde la Segunda Guerra Mundial.

EE.UU. ha visto en su frontera sur números récord en décadas de migrantes que tratan de cruzar irregularmente, «motivados en su mayor parte por un nuevo éxodo sin precedentes de migrantes de Cuba, Nicaragua y Venezuela», dijo uno de los funcionarios.

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Iván Sandoval

Con información de medios internacionales

Fuente imagen referencial: Flickr, vía web

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“El secretario Blinken y el vicepresidente Ramírez hablaron de los actuales esfuerzos para apoyar al pueblo venezolano que trabaja por restaurar la democracia en su país”, informó en un comunicado el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price.

Asimismo, ambos dirigentes, que están en París para asistir a la reunión interministerial de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), hablaron de la pandemia del Covid-19, de desafíos globales y regionales, entre ellos la inmigración, la defensa de la democracia y la sostenibilidad.

En este sentido, Blinken agradeció especialmente a Ramírez por los esfuerzos del gobierno colombiano a lidiar con la inmigración regional.

En unas declaraciones difundidas por el Departamento de Estado de EE.UU. antes del encuentro, Ramírez reivindicó que el diálogo transatlántico entre Estados Unidos y Europa decidió incluir a América Latina.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales