En un comunicado emitido a última hora del jueves, el Ministerio de Integración Africana y Asuntos Extranjeros afirmó que, tras una serie de negociaciones con «todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu», el Ejecutivo «fletó un avión para viajar a Bisáu», la capital.

«Esto permitió que el presidente Umaro Sissoko Embaló llegara sano y salvo a Senegal», señaló la nota oficial.

El Ministerio explicó que, «desde el inicio de la crisis, las autoridades senegalesas, bajo la dirección personal del Jefe de Estado (Bassirou Diomaye Faye), han mantenido una comunicación directa con todas las partes interesadas en Guinea-Bisáu».

«Estas conversaciones -prosiguió- se han centrado, en particular, en la liberación del presidente Embaló y algunos de sus acompañantes, así como de todas las demás figuras políticas detenidas, y en la reapertura de las fronteras para facilitar (…) la repatriación de personas, incluidos los miembros de las diversas misiones de observación electoral».

El comunicado se publicó después de que el presidente Faye participara en una cumbre extraordinaria virtual de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao) para analizar la situación en Guinea-Bisáu.

El Gobierno de Senegal reafirmó su disposición a «colaborar con la Cedeao, la Unión Africana (UA) y todos los socios pertinentes, con miras a apoyar el diálogo, la estabilidad y el rápido restablecimiento del orden constitucional y la legitimidad democrática en este país hermano».

Los militares que tomaron el poder en Guinea-Bisáu anunciaron que el hasta ahora jefe del Estado Mayor de Embaló será el nuevo líder del Gobierno de transición, consolidando así el golpe pese a las firmes condenas de organizaciones internacionales, como la UA o la Cedeao, y países africanos como Sudáfrica o Nigeria.

El general Horta N’ta, convertido en el nuevo hombre fuerte del país, fue designado para dirigir un periodo de transición de un año por el autodenominado Alto Comando Militar para el Restablecimiento de la Seguridad Nacional y el Orden Público, como se hace llamar la junta militar en el poder.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes de Estado exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012).

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De interés: Perú rompe relaciones diplomáticas con México por asilo a exprimera ministra

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«El Gobierno peruano ha decidido romper relaciones diplomáticas con México», informó en una rueda de prensa el ministro peruano de Exteriores, Hugo De Zela.

El canciller explicó que esta decisión se ha tomado «frente a este acto inamistoso y teniendo en cuenta las reiteradas acciones en que el actual y el anterior presidente (Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente) de ese país han intervenido en los asuntos internos del Perú».

De Zela sostuvo, en ese sentido, que el Gobierno peruano hoy ha «conocido con sorpresa y con profundo pesar que la expremier Betssy Chávez, presunta coautora del golpe de Estado que pretendió dar el expresidente Pedro Castillo» se encuentra en la embajada del país norteamericano.

«Quiero lamentar profundamente que el Gobierno mexicano persista en su equivocada e inaceptable posición, que ha llegado al punto de obligarnos a romper relaciones diplomáticas con un país con el cual hasta antes de estos hechos teníamos una relación fraternal y múltiples coincidencias», remarcó.

El canciller aclaró que la ruptura de las relaciones diplomáticas «no significa» que se hayan «roto relaciones consulares» con México.

De Zela también dijo que ahora lo que «tiene que ocurrir es recibir una comunicación formal del gobierno de México para dar inicio al proceso» del eventual asilo para Chávez.

Betssy Chávez está siendo procesada por la Justicia de Perú por su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado que dio el 7 de diciembre de 2022 el entonces presidente Pedro Castillo, de quien era primera ministra.

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A continuación presentamos las claves para entender el nuevo intento de «golpe de Estado» que denuncia Arévalo de León, quien cumplirá en enero próximo su segundo año como mandatario de los cuatro que le corresponden, de acuerdo con la ley de Guatemala.

Victoria electoral y primer intento de derribo

Arévalo de León ganó en agosto de 2023 de manera sorpresiva los comicios en Guatemala con un discurso anticorrupción de la mano del partido Movimiento Semilla, en una elección que, según expertos, fue pavimentada para la victoria de candidatos afines al Ministerio Público y Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-2024).

Esto fue así, argumentan los analistas, porque el Tribunal Supremo Electoral bloqueó las postulaciones de los empresarios Carlos Pineda y Roberto Arzú, además de la líder indígena Thelma Cabrera, todos con posibilidades de triunfo.

Unos días después de su victoria en las urnas, el 1 de septiembre, Arévalo de León denunció por primera vez los intentos de «golpe de Estado» por parte del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras y un grupo de actores «corruptos», en sus palabras, quienes buscaban deslegitimar a su partido y así evitar su investidura en enero de 2024.

Acusación de fraude sin fundamentos

Posteriormente, el Ministerio Público encausó sus intentos por derribar a Arévalo de León con acusaciones de fraude en las elecciones y, por primera vez en la historia de Guatemala, fueron decomisadas cajas con votos tras allanar el Tribunal Supremo Electoral.

Sin embargo, pese a sus reiterados intentos, a la fecha la Fiscalía nunca pudo comprobar irregularidades en unos comicios avalados por observadores internacionales y por miles de guatemaltecos que conformaron las juntas electorales.

Una investidura accidentada

El 14 de enero de 2024, Arévalo de León tomó el cargo en una accidentada investidura, de madrugada y con casi 12 horas de retraso, pese a las amenazas de actores políticos vinculados al Ministerio Público que advertían que no habría toma de posesión.

En un hecho sin precedentes, el presidente saliente, Alejandro Giammattei, nunca se presentó a entregar el mando y el embajador de la Unión Europea en Guatemala, Thomas Peyker, relató este año en una entrevista con EFE que el apoyo de la comunidad internacional fue trascendental para avanzar con la toma de posesión ese día.

Sin partido político

Al fallar en su nuevo intento de desacreditar la victoria electoral, el Ministerio Público, sobre el que recaen cientos de acusaciones de corrupción desde que tomó posesión Porras en 2018, promovió en 2024 un proceso judicial en contra del Movimiento Semilla por supuestas firmas falsas en la creación del partido en 2018.

Bajo esa misma premisa, la Fiscalía capturó a afiliados del Movimiento Semilla, incluido el abogado Eduardo Masaya, uno de los miembros iniciales de la agrupación política, quien ha relatado que durante su estancia de varios meses en la prisión fue presionado para que aceptara los cargos en su contra y así validar la acusación sobre el partido político.

El nuevo intento de la fiscalía de Guatemala

La última maniobra por parte del Ministerio Público tuvo lugar el pasado viernes cuando el juez penal Fredy Orellana (también sancionado por Estados Unidos) ordenó al Tribunal Supremo Electoral que designara como vacante el puesto de presidente debido a que el partido Movimiento Semilla quedó suspendido, pese a que la ley no le permite dicha atribución.

Es por ello que Arévalo de León envío un mensaje a la nación en cadena nacional el pasado domingo para denunciar un nuevo «golpe de Estado» en su contra por parte de Orellana, a quien catalogó como «sicario» bajo las órdenes de Porras.

El mismo domingo, la Secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA) reafirmó que los comicios que dieron la victoria a Arévalo fueron legítimos e hizo un llamado a respetar ese resultado.

Aunque muchos de sus votantes exigen al presidente que remueva a Porras del cargo, Arévalo se ha rehusado ya que la ley al respecto es ambigua, por lo que todo apunta a que tendrá que convivir con la fiscal general hasta mayo del próximo año y resistir los nuevos y próximos embates del Ministerio Público.

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«Aún no hay investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel, un exministro de (Hugo) Chávez que luego fue castigado como preso político por años, víctima de una cirugía clandestina contra su voluntad y su familia», señaló en X la organización no gubernamental.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió «justicia para Raúl», quien, aseguró, fue «víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión».

Raúl Isaías Baduel, según su familia, falleció «en una celda del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), diez meses después de una operación hecha en un quirófano improvisado, sin la atención médica necesaria».

«Fue ministro de la Defensa, un hombre de principios, un militar que creyó en la Constitución, en la soberanía y en el respeto a la vida, pero cuando se negó a apoyar la reforma constitucional de 2007, su voz disidente se convirtió en su condena», afirma la familia, que asegura también que «fue aislado, incomunicado, humillado y torturado».

En X, la activista Andreína Baduel, hija del militar, denunció el domingo que «la persecución» contra su familia «no ha cesado».

Josnars Adolfo Baduel, hijo también del exministro, está detenido desde 2020.

«Pero no han logrado quebrarnos, porque ser Baduel no es un delito, es tener el valor de defender la verdad, aunque duela. Hoy recordamos su vida, denunciamos su muerte y seguimos exigiendo justicia por todos los presos políticos que siguen padeciendo la misma tortura que lo mató», agregó la activista.

Proceso contra Raúl Isaías Baduel

Raúl Isaías Baduel, quien fue aliado del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.

Posteriormente, se pronunció contra la propuesta de reforma constitucional de Chávez.

En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena. En 2015, se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.

Luego, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

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El presidente de ese brazo del Supremo, Cristiano Zanin, decidió además que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre, cuando deberá concluir el juicio que determinará si el líder de la ultraderecha será condenado por un presunto intento de golpe de Estado.

Además de Bolsonaro serán juzgados otros siete acusados de formar parte del llamado «núcleo central» de la trama golpista, que al igual que el exmandatario se enfrentan a condenas que podrían oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.

Zanin determinó la fecha para el juicio oral a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes, quien presentó su solicitud este jueves, después de que los ocho acusados entregaron sus alegaciones finales.

Bolsonaro y sus siete antiguos colaboradores responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General, la trama golpista fue concebida después de que Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de octubre de 2022 por el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y una crisis institucional que, según la acusación, tenía como objetivo impedir la toma de posesión de Lula.

En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, quienes han pedido al tribunal su absolución.

La defensa del exmandatario alegó que existe una absoluta falta de pruebas, negó su participación en un complot golpista y calificó de «absurdas» las acusaciones de la Fiscalía.

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«Así como en 2019 la OEA llegó para avalar el golpe de Estado que abrió las puertas a la derecha, hoy, en 2025, viene a bendecir un proceso electoral diseñado a la medida de los intereses imperiales», escribió Morales en X.

Así como en 2019 la OEA llegó para avalar el golpe de Estado que abrió las puertas a la derecha, hoy, en 2025, viene a bendecir un proceso electoral diseñado a la medida de los intereses imperiales. Un proceso con organizaciones políticas proscritas, candidatos inhabilitados y…

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) August 14, 2025

La presencia de la OEA en todos los comicios bolivianos celebrados desde 2020 no ha sido bien recibida por el Gobierno de Luis Arce, ni por Morales (2006-2019), quienes acusaron varias veces al organismo internacional de una supuesta complicidad en la crisis social y política de 2019.

Morales se quedó sin partido en medio de su disputa con el Gobierno de Arce por el control del MAS y por la candidatura oficialista.

El también exlíder del partido gubernamental ha insistido en ser candidato pese a una disposición constitucional que le impide volver a postularse porque ya gobernó el país en tres ocasiones. Ahora Morales y sus seguidores promueven el voto nulo.

Las encuestas auguran una posible segunda vuelta entre el empresario Samuel Doria Medina y el expresidente Jorge Tuto Quiroga (2001-2002), ambos opositores, aunque también reflejan porcentajes altos de indecisos y votos nulos y blancos.

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«Todos los acusados serán juzgados con base en las pruebas producidas, sin ningún tipo de interferencia, venga de donde venga», afirmó el jefe del alto tribunal al pronunciar un discurso tras la vuelta del receso judicial.

Barroso defendió de forma enfática la «imparcialidad» y la «independencia» del Supremo, tras las sanciones impuestas por el gobierno de Estados Unidos en represalia por el proceso que afronta Bolsonaro, acusado de liderar un complot golpista para mantenerse en el poder, tras perder las elecciones de 2022.

La actuación de Trump

La administración del presidente Donald Trump ve una motivación «política» en la causa y, con base en ello, revocó, el 18 de julio, el visado a ocho de los once magistrados de la corte brasileña y el miércoles pasado encuadró a Alexandre De Moraes, instructor de los casos contra Bolsonaro, en la Ley Magnitsky.

Esa ley autoriza al gobierno de EEUU a sancionar a ciudadanos extranjeros implicados en actos de corrupción o violaciones a los derechos humanos. A efectos prácticos, a De Moraes se le congelan sus posibles bienes y propiedades en suelos estadounidenses.

Barroso hizo una defensa encendida de la actuación de De Moraes, a quien reconoció su «empeño, valentía y altos costos personales» al conducir las investigaciones y procesados relacionados con la intentona golpista.

«No todos comprenden los riesgos que corrió el país y la importancia de una actuación firme y rigurosa, pero siempre dentro del debido proceso legal», elogió el presidente de la máxima instancia judicial del país.

Caso Bolsonaro

El proceso contra Bolsonaro tramita en la Primera Sala del Supremo y viene motivado por una denuncia de la Fiscalía, que halló indicios de que el líder ultraderechista fue «el principal articulador» de una trama para impedir la investidura de su sucesor, el progresista Luiz Inácio Lula da Silva.

El juicio oral se espera que se celebre entre septiembre y octubre. Bolsonaro se enfrenta a una posible pena de entre 12 a 40 años de prisión.

Barroso aseguró que el proceso se desarrolla con «transparencia» por medio de «sesiones públicas, acompañadas por los abogados de los acusados, la prensa y la sociedad».

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«Recibí con mucha alegría la nota del presidente Trump», expresó Bolsonaro en sus redes sociales, después de que el líder republicano criticara en duros términos el proceso que se sigue en su contra, que en las próximas semanas deberá entrar en sus fases finales.

«Este proceso en el que respondo es una aberración jurídica (lawfare), una clara persecución política, ya percibida por todos los que tienen buen juicio», afirmó el líder de la ultraderecha brasileña.

Bolsonaro apuntó que «el ilustre presidente y amigo» Trump «ya pasó por algo semejante, fue implacablemente perseguido, pero venció para el bien de Estados Unidos y decenas de países verdaderamente democráticos».

Dirigiéndose directamente a Trump, afirmó que «su lucha por la paz, justicia y libertad resuena en todo el planeta» y le agradeció «por existir y dar un ejemplo de fe y resiliencia».

Trump aseguró que estará «muy atento a la CAZA DE BRUJAS contra Jair Bolsonaro, su familia y miles de sus seguidores. El único juicio que debería existir es el juicio de los votantes de Brasil, se llama una elección. ¡DEJEN EN PAZ A BOLSONARO!», advirtió.

El mensaje de Trump fue respondido de inmediato por Lula en una nota oficial de la Presidencia.

«La defensa de la democracia en Brasil es un tema que compete a los brasileños. Somos un país soberano. No aceptamos interferencia o tutela de quien quiera que sea», manifestó Lula.

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) hizo este anuncio después de que Nicolás Maduro tomara posesión para un nuevo mandato ante la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, en medio de acusaciones de «golpe de Estado» por parte de la oposición que reclama la victoria electoral de Edmundo González Urrutia, y del mismo gobierno de Maduro que ha hablado de una conspiración internacional en su contra.

El DHS justificó la extensión del TPS para los venezolanos por «la grave emergencia humanitaria que el país continúa enfrentando debido a las crisis políticas y económicas bajo el régimen inhumano de Maduro«.

El TPS fue extendido desde el 3 de abril de 2025, fecha en la que debía caducar, hasta el 2 de octubre de 2026, lo que permitirá que unos 600.000 venezolanos se vean beneficiados.

Los elegibles para este permiso migratorio son aquellos venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 31 de julio de 2023 y que hayan residido en el país de forma ininterrumpida.

El DHS apuntó que cada individuo procesado para el TPS «pasa por una rigurosa investigación de seguridad nacional y seguridad pública durante la solicitud original y nuevamente durante la reinscripción».

El TPS está prohibido para las personas que «hayan sido condenadas por un delito grave o dos delitos menores», agregó.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que Estados Unidos concede permisos de forma extraordinaria a inmigrantes de naciones afectadas por conflictos bélicos, desastres naturales, epidemias u otras condiciones que no hagan seguro el retorno de los nacionales a sus países de origen.

Licencias individuales a empresas petroleras internacionales se mantienen

Por otra parte, en nota divulgada por la Agencia Carabobeña de Noticias, se dice que el presidente de Estados Unidos, ha optado por mantener licencias a las empresas petroleras internacionales que operan en Venezuela, tales como la estadounidense Chevron, la española Repsol o la francesa Maurel & Prom.

Biden condenó la investidura de Nicolás Maduro, pero evitó, cancelar las licencias que permiten a algunas petroleras operar en Venezuela.

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Con información de EFE Servicios y ACN

Fuente de imagen referencial: EFE/ Antoni Belchi

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«Con la usurpación del poder por parte de Nicolás Maduro de la Presidencia de la República, apoyado por la fuerza bruta y desconociendo la soberanía popular expresada contundentemente el pasado 28 de julio, se ha consumado un golpe de Estado en contra de los derechos del pueblo venezolano», señaló la PUD en un comunicado publicado en X.

La coalición opositora sostuvo que, a partir de hoy (viernes), se inicia una «nueva etapa en esta lucha por la libertad de Venezuela en todo el territorio nacional y en todos los sectores que conforman» la nación.

«Debemos hacer sentir una conducta de resistencia democrática permanente y activa, hasta que se respete la Constitución nacional y en especial la soberanía popular», añadió.

La oposición insistió en que González Urrutia es quien debe ser juramentado como presidente «legítimo» de Venezuela, «hoy o mañana, pues así lo decidió la mayoría de los venezolanos que sabe que solo el cambio es garantía del país próspero al que todos querrán volver».

Maduro prestó juramento como lo había asegurado el oficialismo

La juramentación de Maduro por el Parlamento, se realizó este viernes como presidente de Venezuela, para el período 2025-2031, no obstante a las denuncias de fraude electoral del bloque opositor.

Milicianos ven en pantalla gigante la juramentación de Maduro

«Juro por el histórico, noble y aguerrido pueblo de Venezuela y ante esta Constitución, que haré cumplir todos sus mandatos, inauguro el nuevo periodo de la paz, la prosperidad, y la nueva democracia», expresó Maduro ante el presidente del Parlamento, el diputado Jorge Rodríguez.

El líder oficialista fue juramentado en un acto solemne, al que asistieron el fiscal general, Tarek William Saab, la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Rodríguez, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), y el titular de Defensa, Vladimir Padrino López, además de otros altos funcionarios y algunos invitados especiales internacionales.

Maduro fue proclamado como ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio por el CNE, presidido por Elvis Amoroso, sin que hasta la fecha se hayan publicado los resultados desagregados, como fue establecido en su propio cronograma.

Edmundo González Urrutia señaló que trabaja en generar condiciones para ingresar a Venezuela

Edmundo González difundió un video al final de la jornada (Fuente de esta imagen referencial: Captura de pantalla)

Actualización informativa: González Urrutia afirmó este viernes 10 de enero -día de la toma de posesión en Venezuela- que trabaja en generar condiciones para ingresar a territorio nacional y juramentarse como presidente.

«Sigo trabajando las condiciones para mi ingreso a Venezuela y asumir, como lo manda la Constitución y me lo ha ordenado el pueblo, la presidencia de la República y la comandancia (…) de la Fuerza Armada Nacional», dijo en un vídeo publicado en las redes sociales.

Llamó a los policiales y militares cesar la represión. «A las instituciones nacionales les digo, deben desconocer al régimen ilegítimo que ha pretendido nuevamente confiscar el poder».

Añadió que está muy cerca de territorio venezolano y listo para ingresar de forma segura y en el «momento preciso». Expresó que hará valer los votos para la recuperación de la democracia.

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Fuente de imagen referencial principal: EFE

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«Tengo la responsabilidad histórica de denunciar al país y al mundo de lo que puede producirse en los días venideros en Bolivia por responsabilidad tuya Evo Morales. Inicia en los próximos días una marcha para pasar luego a bloqueo de nacional de caminos, que terminará en un intento de golpe de Estado a un Gobierno popular, es algo a lo que deberás dar cuenta a nuestro pueblo tarde o temprano» sentenció Arce.

El mandatario dijo que, desde 2020, Morales está dedicado a preparar su candidatura, trabajar para que a su Gobierno le vaya mal para aparecer como un «salvador» de Bolivia para «permanecer en el poder otros 14 años o más».

Los sectores fieles a Evo Morales anunciaron una marcha que partirá de la población de Caracollo a 190 kilómetros al sureste de La Paz con la finalidad de reclamar por la situación económica, la falta de dólares y combustibles además de evitar la «proscripción» del Movimiento al Socialismo (MAS).

Asimismo, los indígenas aimaras ‘ponchos rojos’ decidieron instalar un bloqueo en las carreteras que conectan a La Paz con el resto del país para pedir la renuncia de Arce y del vicepresidente David Choquehuanca, a quienes acusar de «dividir» a las organizaciones sociales.

«Basta Evo, hasta ahora he tolerado tus ataques, tus mentiras y tus calumnias en silencio, pero que pongas en riesgo la vida del pueblo es algo que no voy a tolerar», remarcó Arce.

El jefe de Estado explicó que su Gobierno respondió el pliego de peticiones que remitió el sector de Morales, que es un documento de varias páginas centradas en aspectos económicos y políticos.

Relación entre Arce y Morales

Morales y Arce están distanciados desde fines de 2021 por diferencias en la Administración del Estado que se profundizaron ante la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS, algo en lo que las facciones leales a ambos no han podido ponerse de acuerdo.

Los sectores sociales que respaldan a ambos líderes llamaron en varias ocasiones a congresos del MAS, pero la autoridad electoral no reconoció esas reuniones hasta que ambas facciones oficialistas organicen un encuentro único en consenso.

Los partidarios de Morales lo proclamaron varias veces como «candidato único» para los comicios de 2025, mientras que el bloque leal a Arce insiste en renovar la dirección del MAS y cuestiona que el exgobernante sea nuevamente candidato.

La candidatura de Morales es un motivo de polémica interna en el oficialismo, pues desde el Gobierno se ha insistido en que el expresidente ya no se puede volver a postular, mientras que sus sectores afines defienden que sí puede.

De interés: Proclaman a Evo Morales candidato a las elecciones de Bolivia de 2025

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«Ratifico mi absoluto respaldo a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, y a su esposo, Mel Zelaya. El pueblo bolivariano se solidariza en cualquier circunstancia con las causas justas, sobre todo, cuando el imperialismo norteamericano acecha en su pretensión de recolonizar el continente. Los pueblos de Latinoamérica estamos alertas», dijo Maduro en sus redes sociales.

En ese sentido, afirmó que «el imperialismo y la derecha internacional deben entender, de una vez por todas, que el tiempo de los colonialismos se acabó» y que «ahora es tiempo de pueblos libres».

Según constató EFE, miles de manifestantes se concentraron en las afueras de la Casa Presidencial en Tegucigalpa para respaldar a Castro y rechazar el intento de golpe de Estado denunciado por la mandataria el 3 de septiembre, horas después de que la ONG estadounidense InSight Crime divulgará un video que muestra a su cuñado, Carlos Zelaya, en una reunión con narcotraficantes negociando un soborno para el partido.

 

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El mismo juez rechazó una solicitud de sobreseimiento (archivo) de esta investigación presentada por Pedro Castillo y los otros imputados en este caso.

El exgobernante irá a juicio oral por el fallido golpe, que llevó a que el Congreso lo destituyera poco después de la intentona, junto con sus exprimeros ministros Aníbal Torres y Betssy Chávez.

Por este caso también serán juzgados los exministros Willy Huerta y Roberto Sánchez, quien es un actual congresista, así como los oficiales de la Policía Nacional del Perú (PNP) Manuel Lozada, Jesús Venero y Eder Infanzón.

Checkley remarcó que los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de los imputados «deben ser contrastado en la etapa de juicio oral y no en el control de acusación» del caso.

La resolución sobre el pedido de sobreseimiento, que se realizó en una audiencia virtual de la etapa de control de acusación, no puede ser apelada.

Pedro Castillo permanece desde el 7 de diciembre de 2022 en prisión, procesado por el delito de rebelión y también afronta otros casos de presunta corrupción.

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La declaración de Padrino López hizo alusión a las protestas desatadas en las últimas horas en varias regiones del país, en rechazo al resultado de las elecciones del domingo, en las que Nicolás Maduro fue anunciado como mandatario reelecto por parte del Consejo Nacional Electortal (CNE).

«Estamos en presencia de un golpe de Estado (…) fraguado nuevamente por estos factores fascistas de derecha extremista, apoyado, por supuesto, por los factores imperiales, el imperialismo norteamericano y sus aliados (…). Y ese golpe de Estado lo vamos a derrotar», manifestó Padrino López, en una alocución televisada, en la que habló acompañado por la cúpula militar.

#EnVideo📹| FANB rechaza acciones violentas promovidas por la extrema derecha venezolana #30Julhttps://t.co/tfFU5NU4Eq

— VTV CANAL 8 (@VTVcanal8) July 30, 2024

De interés: Oficialismo venezolano convocó «a todas las fuerzas del pueblo» a «grandes marchas»

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El mandatario boliviano recibió a EFE en la Casa Grande del Pueblo, sede de su Gobierno en la ciudad de La Paz, con una chaqueta negra informal, una camisa blanca con bordados bolivianos y sin corbata, donde afirmó que tuvo miedo al ver los tanques acercarse pero que «alguien tenía que mantener la calma» para asegurar el bienestar de los bolivianos.

Arce también habló sobre su relación con el expresidente y líder del oficialismo Evo Morales (2006-2019), entre otros asuntos.

¿Cuál era el plan de Zuñiga?

L.A: Él quería ser el presidente, él quería tumbar el Gobierno, lo dijo ese día, dijo que los militares querían recuperar la democracia y reconstruir el país. Era una clara afrenta, una declaración de un oficial que quería estar al frente del país.

Quería tomar Casa Grande, entrar y ser el próximo mandatario. Su intención era dar un verdadero golpe de Estado.

Usted nombró comandante general a Zuñiga, ¿cuál era su relación con él?

L.A: Como con cualquier oficial.

Él señala que jugaba baloncesto los domingos con usted, que eran cercanos

L.A: Yo iba a jugar baloncesto, él no iba todos los domingos. Jugábamos con diferentes tipos de profesionales, jugábamos hace muchísimos años. Siempre he tratado de diferenciar las cosas, nos divertíamos, bromeábamos, pero no tocábamos temas ni políticos, ni de gobierno, ni de Estado.

¿El país esta más unido después del alzamiento?

Está más claro que nunca que el pueblo boliviano no está dispuesto a soportar otra asonada golpista, es un mensaje para todos los que están haciendo eso. El pueblo se movilizó, una central obrera se declaró en huelga indefinida.

A pesar de sus diferencias ¿podría haber un acercamiento con Evo Morales para fortalecer el país?

El ala ‘evista’ piensa que Evo es el único líder, presidente y que puede hacerlo todo, esa es la estructura que él (Morales) quiere. Las organizaciones fundaron el Movimiento al Socialismo (MAS) sin Morales, ellos son los auténticos dueños. Evo Morales ya no es presidente del MAS, su mandato caducó en 2016”.

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«Hablaré con detalles el día domingo, en el colegio La Salle me reuní con el presidente (Luis Arce) y el presidente me dijo que esta semana sería crítica y es necesario algo para levantar su popularidad«, dijo Zuñiga durante su captura.

Zuñiga afirmó que el presidente Arce le habría pedido realizar un movimiento militar: «Yo le pregunté: ¿sacamos los blindados? y él (Arce)» respondió «sacá«, agregó.

El general Zúñiga que protagonizó el intento de golpe de Estado en Bolivia ha sido detenido, confesó a los medios que el golpe lo realizó por pedido del propio Luis Arce para aumentar su popularidad, ya que se encontraba débil y enfrentado con Evo Morales. pic.twitter.com/LQEoenLEHu

— Agustín Antonetti (@agusantonetti) June 27, 2024

Zuñiga fue detenido y trasladado a una celda en la sede de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, mientras que la Fiscalía anunció una «investigación penal» en contra suya y los militares que irrumpieron en la Casa Grande del Pueblo, sede del Gobierno.

«Ante los últimos acontecimientos suscitados en la ciudad de La Paz», sede del Gobierno y del Legislativo, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, «dispuso el inicio de todas las acciones legales que correspondan para el inicio de la investigación penal en contra del Gral. Juan José Zúñiga y todos los demás partícipes en los hechos suscitados y que se constituyen en ilícitos penales», señaló la Fiscalía en un comunicado.

Tanques y militares fuertemente armados llegaron a la sede de Gobierno de Bolivia bajo el mando de Zuñiga, lo que Arce denunció como un «intento de golpe de Estado».

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«No voy a permitir esta insubordinación», afirmó Arce a través de la televisión estatal y agregó «firmes aquí en casa grande para enfrentar todo intento golpista, todo intento que atente a nuestra democracia».

«El país está enfrentando un intento de golpe de Estado. Aquí estamos, firmes en Casa Grande, para enfrentar todo intento golpista. Necesitamos que el pueblo boliviano se organice y movilice contra el golpe de Estado»
Luis Arce Catacora junto a sus ministros. pic.twitter.com/h7aKGIs5ox

— Juan Manuel Karg (@jmkarg) June 26, 2024

Pronunciamento de la OEA por situación en Bolivia

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este miércoles desde Paraguay que el organismo no tolerará «ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia», tras el despliegue de militares frente a la sede de Gobierno en La Paz.

«La Secretaría General de la OEA condena de la forma más enérgica estas acciones del Ejército boliviano, el mismo deberá someterse a la autoridad civil como manda la Carta Democrática Interamericana», afirmó Almagro.

Del mismo modo, expresó su «solidaridad» con el presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora.

«La comunidad internacional, la OEA, la Secretaría General de la OEA, no toleraran ninguna forma de quebrantamiento del orden constitucional legítimo en Bolivia ni en ningún otro lugar», agregó el funcionario, mientras se desarrollaba en la ciudad paraguaya de Luque el diálogo con los observadores permanentes de la OEA.

El excanciller uruguayo también se refirió en su cuenta oficial de X a los acontecimientos ocurridos en Bolivia.

«El Ejército debe someterse al poder civil legítimamente elegido», publicó el diplomático.

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«Lo que busca el fiscal general es un golpe de Estado bajo manto institucional, tal como querían hacer en Guatemala y por las mismas razones», manifestó Petro en X, horas después de acusar al mismo funcionario de promover una supuesta «ruptura institucional para sacarlo del poder».

Según expresó hoy Petro, «el desespero por la alternancia democrática en la Fiscalía lleva a Barbosa a golpear al progresismo y las organizaciones de trabajadores», en referencia a la próxima elección del nuevo fiscal, ya que el actual termina su periodo el próximo 12 de febrero.

Francisco Barbosa dice que «no tiene cuentas abiertas en ninguna red social como X, Facebook, entre otras»

El mensaje que originó la respuesta de Petro es de una cuenta falsa en X que usa el nombre de Barbosa en donde este sábado se escribió: «La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de Servicios Públicos, y a William Velandia de Fecode».

«La constitución prohíbe que la Fiscalía investigue al presidente, y es lo que acaba de hacer Barbosa en actividades que han incluido la tortura, la presión a testigos y la conversión de hechos completamente legales en ilegales», insistió hoy el mandatario.

Ante las acusaciones vertidas por Petro en respuesta a la cuenta falsa, la Fiscalía General publicó hoy un comunicado en el que señala que el titular de ese despacho, Francisco Barbosa, «no tiene cuentas abiertas en ninguna red social como X, Facebook, entre otras».

«Cualquier información que sea divulgada a través de alguna red social a nombre del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, es falsa», manifestó esa institución y subrayó que solo que se publique por los canales oficiales de la Fiscalía es digno de crédito.

Petro acusa al fiscal colombiano de instigar un «golpe de Estado» #CooperativaContigo https://t.co/t9VwunMJf5 pic.twitter.com/IwT5C4OlgI

— Cooperativa (@Cooperativa) February 3, 2024

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Fiorella Tagliafico

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Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/GIAN EHRENZELLER

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La decisión fue oficializada mediante un memorial en el que mantienen con vida al partido de Arévalo de León mientras se mantenga vigente el proceso electoral, y además instan a los tres poderes del Estado al «respeto a la voluntad popular manifestada en las urnas».

El partido Movimiento Semilla había sido suspendido el pasado 28 de agosto por el Registrador de Ciudadanos del mismo Tribunal Supremo Electoral, y dicho dictamen dio paso a que la Junta Directiva del Congreso desconociera dos días después al partido de Arévalo de León.

La revocación de la suspensión fue firmada por los cinco magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral, quienes inicialmente el pasado 28 de agosto se habían desligado de la decisión del Registrador de Ciudadanos, uno de los funcionarios a su cargo en la entidad.

El motivo original de la suspensión del Movimiento Semilla era una orden del juez séptimo penal Fredy Orellana, a solicitud del Ministerio Público (Fiscalía).

Debido a la suspensión del partido, el presidente electo, Bernardo Arévalo de León, aseguró el 1 de septiembre que Guatemala se encontraba en un «golpe de Estado» con el objetivo de evitar su investidura en enero próximo.

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Fiorella Tagliafico

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