“Proclamo a doña Keiko Sofía Fujimori Higuchi como presidenta de la República; asimismo, a don Luis Fernando Galarreta Velarde como primer vicepresidente de la República, y a don Miguel Ángel Torres Morales como segundo vicepresidente de la República para el periodo 2026-2031, a quienes se les otorgarán las correspondientes credenciales en acto público y solemne que oportunamente será convocado por este supremo tribunal electoral”, dijo Roberto Burneo, presidente del JNE, en el acto de proclamación de resultados.

Según la proclamación, la fórmula presidencial que ganó las elecciones de segunda vuelta del pasado 7 de junio fue la del partido Fuerza Popular, que encabezó Fujimori como candidata presidencial, además de Galarreta y Torres como candidatos a vicepresidentes.

Keiko Fujimori, abanderada de derechas, hija y heredera política del exmandatario peruano Alberto Fujimori (1990-2000), venció al izquierdista Roberto Sánchez por un margen o ventaja de 49.641 votos.

49.641 votos marcaron la diferencia

Keiko Fujimori, presidenta electa del Perú: No vamos a esperar un minuto más, estamos aquí para resolver los problemas del país y tomar decisiones. Hemos puesto en marcha la Oficina de la Presidenta Electa

Mantente informado en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I pic.twitter.com/VhNhbDnWfo

— Canal N (@canalN_) July 3, 2026

Al presentar el acta de resultados, Yessica Clavijo, secretaria general del JNE, indicó este viernes que Fuerza Popular obtuvo 9.223.396 votos, mientras que el partido Juntos por el Perú —que encabezó el candidato Robertó Sánchez— sumó 9.173.755 votos.

La diferencia final es de 49.641 votos (misma cifra que informaron hace unos días desde la Oficina Nacional de Procesos Electorales, conocida como ONPE).

Sucede y reemplaza a Balcázar hasta 2031

La presidenta electa recibirá sus credenciales el 15 de julio y asumirá el cargo el 28 de julio. Sucederá al mandatario interino José María Balcázar, para gobernar hasta 2031. La líder conservadora, de 51 años, había disputado y perdido la presidencia en tres ocasiones anteriores.

Es la primera mujer en ser electa presidenta de Perú y dijo que asume la proclamación con profundo agradecimiento a los millones de peruanos que votaron por ella y también con responsabilidad y humildad. A través de redes sociales, sostuvo que «cada día de este proceso de transición es una oportunidad para escuchar, dialogar y llegar preparados al inicio del nuevo gobierno».

Tras conocerse los resultados esta semana, Sánchez -el candidato derrotado- ha perseverado diciendo que hubo irregularidades y anunció que acudiría a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

De interés: Fujimori logra la ventaja suficiente sobre Sánchez para ser la próxima presidenta de Perú

Con información de medios internacionales, agencias y redes sociales

Fuente de imagen referencial principal: Red social X – @mikitorresfp – Cortesía

¡Sigue nuestras noticias en Google! Para obtener información actual, interesante y precisa. Haz clic aquí y conoce todos los contenidos de DOBLE LLAVE. Encuéntranos también en X/Twitter e Instagram

«La última visita de la Comisión a Venezuela tuvo lugar en 2002, hace más de veinte años. Desde entonces, cada nueva solicitud, en 2017 y en 2020, ha sido rechazada», explicó la relatora de la CIDH para Venezuela, Gloria de Mees, ante el Consejo Permanente de la OEA.

El Helicoide es el principal centro de detención de disidentes políticos en Venezuela y, según De Mees, la Comisión ha recibido «información alarmante» de lo que allí ocurre, donde se han documentado graves violaciones a los derechos humanos.

El secretario general de la OEA, Albert Ramdin, respaldó la propuesta de la comisión y destacó la «urgencia» de que se lleve a cabo: «Una visita ‘in loco’ representaría un paso significativo y concreto hacia la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de la dignidad humana», dijo en redes.

Denuncias de la CIDH

En uno de sus últimos informes, la relatora denunció la intensificación de la represión en Venezuela desde las presidenciales de julio de 2024, en las que se proclamó la reelección de Nicolás Maduro pese a las denuncias de fraude de la oposición.

Desde 2013, Venezuela no forma parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, compuesto por la CIDH, con sede en Washington, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en San José (Costa Rica).

Un año antes, bajo el Gobierno de Hugo Chávez, el país denunció la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y el día 10 de septiembre de 2013 la decisión se formalizó y Venezuela se desvinculó de las obligaciones del texto fundacional del sistema.

Aun así, la CIDH reitera su competencia sobre Venezuela y alega que la denuncia presentada en 2012 carece de validez.

De interés: CIDH denuncia una intensificación de la represión en Venezuela desde las elecciones

DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/Juan Manuel Herrera/OEA

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en X/Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

Estos líderes sindicales han sufrido reiteradas amenazas, hostigamientos y vigilancia por parte de agentes del Estado por participar en las manifestaciones, incluso de forma directa por parte del subdirector del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).

La CIDH consideró que Anneliese Josiel Toledo Castillo, Carlos Eduardo Salazar Ojeda, Elsa Isabel Castillo González, José Paulino Patines Guanique, Leída Rosa Brito de Lobo, Petra Margot Monasterios y Rafael Octavio Arreaza Padilla, se encuentran en una situación de riesgo que persiste a la fecha y se considera susceptible que incremente, en el contexto actual del país.

Estos dirigentes sindicales han tenido un rol de liderazgo en la convocación de manifestaciones desde el 2022, en contra del instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) que afectó sus reivindicaciones salariales y laborales.

De interés:  Biden declaró estado de catástrofe en California por tormentas

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente imagen referencial: Wikimedia, vía web

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

La delegación enviada al país andino, liderada por el vicepresidente de la CIDH y relator para Perú, el guatemalteco Stuardo Ralón, arrancó su “visita de observación” con una reunión en el Palacio de Gobierno, en el centro histórico de Lima, con Boluarte, con el objetivo de “recibir información del contexto actual” en el país.

Tras este encuentro, en el que también participó el comisionado Joel Hernández, Ralón declaró que la idea de la misión es tener la escucha más amplia posible de todas las voces de la sociedad civil, a través de una agenda enfocada a desplazarse fuera de Lima.

El relator lamentó las muertes ocurridas en los últimos días en las protestas, “tanto de personas que se encontraban manifestando como también algún miembro de fuerzas de seguridad”.

La presidenta @DinaErcilia Boluarte sostuvo una reunión de trabajo con comisionados de la @CIDH, quienes cumplen una visita de observación al Perú, a invitación del Gobierno peruano. pic.twitter.com/KF8Oa1bnty

— Presidencia del Perú 🇵🇪 (@presidenciaperu) January 11, 2023

Esta mañana, otro grupo de la delegación de la CIDH, integrado por el relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, viajó a la región de Ica, al sur de Lima, para reunirse con víctimas y familiares y con organizaciones sociales.

La visita de este organismo a Perú comienza dos días después de que el país viviera el día más sangriento desde que se iniciaron las protestas el pasado mes de diciembre, luego de que Boluarte asumiera por sucesión constitucional la presidencia del país, tras el autogolpe fallido de su predecesor, Pedro Castillo, quien cumple prisión preventiva mientras se le investiga por rebelión.

Le puede interesar: Brasil refuerza su seguridad ante amenaza de nuevos ataques golpistas

Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: El Comercio – Perú, vía web

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos

La CIDH calificó en un comunicado de «autoritarios» a los gobiernos de estos tres países y los acusó de instrumentalizar el poder judicial para la perseguir y encarcelar a personas por motivaciones políticas.

«La independencia y la autonomía del poder judicial es un elemento esencial para la existencia de un Estado de derecho», reivindicó la comisión, un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En total en los tres países, la comisión reportó 1.467 detenidos por motivos políticos, contando civiles y militares. Cuba es el país con más prisioneros de este tipo, con 1.034 personas detenidas a noviembre de 2022.

La sigue Venezuela, con 247 presos políticos a octubre de este año y Nicaragua, con un total de 195 detenidos.

«Malos tratos como método de castigo»

Las personas privadas de la libertad bajo estos gobiernos, además, son tratadas de manera distinta al resto de la población carcelaria, subrayó la CIDH, «lo que provocó un grave deterioro de salud» en varias de ellas.

Cabe destacar que existe poca información oficial sobre la situación de los detenidos, puesto que están aislados y les resulta difícil mantener un contacto regular con sus familias y en algunos casos son sometidos a torturas y tratos crueles, denunció la CIDH.

Le puede interesar: Venezuela buscará reducir los contagios de VPH en 2023

Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Fuente imagen referencial: Suprema Injusticia, vía web

Visita nuestro canal de noticias en Google News y síguenos para obtener información precisa, interesante y estar al día con todo. También en Twitter e Instagram puedes conocer diariamente nuestros contenidos 

El organismo celebró a través de una publicación en Twitter la “luz verde” a la propuesta, que apunta, entre otros asuntos, a la legalización del matrimonio igualitario, así como la eliminación de los enlaces de menores.

Igualmente, la CIDH colocó en valor el nuevo Código de las Familias, que complementa la Constitución cubana de 2019, porque «aumenta la protección de las mujeres, niños, adolescentes y personas mayores».

La población de Cuba se mostró de acuerdo con el matrimonio igualitario y la gestación subrogada, entre otros temas

Dos tercios de los votantes cubanos respaldaron el domingo en referéndum el Código de las Familias promovido por el gobierno de Miguel Díaz-Canel, que abre la puerta a la legalización del matrimonio igualitario y la gestación subrogada en la isla.

Según datos del Consejo Electoral Nacional, más de 3,9 millones cubanos (el 66 % de los votantes) mostraron su apoyo a la reforma del paquete legislativo, frente a los más de 1,9 millones (33,1 %) que se mostró en contra.

El oficialismo cubano realizó una campaña en favor del “sí”, mientras que en el lado contrario se ubicó la Iglesia Católica y un sector de la oposición, que cuestionaba la mera participación en la consulta por considerarla una forma de legitimar a la actual Administración.

#Cuba 🇨🇺 #CIDH celebra la legalización del #MatrimonioIgualitario 🏳️‍🌈 y la eliminación del matrimonio infantil mediante la aprobación de un nuevo Código de las Familias que aumenta la protección de las mujeres, niñas, niños y adolescentes personas mayores y #LGTBIQ, el #25Sept.

— CIDH – IACHR (@CIDH) September 27, 2022

También podría interesar: Meta desarticuló dos redes de China y Rusia

María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

Haga clic en el enlace para suscribirse gratis a nuestro grupo de medios y noticias en Telegram: https://t.me/G_ELSUMARIO_News

«Hemos solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos humanos el reconocimiento formal y validez internacional de todos los derechos políticos de los venezolanos, incluyendo el derecho a votar como un derecho humano fundamental, capaz de ser protegido por aquellos Estados que forman parte de la comunidad democrática«, explicó la dirigente mediante un video compartido en sus redes sociales.

Cabe destacar que esta iniciativa surgió tras tomar en consideración que la oposición venezolana está organizando unas elecciones primarias en el país, es por ende, que María Corina Machado intenta buscar los mecanismos para que los migrantes venezolanos puedan sufragar en estos comicios y en los venideros a nivel nacional.

Machado también hizo la solicitud a través de un documento en el que instó a la CIDH a «declarar existentes y en pleno rigor los derechos políticos de los venezolanos que se encuentran como migrantes y refugiados, involuntaria y forzadamente, fuera del territorio venezolano».

Acompañamos a @mariacorinaYA en la solicitud ante la @CIDH

Somos 6.8 millones de venezolanos en el mundo. ¡Nosotros también contamos! Tenemos derecho a decidir el futuro de nuestro país, del que fuimos obligados a huir 🇻🇪.#YoCuentoMiVoto pic.twitter.com/DT5IRQPL4L

— Vente Mundo (@vente_mundo) September 3, 2022

Le puede interesar: Producción petrolera de Venezuela sufrió un desplome en julio

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Haga clic en el enlace para suscribirse gratis a nuestro grupo de medios y noticias en Telegram: https://t.me/G_ELSUMARIO_New

La CIDH comentó que no es la primera vez que el Estado venezolano busca imponer restricciones al funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil, debido a que, en el 2021, la Corte también repudió un proyecto que buscaba el registro de organizaciones sin fines de lucro ante la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo de Venezuela.

“Preocupa a la Comisión que el lenguaje ambiguo de esta iniciativa pueda dar lugar a una interpretación subjetiva por parte de autoridades, en particular si las actividades realizadas por las organizaciones de derechos humanos en el país serían contrarias a los intereses del Estado y conduzca a su cancelación arbitraria. La libertad de asociación es fundamental para ejercer la labor de defensa de derechos humanos”, señaló el comunicado emitido el miércoles 8 de junio.

Asimismo, agregó que “es necesario que los Estados cuenten con organismos competentes para el registro de organizaciones, cuyas directrices para la limitación o restricción del funcionamiento de organizaciones de la sociedad civil, estén en sintonía con el derecho internacional de los derechos humanos».

#Venezuela | CIDH urgió a la AN oficialista no avanzar en la «Ley de Cooperación Internacional» https://t.co/8wOI54NnfA

— VPItv (@VPITV) June 9, 2022

De interés: EE.UU. realizará inversión millonaria para frenar la migración 

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Haga clic en el enlace para suscribirse a nuestro grupo de medios y noticias en Telegram: https://t.me/G_ELSUMARIO_Noticias

García indicó que el país limita el acceso a la salud, le hace un daño al medio ambiente con el Arco Minero, y la población tiene dificultades para proveerse de agua.

Asimismo, sumó a estos padecimientos la escasez de medicamentos e insumos médicos, la falta de provisión de servicios esenciales, como agua potable, saneamiento y electricidad, y a una pobreza creciente que impide la satisfacción de las necesidades básicas.

En cuanto a la seria situación del medio ambiente en Venezuela, en especial afectada por la devastación ocasionada en el Arco Minero,  el informe alude a la falta de control estatal en la zona, en la que se han reiterado las denuncias por el control que ejercen grupos armados ilegales.

Al alto impacto ambiental se suma la escasez de alimentos, bienes y servicios, así como riesgos significativos en materia de salud, ante la exposición al mercurio por parte de la población, el cual se seguiría utilizando para la extracción de oro, pese a estar prohibido como método de obtención o tratamiento de minerales en el territorio nacional.

#DiaMundialDelMedioAmbiente
Llamamos a los Estados @OEA_oficial a cumplir sus obligaciones sobre derechos humanos en el contexto de la emergencia climática, tomando en cuenta le Res.3/21 @CIDH & #REDESCA durante la @CumbreAmericas 💚🌎
Res. 3/21: https://t.co/kRmnaNvG7d pic.twitter.com/DD9hDxkg4l

— #REDESCA (@DESCA_CIDH) June 5, 2022

Le puede interesar: Alemania se prepara para un posible “gran apagón” por el corte de gas

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Haga clic en el enlace para suscribirse a nuestro grupo de medios y noticias en Telegram: https://t.me/G_ELSUMARIO_Noticias

El documento hace referencia al rechazo de 27 candidaturas debido a inhabilitaciones políticas

El documento destacó que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela rechazó 27 candidaturas debido a inhabilitaciones políticas impuestas por la Contraloría General de la República.

“Dicha decisión impactó desproporcionadamente a los partidos políticos disidentes del gobierno, como es el caso del Partido Comunista de Venezuela, con 15 inhabilitaciones, y los partidos de oposición reunidos en la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que recibieron al menos 3 inhabilitaciones”, detalló la Comisión.

Resaltó, además, la decisión del Tribunal Supremo de Justicia de suspender el conteo de votos de la elección a la gobernación de Barinas.

“La CIDH considera que estas decisiones representan una arbitrariedad dirigida a obstaculizar los derechos políticos de personas opositoras”, sostuvo el organismo de la OEA.

#Venezuela debe garantizar los derechos políticos a todas las personas conforme a los estándares interamericanos. #DerechosHumanos #CIDH https://t.co/0ogWn4rUAL pic.twitter.com/bQu68hn8Z7

— CIDH – IACHR (@CIDH) April 22, 2022

Le podría interesar: Levantamiento de sanciones a Venezuela dependerá del diálogo en México

Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

A través de un comunicado publicado en su página oficial, la CIDH hizo un llamado a observar los estándares internacionales sobre el uso de la fuerza, así como a investigar, juzgar y sancionar la práctica sistemática de esta grave violación de derechos humanos.

Hicieron referencia a la información pública de la primera quincena del 2022, en la que se demuestra que “agentes de seguridad del Estado estuvieron involucrados en al menos 27 asesinatos, patrones y números que coinciden con los registrados por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela y la Organización de Estados Americanos”. Estos hechos ocurridos en el marco de operativos de seguridad ciudadana.

Asimismo, apuntan que 80 % de las víctimas tenían menos de 25 años, 99 % eran hombres en situación de pobreza y 80 % de los casos hubo algún tipo de amenaza o intimidación contra los denunciantes.

Incidentes de “resistencia a la autoridad”

La CIDH observa que estas muertes podrían configurar ejecuciones extrajudiciales, conforme a estándares interamericanos. Adicionalmente, encuentra preocupante que el Estado venezolano presente gran parte de estas muertes violentas como incidentes de “resistencia a la autoridad”, señaló el comunicado.

En este sentido, la CIDH reiteró que “los Estados no pueden permitir que agentes de seguridad fomenten prácticas que reproduzcan el estigma de que jóvenes en situación de pobreza están necesariamente vinculados a la delincuencia”.

Le puede interesar: Ministro del Interior de Perú renunció al no sentirse respaldado por Castillo

Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

“Constatamos con preocupación la asimetría que existe entre países en nuestra región”, dijo la relatora especial para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (Redesca), Soledad García Muñoz.

La funcionaria se pronunció a propósito de un informe difundido este martes por la CIDH y la Redesca, en el que expresan su preocupación por los obstáculos que se observan para el acceso a las vacunas diez meses después de que arrancara la inmunización en la región, especialmente para los países de bajos y medianos ingresos.

La relatora defendió las iniciativas para llevar las vacunas a todos los países, como el mecanismo Covax, liderado por la Organización Mundial de la Salud

En ese contexto, García Muñoz advirtió que mientras algunos países ya vacunaron a más del 70% de su población, la mayoría no supera el 40% de sus habitantes con un esquema de inmunización completo.

“Y aún hay seis países que ni siquiera al día de hoy han alcanzado a vacunar el 20% de la población”, agregó la relatora, en alusión a Jamaica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Haití, Guatemala y Nicaragua.

Destacó que “de ninguna manera” están llamando a la caridad sino a la solidaridad y a la cooperación internacional.

Le puede interesar: Moderna presenta resultados positivos de su vacuna para niños de 6 a 12 años

Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

En un comunicado, el organismo manifestó su preocupación por el desalojo de los migrantes, en su mayoría venezolanos, de espacios públicos en Iquique, “con denuncias de actos de violencia y sin que les fuera ofrecida previa solución para su reubicación”.

La Comisión se refirió a los hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre, cuando la Policía desalojó de manera masiva a aproximadamente 100 personas migrantes de la Plaza Brasil de Iquique, entre las cuales se encontraban familias con niños.

Se condenan los actos violentos y xenófobos en Iquique

Durante una manifestación fueron quemadas las pertenencias de los migrantes que acampaban en las calles

En la nota, el organismo advirtió que hubo enfrentamientos entre la Policía y las personas migrantes, algunas de las cuales “resultaron golpeadas”.

Además, indicó que la Policía tenía orden de desalojar a los migrantes del espacio público, no de reubicarlos en otros sitios, lo que llevó a que estas personas quedaran “deambulando sin lugar a dónde ir”.

En este sentido, urgió a ese país a seguir adoptando medidas para prevenir y eliminar las prácticas de xenofobia y actuar con la debida diligencia para prevenir las “violaciones de derechos humanos, investigar y sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”.

Le puede interesar: Más de 230.000 venezolanos en Colombia tramitaron el registro biométrico del ETP

Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Así lo informó el bufete de abogados Cremades y Calvo Sotelo, que representan al director y presidente del periódico, Miguel Henrique Otero, en España, el despacho sostuvo que la necesidad de acudir a instancias internacionales es importante para recuperar el espacio.

Por su parte, el presidente y fundador de Cremades y Calvo Sotelo, Javier Cremades, detalló que las acciones legales que se presentarán ante la CIDH se amparan en la Convención Americana de Derechos Humanos y especificó que las líneas que se seguirán en el caso se centran en la protección de los artículos 13, 21, 8 y 25, que garantizan el derecho a la libertad de expresión, a la propiedad y a las garantías procesales.

Cremades, se mostró «convencido» de que el caso terminará con «una condena”.  Asimismo, recordó que una democracia sin libertad de expresión y sin periodismo profesional «no es concebible«.

De forma paralela, defendió que el diario no es un medio cualquiera, sino que es «una institución que galvaniza la sociedad y marca un rumbo y agenda de valores cívicos y sociales».

Las acciones internacionales en el caso de El Nacional no acabarán en la CIDH. Además, según explicó el socio de Cremades y Calvo Sotelo, Juan Carlos Gutiérrez, acudirán a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Tribunal Penal Internacional (TPI), aunque de estas acciones no se espera una condena al gobierno de Nicolás Maduro.

El Nacional de Venezuela apela a la justicia internacional contra Maduro https://t.co/h9GLAFvcEt vía @elindepcom

— Miguel H Otero (@miguelhotero) May 26, 2021

Le puede interesar: AN aprobó el cambio de circunscripciones electorales 

María Gabriela Moncada

Con información de dpa y redes sociales

En igual sentido, el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, informó que recibió denuncias creíbles de «abusos por parte de las fuerzas de seguridad en contra de la población de Apure”.

Vivanco detalló que el ataque, que ocurrió específicamente en la población La Victoria, incluyó el uso de explosivos por parte de grupos armados a instalaciones civiles y militares de la zona, lo que provocó una respuesta con ataque aéreo y bombardeos por parte de la FANB.

Por otra parte, el ministro de Interior de Colombia, Daniel Palacios, instaló un puesto de mando en el municipio de Arauquita y se comprometió a colaborar para que la región se declare en emergencia, medida que permitiría optimizar políticas de atención para los desplazados.

#Venezuela🇻🇪 La @CIDH/#MESEVE expresa preocupación por el desplazamiento de más de 5 mil personas hacia Arauquita, #Colombia, producto de enfrentamientos que habrían comenzado el #21Mar en el estado Apure entre grupos armados irregulares y fuerzas de seguridad del Estado. 1

— CIDH – IACHR (@CIDH) March 30, 2021

Le puede interesar: EE.UU. alerta de un repunte de los casos de Covid-19 pese a las vacunas

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos y redes sociales

“La CIDH expresa preocupación por el fallecimiento de al menos 20 personas en operativos de seguridad ciudadana los días 8 y 9 de enero. Según información, los operativos habrían sido ejecutados por Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) en La Vega”, expresó la comisión.

La CIDH expresó su preocupación por el fallecimiento de al menos 20 personas durante los operativos en la parroquia La Vega

La organización reiteró su rechazo a la FAES tras considerar que lidera las “ejecuciones extrajudiciales” también denunciadas por la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

«La CIDH advirtió sobre un contexto de ejecuciones extrajudiciales en operativos de seguridad ciudadana, que se caracteriza, entre otras cosas, por la calificación pública de las víctimas como personas de alta peligrosidad que presentan resistencia a la autoridad», escribe en un hilo de tuits.

En tal sentido, instó a las autoridades del Estado a investigar «con debida diligencia estas muertes, y a sancionar a quienes resulten responsables. Asimismo, reitera su recomendación de disolver las FAES, organismo de seguridad señalado como responsable de numerosas ejecuciones extrajudiciales».

#Venezuela🇻🇪 La @CIDH/#MESEVE expresa preocupación por el fallecimiento de al menos 20 personas en operativos de seguridad ciudadana los días 8 y 9 de enero. Según información, los operativos habrían sido ejecutados por Fuerzas de Acciones Especiales #FAES en LaVega, Caracas. 1

— CIDH – IACHR (@CIDH) January 12, 2021

Quizás sea de su interés: ONU: Policía de Perú hizo un uso excesivo de la fuerza en protestas

Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos, internacionales y redes sociales

En un escrito colgado en la web oficial del TCE aparece la resolución judicial emitida por la que se declara a la presidenta del CNE, Diana Atamaint, y a los consejeros Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera, “responsables de haber incurrido en una infracción electoral muy grave”.

El documento sostiene que los integrantes del principal órgano electoral del país vulneraron la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, así como el Código de la Democracia.

Además, les sanciona con una multa de 70 remuneraciones básicas unificadas (28.000 dólares), así como la destitución de sus cargos de consejeros principales y la suspensión de sus derechos de participación durante cuatro años, “sanciones que se harán efectivas inmediatamente después de la ejecutoria” de la sentencia.

Razones de la decisión

En el trasfondo de esta decisión está la denuncia presentada por la defensa del empresario Álvaro Noboa, que desde el mes de octubre busca que el CNE califique su candidatura.

El empresario ecuatoriano denunció ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo que consideró el peligro de un “fraude” en las elecciones de 2021, después de que su candidatura presidencial fuera rechazada por el CNE.

El pasado 12 de noviembre Atamaint confirmó que se había descartado la candidatura de Noboa, propuesta por el movimiento Justicia Social, por incumplimientos de los requisitos establecidos.

Por el momento se desconoce el impacto de esta decisión del TCE en el proceso electoral en curso.

Quizás sea de su interés: El Grupo de Lima anunció que no reconoce “la legitimidad ni la legalidad” de la Asamblea Nacional electa el 6D

Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales