«Exigimos la publicación de los proyectos de Ley de Presupuesto para el ejercicio 2027, de la Ley Especial de Endeudamiento 2027, los documentos complementarios y toda la información relativa a la administración del patrimonio público del país», señaló la organización en una nota de prensa.

Transparencia indicó que desde hace una década los proyectos de ley de presupuesto y de endeudamiento no están disponibles en ningún portal.

La experiencia de años anteriores apunta, prosiguió, a que una vez aprobadas las leyes se anunciará un monto global en bolívares y una proporción superior al 70 % destinada al gasto social, que se va en salarios y gastos fijos y no en inversión social, sin información suficiente para examinar las asignaciones concretas.

La organización recordó que desde 2009 dejaron de publicarse las estadísticas fiscales y desde 2016 no se divulga el presupuesto nacional.

Igualmente, dijo que no hay información sobre las nuevas concesiones, licencias, contratos, exportaciones de empresas del Estado, recaudación interna ni de la utilización de estos recursos, tras los acuerdos con Estados Unidos.

«Si se abren oportunidades para captar recursos y reactivar la economía, ¿por qué se mantiene cerrada la información sobre el dinero público?», cuestionó.

Asimismo, dijo que el artículo 12 de la Ley contra la Corrupción ordena publicar los proyectos de presupuesto y endeudamiento antes de presentarlos al Parlamento; su artículo 8 establece el carácter público de la información presupuestaria y de la administración del patrimonio público.

«También es obligatorio publicar la ley. Ninguna ley puede ser secreta», subrayó.

Presupuesto enfocado en tres ejes

El miércoles, el gobierno venezolano entregó al Parlamento el proyecto de presupuesto de la nación para el próximo año.

El ministro de Planificación, Ricardo Menéndez, dijo que el proyecto de presupuesto de 2027 está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de una inflación, mientras el salario mínimo mensual se calcula en centavos de dólar.

Sin embargo, ni el Ejecutivo ni el Parlamento divulgaron el contenido de la propuesta presupuestaria.

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La iniciativa parlamentaria responde a una solicitud formulada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y contó con el trabajo de una comisión especial presidida por el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante.

De acuerdo con lo debatido durante la sesión ordinaria, la propuesta tiene como ejes centrales la revisión de las sanciones penales que se aplicaron de forma errónea a ciudadanos bajo este marco legal, así como la despenalización formal de diversas conductas tipificadas en la normativa vigente.

Remisión al TSJ y próximas fases parlamentarias

Durante la plenaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo pública la comunicación formal enviada a la presidenta del máximo tribunal, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, para someter el expediente a evaluación judicial conforme al procedimiento de vigencia de las leyes constitucionales.

“Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos”, citó el titular del Parlamento al dar lectura al documento.

Jorge Rodríguez explicó que la remisión busca que la Sala Constitucional examine el alcance de los ajustes propuestos antes de que el texto regrese al hemiciclo. “Ya estamos en oportunidad de que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien considere el asunto de la reforma parcial para continuar avanzando y traer luego de la consulta a segunda discusión el proyecto de ley”, puntualizó el parlamentario.

Una vez que el TSJ emita su consideración institucional, el proyecto retornará a la plenaria de la AN para ser sometido a su segunda discusión, fase en la que se detallará el articulado definitivo que será modificado o derogado.

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En una nota de prensa, el Parlamento indicó que el documento fue consignado por el vicepresidente sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en un encuentro con el primer vicepresidente del Legislativo, el chavista Pedro Infante.

Menéndez dijo que el proyecto de presupuesto del próximo año está enfocado en tres ejes fundamentales, entre ellos la recuperación del ingreso y poder adquisitivo de la población, que ha caído drásticamente en medio de una inflación que llegó a ser hiperinflación entre 2017 y 2021 y que mantiene el salario mínimo mensual en centavos de dólar.

Los otros dos ejes son los servicios e infraestructura para el desarrollo y la consolidación de la «economía productiva» para el país.

La AN no publicó a cuánto asciende el monto del presupuesto propuesto por el gobierno encargado de Delcy Rodríguez.

Infante señaló que la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Social junto a la de Contraloría revisarán y debatirán los proyectos para, posteriormente, ser presentados a la plenaria para su aprobación.

El presupuesto anual de Venezuela es entregado al Legislativo en medio de los recientes acuerdos firmados en materia petrolera con Estados Unidos, luego de que en enero pasado fuera capturado Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

En agosto, ambos países anunciaron un acuerdo petrolero que da a Washington acceso a una quinta parte de las reservas de crudo del país.

El pacto ha sido criticado por quienes consideran que Estados Unidos busca prioritariamente el petróleo venezolano y no impulsar la democratización del país.

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A través de una carta, publicada este martes 29 de septiembre en su Telegram pero con fecha del lunes, Delcy Rodríguez afirmó que la reforma solicitada es para «avanzar en la despenalización de las conductas previstas» en esta ley y como parte de las acciones del gobierno para «transformar el sistema de justicia penal» y «favorecer el reencuentro y convivencia democrática» en Venezuela.

«Finalmente, visto el impacto positivo que esta reforma generará sobre la reconstrucción de la confianza en las instituciones y la dinamización de la vida democrática de la nación, agradezco sus buenos oficios para que esta iniciativa pueda ser considerada con carácter de urgencia», subrayó la mandataria encargada en la carta dirigida a su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

En febrero de este año, Jorge Rodríguez admitió el uso inadecuado de la ley contra el odio y consideró posible una reforma.

La ley fue aprobada en noviembre de 2017 por la chavista Asamblea Nacional Constituyente, instalada ese año en paralelo al Parlamento mayoritariamente opositor, tras meses de crisis política y masivas protestas antigubernamentales en el país.

Su aprobación se hizo tras una solicitud expresa del entonces presidente Nicolás Maduro para acabar con los supuestos mensajes de «odio» que, según el oficialismo, desataron la ola de protestas que sacudieron el país entre abril y agosto de ese año.

Esta legislación establece penas de hasta 20 años de cárcel contra los llamados «delitos de odio» y desde entonces ha sido criticada por defensores de derechos humanos y ONG, como Espacio Público, que en 2023 denunció que ha sido usada como un instrumento «para perseguir a personas por expresiones incómodas o críticas frente a ciertos sectores de poder».

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Machado intentó regresar a Venezuela desde Panamá tres veces esta semana y en todas estas oportunidades se lo impidieron, confirmó a la agencia de noticias EFE su equipo.

«Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir», denunció el equipo de la exdiputada, quien salió de Venezuela el pasado diciembre para recibir en Noruega la medalla del Nobel de la Paz, después de permanecer cerca de un año en la clandestinidad para evitar ser detenida.

Con estos tres nuevos intentos, ya son «al menos siete» las veces que Machado ha tratado de volver a su país, indicó su equipo.

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Durante una sesión extraordinaria, transmitida en el canal del Parlamento en YouTube, el diputado Miguel Pérez Abad, quien presentó el proyecto, afirmó que el acuerdo petrolero es el «más importante de los últimos 100 años» por sus implicaciones y alcance.

Además, indicó que generará alrededor de 3,6 millones de empleos «directos, indirectos y adicionales» derivados de la actividad petrolera.

Según leyó Pérez Abad, el pronunciamiento legislativo, oficialmente denominado Respaldo al Convenio Energético Binacional entre Venezuela y Estados Unidos, ratifica la «plena soberanía y la inalienable propiedad del Estado venezolano sobre sus recursos».

Además, procura que las «condiciones fiscales y operativas garanticen una justa distribución del ingreso que contribuya al fortalecimiento de la salud, la educación, los servicios públicos y la industria nacional».

Celebración sin resplado

Por su parte, el diputado Luis Emilio Rondón celebró el acuerdo, pero no lo respaldó en nombre de su fracción, el Grupo Parlamentario Libertad, integrado por opositores, entre ellos el excandidato presidencial Henrique Capriles.

«No estamos en contra del acuerdo presentado. Sin embargo, no podemos suscribir un acuerdo que no conocemos», apuntó Rondón.

En respuesta, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, indicó que el Legislativo respalda es el anuncio del acuerdo petrolero, dado que aún «no ha sido consignado» por Venezuela y Estados Unidos.

«Llegado el punto en que se firme el acuerdo binacional, gustosamente podemos dar el debate en la Asamblea Nacional para que, gustosamente, podamos compartir los inmensos beneficios y ventajas que significa para todo el pueblo de Venezuela la firma de este acuerdo», añadió Rodríguez.

Acuerdo histórico

Estados Unidos y Venezuela anunciaron el pasado viernes un acuerdo histórico por el que Washington controlará más del 20 % de las reservas de crudo venezolano.

El convenio llegó casi ocho meses después del acercamiento entre el gobierno de Delcy Rodríguez y la Administración de Donald Trump, tras la captura de Nicolás Maduro en enero pasado.

Delcy Rodríguez detalló el sábado que se prevé el desarrollo de 17 campos estratégicos, con «un potencial probado de 65.000 millones de barriles de petróleo».

Asimismo, explicó que, tomando como referencia un precio de 65 dólares por barril, el país puede recibir 209.335 millones de dólares en virtud del convenio.

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Falta de información: «Sabemos qué acordaron, pero no cómo llegaron a ese acuerdo, quién propuso qué ni qué quedó descartado en el camino», señaló la organización.

Exigencia de transparencia: «En esta nueva mesa de diálogo exigimos que existan, por escrito y de manera formal, condiciones extensas que permitan que la ciudadanía pueda saber lo que ocurre en su país todos los días y en todos los temas».

Derecho a la información: Espacio Público recalcó que «no le corresponde a las partes de una mesa decidir cuánto puede saber el país sobre lo que se decide en su nombre. Por eso estas libertades deben estar por encima de la mesa y no dentro de ella, con negociación o sin ella».

Antecedentes y contexto: El 12 de agosto concluyó el primer ciclo del diálogo con acuerdos para la renovación del TSJ y el uso de activos en el Banco de Inglaterra para atender a los afectados del doble terremoto del 24 de junio. Asimismo, el SNTP planteó previamente 10 condiciones para el diálogo, exigiendo el fin de la persecución, el cese del bloqueo a medios digitales y el fin a la revisión ilegal de dispositivos y ciberpatrullaje.

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La decisión se debe a las acciones (presuntamente) «irresponsables» de Ecarri, explicó Rodríguez en un comunicado, después de que el opositor informara que estaba trabajando en un plan para dolarizar la economía de Venezuela, donde ya se fijan precios en dólares estadounidenses y se paga con esta moneda además de la local, el bolívar.

Rodríguez aseguró que Ecarri infringió el artículo 133 del Reglamento Interior y de Debates, que, subrayó, «exige a los parlamentarios en funciones de diplomacia interparlamentaria actuar con apego a la Constitución y a los intereses de la República».

Asimismo, añadió que el diputado opositor violó el articulo 318 de la Constitución, que, según el presidente del Parlamento, establece que la unidad monetaria de Venezuela es el bolívar y que el «Banco Central de Venezuela es el ente público que, de manera exclusiva y obligatoria, ejercerá las políticas monetarias».

«La junta directiva ha iniciado un proceso de investigación para establecer las faltas cometidas por el citado diputado y determinará las responsabilidades y sanciones que apliquen de acuerdo a lo dispuesto en nuestro reglamento de funcionamiento», apuntó Rodríguez.

Ecarri dijo en su cuenta de la red social X el viernes que estaba trabajando en una propuesta para «avanzar hacia la dolarización formal de la economía venezolana» y añadió que Venezuela «necesita una moneda estable que proteja el salario, los ahorros y el patrimonio» de la gente.

«La dolarización permitiría frenar la inflación y cerrar la brecha cambiaria que destruye el poder adquisitivo de los venezolanos», subrayó el opositor.

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En su cuenta de X, Figuera afirmó que la convocatoria es para «enriquecer esta hoja de ruta orientada a la reinstitucionalización» y a «una transición electoral pacífica y democrática» en este diálogo acordado con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, y añadió que «la participación activa de Estados Unidos será fundamental para impulsar este proceso y generar avances concretos».

Según anunciaron las partes la semana pasada, el plan es para fortalecer la democracia y enfrentar las consecuencias del doble terremoto del pasado 24 de junio.

Las conversaciones entre Figuera y Jorge Rodríguez comenzaron el pasado 18 de junio, poco antes de los terremotos. La opositora, quien defiende que es la «presidenta» de la Asamblea Nacional elegida en 2015, regresó ese mes a Venezuela para desarrollar un «plan estratégico para la democracia» junto al presidente del Parlamento y el «acompañamiento», según dijo, de Estados Unidos.

El miércoles pasado, los líderes María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática, para evaluar la vía de diálogo que acordaron el Parlamento y el grupo liderado por Figuera, aunque todavía no han comunicado las conclusiones de este encuentro.

Machado, también Premio Nobel de la Paz, ha insistido en que ella tiene «la responsabilidad de dirigir» una negociación con el gobierno de Delcy Rodríguez.

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El exgobernador señaló que el Parlamento tiene la obligación de «definir de manera clara, precisa y categórica la naturaleza» de la falta y que, en caso de desacato, el Supremo «deberá sustituir a la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, declarar la ausencia definitiva del presidente de la república y convocar elecciones».

«Le hemos solicitado a la Sala Constitucional (del TSJ) que le ordene a la AN pronunciarse, debatir la materia, cumplir con su deber», dijo en un video que publicó en X.

César Pérez Vivas, aliado de la Nobel de la Paz María Corina Machado, aseguró que la AN «ha evadido la obligación consagrada en la Constitución venezolana de calificar la falta absoluta del señor Nicolás Maduro, quien, como todo el país y el mundo saben, está fuera del territorio nacional y fuera del ejercicio de la función presidencial» desde el 3 de enero, cuando fue capturado.

¿Qué dice la Constitución?

Según la Constitución, la falta temporal del mandatario será suplida por el vicepresidente ejecutivo por 90 días, prorrogables por 90 más, para un total de 180 días, en caso de que así lo decida el Parlamento, que al final no lo discutió.

De declararse la falta absoluta, se debe celebrar una «elección universal, directa y secreta dentro de los treinta días consecutivos siguientes».

Sin embargo, el mismo día de la captura de Maduro, el Supremo había declarado que la ausencia del mandatario se dio en una «situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista literalmente en la Constitución».

En ese sentido, ordenó que la entonces vicepresidenta, Delcy Rodríguez, asumiera como mandataria encargada, sin que ello implicara «decidir de fondo sobre la calificación jurídica definitiva de la falta presidencial (temporal o absoluta)».

El pedido a Donald Trump

César Pérez Vivas pidió al presidente estadounidense, Donald Trump, y al secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, que «abran los ojos» ya que, según el opositor, las autoridades interinas venezolanas planean «ganar tiempo» y «hacer elecciones en el 2030».

«Venezuela exige un gobierno legítimo y el único con potestad para otorgarlo es el pueblo», agregó.

La semana pasada, el oficialismo y un grupo de exdiputados opositores anunciaron una vía de diálogo que comenzará el próximo 1 de agosto para promover la democracia en el país, de cara a un eventual proceso electoral.

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Fuente de imagen referencial: Red Social X – @CesarPerezVivas

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A través de sus redes sociales, VP destacó que apoya la construcción de un espacio plural e inclusivo que siente las bases para la reconciliación y reconstrucción nacional.

Aspectos clave del proceso

Liderazgo de la iniciativa: El grupo opositor está encabezado por Dinorah Figuera, quien ejerce como presidenta de la AN de 2015. Figuera, quien reside en España, visitó brevemente Venezuela en junio tras una invitación del Departamento de Estado de EEUU para abordar la transición, y planea regresar al país para dar continuidad a las conversaciones que sostiene con el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Apoyo de Estados Unidos: La Administración de Donald Trump aplaudió el inicio de estas conversaciones, calificándolas como un paso crucial para la reconciliación política, especialmente tras la devastación causada por los recientes terremotos en el país. VP agradeció el acompañamiento estadounidense en la búsqueda de condiciones para elecciones libres.

Evaluación en la Plataforma Unitaria: Los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia se reunieron el miércoles con la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) para analizar esta vía de diálogo y definir una postura pública, cuyas conclusiones aún no han sido reveladas.

Tensiones internas: El acercamiento ocurre en un contexto de diferencias previas reconocidas por Figuera con María Corina Machado, surgidas a raíz de su regreso al país para trabajar una agenda de diálogo con el Ejecutivo liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

Esta iniciativa marca un nuevo capítulo en la disputa institucional que mantienen el chavismo y la AN de 2015 desde las elecciones legislativas de ese año.

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Con información de EFE Servicios

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De acuerdo con el marco legal, la vicepresidenta ejecutiva asumió el mando para suplir la «falta temporal» del mandatario. La ley establece un periodo inicial de 90 días, el cual fue prorrogado por la Asamblea Nacional por otros 90 días más, alcanzando hoy el tope máximo absoluto de 180 días permitidos bajo esa figura.

¿Qué dice la Constitución sobre el vacío de poder?

El artículo 233 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela regula las faltas del Ejecutivo. El texto es claro al estipular las consecuencias de agotar este periodo:

Si la falta temporal se prolonga por más de 90 días, la Asamblea Nacional decidirá por mayoría de sus integrantes si debe considerarse que hay falta absoluta. Al cumplirse la prórroga y sumarse los 180 días, la temporalidad caduca por completo y la vacancia del cargo pasa a ser definitiva e irreversible.

Dado que los hechos ocurrieron dentro de los primeros cuatro años del período constitucional, la norma constitucional es taxativa sobre la ruta institucional obligatoria.

¿Cómo se debería proceder legalmente a partir de hoy?

Juristas y expertos en derecho constitucional señalan que, ante la falta absoluta automática que se genera este 3 de julio, el procedimiento institucional debe activarse de inmediato bajo dos premisas fundamentales:

Convocatoria a elecciones: La Constitución obliga a proceder a una nueva elección universal, directa y secreta dentro de los 30 días consecutivos siguientes para elegir a un nuevo Presidente que complete el período.

La Encargaduría del Cargo: Mientras se realiza ese proceso electoral exprés de un mes, la Presidencia de la República no puede permanecer en manos del Ejecutivo interino saliente, sino que debe ser asumida interinamente por el Presidente o Presidenta de la Asamblea Nacional.

El debate político se traslada ahora al Parlamento, que tiene la obligación legal de declarar formalmente la falta absoluta y trazar la ruta electoral, en un escenario sumamente complejo debido a la emergencia humanitaria y económica provocada por el reciente doblete sísmico del 24 de junio.

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Con información de EFE Servicios, medios nacionales e internacionales

Fuente de imagen referencial: EFE/ Iván Cárdenas

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En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la reunión celebrada entre Jorge Rodríguez, como presidente de la Asamblea Nacional de 2026 y representante del gobierno interino venezolano, y Dinorah Figuera, presidenta de la Asamblea Nacional elegida en 2015, para acordar una agenda que sirva de base a futuras negociaciones.

Según Estados Unidos, esa agenda contempla prioridades como la reconstrucción de las instituciones democráticas, el fortalecimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE), el restablecimiento de garantías para la participación política y la protección de las libertades civiles necesarias para un debate político abierto.

Previamente, el Parlamento venezolano controlado por el oficialismo informó que, tras la reunión entre Rodríguez y Figuera en Caracas, ambas partes acordaron crear una «mesa técnica y política paritaria» con una agenda y cronogramas concretos orientados al fortalecimiento de la democracia, la consolidación de la paz y la búsqueda de acuerdos para el futuro del país.

Figuera, quien preside la instancia parlamentaria que reivindica la continuidad de la AN elegida en 2015, regresó a Venezuela para participar en estos encuentros y aseguró que trabaja en una agenda destinada a garantizar libertades políticas y de expresión.

La opositora sostuvo que su retorno responde a gestiones relacionadas con el proceso de transición impulsado con respaldo internacional.

La AN de 2015 y el oficialismo mantienen una disputa institucional desde que la oposición obtuvo la mayoría parlamentaria en las elecciones legislativas de ese año.

Aunque el oficialismo recuperó el control formal del Legislativo tras los comicios de 2020, un sector opositor continuó operando una estructura parlamentaria paralela que ha contado con el apoyo de Estados Unidos y otros aliados internacionales.

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Con información de EFE Servicios

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Entre los candidatos está la exvicefiscal general del Ministerio Público Katherine Haringhton, quien fue sancionada por Estados Unidos en 2015, así como Aimé Nogal, una de las rectoras del Consejo Nacional Electoral, y Luis Emilio Rondón González, exrector de la institución, según la lista compartida por el Comité de Postulaciones Judiciales de la Asamblea Nacional (AN) en Telegram.

Así mismo, el Comité informó que un total de 63 personas se postularon para optar al cargo de inspector de tribunales, mientras que 33 al de director de la Escuela Nacional de Magistratura.

¿Qué se busca?

El pasado 22 de mayo, la AN llamó a los juristas venezolanos a postularse a los cargos de magistrados del Supremo, así como para inspectores y director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

La Asamblea Nacional sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a doce nuevos que se sumarán a los otros doce que siguen ejerciendo en la corte.

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social, por tres.

El llamado de Delcy Rodríguez

En abril pasado, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, inauguró la gran consulta nacional para reformar la justicia penal en el país suramericano, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

En mayo, Rodríguez dijo que, en un primer análisis, encontraron tres grandes desafíos al sistema judicial: el retardo procesal, la corrupción y la criminalización de la pobreza, luego de determinar que el 68 % de las personas encarceladas en el país son de estratos económicos y sociales «menos favorecidos».

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Con información de EFE Servicios

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El nuevo límite quedó fijado para el próximo miércoles a las 4:00 p.m. (20:00 GMT).

El diputado Giuseppe Alessandrello, presidente del comité, informó que la decisión se tomó de manera unánime debido al alto volumen de participación, que ya supera los 600 postulados. El proceso, que originalmente vencía esta semana tras una primera extensión, mantendrá sus puertas abiertas en la sede parlamentaria todos los días, incluyendo sábado y domingo.

Claves del nuevo TSJ y el proceso de selección

• Ampliación de la corte: Tras la reforma de la Ley Orgánica del TSJ aprobada en mayo pasado, el máximo tribunal pasará a estar integrado por 32 jueces (anteriormente eran 20).
• Nueva distribución: La Sala Constitucional se ampliará de cinco a siete magistrados, mientras que el resto de las salas (Político-Administrativa, Electoral, Casación Civil, Casación Penal y Casación Social) pasarán de tres a cinco integrantes cada una.
• La renovación: El Parlamento tiene la tarea de sustituir a ocho magistrados por motivos de jubilación y renuncia, además de designar a los doce nuevos jueces que completarán la cuota de la reforma. También se elegirán a los inspectores y al director de la Escuela Nacional de la Magistratura.
• Próximos pasos: Una vez cerrado el lapso de postulaciones este miércoles, se abrirá un período de 15 días para evaluaciones e impugnaciones. Posteriormente, el comité consignará la lista definitiva de elegibles ante la plenaria de la Asamblea Nacional para los nombramientos finales.

Marco de la reforma judicial

Este proceso coincide con la reciente inauguración de una gran consulta nacional para reformar la justicia penal, liderada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo ha señalado que el plan busca erradicar tres grandes males del sistema: el retardo procesal, la corrupción y la «criminalización de la pobreza», tras revelar que el 68 % de la población carcelaria en el país pertenece a los estratos socioeconómicos menos favorecidos.

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DOBLE LLAVE

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El funcionario oficialista, que ocupó el año pasado la presidencia del Grupo de Amistad Parlamentaria Venezuela-Japón, estará acompañado este año por el también diputado del oficialismo José Villarroel, anunció el número dos de la AN, Pedro Infante.

Japón fue uno de los países que se pronunciaron luego de la captura el pasado 3 de enero de Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores, por parte de Estados Unidos en Caracas, y afirmó entonces que trabajaría para «promover los esfuerzos diplomáticos encaminados a restablecer la democracia y estabilizar la situación» en Venezuela.

El Parlamento también anunció la designación de la diputada oficialista Blanca Eekhout como presidenta del Grupo de Amistad Parlamentaria con Argentina, cuyas relaciones diplomáticas con Venezuela fueron rotas en 2024 por el entonces gobierno de Maduro.

Entretanto, un diputado opositor aún por designar será el líder del grupo Venezuela-Canadá, cuyo vicepresidente es el oficialista Pedro Lander.

Infante instó a todos estos diputados a reunirse y activar «ya» las relaciones con los Parlamentos de esos países.

Además de Japón, Argentina y Canadá, la AN nombró también las juntas directivas de los grupos encargados de las relaciones con otros 19 países, varios de ellos asiáticos, como Camboya, Indonesia y Filipinas.

El pasado mayo, diputados venezolanos constituyeron un grupo parlamentario de amistad para relanzar las relaciones con el Congreso de Estados Unidos e impulsar la agenda comercial y energética entre ambos países, que restablecieron sus vínculos diplomáticos en marzo tras siete años rotos, según dijo entonces a EFE el presidente de la comisión, el opositor Antonio Ecarri.

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El presidente del Comité de Postulaciones, Giuseppe Alessandrello, informó que la prórroga, cuyo cierre inicial era el 6 de junio, se otorgó debido a las numerosas solicitudes de los juristas.

Puntos clave del proceso

Postulaciones recibidas: Hasta la fecha se han registrado 280 aspirantes.

Próximos pasos: El 11 de junio se publicará la lista de postulados para iniciar la fase de impugnaciones y evaluaciones. Se estima que en unos 30 días se presente el listado definitivo de elegibles ante la plenaria del Parlamento.

Nueva estructura del TSJ: Tras la reforma de ley aprobada el 12 de mayo, el máximo tribunal pasará a tener 32 jueces (en lugar de los 20 actuales).

La Sala Constitucional contará con 7 magistrados (antes 5).

Las salas Político-Administrativa, Electoral, Civil, Penal y Social tendrán 5 magistrados cada una (antes 3).

Renovación de cargos: Se sustituirá a 8 magistrados por jubilación o renuncia, y se seleccionarán 12 nuevos para alcanzar la cifra de 32.

Contexto de reforma judicial

Esta medida coincide con el inicio de la consulta nacional para reformar la justicia penal, inaugurada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

El Ejecutivo busca reestructurar el sistema tras identificar que el 68 % de la población carcelaria pertenece a los estratos sociales menos favorecidos, fijando como principales desafíos el combate al retardo procesal, la corrupción judicial y la criminalización de la pobreza.

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En un mensaje en X, Provea indicó que la autorización del gobierno de Rodríguez para el sobrevuelo y el ingreso de estas tropas fue «un claro desacato del artículo 187, numeral 11, de la Constitución», por lo que, dijo, hubo «una flagrante cesión de la soberanía territorial de la República».

El numeral del artículo al cual hace referencia Provea establece que es la Asamblea Nacional (AN) la encargada de «autorizar el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país».

La organización defensora de derechos humanos resaltó que luego del ataque militar de Estados Unidos, que terminó con la captura de Nicolás Maduro en Caracas el pasado 3 de enero, «la expresión más rápida de voluntad política del actual gobierno ha sido satisfacer las demandas del tutelaje transnacional, relegando las urgentes demandas de los venezolanos, centradas en democracia, justicia y calidad de vida».

Y, en ese sentido, recordó cómo se avanzó «rápidamente» en la aprobación de las leyes de minas e hidrocarburos para permitir la inversión extranjera, en medio del interés expreso de Estados Unidos en el petróleo y el oro venezolano.

«El ‘nuevo momento político’ anunciado por las actuales autoridades y caracterizado por acuerdos energéticos y compromisos bilaterales entre Venezuela, Estados Unidos y trasnacionales de distintos países, no puede dejar de lado las necesidades de las grandes mayorías», insistió, tras señalar que preocupa «profundamente» que todo esto termine en un «camino de estabilidad autoritaria».

Estados Unidos realizó el sábado 23 de mayo un simulacro de evacuación en su embajada en Caracas con el sobrevuelo de dos helicópteros, que llevaban al jefe del Comando Sur, Francis Donovan y un contingente militar a bordo.

El simulacro, que también sirvió para que Donovan sostuviera encuentros con autoridades del gobierno encargado de Rodríguez, se realizó entre las 10:00 y las 14:00 horas locales (14:00 y 18:00 GMT).

Venezuela y Estados Unidos restablecieron relaciones diplomáticas y consulares el pasado marzo, dos meses después de la captura de Maduro en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses y tras siete años de ruptura.

Actualmente el equipo diplomático estadounidense lo encabeza el encargado de negocios en Caracas, John Barrett.

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Con información de EFE Servicios

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La AN en realidad sustituirá solo a ocho magistrados por jubilaciones y renuncias y escogerá a 12 nuevos que se sumarán a los otros 12 que siguen ejerciendo en la corte.

En un mensaje en Telegram, el Parlamento informó también sobre la apertura del proceso para nuevos inspectores del Supremo, así como para el cargo de director de la Escuela Nacional de la Magistratura.

Entre los requisitos se exige ser venezolano de nacimiento y no poseer otra nacionalidad, ser un ciudadano con «reconocida honorabilidad» y competencia, así como no ser cónyuge ni mantener afinidad con ningún magistrado del Supremo.

El presidente del Comité de Postulaciones Judiciales, integrado por diez miembros de la sociedad civil y 11 diputados, se instaló el pasado miércoles para comenzar a organizar el proceso de evaluación de candidaturas de magistrados.

El presidente de la comisión, el diputado chavista Giuseppe Alessandrello, estimó entonces que el proceso completo se tome 45 días, aproximadamente, aunque afirmó que «puede ser menos», lo que dependerá, agregó, del desarrollo de la fase de impugnaciones.

Superar los «males que persisten»

El Parlamento aprobó la reforma de la ley del TSJ el pasado 12 de mayo y acordó que la Sala Constitucional del tribunal esté conformada por siete magistrados, mientras que el resto de las salas estarán integradas por cinco.

Hasta ahora, la Sala Constitucional estaba conformada por cinco magistrados y las restantes, Político Administrativa, Electoral, Civil, Penal, Social, por tres.

En abril pasado, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, instaló una comisión para la Gran Consulta sobre la Reforma a la Justicia Penal, con el objetivo de superar los «males que persisten» en el sistema judicial, afectado por el retardo procesal y la corrupción.

El proceso para elegir nuevos magistrados se lleva a cabo cuando ONG y opositores, entre otros, exigen justicia por el caso del preso político Víctor Hugo Quero Navas, cuya muerte bajo custodia del Estado en julio de 2025 fue informada por el gobierno el pasado 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias sobre su desaparición por parte de la madre, Carmen Navas, quien falleció el domingo.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: Archivo

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Caso Víctor Quero

Deceso y opacidad: El gobierno informó sobre la muerte de Víctor Quero diez meses después de haber ocurrido. Según la versión oficial, falleció en julio de 2025 por insuficiencia respiratoria y tromboembolismo tras ser trasladado de la cárcel El Rodeo I a un hospital.

Denuncias familiares: La madre del detenido, Carmen Navas, denunció la desaparición de su hijo durante 16 meses antes de recibir la confirmación del fallecimiento el pasado jueves.

Postura del Legislativo: El Parlamento aseguró que hará un «seguimiento permanente» para esclarecer las circunstancias de salud y los hechos que rodearon el deceso.

Reacción civil: Diversas ONG y partidos políticos cuestionan la demora de casi un año en la entrega de información y exigen que la investigación sea independiente y cuente con acompañamiento internacional.

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Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/ Ronald Peña R

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