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El jurista brasileño Hélio Bicudo, uno de los fundadores del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), formalizó este jueves un nuevo pedido de apertura de juicio político contra la presidenta Dilma Rousseff, en el que agrega denuncias al pedido original realizado hace unas semanas.
Según informaron medios locales, el documento presentado en Sao Paulo cuenta también con la firma del jurista Miguel Reale Junior, ex ministro de Justicia durante el gobierno del socialdemócrata Fernando Henrique Cardoso.
El pedido será entregado este viernes al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, a quien compete habilitar o archivar la solicitud.
Además de los renombrados juristas, firmaron el pedido representantes de los principales movimientos sociales que defienden la salida de la mandataria -Movimiento Brasil Libre (MBL), Movimiento Contra la corrupción y Sal a la Calle- y el diputado Carlos Sampaio, líder en la cámara baja del mayor opositor del gobierno, el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB).
El pedido se basa en las maniobras contables a las que recurrió el gobierno de Rousseff en 2014, conocidas como «ruedas fiscales». La práctica consiste en retener dinero que debía ser transferido a los bancos públicos para pagar programas sociales.
La retención sirve para «maquillar» los resultados fiscales, pero viola la Ley de Responsabilidad Fiscal. Un presidente que incurre en tal práctica puede ser destituido.
Por primera vez desde 1937, el Tribunal de Cuentas (TCU) reprobó la semana pasada los balances del gobierno de 2014 y recomendó al Congreso que hiciera lo mismo.
En el pedido original, los querellantes denunciaron que tales maniobras fueron realizadas en 2014, último año del primer gobierno de Rousseff. En el de hoy, añadieron informaciones del Ministerio Público de Cuentas, que indican que las «ruedas fiscales» continuaron realizándose este año, el primero del segundo mandato.
El detalle no es menor, ya que Cunha, al recibir el primer pedido, informó que en su opinión un presidente no puede ser destituido por prácticas relativas a un mandato anterior.
Por un lado, el político evangélico integra el mayor aliado del gobierno, el Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), pero a la vez es un enemigo declarado del gobierno, y ha sido responsable por algunas de las derrotas sufridas por el Ejecutivo en el Congreso.
A su vez, su situación al frente de la cámara baja pende de un hilo, ya que fue denunciado ante la Justicia por sospechas de que recibió fondos desviados de Petrobras a modo de sobornos, y las autoridades suizas descubrieron que posee al menos cuatro cuentas bancarias secretas en ese país que habrían recibido esos fondos ilícitos.
La denuncia en su contra ante el Supremo Tribunal Federal -máxima instancia judicial del país- y el hecho de que en marzo negó ante sus pares en el Congreso poseer cuentas en el exterior, hicieron surgir pedidos de que renuncie o sea despojado del cargo.
Versiones de prensa sugieren que Cunha y el gobierno de Rousseff están tramando un «pacto de caballeros» mediante el cual él archivaría los pedidos de destitución contra la presidenta, y el gobierno intercedería para que los legisladores del PT no voten eventualmente a favor de su salida.
KYL
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