DOBLE LLAVE – El Gobierno del presidente colombiano, Juan Manuel Santos, aprobó la nueva Ley 1908 de 2018 que tiene como principal propósito garantizar el castigo a organizaciones criminales que cometan asesinatos a líderes sociales, amenazas contra defensores de los derechos humanos y servidores públicos.

De interés: Juez presidente del TRF-4 determina que Lula debe seguir en prisión

El instrumento jurídico señala que quien atemorice o amenace a una persona por cualquier medio y  que ejerza actividades de promoción y protección de los derechos humanos, o a sus familiares, o también a dirigentes sindicales, incurrirá en una pena de 72 a 128 meses de prisión y multa de 200 salarios mínimos legales vigentes.

La misma norma precisa que incurrirán en la misma pena cuando las amenazas recaigan sobre un servidor público o sus familiares. Se entenderá como familiares, los parientes hasta cuarto grado de consanguinidad. Y en casos relacionados a instituciones o comunidad la pena será de cuatro a ocho años

Cabe destacar, que si esa amenaza recae contra un miembro de una organización sindical o un periodista o sus familiares, la pena establecida en la ley se aumentará en una tercera parte. Por otra parte, se establecerá un control especial en las llamadas telefónicas desde los centros de reclusión para frenar la intimidación y extorsiones desde las cárceles.

Daniela Veracierta/@danielabeautifu

Con información de El Espectador

Forma parte de nuestra comunidad en Telegram aquí: https://t.me/DobleLlave