Venezolanos siguen liderando solicitudes de asilo en España, apunta ONG

DOBLE LLAVE – La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), publicó este jueves un informe donde detalló que Venezuela y Colombia son los principales países de origen de los solicitantes de asilo en España en 2022.

Venezuela lidera las peticiones de asilo en la nación ibérica con 45.748 personas, seguido de Colombia, con 36.012, Perú, con 8.937, Marruecos, con 3.905 y Honduras, con 3.017.

La ONG registró un total de 118.842 peticiones de asilo, un 82 % más que el año anterior, tras el fin de las restricciones fronterizas por la pandemia, lo que representa un récord en España.

Según el CEAR, solo se aprobaron 16,5 % de las solicitudes de asilo, lo que convirtió a España en el tercer país de la Unión Europea que menos asilo reconoció en 2022, a pesar de ser el tercero con más solicitudes.

De acuerdo con la ONG, la mayoría de los venezolanos no reciben protección internacional. En su lugar, reciben permisos temporales por razones humanitarias (20.580 personas en 2022).

Pese a que el CEAR celebra que el porcentaje de aprobación de solicitudes de asilo haya incrementado 10 % en 2022, la ONG se mostró preocupada por el «aumento considerable» de las solicitudes pendientes de resolución, con 122.035, un 17 % más que el año anterior, la mayoría de venezolanos y colombianos.

La organización destacó además el «rechazo mayoritario» de solicitudes de colombianos o nicaragüenses, “pese a las amenazas y las vulneraciones de derechos” que ocurren en ambos países.

El CEAR indicó que las autoridades españolas otorgan protección internacional al 99,2 % de los solicitantes procedentes de países en conflicto como Burkina Faso, mientras que el 98 % de los venezolanos quedan con protección por razones humanitarias.

Finalmente, la ONG rechazó la escasez de citas para acceder al procedimiento de asilo, lo que provoca que los migrantes tengan que esperar “en situación irregular entre seis y ocho meses de media para presentar su solicitud”, y se vean obligados a “recurrir al mercado informal para acceder a este derecho, lo que vulnera la Directiva Europa de Procedimientos”.