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DOBLE LLAVE – La justicia venezolana cerró de manera definitiva el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada una presa política del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013), y le otorgó la libertad plena, informó este viernes su familia.
En un comunicado, el hermano de la jueza, Nelson Afiuni y la representante legal de la familia, Thelma Fernández, afirmaron que la decisión «pone fin de manera definitiva al proceso seguido en su contra y restituye plenamente su libertad, cerrando formalmente un caso que nunca debió existir».
La jueza fue detenida en diciembre de 2009 tras otorgar libertad bajo fianza a un banquero. Chávez pidió que se le impusiera la condena máxima de 30 años de cárcel por supuestamente haber facilitado la fuga del empresario, quien salió del país.
Estuvo en prisión hasta 2011, cuando pasó a arresto domiciliario, y en 2013 obtuvo libertad condicional.
En 2019, fue condenada a cinco años por «corrupción espiritual», es decir, la misma fiscalía reconoció que no tuvo ningún beneficio económico.
Hasta hoy, Afiuni tenía una libertad condicional que incluía, según la familia, prohibición de salir de la ciudad, hablar a la prensa o en redes sociales y votar.
Tampoco tenía derecho a un pasaporte y estaba inhabilitada políticamente.
Caso emblemático de la jueza Afiuni
En el comunicado, el hermano y la abogada aseguraron que el cierre del caso y su libertad representan «el final de un largo y doloroso capítulo marcado por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso».
«Durante años, la juez Afiuni y su familia soportaron las consecuencias de una persecución que trascendió el ámbito personal y se convirtió en un símbolo inequívoco del deterioro de la independencia judicial en Venezuela», expresaron ambos, quienes agradecieron a todos los que «acompañaron esta causa con firmeza y constancia».
Sin embargo, señalaron que el cierre definitivo del expediente «no borra el sufrimiento vivido ni repara, por sí solo, los daños ocasionados».
Afirmaron que el caso «permanece como una advertencia para toda la región sobre las consecuencias de utilizar el sistema de justicia como instrumento de represalia contra quienes ejercen sus funciones con independencia e imparcialidad».
«Ningún juez debe volver a enfrentar prisión, persecución, humillación o amenazas por cumplir con su deber, aplicar la ley o dar cumplimiento a decisiones y estándares del derecho internacional de los derechos humanos. Una justicia independiente solo puede existir cuando sus jueces pueden decidir libres de intimidación, presiones o represalias», aseveraron.
Además, expresaron su confianza en que la decisión «marque también el inicio de una reflexión indispensable sobre la necesidad de reconstruir la independencia judicial en Venezuela y de garantizar que hechos como los ocurridos en este caso jamás vuelvan a repetirse».
Machado abogó en favor de Afiuni
Previo a las nuevas decisiones adoptadas por la justicia venezolana, la dirigente opositora María Corina Machado había denunciado la persistencia de las medidas de prohibición de salida del territorio nacional contra la jueza María Lourdes Afiuni, quien requiere trasladarse al exterior para someterse a tratamiento médico especializado tras detectársele tres afecciones tumorales.
De interés: ONG Foro Penal contabiliza 382 presos políticos en Venezuela
Con información de EFE Servicios y redes sociales
Fuente de imagen referencial: X/Acceso a la Justicia
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