«Acabo de recibir la boleta de libertad. A las 5 pm en las calles de Sabaneta. Después misa en María Auxiliadora. Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia«, escribió Uribe, que fue presidente de Colombia entre 2002 y 2010, en su cuenta de X.

Acabo de recibir la boleta de libertad.

A las 5 pm en las calles de Sabaneta.

Después misa en María Auxiliadora.

Cada minuto de mi libertad lo dedicaré a luchar por la libertad de Colombia.

— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) August 20, 2025

La boleta de libertad fue expedida por el Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, el mismo que el pasado 1 de agosto sentenció a Uribe a doce años de cárcel en régimen domiciliario tras hallarlo culpable de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

Esa orden se tomó acatando lo dicho por la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Bogotá, que resolvió «amparar el derecho fundamental a la libertad individual del ciudadano Álvaro Uribe Vélez» al fallar una acción de tutela (recurso de amparo) presentada por su defensa para que pueda seguir libre mientras concluye su proceso.

El tribunal dejó así sin efecto la decisión de la jueza Sandra Heredia que en la sentencia había ordenado su «privación de libertad inmediata», que Uribe, de 73 años, cumplía en su casa campestre en la localidad de Rionegro, cercana a Medellín.

El proceso contra Uribe, que tiene como contraparte al senador de izquierda Iván Cepeda, está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que a más tardar el 16 de octubre deberá fallar sobre la apelación presentada por la defensa contra la sentencia de primera instancia.

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El presidente de ese brazo del Supremo, Cristiano Zanin, decidió además que, si fuera necesario, serán celebradas audiencias los días 3, 9, 10 y 12 de septiembre, cuando deberá concluir el juicio que determinará si el líder de la ultraderecha será condenado por un presunto intento de golpe de Estado.

Además de Bolsonaro serán juzgados otros siete acusados de formar parte del llamado «núcleo central» de la trama golpista, que al igual que el exmandatario se enfrentan a condenas que podrían oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.

Zanin determinó la fecha para el juicio oral a pedido del relator del proceso, Alexandre de Moraes, quien presentó su solicitud este jueves, después de que los ocho acusados entregaron sus alegaciones finales.

Bolsonaro y sus siete antiguos colaboradores responden por los presuntos delitos de golpe de Estado, intento de abolición del Estado democrático de derecho, asociación armada para delinquir, daño calificado al patrimonio público y deterioro del patrimonio público.

Según la acusación formulada por la Fiscalía General, la trama golpista fue concebida después de que Bolsonaro fue derrotado en las elecciones de octubre de 2022 por el ahora presidente, Luiz Inácio Lula da Silva.

El líder de la ultraderecha no reconoció el resultado de las urnas y Brasil se sumergió en una vorágine de protestas y una crisis institucional que, según la acusación, tenía como objetivo impedir la toma de posesión de Lula.

En sus alegaciones finales, Bolsonaro rechazó de plano todas las acusaciones a través de sus abogados, quienes han pedido al tribunal su absolución.

La defensa del exmandatario alegó que existe una absoluta falta de pruebas, negó su participación en un complot golpista y calificó de «absurdas» las acusaciones de la Fiscalía.

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«Esos desvíos temperamentales, esas intemperancias contra la defensa, contra mi familia, contra mí, muestran que aquí hubo sesgo y eso lo tiene que considerar la Justicia nacional, los órganos competentes y la Justicia internacional», manifestó.

El expresidente pidió el uso de la palabra para argumentar en su favor luego de que Heredia, titular del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, leyera la sentencia en su contra por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal.

«Este es un fallo que abusa, este es un fallo que excede lo jurídico, un fallo que va contra las normas jurídicas, contra la ética, contra la moral», expresó el expresidente de 73 años, quien subrayó: «Este es un fallo con determinadores políticos, sesgados».

El exmandatario y fundador del partido de derecha Centro Democrático, en oposición al presidente colombiano, Gustavo Petro, insistió en que hubo un «discurso político» para condenarlo el pasado lunes, cuando la jueza leyó el fallo que lo encontró culpable de dos delitos y lo absolvió del de soborno simple en un caso que lo enfrenta al senador de izquierdas Iván Cepeda.

Uribe denuncia condena sin pruebas

Todo hace parte de un proceso que el mismo Uribe inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos a Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.

Sin embargo, el magistrado del caso no solo desestimó esa denuncia sino que ordenó investigar al expresidente por intentar «comprar» falsos testigos en cárceles, por medio del abogado Diego Cadena, con quien mantenía contacto, para que declararan en contra de Cepeda.

«No hay una sola prueba que sustente este fallo político que me condena», subrayó Uribe, quien contestó el argumento de la acusación, acogido por la jueza, de que fue él quien mandó a Cadena buscar testigos contra Cepeda entre exparamilitares presos.

Uribe cuestionó además a la jueza por comisionar al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir «la correspondiente boleta de encarcelación» y «proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos».

El expresidente reclamó también a la jueza por mencionar al comienzo de la audiencia de hoy a su hijo Tomás Uribe Moreno como una de las personas que supuestamente filtró a la prensa la sentencia condenatoria horas antes de que la hiciera pública, señalando que carece de «gallardía».

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El documento señala que la jueza del Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, resolvió imponer a Uribe una pena, en primera instancia, de 12 años de prisión, una multa de más de 3.400 millones de pesos colombianos (unos 822.000 dólares) y además lo inhabilita por más de ocho años para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La jueza también comisiona al Centro de Servicios Judiciales de Rionegro, el municipio del departamento de Antioquia donde reside el expresidente, para expedir «la correspondiente boleta de encarcelación» y «proceder a su traslado inmediato a su domicilio donde cumplirá la prisión domiciliaria y se realizarán los controles respectivos».

Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, se convirtió el lunes en el primer expresidente colombiano en ser condenado penalmente en el denominado ‘juicio del siglo’ en Colombia, aunque su defensa ya anunció que apelará la decisión judicial ante el Tribunal Superior de Bogotá.

En la audiencia de lectura del fallo, Heredia había anticipado que, para los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal, la ley prevé una condena de «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho», pero la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).

Sentencia contra Uribe

La sentencia, de más de 1.100 páginas, fija una pena de 91 meses de prisión por el delito de soborno en actuación penal, con 29 meses más por concurso homogéneo, es decir por la participación de varias personas, lo que equivale a un total de 120 meses o 10 años.

«Como quiera que esta conducta se cometió en concurso homogéneo, fueron tres testigos de los cuales se acreditó soborno por interpuesta persona, en este caso Juan Guillermo Monsalve Pineda, Carlos Enrique Vélez Ramírez y Eurídice Cortés Velasco«, por lo que, agrega la sentencia «se aumenta la pena por los dos delitos restantes en 29 meses para un total de 120 meses de prisión».

Por el delito de fraude procesal, la jueza estableció una condena de 104 meses de prisión. Sin embargo, estableció el soborno en actuación penal como el delito base y sumó dos años más en virtud del fraude.

En la audiencia del lunes, que por más diez horas acaparó la atención del país, la jueza consideró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un «fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal».

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Los fiscales realizaron una presentación ante la Cámara de Casación Penal, a la que tuvo acceso EFE y que solicita que «se revoque el arresto domiciliario de Cristina Elisabet Fernández para que continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria».

Luciani y Mola buscan impugnar el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2, del pasado 17 de junio, que dispuso la detención de la exmandataria bajo la modalidad de prisión domiciliaria en su vivienda de Buenos Aires.

Los fiscales sostuvieron que la medida debe ser revocada porque «no se verifican las causales que habilitan el acceso» a la prisión domiciliaria, en términos de seguridad y cumplimiento efectivo de la pena, tal como fue solicitado por la defensa.

Según argumentaron, el domicilio no garantiza condiciones mínimas de seguridad, tanto para la convivencia en el barrio como para la integridad de la propia condenada.

Polémica tras la detención de Fernández

De no prosperar el pedido de revocatoria, los fiscales propusieron que al menos se disponga el cumplimiento de la prisión domiciliaria en un lugar distinto, que ofrezca garantías de seguridad adecuadas.

Además, solicitaron que se establezcan pautas de conducta más estrictas hasta que se defina la modalidad definitiva del cumplimiento de la pena.

Este pedido tiene lugar tras una polémica desatada tras la detención de la expresidenta en torno al uso de su balcón, desde donde saludó en numerosas ocasiones a los seguidores que se concentraron en las inmediaciones de la vivienda tras la entrada en vigor de su condena, y que finalmente sí podrá utilizar pero con «prudencia» para evitar «perturbar la tranquilidad y la convivencia pacífica del vecindario y sus habitantes», según dictaminó la Justicia.

Tras la solicitud de los fiscales, la Cámara de Casación Penal deberá resolver no solo este pedido, sino otros planteos pendientes vinculados a la ejecución de la condena de la exmandataria.

La Corte Suprema de Argentina rechazó el pasado 10 de junio un recurso presentado por la expresidenta y ratificó así su condena en la causa conocida como ‘Vialidad’, en la que se investigaron irregularidades en la concesión de obras viales en la provincia de Santa Cruz durante su Gobierno y el de su ya difundo marido, Néstor Kirchner (2003-2007).

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Junto a Glas, que estuvo en la sala de audiencias de manera presencial, también fue condenado a los mismos años de prisión Carlos Bernal, exsecretario técnico del Comité de Reconstrucción de Manabí, creado con el objetivo de llevar adelante las obras de mayor urgencia, quienes además deberán pagar una multa de 60 salarios básicos unificados (28.200 dólares) y una indemnización de 250 millones de dólares.

El tribunal, compuesto por los jueces Mercedes Caicedo, Marco Rodríguez y Javier De la Cadena, determinó que Glas y Bernal utilizaron sus cargos como presidente y secretario del Comité para «abusar de dineros públicos» que debían ser utilizados «para la atención a las víctimas del terremoto».

Los magistrados dieron por probada la tesis de la Fiscalía, que durante el juicio del caso denominado como Reconstrucción, aseguró que Glas, quien presidió el Comité, y Bernal priorizaron proyectos de obras que no eran urgentes y que no se atendieron los requerimientos urgentes de los afectados por el terremoto, lo que generó un perjuicio al Estado de más de 225 millones dólares.

La financiación de estas obras, algunas de ellas inconclusas o catalogadas como innecesarias, salió de fondos de la Ley de Solidaridad, que fue creada para paliar los daños del sismo.

«Este dinero de los ecuatorianos se destinó a 11 proyectos no prioritarios que habrían beneficiado a intereses particulares en la asignación y firma de contratos, y en los valores cancelados por contratos complementarios y de fiscalización», señaló el Ministerio Público.

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El magnate recibió el veredicto de un jurado popular de Nueva York sentado en el banquillo de los acusados con cara triste y el ceño fruncido. Tal vez el resultado no le sorprendió, ya que ayer dijo a la prensa que ni la monja y Premio Nobel de la Paz, Teresa de Calcuta, podría llegar a ser declarada «no culpable» en este juicio «amañado».

Desde que empezó este juicio, hace un mes y medio, Trump ha señalado que el juicio se trata de una caza de brujas por parte de los demócratas para intervenir en su candidatura presidencial.

«El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará (en las elecciones presidenciales) el 5 de noviembre el pueblo de Estados Unidos», declaró hoy el precandidato republicano a la prensa a las puertas de la sala nada más conocer el veredicto.

Por su parte, la campaña del presidente estadounidense, Joe Biden, consideró que el veredicto, que se tomó tras casi doce horas de deliberación, muestra que «nadie está por encima de la ley».

El expresidente Trump se considera un perseguido político (Fuente de imagen referencial principal: EFE/Justine Lane)

¿Irá Trump a la cárcel?

El jurado, compuesto por siete hombres y cinco mujeres, era el encargado de decidir si el exmandatario era culpable o no de los 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales, todos relacionados con el reembolso a su abogado por pagar en 2016 un total de 130.000 dólares (unos 120.000 euros) a la actriz porno Stormy Daniels para silenciar una relación sexual en 2006.

Pero la responsabilidad de dictaminar la sentencia caerá sobre el juez Juan M. Mechan, que anunció que su decisión se conocerá el 11 de julio a las 10:00 hora local (14:00 GMT), es decir, exactamente seis semanas a partir de hoy.

Trump podría ser condenado a arresto domiciliario y hasta a cuatro años de prisión, pero es poco probable que el magnate termine entre rejas, ya que no cuenta con un expediente criminal. En todo caso, no podrá votar en elecciones pese a ser el candidato mejor posicionado para ganarlas.

El jurado declaró culpable a Trump por 34 cargos penales (Fuente de esta imagen referencial: EFE/EPA/Justin Lane)

Respuesta del expresidente

Trump (2017-2021), tras ser declarado culpable de todos los cargos este jueves en el juicio penal en Nueva York, arremetió contra el proceso y lo calificó de «amaño» y una «vergüenza», y consideró que los votantes le darán un «veredicto real» en las próximas elecciones.

«El juicio fue un amaño y una gran vergüenza. El veredicto real lo dará el 5 de noviembre el pueblo», declaró el candidato republicano a la prensa a las puertas de la sala, con semblante cansado y serio, arremetiendo como otras veces contra el juez y clamando contra una supuesta persecución política.

Con una visible falta de energía, Trump aseguró que seguirá «luchando» y aprovechó para lanzar algunos de sus temas de campaña: «Ya no tenemos el mismo país, tenemos un desastre dividido. Estamos en declive, con millones de personas colándose desde prisiones e instituciones mentales, terroristas apoderándose del país».

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«Es un caso a todas luces politizado y donde se pretende instrumentalizar la justicia internacional para agredir a Venezuela, a sus altas autoridades, a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestros organismos de seguridad que han estado en primera línea en defensa de la paz y tranquilidad de nuestra República», dijo la funcionaria en declaraciones ofrecidas al canal estatal VTV.

Para Rodríguez es una investigación basada en «las redes sociales de los opositores extremistas de Venezuela»

La vicepresidenta aseguró que se trata de una investigación basada en «las redes sociales de los opositores extremistas de Venezuela», y reiteró que en el país «nunca se han cometido» crímenes de este tipo.

«La verdad es que aquí nunca se han cometido delitos de lesa humanidad y que el sistema de justicia venezolano ha estado en primera línea para la investigación y la resolución de los casos en los que se haya cometido algún tipo de delito, pero que nada tienen que ver con delitos previstos en el Estatuto de Roma ni delitos de lesa humanidad», sentenció.

Rodríguez indicó que «apenas el 20 % de la información suministrada por Venezuela» a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI fue «tomada en consideración» para desestimar la apelación.

No obstante, insistió en que la nación seguirá ejerciendo «todos los recursos que existan para defender la verdad de Venezuela«.

Venezuela rechaza infundada decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional, que pretende ocultar la verdad de Venezuela, en un caso evidente de instrumentalización política contra el país. Ha quedado demostrado la politización de este órgano de… pic.twitter.com/DRM2hn3Ipj

— Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) March 1, 2024

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El organismo confirmó la decisión del 27 de junio de 2023 de la Sala Primera de Cuestiones Preliminares que autorizó al fiscal de la CPI, Karim Khan, a reanudar la investigación.

“No encontramos error alguno en la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares”, indicó Marc Perrin de Brichambaut, presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI sobre el caso de Venezuela.

La decisión fue desestimar la apelación presentada por el gobierno de Nicolás Maduro de manera unánime.

La Fiscalía de la CPI está llevando a cabo una investigación sobre posibles casos de responsabilidad penal relacionados con la comisión de crímenes muy graves perpetrados en Venezuela desde 2014. Se investigan las presuntas responsabilidades individuales de aquellos que forman parte de las cadenas de mando del poder.

La sentencia se esperaba desde noviembre de 2023, fecha en la que se llevaron a cabo dos audiencias de apelación en relación con la investigación sobre Venezuela en la CPI.

📺Hoy a las 15:00(CET)-#Venezuela I situación: #CPI Los jueces dictarán sentencia acerca del recurso de apelación sobre la reanudación de las investigaciones.
Seguir en directo
➡️Web: https://t.co/yoW8YA9FXl
➡️FB: https://t.co/QOV8HyULt6
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— CPI-Cour pénale int. (@CourPenaleInt) March 1, 2024

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Esto, debido al incumplimiento de contrato al no construir 2.400 viviendas en un terreno ubicado en Mariche, municipio Sucre del estado Miranda.

Así lo informó la magistrada Bárbara Siero, vicepresidenta de la Sala Político Administrativa del TSJ.

Asimismo, se informa que la sentencia del TSJ SPA N°. 930 19/10/2023 obliga a Odebrecht a reintegrar los montos del anticipo que se le habían otorgado.

En ese entonces, Seguros Caroní fungía como fiadora de Odebrecht por lo que deberá responder en caso de que la empresa no cumpla con el pago.

Sentencia SPA N°. 930 19/10/23. Condenada Constructora #Odebrecht por Incumplimiento de Contrato con @metro_caracas al no construir 2400 viviendas en el Estado Miranda. Deberá reintegrar los montos de anticipo solidariamente con la fiadora Seguros Caroní. https://t.co/SJRVwUqPzr pic.twitter.com/6AbnuexG6s

— BÁRBARA GABRIELA CÉSAR SIERO ⚖️🇻🇪 (@BarbaraCesarS) October 20, 2023

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios nacionales

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El Tribunal Judicial de Distrito de Lisboa emitió la determinación, marcando un hito en esta compleja disputa.

Un veredicto de importancia

La sentencia divulgada por el periodista Vladimir Villegas, resalta la decisión del tribunal lisboeta de permitir que el gobierno de Nicolás Maduro pueda acceder y disponer de los recursos una vez que se publique oficialmente la sentencia en la nación europea.

Este veredicto representa un cambio crucial en la administración de los activos congelados.

El largo camino recorrido

Los fondos en cuestión habían quedado inmovilizados en Portugal tras el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.

Ahora, con la devolución de estos fondos, se plantea una nueva dinámica en la lucha por el control de los recursos financieros, añadiendo una dimensión diplomática a este complejo escenario.

Contexto diplomático: Una batalla que continúa

Esta decisión pone de relieve las tensiones y desafíos que persisten en la arena internacional respecto a la crisis política en Venezuela.

La solicitud de liberar los activos por parte del gobierno de Nicolás Maduro ha sido un punto de discusión desde el año 2019, evidenciando la tenacidad de las gestiones diplomáticas involucradas.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

Fuente de la imagen referencial: Unsplash/ Liam Mckay

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Jeanine Áñez, quien asumió el cargo de Presidenta interina tras la renuncia de Evo Morales, ha sido condenada por el delito de resoluciones contrarias a la Constitución.

La defensa de Áñez, encabezada por el abogado Luis Guillén, ha anunciado que pedirán aclaraciones debido a las inconsistencias encontradas en el fallo.

Contradicciones en el fallo y solicitud de aclaraciones

El abogado Luis Guillén ha revelado que el documento emitido por el tribunal, con un extenso total de 351 páginas, analiza detalladamente los elementos que han sido apelados durante el proceso.

Sin embargo, a pesar de las apelaciones presentadas por la defensa, el tribunal ha ratificado la resolución de la primera instancia, confirmando así la condena de 10 años de prisión para Jeanine Áñez.

La defensa de la exmandataria ha detectado contradicciones en el fallo, lo que ha generado preocupación y la necesidad de buscar aclaraciones por parte de las autoridades judiciales.

Según Guillén, se ha identificado una serie de inconsistencias que requieren una revisión exhaustiva para garantizar la justicia en el caso de su representada.

Un desenlace legal controvertido

El caso de Jeanine Áñez ha sido objeto de controversia y polarización en Bolivia. Algunos consideran que su asunción a la Presidencia interina fue un acto necesario para restablecer el orden constitucional en medio de una crisis política, mientras que otros la acusan de actuar de manera ilegítima y antidemocrática.

La condena de 10 años de cárcel ha generado opiniones divididas en la sociedad boliviana y ha avivado el debate sobre la justicia y la política en el país.

En busca de claridad y justicia

La defensa de Jeanine Áñez buscará obtener las aclaraciones necesarias sobre las contradicciones presentes en el fallo del tribunal. La solicitud de aclaraciones tiene como objetivo esclarecer las dudas y garantizar un proceso justo y transparente para la exmandataria.

Mientras tanto, Bolivia se mantiene atenta a los desarrollos legales en este caso que ha capturado la atención nacional e internacional.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Tingey Injury

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El tirador que mató a 23 personas en un ataque racista contra clientes hispanos y migrantes en un Walmart de Texas ha sido condenado a 90 cadenas perpetuas consecutivas en una prisión federal de Estados Unidos.  #Euronews pic.twitter.com/QOaByWuLnT

— Dereck Blanco (@dereckblanco) July 8, 2023

Patrick Crusius, asesino racista de 23 personas en un supermercado de la cadena Walmart, hecho acontecido en agosto de 2019, recibe sentencia a 90 cadenas perpetuas, cerrando El Paso, Texas, uno de sus momentos más dolorosos y estremecedores.

Patrick Crusius, el autor de la matanza de 2019 en un supermercado de El Paso (Texas, EE UU) que causó 23 muertos, fue sentenciado este viernes 7 de julio a 90 cadenas perpetuas consecutivas por ese ataque dirigido contra hispanos e inmigrantes. Foto: El Paso Times pic.twitter.com/XhtJOByG7R

— Diario Panorama (@diariopanorama) July 8, 2023

Crusius, no mostró ninguna reacción al momento de escuchar su sentencia, que pagará en una prisión de máxima seguridad en Colorado.

En febrero, Crusius se declaró culpable de 90 cargos federales de asesinato y crímenes de odio por el tiroteo en una tienda Walmart de clientela mayoritariamente latina, a cambio de lo cual el Gobierno estadounidense no pidió la pena de muertehttps://t.co/q3Kk4C7iZY

— Radio Fe y Alegría Noticias (@radiofeyalegria) July 8, 2023

Esposado y vestido con un mono de prisión color azul marino, encarado por uno de los familiares de sus víctimas. “Te veremos nuevamente, cobarde. Te vas sin pedir perdón, sin decir nada”, le gritaron en referencia al nuevo proceso judicial que llevará la Fiscalía de Texas, que ha adelantado que solicitará la pena de muerte.

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Con información de CNN, Telemundo, otros medios, agencias y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Tw / @eltiempolatino

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El fallo supone una victoria para Guaidó, que logró el reconocimiento de Reino Unido como único presidente legítimo e interino de la nación caribeña, y echó por tierra las sentencias del Tribunal Supremo designado por Maduro, que anulaban los nombramientos del opositor a la junta del Banco Central de Venezuela (BCV) designada por él mismo.

No obstante, Juan Guaidó tampoco tendrá acceso a las reservas de oro, por ahora

La jueza Sara Cockerill indicó así que no existe «base legal» en Reino Unido para anular estos nombramientos, por lo que, tras un juicio que duró cuatro días, se decidió que Maduro no tiene derecho a acceder a los aproximadamente 1.000 millones de euros en reservas de oro que se encuentran en el Banco de Inglaterra.

No obstante, la Justicia británica tampoco concede a Guaidó acceso a los lingotes de oro, una cuestión que deberá resolverse en otra audiencia judicial al respecto, tal y como informó la cadena de televisión BBC.

El caso se remonta a mayo de 2020, cuando el BCV presentó una demanda contra el Banco de Inglaterra por su negativa a dar acceso a las reservas de oro. La institución inglesa explicó entonces que reconocían a Guaidó como el mandatario del país, por lo que se negó a responder a una institución que estaba bajo el control de Maduro.

De este modo, el gobierno venezolano señaló que seguirá esforzándose para lograr acceso a las reservas y calificó el fallo de «desafortunado». «Se basa en un estrecho asunto legal sobre el reconocimiento de jueces extranjeros», comentó el representante legal del BCV, Sarosh Zaiwalla.

Venezuela:

Puedo ratificarles que el oro del país que está en Inglaterra seguirá protegido de las garras de la dictadura.

El oro es de los venezolanos, no de Maduro. Las oportunidades y el futuro de nuestra nación contarán con recursos que sí estarán al servicio de la gente. https://t.co/zLIRBmKJ4Z

— Juan Guaidó (@jguaido) July 29, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa y redes sociales

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En este sentido, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, destacó la actuación del Ministerio Público (MP) en las pruebas presentadas por los fiscales y expertos.

“En el desarrollo del juicio se logró demostrar con 40 pruebas documentales, incorporadas al juicio y 35 órganos de pruebas presentados por el Ministerio Público, la plena responsabilidad de dicho Sargento, por los delitos de homicidio calificado ejecutado con alevosía y por motivos fútiles, art 406, ordinal 2 del Código Penal y el uso indebido de arma orgánica, art 115 de la Ley para el Desarme y Control de Armas y Municiones”, expresó Saab a través de Twitter.

De esta manera, el Tribunal de la causa fijó como lugar de reclusión el Centro Nacional de Procesados Militares, en Ramo Verde, ubicado Los Teques, estado Miranda.

1) #CONDENADO el sargento Arli Mendez Terán a solicitud del Ministerio Público: por el Tribunal 15 de Juicio como responsable de la muerte de David Vallenilla: dicha pena será de 23 años de prisión por los delitos de Homicidio Calificado y Uso indebido de Arma Organica #JUSTICIA

— Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 23, 2021

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Gabriela Morales

Con información de medios nacionales y redes sociales