“El 100 % del incendio fue controlado y extinguido gracias al trabajo conjunto durante tres días. Actualmente, las autoridades se encuentran en el proceso de caracterización de las familias afectadas y de los daños ocasionados”, indicó este martes a EFE el alcalde de Ábrego, Huber Darío Sánchez Ortega.

Fueron tres días de labores continuas para lograr apagar el fuego, el cual afectó veredas como Berlín, Paramillo, La Estancia, El Chorro, Oroque, Monterredondo y Brisas del Tarra. Además, las llamas destruyeron por completo el sector turístico El Mirador, diversas atracciones e infraestructura al aire libre.

A esto se suma el duro golpe a la economía de las familias campesinas del Catatumbo, tras la pérdida masiva de hectáreas sembradas de cebolla ocañera, pepino y fríjol, cultivos fundamentales para el sustento de la región.

El alcalde explicó que además se reportaron daños severos en las tuberías y mangueras del acueducto local, lo que dejó a varios predios sin riego y afectó gravemente la flora, la fauna y la producción agrícola.

La emergencia también amenazó Cerro Negro, un punto hídrico vital para el abastecimiento de agua en esta subregión del noroeste de Colombia.

Asimismo, Sánchez destacó el esfuerzo de la comunidad, campesinos y voluntarios que colaboraron en la creación de cortafuegos para evitar una propagación mayor.

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Según la información, el ataque fue perpetrado el viernes por la noche por el Frente Camilo Torres Restrepo del Ejército de Liberación Nacional (ELN), que atacó la unidad militar de El Trapiche, situada en la zona urbana de Ocaña.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, lamentó anoche la muerte de un capitán y un soldado durante el ataque; sin embargo, este sábado se dio a conocer el fallecimiento de un tercer uniformado como consecuencia de las heridas sufridas.

«Lamentamos profundamente el asesinato del capitán Marco David Pirajón Montezuma y de los soldados profesionales Jhon Carlos Marrugo Manjarrez y Joel Alberto Jiménez Jaramillo, víctimas del atentado ocurrido en Norte de Santander», detalló el Ministerio de Defensa en su cuenta de X.

Como resultado del atentado, además de las víctimas mortales, cinco militares fueron heridos y un helicóptero resultó con daños luego de ser alcanzado por esquirlas.

De manera simultánea, integrantes del ELN atacaron la estación de Policía de Guamalito, en el municipio de El Carmen, a menos de horas de Ocaña, donde los uniformados «activaron los protocolos establecidos para proteger a la comunidad y preservar las condiciones de seguridad».

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El ataque, achacado a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), fue cometido con un auto cargado con 80 kilogramos de explosivos en el municipio de Los Patios, aledaño a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander.

«Aquí nadie se acobarda. Los vamos a combatir y vamos a liberar este departamento de la violencia por la razón o por la fuerza», expresó el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, durante un consejo de seguridad en Cúcuta.

Entre los heridos hay dos policías con lesiones de gravedad, mientras que hay cuantiosos daños materiales en la infraestructura policial y comercial de la zona, la cual se quedó sin electricidad durante varias horas.

La explosión causó un incendio en la estación policial y en varias motocicletas de los uniformados, y provocó el pánico entre los habitantes del sector, según constató EFE en la zona.

El pasado 31 de julio, al menos ocho policías y otras tres personas resultaron heridos por la explosión de un vehículo bomba cerca del comando de la Policía de Norte de Santander en Cúcuta, que fue seguida de otras detonaciones.

En Norte de Santander, y en especial en la convulsa región del Catatumbo, operan distintos grupos armados ilegales, entre ellos el ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC.

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La concentración tuvo lugar en el malecón de Cúcuta donde fotografías de hombres y mujeres que fueron víctimas de desaparición ocuparon sillas vacías al lado de parientes suyos que, vestidos de blanco y con banderas de Colombia, fueron su voz en este día.

Detrás de cada foto, pancarta o camiseta hay un rostro, un nombre y una familia que aprendió a habitar en la incertidumbre en esta región que hace décadas sufre las consecuencias del conflicto armado por la presencia constante de grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales.

Testimonios

Para Aída María Pérez, el tiempo se detuvo en 2001 cuando su hijo, Jhon Jairo Useche Pérez, tenía apenas 15 años y salió de Cúcuta para visitar a una tía en El Tarra, un pueblo de la convulsa región del Catatumbo, que abarca buena parte de Norte de Santander.

El joven llegó a su destino pero en el trayecto de regreso, en las calles de la localidad de Tibú, se perdió su rastro. La única versión que Aída ha podido obtener apunta a que paramilitares lo interceptaron por la noche y desde entonces el silencio es absoluto.

Ante la falta de avances institucionales en su búsqueda por el conflicto en la zona, Aída ha viajado sola varias veces a Tibú en busca de respuestas pero siempre vuelve con las manos vacías.

Ha pasado un cuarto de siglo desde la desaparición de su hijo pero la mujer no abandona la búsqueda y hoy, ya de edad avanzada, solo tiene un deseo: volver a verlo.

Historias como la de Aída se multiplicaron durante la jornada de este domingo en la que otra mujer, Ida Rosa Ortega, recordó a su hijo, Wilmer Eliécer Parra Ortega, desaparecido hace 12 años en La Parada, en la frontera entre Colombia y Venezuela, mientras trabajaba como mototaxista.

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Los heridos son «ocho policías y tres particulares», dijo a EFE el secretario de Seguridad Ciudadana de Norte de Santander, George Quintero, sobre este ataque perpetrado de madrugada contra el comando policial, situado en el barrio Tasajero, muy cerca de viviendas y locales comerciales que sufrieron daños materiales por la explosión.

La zona donde se produjo el atentado está cerca del mercado público Cenabastos, punto al que llegan de madrugada camiones cargados con productos del campo, y por esa razón el vehículo que transportaba los explosivos no llamó la atención de las autoridades.

Después de esta detonación, fueron lanzados varios artefactos explosivos en el mismo sector y una de las personas que resultó herida es una mujer que vendía café en un puesto callejero.

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«El cartel del narcotráfico y el terrorismo del ELN persiste en amenazar al pueblo colombiano […] en algo que cínicamente llaman ‘paro armado’, que no es más que constreñimiento criminal«, expresó Sánchez en una declaración.

El ministro señaló que «este grupo amenaza a Colombia» y que por eso «desplegó todas las capacidades» para enfrentarla. «Todos nuestros militares y policías están (en) alerta para neutralizar esta amenaza que tanto daño le ha hecho a Colombia», añadió.

El ELN anunció el paro armado de 72 horas por «las amenazas de intervención imperialista» y la «nueva fase del plan neocolonial» del presidente estadounidense, Donald Trump.

«La injerencia del imperialismo norteamericano pretende recrudecer el saqueo de nuestros bienes naturales y riquezas nacionales, despojo al que nos seguiremos oponiendo», expresó la guerrilla en un comunicado.

El ELN, sin embargo, no precisó si el paro armado afectará todas las regiones donde tiene presencia y capacidad de control, que según la ONG Insight Crime abarca al menos 231 municipios en 19 de los 32 departamentos de Colombia —con bastiones en Chocó, Norte de Santander y Arauca— además de ocho estados de Venezuela.

Detalles del paro armado del ELN

El paro armado comenzará el 14 de diciembre a las 06.00 hora local (11.00 GMT) y se extenderá hasta el 17 de diciembre a la misma hora.

En los paros armados, la guerrilla suele restringir el desplazamiento de vehículos por carreteras y ríos, la movilidad de las personas e incluso ordena el cierre de comercios, además de cometer agresiones y amenazar a todo aquel que no cumpla estas restricciones.

El ELN ha mantenido una postura crítica hacia Estados Unidos, al que acusa desde hace meses de adelantar «acciones intervencionistas» en América Latina, en medio del despliegue militar estadounidense en el sur del Caribe y en el Pacífico.

El anuncio del paro armado se conoce además en un momento de estancamiento de los diálogos de paz entre el Gobierno colombiano y el ELN, después de que un cese al fuego bilateral venciera en agosto de 2024 sin que se lograra reactivarlo.

La política de ‘paz total’ del presidente colombiano, Gustavo Petro, sigue sin avances significativos con esta guerrilla, mientras organismos internacionales alertan del deterioro del conflicto armado en varias regiones del país.

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El memorando de entendimiento, firmado el 17 de julio en Caracas por la ministra de Comercio, Industria y Turismo colombiana, Diana Morales, y la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, establece un marco de cooperación para la implementación de la primera zona económica compartida entre ambos países, que tendrá una vigencia de cinco años.

La iniciativa contempla la integración productiva, el fortalecimiento del comercio bilateral y el impulso conjunto de proyectos sociales y de infraestructura en los sectores de salud, educación, cultura, turismo, transporte, gas, petróleo y electricidad.

Aunque el acuerdo aclara que la creación de esta zona binacional no limita la soberanía de ninguna de las partes ni compromete presupuestos, hizo saltar las alarmas de sectores opositores colombianos e incluso un precandidato presidencial, el derechista Abelardo de la Espriella, presentó una demanda ante el Consejo de Estado.

Espriella pidió al tribunal supremo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo anular el acuerdo, argumentando que la ministra de Comercio no tenía la autoridad para firmarlo, ya que, en su opinión, «exige la firma de un tratado internacional».

Críticas de la oposición colombiana

El expresidente Álvaro Uribe (2002-2010) consideró «inaceptable» el acuerdo firmado y aseguró en un video publicado en X que representa «un paso adelante en la entrega del país (Colombia) a la criminalidad internacional».

Una de las figuras más críticas con Petro, la senadora María Fernanda Cabal, del mismo partido de Uribe, Centro Democrático, recalcó que si su formación política de derechas sale ganadora en las elecciones presidenciales de 2026 revertirán «las decisiones de Petro que le entregan» la soberanía de Colombia a Maduro.

Petro respondió que «una zona binacional no es entregar la soberanía de la patria, es crear las condiciones sociales y económicas que permitan que dos pueblos, de sangre e historia común, prosperen«.

Para el mandatario colombiano, la verdadera pérdida de soberanía ocurre cuando mafias extranjeras y nacionales dominan la población fronteriza con «las armas y el terror».

La cuestión de la soberanía

Por su parte, la ministra colombiana Morales calificó el acuerdo como «un paso firme para recuperar la soberanía», y subrayó que permitirá al Estado intervenir en territorios históricamente excluidos y fomentar dinámicas de integración productiva.

En cambio, la politóloga Sandra Borda, profesora de la Universidad de los Andes, advirtió en X que el mayor riesgo del acuerdo es la falta de garantías democráticas en Venezuela.

«Las autocracias no son socios confiables (…) Cualquier forma de acuerdo internacional implica una cesión parcial de la soberanía, y esas cesiones solo se hacen cuando la contraparte es confiable».

De acuerdo con Borda, «ninguna de esas condiciones se cumple en el caso del acuerdo que regirá esta zona binacional».

Aspiraciones para ampliar la zona

Según el memorando de entendimiento, el objetivo de la integración es «armonizar marcos normativos, facilitar inversiones públicas y privadas, mejorar la conectividad y crear condiciones para la industrialización y el desarrollo regional«.

Aunque por ahora la propuesta solo abarca los estados venezolanos de Táchira y Zulia, y el departamento colombiano de Norte de Santander, también contempla la creación de otras zonas económicas en la frontera común de 2.219 kilómetros.

En este sentido, Nicolás Maduro declaró que aspira a que se amplíe a toda la frontera, lo que incluiría los departamentos del Cesar y La Guajira, en el norte de Colombia, y del Amazonas, Vichada y Guainía, en el sur.

El departamento de Norte de Santander comprende al Catatumbo, un territorio con la segunda mayor concentración de cultivos de hoja de coca del país, y donde tiene influencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

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«Un total de 812 desplazados han sido asistidos en los cuatro puntos de atención humanitaria, instalados por el gobierno bolivariano en el municipio Jesús María Semprún, estado Zulia, desde el jueves hasta este domingo», señaló la cartera de Estado.

Asimismo, dijo que el viceministro para Gestión de Riesgo y Protección Civil, Juan Carlos Oti, llevó a cabo una supervisión en la que constató la atención que se brinda a los ciudadanos en materia de salud, comida, transporte y «garantía de identidad».

Al menos 80 personas perdieron la vida por los enfrentamientos en la zona del Catatumbo

«Entre los asistidos se encuentran 352 hombres, 258 mujeres y 202 niños en los corredores humanitarios en los puntos kilómetro 16, Destacamento de Comandos Rurales 11-1 ‘Mi Ranchito’, Puente Ecuador y la Escuela Esmirda de Muñoz, centros de apoyo que reciben a los afectados», añadió.

El gobierno colombiano y las Fuerzas Militares están centrados en el envío de ayuda humanitaria y el rescate de personas en riesgo por los combates entre el ELN y una disidencia de las FARC en la convulsa región del Catatumbo, noreste del país, cerca de la frontera con Venezuela, que ha dejado al menos 80 muertos, informaron el domingo las autoridades.

«Se ha producido la extracción de importantes líderes de la región, de firmantes de paz, pero también de familias de firmantes», explicó el ministro de Defensa, Iván Velásquez, tras un consejo de seguridad en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, donde se están produciendo los enfrentamientos.

Negociaciones suspendidas

El presidente colombiano, Gustavo Petro, que el viernes visitó Tibú, anunció la suspensión de los diálogos de paz con el ELN, al que acusó de cometer «crímenes de guerra» en el Catatumbo y del que dijo que no tiene «ninguna voluntad de paz».

La negociación está suspendida hasta que el ELN definitivamente decida «caminar hacia la paz» porque «este país no aguanta más estos vaivenes», explicó por su parte la jefa de la delegación del gobierno en los diálogos, Vera Grabe.

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La Cancillería colombiana indicó a través de un comunicado que la decisión surgió luego de que el exjefe paramilitar, Salvatore Mancuso, indicara el jueves pasado que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) arrojaron los cuerpos de 200 de sus víctimas en el lado venezolano de la frontera, tras la destrucción de un “horno crematorio” en el que desaparecieron a centenares de personas.

“Acordamos proporcionar unos prontos y eficaces mecanismos institucionales que permitan localizar los restos mortales de nacionales colombianos dados por desaparecidos en zona de frontera, sepultados en territorio venezolano según manifestaciones del señor Salvatore Mancuso“, agregó la Cancillería neogranadina.

Mancuso, recluido en Estados Unidos por narcotráfico, reveló los detalles del hecho en una audiencia virtual ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en la que el jefe paramilitar indicó que decidieron “destruir el horno” en el que el Frente Fronteras, unidad del Bloque Catatumbo de las AUC, incineraba a sus víctimas.

“Entonces empezó una práctica diferente que fue a todas las víctimas arrojarlas en territorio venezolano. Unas al lado del río (Táchira) para que el río las llevara y las dejara del lado de Venezuela, y otras en las que algunos miembros de las Autodefensas ingresaron a Venezuela para dejarlas en fosas”, expresó Mancuso.

El exdirigente de las AUC aseveró que en el lado venezolano de la frontera hay enterradas “por lo menos unas 200 o más de 200 personas» asesinadas por las autodefensas.

El Gobierno colombiano hizo un acto el martes pasado en memoria y reconocimiento de las víctimas de desaparición forzada, en el que participó Mancuso de manera virtual, quien ofreció detalles sobre lo que hacían en los hornos crematorios.

El acto se llevó a cabo en Juan Frío, una localidad del municipio de Villa del Rosario, en el Norte de Santander, donde las Autodefensas establecieron un centro de operaciones contra la guerrilla y quemaron a centenares de sus víctimas en improvisados hornos crematorios, con el fin de no dejar rastro de sus asesinatos.

Organizaciones de Derechos Humanos estipulan que los paramilitares del Frente Fronteras incineraron en los hornos a unas 500 personas para desaparecerlas y borrar toda evidencia de sus crímenes, bajo el mando de Jorge Iván Laverde, alias “El Iguano”.

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«Vamos a proponerle al presidente Gustavo Petro la construcción de una gran zona económica comercial productiva entre Norte de Santander y el estado Táchira completo. Una zona binacional de desarrollo económico, comercial, productivo. Ha llegado la hora de que la construyamos», dijo el mandatario.

Maduro aseguró que se tratará de «un área económica especial» que servirá de prueba y que, posteriormente, podría ser replicada en otros estados venezolanos fronterizos con el país cafetalero.

«Sería un área económica especial de ensayo, de prueba, que después podríamos replicar hacia el Zulia, hacia otras zonas del Táchira, hacia Apure, hacia Amazonas«, subrayó.

El mandatario insistió en que la apertura económica y comercial con Colombia es un hecho y aseguró que el equipo local designado para trabajar en esta activación procura una «apertura productiva y feliz» de la zona fronteriza cerrada desde 2019.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales

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“Este criminal pretendía atemorizar a la población civil y fue neutralizado gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra fuerza pública”, aseguró el mandatario colombiano a través de cuenta en la red social Twitter.

Cayó alias ‘Roque’, cabecilla del GAOR E-33 de las disidencias de las Farc en Tibú, Norte de Santander. Este criminal pretendía atemorizar a la población civil y fue neutralizado gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra fuerza pública. #ElQueLaHaceLaPaga

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 17, 2022

“Roque” fue dado de baja por las fuerzas de seguridad en un operativo especial que se llevó a cabo en la región de Tibú.

Cabe destacar que, las fuerzas de seguridad son las encargadas de ejecutar operaciones militares conjuntas y coordinadas entre el Ejército y la Policía.

#LoÚltimo En desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas con @PoliciaNteSder en el casco urbano de Tibú, fue neutralizado quien sería alias Roque, cabecilla de las milicias del GAOr-E33, en este municipio.

Operación en desarrollo… pic.twitter.com/4Hxi8qKgZi

— Mayor General Omar Esteban Sepúlveda Carvajal (@Ejercito_Div2) July 17, 2022

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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De acuerdo con información de la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ciudadanos podrán sufragar en Cúcuta, Villa del Rosario, Arauca, Guainía, La Guajira y Norte de Santander.

“Teniendo en cuenta las circunstancias del rompimiento de relaciones con Venezuela y la no reapertura de los consulados se mantienen seis puestos para el sufragio. A partir del lunes 23 hasta el domingo 29 de mayo podrán votar, con seguridad por parte de la policía y con identificación biométrica, para garantizar la votación de nuestros connacionales en territorio venezolano”, expresó el registrador nacional, Alexander Vega.

Avanzan las elecciones en los puestos fronterizos, donde 184 421 colombianos residentes en Venezuela podrán votar para elegir al presidente y al vicepresidente de la república para el periodo 2022-2026.#Elecciones2022#GarantesDeLaDemocracia#TuVotoImporta pic.twitter.com/2t2XREpmfQ

— Registraduría Nacional del Estado Civil (@Registraduria) May 23, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de medios internacionales, nacionales y redes sociales

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En una declaración del ministro de la Defensa, Diego Molano, que fue difundida a través de las redes sociales, se detalló que alias “Aurelio”, de quien no se dio su nombre completo, fue capturado en el Norte de Santander, en el caserío San Martín, del municipio de El Tarra.

El atentado ocurrió en el mes de junio durante el vuelo en el que se trasladaba el presidente colombiano hasta la región de Cúcuta

Molano explicó que “Aurelio”, además de ser el presunto responsable del atentado contra el presidente Duque y su comitiva, también está involucrado en el ataque contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, ambos hechos ocurridos en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela.

El representante del Ministerio de la Defensa de Colombia aseguró que las operaciones en Norte de Santander contra las disidencias de las FARC continúan constantemente “para recuperar la tranquilidad”.

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales

Gómez señaló que pese a los contactos, las autoridades venezolanas y colombianas están analizando la situación sanitaria para evitar una posible expansión de la pandemia.

Destacó que el protector de Táchira, Freddy Bernal, encabezó la reunión que tuvo lugar este fin de semana  con autoridades neogranadinas de los sectores de migración, aduanas, transporte, salud, educación, representadas por Víctor Bautista, emisario para asuntos fronterizos de la gobernación del Norte de Santander.

Resaltó que uno de los puntos que se trataron fue el inicio de clases de “más de 4.500 estudiantes de nacionalidad tanto venezolana como colombiana” que reciben educación en territorio colombiano y que residen en los municipios San Antonio, Ureña, García de Hevia y en Rafael Urdaneta, quienes en los próximos días con comenzaran clases presenciales.

Antes de la pandemia la frontera era cruzada por al menos 35.000 personas al día y los fines de semana por 50.000 al día

En este sentido, se esquematizó un “corredor de bioprotección  estudiantil” para que los estudiantes, padres y representantes puedan circular por el puente y para lo que se exigirá que estén vacunados.

“Se va a  disponer en territorio venezolano de un punto de vacunación para que única y exclusivamente en una jornada especial atender a padres y representantes de estos jóvenes”, apuntó.

Por otra parte, estudian la apertura del paso peatonal general, ya no solamente para casos de salud humanitarios.

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Gabriela Morales

Con información de Unión Radio y otros medios nacionales

Uno de ellos: “Como 1er. punto, establecer un cordón escolar de bioseguridad para los estudiantes que viven en los municipios fronterizos y que estudian en el Departamento de Norte de Santander”, señaló Bernal quien también explicó que en pro del bienestar de los tachirenses se reactivará el aparato económico en la entidad andina

“El Táchira quiere la reactivación de la economía y eso va de la mano con la apertura de la frontera con el Norte de Santander”, expresó.

Posteriormente agregó que se mantiene “positivo para avanzar en esta tarea. Vamos a trabajar en la expectativa de establecer acuerdos. Desde hace tiempo se habla de la apertura peatonal y comercial de la frontera. Táchira es la bisagra de conexión de 80 millones de personas entre Colombia y Venezuela”.

Colombia reabrió la frontera con Venezuela en Norte de Santander hace varios meses. Celebro reunión entre autoridades departamentales y del Táchira para permitir el flujo ordenado y bioseguro hacia Colombia. Ese proceso beneficia a personas que viven de la interacción fronteriza.

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) September 3, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

Los oficiales y patrulleros lesionados de la Policía, que comenzaban la jornada en las instalaciones ubicadas en el distrito de la ciudadela Juan Atalaya, en el norte de Cúcuta, fueron trasladados a centros de salud con heridas leves por esquirlas, aturdimiento y traumas.

“Criminales dejaron un artefacto explosivo improvisado debajo de una de las sillas del mobiliario urbano, ocasionando afectaciones a la parte física de nuestras instalaciones”, confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, brigadier general Óscar Moreno Miranda.

“Trabajadores fueron afectados, tienen algunos traumas acústicos y fueron trasladados a centros asistenciales. De la misma manera, a dos ciudadanos que pasaban también por el lugar les ocasionaron esos traumas”, aseguró el comandante.

En el departamento de Norte de Santander hay fuerte presencia de la guerrilla del ELN, de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales que se disputan el control de las siembras de coca y de las rutas del narcotráfico.

Autoridades condenan los hechos ocurridos

“Rechazo el cobarde atentado con un artefacto explosivo lanzado a la estación de nuestra Policía de Cúcuta en Juan Atalaya. Atendemos a los lesionados, a quienes les expreso mi solidaridad, y trabajamos con las autoridades en la investigación de los hechos”, aseguró el alcalde de la ciudad, Jairo Yáñez.

“Expresamos nuestra solidaridad con los heridos del atentado a las instalaciones de la Policía en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta. Nuestra solidaridad con toda la fuerza pública y los cucuteños, frente a un acto criminal que rechazamos”, manifestó por su parte la Defensoría del Pueblo.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales

«Es un atentado cobarde donde se ven impactos de bala a la aeronave presidencial», dijo el mandatario colombiano en un mensaje enviado a través de los canales oficiales.

Junto con el presidente Duque viajaban el ministro de Defensa, Diego Molano, el ministro del Interior, Daniel Palacios, y el gobernador de Norte de Santander, Silvano Serrano

A través de los medios se conoció que la aeronave recibió seis impactos de bala y la tripulación sorteó la situación. Tan pronto estaba a punto de aterrizar, los ocupantes escucharon un ruido como si algo hubiera entrado en el motor.

Duque se encontraba en Sardinata presentando los avances de su programa Paz con legalidad, revisando proyectos de inversión social y de lucha contra el narcotráfico en la zona fronteriza con Venezuela.

Ofrecemos una recompensa hasta de 3.000 millones de pesos por información que permita ubicar a los responsables del atentado contra el presidente @IvanDuque. Convocamos a la unión de los colombianos con la #FuerzaPública para derrotar juntos el terrorismo: @Diego_Molano pic.twitter.com/jU7C8p9RZQ

— Mindefensa (@mindefensa) June 26, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales, agencias de noticias y redes sociales

Colombia amaneció este jueves 6 de mayo en una tensa calma luego de las difíciles jornadas vividas desde el pasado 28 de abril, día en que se iniciaron las manifestaciones contra el gobierno del presidente Iván Duque, que hasta el momento dejan 11 fallecidos, según la Fiscalía, aunque organizaciones sociales elevan esa cifra a 37.

Durante las protestas, manifestantes bloquearon la circulación en numerosas carreteras de distintas partes del país, impidiendo el paso de camiones cargados de víveres y alimentos, e incluso de ambulancias y personal médico.

En este sentido, la Defensoría explicó en un comunicado que los corredores humanitarios que se abrieron están en Arauca, Bolívar, Cauca, Cundinamarca, Huila, Meta, Norte de Santander, Caldas, Nariño, Risaralda, Boyacá y Valle del Cauca, entre otros departamentos.

#NoticiaW | Así funciona el corredor humanitario en Cauca.

Las comunidades que participan en el paro nacional permitieron el paso de insumos médicos para los hospitales de Popayán >> https://t.co/tbm3iWvODO pic.twitter.com/OpbRZQvfqb

— W Radio Colombia (@WRadioColombia) May 6, 2021

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales y redes sociales

«Desde el 2018, el número de masacres se ha incrementado constantemente, siendo el 2020 el año con la cifra más alta registrada desde 2014», dijo la representante en Colombia del ACNUDH, Juliette Rivero, en una rueda de prensa virtual.

Asimismo, la oficina documentó 76 masacres, y está verificando cinco más, en las que fueron asesinadas, entre las 292 víctimas, 23 mujeres, seis niñas, 18 niños, siete indígenas y 10 afrodescendientes.

El incremento de la violencia se produjo sobre todo en los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Putumayo, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca, en particular zonas en las que habitan pueblos afrodescendientes, indígenas y campesinos, según indicó la representante.

«La violencia afecta los proyectos de vida de estas poblaciones y la protección de sus derechos culturales, espirituales y territoriales, entre otros», subrayó Rivero.

La violencia obligó a más de 25.000 personas a desplazarse y otras 74.312 se vieron confinadas por las restricciones impuestas por grupos armados y criminales

Un total de 73 exintegrantes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), sujetas al acuerdo de paz, fueron asesinados durante 2020, lo que sitúa el homicidio de desmovilizados desde la firma de los acuerdos de paz en 2016 en 248.

Además, la Oficina de la Alta Comisionada recibió información de 795 amenazas y agresiones a defensores de derechos humanos, de las cuales el 44% se produjeron en zonas rurales y el 14% en Bogotá, siendo esta ciudad, junto con la región de Cauca, donde más casos se produjeron el año pasado.

En 2020, la ONU recibió información sobre 133 casos de homicidios de defensores de derechos humanos, de los cuales pudieron verificar 90 y siguen verificando 25. «Esta cifra es representativa de los casos conocidos por la oficina, y por lo tanto constituyen solo una muestra del total de asesinatos ocurridos y no dan cuenta del universo completo», anunció Rivero.

En Vivo! Presentación del Informe Anual de la Alta Comisionada de la ONU para los #DerechosHumanos sobre #Colombia https://t.co/JFjqQiEcFd

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) February 23, 2021

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Gabriela Morales

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“Colombia cerró el 2020 con 1.729.537 ciudadanos venezolanos, lo cual quiere decir un 2,35 menos de lo que teníamos en 2019. De esos 1.729.537 (…) 762.000 son regulares, lo cual equivale al 44 %. Dicho de otra forma, más de 966.000 de esos migrantes son irregulares”, afirmó en una rueda de prensa.

Solo en Bogotá se concentran 337.594 venezolanos

Del total de venezolanos en el país, 852.142, que corresponden al 49 %, son mujeres, mientras que 877.395 son hombres, agregó el funcionario.

De acuerdo con este reporte, en Bogotá se concentran más de 337.594 venezolanos, seguido por la caribeña Barranquilla, con 96.360; Cúcuta, que tiene el principal paso fronterizo con ese país, con 96.133; Medellín, con 89.187 y Cali, con 59.343.

El departamento que mayor población venezolana alberga es Norte de Santander con 187.854. Le siguen Atlántico (160.736), Antioquia (156.163), La Guajira (149.575), Santander (111.879) y Cundinamarca (95.122).

También hay cifras elevadas en el Valle del Cauca (88.850), Magdalena (87.341), Bolívar (80.502) y Cesar (54.958), mientras que Vaupés es el departamento con menor cantidad de venezolanos: 72.

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Gabriela Morales

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