En una serie de publicaciones el fin de semana, el multimillonario criticó a la UE, pidiendo la «abolición» del bloque.

«La soberanía (debe) ser devuelta a los países individuales, para que los gobiernos puedan representar mejor a su gente», escribió Musk en su cuenta de X.

Los ataques de Elon Musk llegan un día después de que el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, rechazara la multa, calificándola de un «ataque» a Washington «por parte de gobiernos extranjeros».

Las infracciones de X, explicó la CE en un comunicado, incluyen el «diseño engañoso» de su marca de verificación azul, la falta de transparencia de su repositorio publicitario y la falta de acceso a los datos públicos para los investigadores.

La empresa estadounidense dispone ahora de 60 días hábiles para informar a la Comisión de las medidas específicas que tiene previsto adoptar para poner fin al incumplimiento de la DSA (Digital Services Act, en inglés) en relación con el uso engañoso de las marcas de verificación azules.

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Las autoridades surcoreanas elevaron al nivel 4, el más severo de su sistema de alerta de viaje, a los estados fronterizos de Zulia, Táchira, Apure y Sucre, con excepción de sus respectivas capitales y la parte oriental de Zulia, indicaron en un comunicado.

La prohibición, que se impone en situaciones donde existe «un nivel de riesgo muy grave que amenaza la vida y la seguridad de los ciudadanos», según el portal web de la Cancillería.

El resto del país permanece sujeto al nivel 3 de alerta, que recomienda a los ciudadanos surcoreanos abandonar la zona, desde diciembre de 2019.

Según la legislación pertinente del país asiático, quienes visiten o permanezcan en zonas sujetas a una prohibición de viaje sin un permiso especial puede ser condenados a penas de hasta un año de prisión o una multa de hasta 3 millones de wones (1.765 euros).

El Ministerio de Exteriores surcoreano adujo «los recientes acontecimientos nacionales e internacionales en Venezuela» para imponer la prohibición, en medio de las tensiones por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe y que Caracas ve como una «amenaza» para propiciar un cambio de gobierno.

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«Nuestro corazón, nuestra mente, les llega al pueblo sin necesidad de ustedes. Imbéciles les dije a la gente de YouTube, imbéciles se quedaron. Stupid, stupid, stupid, YouTube (estúpido YouTube)», manifestó Maduro en un acto transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

El líder oficialista aseguró que no le importa que su canal no esté en YouTube y que, ante esto, se abren puertas con «esfuerzo propio» porque, subrayó, no depende de esta plataforma «para nada».

«Les llegará el fin a ustedes también. Porque el que se mete con Venezuela se seca. Se secarán, señores y señoras dueñas de YouTube del imperialismo», añadió Maduro en un acto de juramentación de la comisión promotora para la constituyente obrera.

En septiembre pasado, YouTube sacó del aire el canal del mandatario, que contaba con más de 233.000 suscriptores.

Maduro y las redes sociales

En agosto de 2024, Maduro ordenó suspender, durante diez días, la red X, propiedad del magnate sudafricano Elon Musk. Desde entonces, X se mantiene bloqueada para los usuarios venezolanos.

Esa medida tuvo lugar cuando el país atravesaba una crisis tras las presidenciales de julio del año pasado.

También en agosto de 2024, Maduro acusó «a los dueños» de la red social TikTok, propiedad del chino Zhang Yiming, de promover una guerra civil en el país, y reprochó que la plataforma haya suspendido su posibilidad de hacer transmisiones en directo.

En diciembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela impuso una multa equivalente a diez millones de dólares estadounidenses a TikTok, tras señalarla de «negligencia» por no haber implementado medidas para evitar la difusión de retos virales, que, según autoridades del país, causaron la muerte de tres personas e intoxicaciones masivas en varias escuelas locales.

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«El 11 de enero del 2025, el gobierno de Colombia concedió asilo diplomático a la ciudadana venezolana María Alejandra Díaz Marín, quien argumentó ser víctima de persecución por motivos políticos e ideológicos por parte del Estado venezolano», señaló la Cancillería en un comunicado, luego de que la abogada afirmara estar asilada, desde el primer mes del año, en la embajada colombiana en Caracas.

El Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano añadió que «el gobierno de Venezuela, a través de diferentes canales diplomáticos, ha manifestado que, para el caso de la señora Díaz Marín no es necesaria la emisión de un salvoconducto en tanto que no pesa sobre ella ninguna orden de captura ni proceso judicial abierto».

«La señora María Alejandra Díaz Marín, bajo su propia responsabilidad, realizó declaraciones públicas sobre su condición de asilada, el martes 5 de agosto en la red social X, incumpliendo las condiciones pactadas al momento de otorgar el asilo diplomático», agregó la información.

La abogada, quien fue presidenta de la Comisión de DD.HH. y Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), afirmó que hace dos meses fue notificada de que «el gobierno venezolano se negaba a otorgar salvoconducto», debido a que, «según ellos», no «existía ninguna persecución».

El caso de asilo de Díaz

En octubre de 2024, el Frente Democrático Popular (FDP), una coalición del chavismo disidente de la que forma parte Díaz, interpuso un recurso ante el Supremo para que ordene la publicación desagregada de los resultados de las presidenciales, lo que fue rechazado por el máximo tribunal el mes siguiente.

Además, la Sala Constitucional impuso una multa a Díaz, quien asistió la solicitud del FDP, y ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados comenzar un «procedimiento disciplinario» en su contra, con el fin de aplicar «la sanción que corresponda».

Entonces, la sala también anunció que la abogada sería suspendida «temporalmente del ejercicio profesional».

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la nueva norma federal conjunta con el Departamento de Justicia (DOJ) que hace parte de la estrategia de la Administración republicana para presionar a los inmigrantes sin estatus a abandonar el país.

La norma establece una multa de hasta 998 dólares por día a extranjeros que incumplan intencionalmente una orden de deportación.

Los inmigrantes que no acaten una orden de salida voluntaria enfrentarían cobros de 1.992 a 9.970 dólares. Además, los extranjeros que intenten ingresar o ingresen ilegalmente al país podrían enfrentar sanciones económicas de entre 100 a 500 dólares.

Política antiinmigratoria de Trump

La nueva regla también pretende hacer cambios en las notificaciones que se deben enviar a los inmigrantes avisando sobre las multas.

Actualmente, el gobierno debe alertar a quienes se encuentran en EE.UU. sin documentos 30 días antes de comenzar a imponer los cobros, la iniciativa eliminará el plazo de 30 días.

La norma propuesta por el DHS permitiría enviar multas a los inmigrantes indocumentados por correo postal y acortará el proceso aplicable si los afectados impugnan los castigos económicos.

“El DHS considera que la naturaleza de las sanciones por no salir del país y por entrada ilegal justifica la necesidad de procedimientos más ágiles”, dice la norma propuesta.

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Los abogados del Ejecutivo comunitario sostuvieron durante la vista celebrada en la sede de la Corte, en Luxemburgo, que la compañía desplegó una estrategia hacia los fabricantes de dispositivos móviles y otros actores del sector con el objetivo de asentar y reforzar su «superioridad» en el mercado.

En concreto, Bruselas cargó contra la cláusulas que obligan a estos fabricantes a preinstalar Google Search y Google Chrome para tener acceso a una licencia de explotación en su tienda de aplicaciones Play Store y contra los acuerdos que exigen a los fabricantes los compromisos de no vender dispositivos móviles con versiones de Android no autorizadas por Google.

Estas versiones alternativas, explicó el abogado de la Comisión, representaban una «amenaza competidora» porque «eran desarrolladas fuera del control de Google», firma que reconoció que dichas versiones «competían contra su propia versión».

Además, apuntó que los acuerdos para la preinstalación de Google Search y de Chrome dotaron a la multinacional de una «importante ventaja competitiva» que queda acreditada gracias a las «significativas pruebas» incluidas en el fallo de primera instancia del tribunal de Luxemburgo que confirmó la sanción.

Control del mercado por parte de Google

La Comisión Europea describió que el modelo que Google desarrolló a través de su sistema operativo dio a la compañía un «control casi total del ecosistema» y finalizó su exposición pidiendo a los jueces que confirmen el primer fallo y, en consecuencia, la multa.

El Ejecutivo comunitario se vio apoyado durante la audiencia por la Asociación de Consumidores Europeos (BEUC), cuya abogada afirmó que Google intenta ganar el caso basando sus argumentos en la existencia del ‘homo economicus’, un concepto económico que hace referencia a unos consumidores cuyo comportamiento es totalmente racional.

La representante legal de esta asociación remarcó, por el contrario, que los consumidores tienen «sesgos cognitivos y de comportamiento» que están reflejados «en muchas áreas de regulación».

Así, BEUC instó a «no distraerse» del elemento esencial del caso, que en su opinión es garantizar una «elección libre» por parte de los consumidores». En este sentido, la abogada subrayó que «las prácticas de Google fueron perjudiciales para el interés y uso de los consumidores» y añadió, además, que «ponen en juego la pluralidad en una sociedad democrática».

Además de BEUC, están personados en el asunto a favor de la Comisión Europea entidades como las asociaciones alemanas de editores BDVZ y VD, Fair Search, un grupo de organizaciones contra el dominio de Google, y los motores de búsqueda francés, Qwant, y checo, Seznam.

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La presidenta de la Sala Constitucional del TSJ, Tania D´Amelio, sostuvo, en un acto transmitido por el canal estatal VTV, que la multa contra TikTok, de origen chino, deberá ser pagada a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) en un plazo de ocho días siguientes a la publicación de esta sentencia en el portal web del máximo tribunal.

Añadió que, en caso de incumplimiento, la Sala constitucional tomará las medidas que «considere pertinentes», sin ofrecer mayores detalles.

El TSJ también ordenó a TikTok designar una representación con sede en Venezuela que sirva para supervisar y controlar la aplicación, «de acuerdo al cumplimiento del ordenamiento constitucional y jurídico de Venezuela en materia de telecomunicaciones y redes sociales».

«Todo ello a fin de mejorar la seguridad de las y los usuarios y se preserve su integridad física, psicológica y emocional, controlando de manera efectiva y oportuna el contenido alusivo a los llamados retos virales», indicó.

Fondo para resarcir daños

Por último, la Sala Constitucional señaló que con el dinero recibido por la multa se creará un fondo para resarcir «los daños psíquicos, emocionales y físicos de los usuarios» de esta red social.

En noviembre pasado, el TSJ informó que admitió un recurso de amparo introducido por el Movimiento Bolivariano de Familias Aristóbulo Istúriz, que pidió la protección de los derechos de niños y adolescentes ante los riesgos que corren por retos virales que circulan en redes sociales.

Según las autoridades, tres niños fallecieron en el país, donde también se registraron decenas de heridos e intoxicados, por retos virales que circulan en TikTok.

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«La seguridad impulsa todo lo que hacemos en la FAA, incluida la responsabilidad legal de la supervisión de la seguridad de las empresas con licencias de transporte espacial comercial. El incumplimiento de los requisitos de seguridad por parte de una empresa tendrá consecuencias», dijo en un comunicado el asesor jefe de la FAA, Marc Nichols.

SpaceX dispone de 30 días para responder a la Agencia desde el momento de la recepción del aviso.

El propio Musk afirmó que planea denunciar a la FAA: «SpaceX presentará una demanda contra la FAA por extralimitación regulatoria», indicó en su red social, X.

Licencia espacial comercial de SpaceX

La FAA recordó en su comunicado que SpaceX presentó en mayo de 2023 una solicitud para revisar su plan de comunicaciones relacionado con su licencia espacial para lanzar desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral, en Florida.

Las revisiones propuestas contemplaron agregar una nueva sala de control de lanzamiento en el hangar X y eliminar de sus procedimientos la encuesta de preparación prevista para dos horas antes del mismo.

El 18 de junio del año pasado, no obstante, la compañía utilizó la sala de control de lanzamiento no aprobada para la misión PSN SATRIA y no realizó la encuesta requerida. La FAA propuso una sanción de 350.000 por ambas infracciones.

Además, en julio de 2023 presentó una solicitud de revisión de su plan de emplazamiento de explosivos relacionado con su licencia espacial para lanzar desde Cabo Cañaveral.

Ese mismo mes lanzó su misión EchoStar XXIV/Júpiter con el proyecto no aprobado, algo por lo que la Administración Federal le pide 283.009 dólares.

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El juez Juan M. Merchán, encargado del proceso penal al que se enfrena el republicano en Nueva York, determinó que Trump había violado la «orden mordaza» al hacer varias declaraciones públicas en su red social, Truth Social, y en el sitio web de su campaña en las que atacó a los testigos que participan en el juicio.

Trump debe eliminar las siete «publicaciones ofensivas» de Truth Social y las dos «publicaciones ofensivas» del sitio web de su campaña.

El líder republicano, que está obligado a asistir a todo el juicio, se presentó el martes en la corte acompañado de su hijo Eric Trump.

El magnate enfrenta 34 cargos por delitos graves de falsificación de registros comerciales en primer grado para encubrir un escándalo sexual.

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«Estas nuevas normas colocarán a la UE a la vanguardia en materia de transporte marítimo limpio. Hemos llegado a un compromiso que garantizará mares más limpios en Europa», dijo Paul Van Tigchelt, viceprimer ministro belga y ministro de Justicia y Mar del Norte, cuyo país ostenta este semestre la presidencia del Consejo de la UE.

El pacto supone la revisión de una directiva sobre seguridad marítima para garantizar «que los responsables de vertidos ilegales de sustancias contaminantes estén sujetos a sanciones disuasorias, efectivas y proporcionadas para mejorar la seguridad marítima y proteger mejor el medio marino de la contaminación causada por los buques», según el Consejo de la UE.

La nueva normativa, que entrará en vigor tras la aprobación formal definitiva por el Consejo y la Eurocámara, amplía la lista actual de sustancias cuya descarga desde los barcos está prohibida, como petróleo y sustancias líquidas nocivas, para incluir también la descarga de aguas residuales, basura y residuos de depuradores.

Para evitar que los vertidos ilegales se dispersen y, por tanto, se vuelvan indetectables, el texto acordado prevé la comprobación digital de todas las alertas de alta confianza de CleanSeaNet (el sistema europeo de satélites para la detección de derrames de petróleo y buques) y el objetivo de verificar al menos el 25 % de ellas por parte de las autoridades nacionales competentes.

La UE pacta prohibir y multar vertidos de aguas residuales y basura de los barcos al mar.#NoticiasSIN #Mar #Residuos #Basura #Barcos #Vanguardia

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El magistrado José Antonio Dias Toffoli cuestionó las condiciones que llevaron a Odebrecht, centro de la operación Lava Jato, a aceptar un acuerdo de colaboración con la Fiscalía que implicaba el pago de una multa multimillonaria.

En su decisión, el magistrado afirmó que hay por lo menos «duda razonable sobre el requisito de voluntariedad» de la empresa al firmar el acuerdo que le impuso la multa y que esta debe tener las «condiciones para que evalúe si se cometieron ilegalidades».

La decisión responde a una petición de la empresa, que se cambió el nombre a Novonor tras el estallido del escándalo para analizar los documentos de la operación Spoofing y poder promover ante la justicia una «revaluación» de los acuerdos.

Odebrecht firmó un trato con la Fiscalía por 3.800 millones de reales (unos 770 millones de dólares) y otro con la Abogacía del Estado por 2.700 millones de reales.

El magistrado ya anuló en septiembre todas las pruebas obtenidas mediante acuerdos de colaboración con la constructora, en respuesta a un pedido realizado por la defensa de Lula, que llegó a pasar 580 días en prisión.

Corte Suprema de Brasil suspende multa millonaria a Odebrecht. #NoticiasSIN #Millonaria #Justicia #Brasil

Más detalles en nuestro periódico https://t.co/Ovpz0o2vQahttps://t.co/eNlFoOXsXM pic.twitter.com/bNZI6awTnd

— Noticias SIN (@SIN24Horas) February 1, 2024

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Fiorella Tagliafico

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El juez, Arthur Engoron, le impuso a Trump esa orden el 2 de octubre después de que publicara en sus redes sociales un ataque personal contra su secretaria, y ya recibió una multa de 5.000 dólares porque el mensaje había permanecido a la vista en la web de campaña de Trump por un supuesto descuido.

Trump bajo juramento

Durante la sesión del 25 de octubre, en la que está declarando como testigo el exabogado de Trump Michael Cohen Engoron, el juez llamó al expresidente a una audición, de manera que hablaba bajo juramento, para preguntarle por unas declaraciones que había hecho en los pasillos del tribunal.

«¿Dijo usted: este es un juez muy partidista, con una persona muy partidista sentada junto a él?», cuestionó el magistrado, a lo que el expresidente respondió que sí, pero matizó que se refería a Cohen sentado en esa silla, algo que no pareció convencer a Engoron, pese a su insistencia, según recoge el canal ABC News, presente en sala.

Tras un breve intercambio, en el que Trump calificó a la secretaria de «ser muy injusta», Engoron determinó que este se refería de nuevo a ella porque hay «una barrera» entre su sitio y la silla de los testigos que ocupa Cohen, y además en ese caso, habría llamado a Cohen por su nombre.

«El testigo no es creíble. (…) Por tanto, lo multo con 10.000 dólares, (una cifra) que se inclina hacia lo liberal, y debe pagarlos en 30 días», le dijo Engoron, añadiendo después que no cambiaría de opinión y advirtiéndole: «No vuelva a hacerlo, o será peor».

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Fiorella Tagliafico

Con información de medios internacionales y agencias

Fuente de imagen referencial: Twitter / @SPRInforma

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La información fue confirmada por la ONG austríaca Noyb, quien demandó a la compañía e indicó que la multa fue impuesta por la Autoridad de Protección de Datos de Suecia, tras una denuncia de 2019 de la organización.

Noyb, que ya ha ganado juicios contra otras plataformas digitales por vulnerar el derecho a la privacidad de los usuarios, presentó una denuncia en enero de 2019, al alegar que Spotify no permitía obtener toda la información sobre el uso que le daba a los datos de los usuarios, tal como exige la normativa de la Unión Europea.

Cuatro años después, en los que Noyb tuvo que batallar con las autoridades suecas de protección de datos por su falta de cooperación, se impuso finalmente una multa de cinco millones de euros a Spotify.

«Es un derecho básico de cada usuario obtener la información completa sobre los datos que se procesan sobre ellos. Sin embargo, el caso tomó más de cuatro años y tuvimos que litigar con la Autoridad Sueca de Protección de Datos para obtener una decisión», explicó Stefano Rossetti, abogado de Noyb.

La normativa europea de privacidad no solo otorga el derecho a los clientes de obtener una copia de sus datos, sino también conocimiento sobre su fuente, destinatarios de la información personal o detalles sobre transferencias internacionales de datos.

Noyb, cuyas siglas proceden de la expresión inglesa «None of your business» («No es asunto tuyo»), es una iniciativa del activista austríaco Max Schrems, conocido porque una de sus demandas tumbó el anterior acuerdo de transferencia automática de datos personales de ciudadanos europeos a Estados Unidos.

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Víctor De Abreu

La decisión fue publicada en la Ordenanza de Convivencia Ciudadana, Civismo y Justicia de Paz Comunal, aprobada por el Concejo del Municipio Libertador y publicada en Gaceta Municipal Nro. 4940-23 con fecha 25 de mayo de 2023.

La sentencia indica en los artículos 37 y 38 que «quedan prohibidas las caravanas vehiculares estudiantiles con motivo de expresión o festejo por la culminación de clases o futura graduación que coloquen en riesgo la integridad física de sus participantes, así como la de terceros, que alteren el orden público o afecten el normal desenvolvimiento de las actividades consuetudinarias de los habitantes o transeúntes en el Municipio».

La norma determina que quienes violen la ordenanza recibirán «una multa equivalente al pago en bolívares de cien (100) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor fijado por el Banco Central de Venezuela«.

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Víctor De Abreu

La comisión irlandesa de protección de datos (DPC) afirmó en un comunicado que Meta, que tiene su sede en ese país europeo, incumplió «sus obligaciones de transparencia» y utilizó una base jurídica errónea «para su tratamiento de datos personales con fines de publicidad» personalizada.

Tres decisiones sobre protección de datos

Esta sanción es consecuencia de la adopción de tres decisiones vinculantes por el comité europeo de protección de datos a principios de diciembre. Las dos primeras se referían a infracciones relacionadas con Facebook (por la que la multa asciende a 210 millones de euros) e Instagram (por 180 millones de euros).

La tercera, relativa a WhatsApp, se notificó posteriormente a la DPC y su aplicación se decidirá la próxima semana.

Nuevas millonarias multas para Meta

Cabe destacar que la DPC ya multó al gigante californiano con 405 millones de euros en septiembre por fallos en el tratamiento de datos de menores, y con 265 millones en noviembre por no proteger suficientemente los datos de sus usuarios.

El grupo de defensa de la privacidad Noyb, que presentó las tres denuncias contra Meta, acusó al grupo de reinterpretar el consentimiento «como un mero contrato de derecho civil», que no permite la exclusión voluntaria de la publicidad dirigida.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Fuente imagen referencial: ACN, vía web

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Además, informó que impuso una multa contra la Universidad de Los Andes (ULA) y las rectoras de la Universidad Central de Venezuela, Cecilia Arocha, Universidad de Carabobo, Jessy Divo, Universidad de Oriente, Milena Bravo, Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (UNEXPO) Rita Elena Añez y la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (UPEL).

La Sala Político Administrativa publicó este sábado, 3 de septiembre, dos sentencias, con ponencias del magistrado Malaquías Gil Rodríguez, en las que se declaró inadmisibles las dos demandas presentadas por las universidades venezolanas en julio.

El magistrado impuso una multa “a cada una de las accionantes y a sus representantes en el presente asunto, por cincuenta (50) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela (BCV)”.

#Venezuela | TSJ multó a seis universidades por demandar a la Onapre https://t.co/0O8zL4BPNa

— VPItv (@VPITV) September 4, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

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También puede haber afectaciones mentales, psicológicas y psiquiátricas que pueden descompensar al agravado. Así lo manifiesta el abogado Jesús Ramón Rodríguez, quien agrega que todos estamos en la calle y así como podemos pescar una gripe, también podemos ser objeto de ofensas.

“Ya sea una persona normal que se exaltó o por una persona que tenga un desquiciamiento o descontrol, también por la vía de redes que ligeramente hagan algunas afirmaciones que afectan al particular o que una web pueda colocar indicaciones respecto a otra sin haberla contactado, sin saber, por el puro hecho de venganza o por causarle una afección… de tal forma que la persona agraviada se sienta mal, se afecte”.

Jesús Ramón Rodríguez señala cómo la Constitución y el Código Penal protegen, regulan y sancionan estos delitos

Rodríguez conoce muy bien el tema, él es especialista en Derecho Penal y Derecho Informático. Asegura que el buen nombre, la reputación, el honor y la vida privada de las personas así como su integridad, están protegidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 60.

No deja pasar la oportunidad para referirse igualmente al artículo 442 del Código Penal donde se regula el tema de la difamación y al artículo 444, del mismo código, que se refiere a las injurias.

Afirma que ambos términos tienen unas sanciones que son leves en cuanto al alcance. “La difamación tiene una situación de sanción de uno a tres años y una multa de 100 a 1000 unidades tributarias, eso a consideración del juez, según la gravedad del hecho y si concurre en otras conductas que pueden ser de que la haya realizado de manera continuada, eso agrava la pena”, resalta.

En el caso de las injurias, el Código Penal señala que  la persona será castigada con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).

¿Qué acciones tomar?

El doctor Jesús Ramón Rodríguez señala que hay acciones que puede llevar a cabo la persona difamada, entre estas, dirigirse al agresor y reclamarle la situación con el fin de que retire la publicación que se ha realizado. Otra vía es  ir directamente a poner lo que se llama una querella o una acusación particular ante un Tribunal de Juicio, no de control. Explica que tiene que ser accionado y vigilado por el mismo ofendido o por su representante legal y que en este tipo de casos no interviene el Ministerio Público.

“Es una situación de debate que se va a presentar entre la persona que se siente ofendida y la que está siendo querellada, que está siendo acusada por esa conducta, de difamación e injuria”.

El buen nombre, la reputación, el honor y la vida privada de las personas así como su integridad, están protegidas legalmente

Explica que —como se trata de delitos de acción privada— estos tienen un procedimiento particular, especial, establecido también en el Código Orgánico Procesal Penal. “Hay que comentar que la manera de intervenir la Fiscalía sería antes, cuando esto se trate de la ubicación de datos de esa persona agresora, de esa persona ofensora que está realizando tal actividad y no tiene el ofendido los instrumentos para conseguir que dicha persona pueda ser identificada; entonces el Ministerio Público realiza lo que se llama un auxilio judicial y le entrega esa información que la requirió el ofendido y la consigna ante el Tribunal de juicio para que se realice el procedimiento con la querella que inicia”.

Rodríguez aconseja o recomienda comunicarse con un abogado de confianza para poder analizar y ver las conductas, si alcanzan realmente a ilícitos que puedan ser procesados y ver la posibilidad de que ello pueda ser denunciable, “hay casos de los cuales se han tenido respuestas condenatorias por estos actos agresivos de los difamantes  o injuriantes por vía electrónica y es perfectamente viable”.

Finalmente, Rodríguez aprovechó el espacio para ponerse a la orden de quien quiera conversar y tener información sobre hechos de los cuales se sienta ofendido, y así analizar juntos “la situación ocurrida de hecho y evaluar, plantearse si tenemos posibilidad de llevarla a un juicio”.

DOBLE LLAVE

Tomado de El Sumario

Mediante conversación con el entrevistado e información de Juristelseg