En una rueda de prensa para informar sobre las nuevas normas de flexibilización en la inversión extranjera, el viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior, Óscar Pérez-Oliva, dijo que estas “podrían tener un impacto en la economía a corto plazo”, pero su impacto real no es posible “calcularlo”, debido al “componente de presión externa que no podemos desconocer”.

Las medidas fueron publicadas en la Gaceta Oficial y son parte de las 176 transformaciones económicas y sociales aprobadas en junio por el Gobierno cubano.

Hasta ahora las compañías internacionales tenían que contratar a los empleados locales mediante agencias empleadoras del Estado; con la autorización, tanto empresas mixtas como de capital 100 % extranjero podrán hacerlo directamente, terminando con el monopolio estatal. También podrán pagar bonificaciones o gratificaciones en moneda extranjera a sus trabajadores.

Cuentas en el exterior

Por otro lado, las empresas no tendrán que tener permisos del Banco Central de Cuba para manejar cuentas en el exterior, sino que podrán abrir y operar en el extranjero sin autorización. Solo tendrán que notificar la apertura en un plazo de siete días y auditar los movimientos. También se simplifican los permisos para importar y exportar, mediante un proceso digital.

También ha entrado en vigor el Decreto-Ley 130, que flexibiliza y actualiza los derechos sobre tierras y propiedad.

El miércoles ya había entrado en vigor el Decreto-Ley 133 que permite la formación de empresas privadas mayores de 100 trabajadores, así como la participación de cubanos en el exterior en el ecosistema empresarial de la isla.

La pasada semana fue autorizada la posibilidad de establecer cadenas comerciales.

Pérez-Oliva destacó que las transformaciones «van en el camino correcto» y citó aquellas que pueden ayudar en el corto plazo a salir de la grave crisis económica: «la posibilidad de que los empresarios privados se puedan asociar con capitales extranjeros»; «la posibilidad de que las empresas privadas puedan realizar directamente el comercio exterior»; o «las alianzas entre el sector público y el sector privado».

Sin embargo, el viceprimer ministro aclaró que no solo dependen de la norma jurídica interna, sino que también están sujetos a lo externo, y destacó que «las presiones sobre transportistas internacionales» encarecen los costos de la producción y servicios públicos, en una referencia a la presión económica de Estados Unidos de los últimos meses.

Sector turístico de Cuba

Entre las medidas anunciadas también están las que afectan al sector turístico: se podrán crear agencias de viajes privadas, desde la micro hasta la gran empresa.

Para impulsar el ecoturismo se posibilitarán inversiones en zonas priorizadas para conservación y en contextos patrimoniales.

En este sentido, habrá un impuesto reducido del 25 % para los beneficios en este tipo de proyectos y se eliminan los aranceles aduaneros para importar equipamiento destinado a la inversión, mientras que no habrá impuesto si las utilidades se reinvierten en la actividad.

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Para el economista Luis Zambrano Sequín, nadie va a invertir a mediano o largo plazo en un país que «no da muestras» de instituciones sólidas y de estabilidad política, la cual, afirmó, representa una «garantía de que los acuerdos, los contratos y los nuevos arreglos se sostengan».

«Si no existe esa convicción de que hay unos acuerdos políticos sobre elementos fundamentales que son compartidos por la sociedad en su conjunto, pues evidentemente, en el caso de inversiones en sectores como el petróleo o la minería, donde los proyectos maduran en décadas, nadie va a asumir riesgos de magnitud considerable», advirtió Sequín, integrante del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES) de la UCAB.

Escenario petrolero en Venezuela

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado enero, el Gobierno interino venezolano, encabezado por Delcy Rodríguez, ha abierto sectores estratégicos como el petrolero, el minero y el eléctrico a la inversión internacional con el apoyo del Parlamento, controlado por el oficialismo y presidido por el hermano de la mandataria, Jorge Rodríguez.

A la par, la jefa de Estado ha desmontado progresivamente el gabinete de Maduro, renovado el alto mando militar, impulsado una amnistía y cientos de excarcelaciones de presos políticos y anunciado un proceso de reestructuración del Gobierno, mientras EE.UU. promueve una negociación entre el Parlamento actual y el de 2015, de mayoría opositora y que defiende su continuidad, para acelerar la transición.

Sequín señaló que la estabilidad política «pasa a ser un elemento clave» en este contexto, al igual que la relación entre Venezuela y EE.UU., sobre la que, aseveró, tampoco hay claridad.

Llegada de inversiones

La economista María Antonia Moreno, integrante también del IIES, afirmó que la llegada de más inversiones depende «en gran medida» de que haya estabilidad política, además de credibilidad tanto del Estado venezolano como de las compañías.

A su juicio, se necesita una mayor capacitación técnica y política de los entes públicos para defender los intereses de la nación en los contratos.

Por su parte, el sociólogo e investigador del mercado petrolero Blas Regnault, quien participó de manera telemática en el foro, indicó que no cree que el petróleo se convierta en el motor de la reconstrucción económica de Venezuela si antes «no se resuelve la crisis de gobernabilidad acumulada del sector».

Además, dijo que se necesita que «haya seguridad jurídica» y una «mayor transparencia para la inversión».

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En siete días, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, anunció por sorpresa las medidas, el pleno del Comité Central del Partido Comunista las respaldó y una sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular las ratificó.

Ante la ANPP, Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba «vive las horas más difíciles de este siglo» y que «es tiempo de cambiar todo lo que tiene ser cambiado», un momento histórico que «exige transformar». «¡Cuba cambia para levantarse! ¡Cuba cambia para vivir mejor! ¡Cuba cambia para seguir siendo libre!», exclamó para cerrar su discurso.

El plan, al menos en su letra, supone un antes y un después en el sistema económico estatista y centralizado de Cuba, al buscar abrir y descentralizar una economía exhausta y paralizada por factores internos y, especialmente en los últimos seis meses, por la política de máxima presión de Estados Unidos.

Aunque también desde la presidencia de Raúl Castro (2008-2018) el Gobierno cubano había hecho planteamientos y anuncios reformistas que posteriormente no se aplicaron, se rebajaron en su alcance o quedaron trabados en gran medida en una maraña burocrática.

Es difícil prever las consecuencias de estos movimientos. Algunos analistas apuntan hacia un escenario en línea con las transformaciones de sistemas como el chino y el vietnamita, mientras otros advierten sobre la posibilidad de que la isla se oriente más hacia un régimen económico como el ruso.

Reformas en Cuba

El actual paquete son 176 reformas, algunas de calado. Muchas se habían propuesto y anunciado en los últimos años, en ocasiones hace más de una década. Otras tratan de afrontar problemas recientes, como la escasez de combustible fruto del bloqueo petrolero de EE.UU.

Las medidas van de la entrada en el sector turístico de «nuevos actores» en «nuevas modalidades» al fomento de la inversión extranjera directa (especialmente para cubanos no residentes), pasando por medidas para ampliar el papel del sector privado.

También contemplan cambios que llevarían a dinamizar la agricultura, el comercio exterior y el sector inmobiliario, además de descentralizar la toma de decisiones y dotar de una mayor «autonomía» a empresas estatales y municipios.

Asimismo se busca acabar con las graves distorsiones del sistema monetario, ajustar el sistema tributario e incluso acabar con los subsidios universales a productos básicos (para ir hacia los subsidios a personas, solo para colectivos vulnerables).

El primer ministro, Manuel Marrero, al defender las iniciativas ante la ANPP, habló de «medidas de impacto estratégico» que en absoluto pervierten el carácter socialista del sistema económico cubano, sino que son «condición para su preservación».

Éstas, además, no serían las últimas reformas de La Habana. Como reveló EFE, Díaz-Canel ha puesto en marcha un grupo de expertos -que incluye economistas no oficialistas y críticos- para que planteen nuevas medidas más allá de las ya aprobadas.

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Según el Gobierno venezolano, el acuerdo tiene como propósito «fundamental concretar nuevas áreas de cooperación en los sectores petrolero y gasífero, impulsando la transferencia de tecnología de vanguardia para la exploración, perforación y optimización de yacimientos en el país».

La alianza, según el Ejecutivo, se extiende al sector minero, abierto a la inversión privada y extranjera con la nueva Ley de Minas de Venezuela, aprobada el pasado abril por el Parlamento.

El documento fue firmado en el Palacio de Miraflores, sede del Gobierno de Venezuela, por el director ejecutivo de SLB, Olivier Le Peuch, y el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, quien aclaró que son «acuerdos preparatorios».

En ese sentido, espera que se alcance «próximamente un acuerdo definitivo» para el beneficio de la industria petrolera de Venezuela y de «todos los inversionistas que están por llegar al país».

Le Peuch expresó, en nombre de la empresa, una de las mayores proveedoras de servicios tecnológicos para la explotación petrolífera, que se trata de un honor «reinvertir a gran escala en este país y apoyar a PDVSA» y a Venezuela, cuyos recursos, dijo, son «únicos».

El empresario francés destacó la oportunidad de generar en Venezuela tecnología y «excelencia en la producción, en la perforación y en los diferentes tipos de colaboraciones digitales, utilizando, incluso, la inteligencia artificial».

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La invitación se ha producido durante una reunión en Nueva Delhi con el ministro indio de Petróleo y Gas Natural, Hardeep Singh Puri, ha informado el Gobierno indio.

Rodríguez ha destacado «las complementariedades que existen entre la India y Venezuela en el sector energético» y ha invitado a una delegación india a visitar Venezuela para explorar nuevas oportunidades de colaboración, según un comunicado oficial, en el que se precisa que el encuentro tuvo lugar el jueves.

La dirigente venezolana ha calificado a la India como un socio confiable, por lo que ha instado a sus compañías a participar en el sector de petróleo y gas de Venezuela, en un momento en que Caracas intenta aumentar sus ventas al país asiático y atraer inversiones a una industria en proceso de reforma.

Puri le ha trasladado el interés de la India en profundizar el comercio energético bilateral y que Venezuela forma parte de la estrategia india de diversificación de suministros tras la crisis abierta en Oriente Medio.

Ambas partes abordaron las posibilidades de construir una asociación energética de largo plazo entre los dos países, según el comunicado.

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El evento de tecnología, emprendimiento e innovación cuenta con la participación de más de 700 invitados internacionales, entre ellos más de 200 fondos de inversión y empresas unicornio, indicó en la inauguración del evento, la directora ejecutiva del evento, Patricia Zárraga, sin precisar de dónde son las empresas presentes.

El ‘Tech Week’, celebrado por primera vez en 2024, abordará temas como la seguridad jurídica en Venezuela, el entorno macroeconómico, el estado de la banca, el sector petrolero y otros.

«Todas estas semanas hemos estado comprometidos en mantener un diálogo regular con nuestros socios extranjeros, especialmente del sector privado con el fin de respaldar de la mejor manera sus operaciones en Venezuela», dijo el vicepresidente sectorial de Economía, Calixto Ortega, durante la jornada inaugural.

El también gobernador de Venezuela ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) expuso ante inversores que el país lleva 20 trimestres con indicadores de crecimiento económico y que los sectores de construcción, petróleo, minería y finanzas han registrado incrementos de dos dígitos.

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Rodríguez —a cargo del país tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos en enero pasado— encabezó, junto con el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, y el presidente de Corpoelec, José Luis Betancourt, una videoconferencia con los mandatarios regionales y la alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez.

Según el equipo de prensa de Rodríguez, se evaluaron los avances en las labores de mantenimiento preventivo y correctivo de las principales plantas generadoras, así como el despliegue nacional de equipos de Corpoelec. El encuentro se enmarca en el proceso de «estabilización y optimización de los servicios públicos» para bajar la demanda.

La estatal Venezolana de Televisión (VTV) informó que la meta es recuperar el sistema mediante inversiones estratégicas en infraestructura. Además, a partir de este viernes, los sectores industriales, académicos y científicos están convocados a participar en el plan de transformación del sector eléctrico.

El jueves, el Gobierno anunció que se alcanzó un récord de demanda de 15.579 megavatios, la cifra más alta en los últimos nueve años. El Ejecutivo atribuyó este hito a las altas temperaturas y al crecimiento económico, mientras que líderes opositores reiteran denuncias sobre corrupción y falta de mantenimiento estructural.

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«Con esta firma de este acuerdo es el primer paso para el fortalecimiento de lazos en materia de minería entre el Gobierno norteamericano y el Gobierno de Venezuela«, dijo el titular del Ministerio para el Desarrollo Minero, Héctor Silva.

El memorando fue firmado por Silva y por Sean Pi, representante de Heeney Capital, en el Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo en Caracas, donde también asistió James Gilbert, director general de inversiones de Mercuria, en un acto transmitido por VTV.

Silva anticipó una «inversión importante», tecnología para el desarrollo de reservas, así como la certificación y el desarrollo de la producción en Venezuela.

En un comunicado, la empresa Mercuria informó que, en asociación con Heeney Capital, que tiene sede en Nueva York, «ha asegurado una serie de acuerdos estratégicos de compraventa en proyectos venezolanos de materias primas a granel y oro, como parte de una iniciativa más amplia respaldada por la Casa Blanca para revitalizar los sectores energético y minero«.

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«Estos 100 días no son un punto de llegada, son el inicio de una nueva etapa, una etapa para recuperar la esperanza, para alentar la confianza, para volver a encontrarnos entre venezolanos», dijo en un mensaje transmitido por VTV.

La mandataria aseguró que se han dado «pasos firmes hacia la consolidación de un nuevo momento histórico«, mencionando la reforma de la ley petrolera y la aprobación de una normativa minera.

El objetivo de estas medidas es establecer «reglas claras para atraer inversión, tecnología, crecimiento productivo y creación de nuevos empleos» en el país.

«Abrimos nuestras puertas al mundo con la certeza de que podemos avanzar, sin renunciar jamás a la soberanía sobre nuestros recursos«, aclaró Rodríguez, quien afirmó que el país acumula una veintena de trimestres de crecimiento económico.

Rodríguez celebró que Venezuela haya «vuelto al escenario internacional» y que cientos de empresas muestren «interés en invertir en el país«.

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En un vídeo que compartió en Telegram, Rodríguez expresó la «plena disposición» de su equipo a «consolidar y construir bases sólidas de una agenda energética a largo plazo» con EE.UU., país con el que Venezuela reanudó relaciones diplomáticas el pasado marzo tras siete años rotas.

«Estamos trabajando muy duro en cambios que permitan atraer inversión, que permitan también construir una agenda de cooperación energética con los Estados Unidos. Retomar ese camino es importante para ambos países», expresó la líder chavista, quien insiste en el cese de las sanciones.

Rodríguez sostuvo el martes la que calificó como una productiva reunión de trabajo con una delegación del Departamento de Energía estadounidense encabezada por el subsecretario de la Oficina de Hidrocarburos y Energía Geotérmica, Kyle Haustveit.

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El segundo debate necesario para su aprobación tardó cuatro sesiones, incluida la de hoy, para aprobar esta norma, que tiene un total de 131 artículos y deroga la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por un decreto del entonces presidente Hugo Chávez, fallecido en 2013, quien tenía poderes especiales otorgados por el Legislativo.

La ley abre la puerta en sus primeros doce artículos a la inversión privada y extranjera, así como a la mediación y el arbitraje para la resolución de conflictos.

¿Qué dice la Ley de Minas?

En el artículo 74 de la nueva norma, se establece que ningún funcionario del Estado ni sus familiares podrán obtener títulos a los que se refiere esta Ley, ni podrán participar como accionistas o asociados en cooperativas o sociedades mercantiles para adquirir títulos mineros hasta que no hayan transcurrido cinco años desde el cese del ejercicio de su cargo.

El Banco Central de Venezuela «tiene el derecho preferente para la compra del mineral oro que se obtenga como consecuencia de cualquier actividad minera ejercida en el territorio nacional», de acuerdo a la ley.

Por otra parte, en el artículo 91, se indica que el pago de regalías al Estado venezolano es de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minería será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie«.

Asimismo destaca el 36, que indica que el Estado, «por razones de interés público y carácter estratégico, se podrá reservar la actividad primaria de la minería de minerales radioactivos, así como su aprovechamiento, beneficio y comercialización de sus productos y subproductos».

En el artículo 124 se señala que en el caso de que las actividades mineras sean desarrolladas en áreas bajo régimen de administración especial de protección ambiental, se aplicará una pena de 10 a 15 años de prisión.

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Después de tres horas de discusión y tras aprobar el artículo 115, de 130 que se estima tiene la norma, el diputado Orlando Camacho pidió diferir la discusión para otra sesión legislativa, una propuesta que fue aprobada por «extraordinaria unanimidad», según afirmó el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, quien dirigió el final del debate.

Entre los 60 artículos de la Ley de Minas aprobados en la plenaria, se destaca el artículo 91, que establece que el pago de regalías al Estado venezolano de hasta 13 % sobre la producción bruta del mineral, calculado sobre el valor comercial del producto final.

De acuerdo con este artículo, el ministerio con competencia en minas será el encargado de determinar los «parámetros necesarios» para determinar estos pagos que, según el artículo 92, el Estado podrá exigir «en dinero o en especie«.

Asimismo, del artículo 94 al 98 se estableció el régimen tributario para el sector, que incluye una alícuota de «hasta 6 %» como impuesto a la minería.

Entre los tributos exentos para las actividades relacionadas con las minas se incluye el impuesto a los grandes patrimonios y contribuciones especiales a los fondos relacionados con ciencia, deporte, antidrogas, así como la contribución establecida en la Ley de Protección de las Pensiones de la Seguridad Social. Las actividades mineras tampoco están sujetas a tributos estadales o municipales.

Los diputados también aprobaron artículos relacionados con las concesiones que serán de 30 años, pudiendo prorrogarse por dos períodos consecutivos de hasta 10 años, así como contratos para la minería, el registro del sector, y las escalas de la actividad, que en los artículos 79 al 82 son identificadas como «Pequeña«, «Mediana» y «Gran minería«.

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En una reunión con inversionistas, transmitida por el canal estatal VTV, Rodríguez indicó que esta ley permitirá el avance en cuanto a «estándares y protocolos internacionales» de inversión, en modelos de negocio de minería y también incluye una flexibilización fiscal.

La presidenta encargada aseguró que es un «buen momento» para invertir en Venezuela y prometió a los inversionistas garantías y seguridad jurídica y política, así como «estabilidad y tranquilidad» para que sus inversiones «puedan desarrollarse ampliamente».

La semana pasada, la AN aplazó la segunda discusión necesaria para la aprobación del proyecto de la ley de minas. Está previsto que los diputados continúen la discusión hoy.

De recibir el aval parlamentario, esta iniciativa reemplazaría a la Ley de Minas vigente desde 1999, aprobada por el entonces presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013-, a través de un decreto tras recibir poderes especiales por parte del Legislativo.

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«Es algo súper importante y útil, pero su principal función es perdonarse el mismo Estado desde el olvido», sentenció el activista, de visita en Paraguay, quien advirtió que para la aplicación de esta ley no se ha construido «un proceso de establecimiento de verdad para que no vuelva a repetirse esto nunca más«.

Con esta norma, opinó, «el Estado trata al máximo de resolver un peso muy grande que tiene y trata de simular una justicia, haciendo un poco caprichoso el proceso en que la gente puede obtener la libertad».

«Todas las personas (detenidas por razones políticas) deben estar libres independientemente de la ley», agregó Gómez, haciéndose eco de quienes cuestionan la legalidad de esas retenciones.

En ese sentido, criticó que se haya «colocado a las familias a hacer peticiones, a rogar» sin que haya «ninguna garantía» de que eso «acabe con los patrones de violaciones de derechos humanos tan graves que ocurrieron en Venezuela».

Según la ley, son objeto de amnistía los «delitos o faltas cometidos» en el contexto del golpe de Estado de abril de 2002, durante el paro petrolero de diciembre de 2002, así como en medio de las manifestaciones ocurridas en 2004, en mayo de 2007, de julio a septiembre de 2009, en 2013, entre marzo y agosto de 2017 y en medio de las elecciones de 2024 y de 2025.

También abarca los acontecimientos relacionados con las actuaciones del Parlamento entre 2016 y 2021 -dominado ese quinquenio por la oposición- y el desconocimiento en ese entonces de las instituciones y autoridades públicas.

Advertencias sobre la amnistía

Gómez inscribió la amnistía en el contexto del «debido proceso» y la «seguridad jurídica que debería tener cualquier inversionista internacional que quiera ir a Venezuela», lo que es parte de las conversaciones entre el Gobierno de Donald Trump y la Administración encargada de Delcy Rodríguez tras la operación militar de enero, en la que fue capturado Nicolás Maduro.

«Pero -advirtió- lo que no se está tomando en cuenta es que esto es una trampa si simplemente se construye alrededor de un autoritarismo judicial, una capacidad del Ejecutivo de involucrarse y decidir quién queda en libertad».

En ese sentido, aseguró que están «muy preocupados de que solo 690 personas han sido deliberadas» y, criticó que «el resto de las cifras anunciadas se trate en realidad de propaganda alrededor de personas ya excarceladas a las que se mantenía bajo régimen de presentación».

También pidió que se publique el listado general de detenidos.

«El propio Estado no tiene una claridad del alcance de su represión. Ellos no tienen un listado central con el que permita a organismos, a la comunidad internacional, verificar que efectivamente la gente está liberada», denunció.

De igual forma, advirtió que «la maquinaria de terror para reprimir, para encarcelar, fue realmente súper arbitraria» en Venezuela.

«Hay personas en todo el país que son presos de años, son presos de un funcionario que estaba extorsionando, son presos de un alcalde, de un gobernador», ilustró.

Sociedad civil

Por otro lado, opinó que la participación de la sociedad civil en el momento actual «es clave» para no reproducir patrones autoritarios.

Para Gómez, el país vive el efecto de unos acuerdos de dos Gobiernos, en alusión al de EE.UU. y el de Venezuela, «enfocados, principalmente, en el plano de negocios y obviamente de minerales».

En ese sentido, indicó que estos «pequeños cambios que se están dando, si no incluyen a la sociedad civil, simplemente van a reproducir los patrones autoritarios» que llevaron a lo que consideró la «desgracia» del país, por lo que hizo énfasis en la necesidad de «construir una agenda de Derechos Humanos«, que consideró debe partir de «recuperar la libertad de expresión».

«Si le brindamos a Venezuela la posibilidad de tener separación de poderes, que es largo, pero seguridad jurídica a cada persona, a cada emprendedor, a cada persona que puede ayudar a mejorar la sociedad; en esa medida vamos a tener definitivamente un país que puede ser tan grande como la riqueza que tiene su subsuelo», concluyó.

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El vice primer ministro y ministro de Comercio Exterior, Oscar Pérez-Oliva, confirmó que la medida va «más allá de la esfera comercial» e incluye también «grandes inversiones» en sectores como el turístico, la minería y el energético.

Es probable que Pérez-Oliva detalle estas medidas este mismo lunes, apenas tres días después de que La Habana reconociera haber iniciado un diálogo con Washington, quien presiona para que se apliquen reformas económicas.

Según la legislación actual, los cubanos residentes en el exterior no pueden ser socios de mipymes, aunque se estudia facilitarles la residencia y la compra de propiedades inmobiliarias, especialmente a quienes emigraron antes de 2013.

La nueva ley de Migración y Extranjería de 2024 vincula la posibilidad de poseer inmuebles a la «residencia efectiva» o a la demostración de arraigo, facilitando así el proceso de retorno.

Potencial impacto en Cuba

Las valoraciones varían: algunos sectores aseguran que es un movimiento positivo para dinamizar la economía, mientras que expertos académicos muestran mayor cautela debido a las sanciones vigentes.

La tesis optimista apunta a que la mejora de las condiciones de inversión llevaría a que muchos cubanoamericanos dejen de apoyar las sanciones contra Cuba y comiencen a pedir que se reviertan.

«Es histórico. Podría ser el principio del desmantelamiento del embargo económico de EE.UU. a Cuba«, subraya a EFE el empresario cubanoamericano Hugo Cancio.

En la academia se señalan los frenos externos, pues las sanciones de Washington dificultan que se invierta en Cuba incluso desde terceros países, según indica la economista Tamarys Bahamonde.

Tras un veto de cinco décadas, Cuba volvió a autorizar en 2021 la creación de Mipymes privadas, las cuales ya juegan un papel clave en términos de importaciones, empleo y recaudación fiscal.

El Gobierno cubano ha pasado de las reticencias ideológicas de hace décadas a un enfoque más pragmático de beneficios mutuos económicos con los migrantes, en medio de una profunda crisis estructural.

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«He designado a la ingeniera de petróleo Paula Henao como nueva ministra de Hidrocarburos, con la responsabilidad de continuar impulsando el motor energético de nuestro país«, indicó Rodríguez en un mensaje en Telegram.

La presidenta señaló que Henao también deberá trabajar para fortalecer el «desarrollo soberano» de la industria petrolera, gasífera y petroquímica del país suramericano.

Rodríguez dijo confiar en el profesionalismo de la nueva ministra y en su trayectoria dentro del Ministerio de Hidrocarburos, donde ejercía como viceministra de Petróleo.

«Avanzaremos en la recuperación y desarrollo del sector energético, pilar fundamental para el crecimiento y el bienestar del pueblo venezolano», añadió.

Desde el pasado 5 de enero, Rodríguez ha hecho cambios en el gabinete, incluyendo la designación de Luis Villegas en Industrias y Comercio en sustitución de Alex Saab, quien era cercano a Nicolás Maduro.

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El país, que abrió su industria petrolera al capital privado y extranjero con una sustancial reforma de su Ley Orgánica de Hidrocarburos, produjo un promedio de 1.021.000 bpd en febrero.

En enero del año pasado, Venezuela produjo por primera vez desde junio de 2019 más de un millón de bpd, un nivel sobre el que se mantuvo durante el resto de 2025.

El pasado enero, el Parlamento aprobó por unanimidad la reforma de la ley de hidrocarburos impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, para incentivar la inversión extranjera.

Rodríguez propuso la reforma días después del ataque militar estadounidense durante el que fue capturado Nicolás Maduro junto a su esposa, actualmente detenidos en Nueva York.

En febrero, el secretario de Energía de EE.UU., Chris Wright, viajó a Caracas y estableció con Rodríguez una asociación energética a largo plazo, agenda que continuó con la firma de acuerdos con la británica Shell.

En 2025, la producción de crudo venezolana sumó cinco años seguidos de crecimiento desde 2021 y superó a la de 2019, alcanzando un promedio de 1,081 millones de barriles según cifras oficiales.

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La ley deberá discutirse por segunda vez para ser definitivamente sancionada, luego de que EE.UU. emitiera una licencia que autoriza determinadas actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano a cargo de empresas estadounidenses.

El proyecto de ley, que consta de 19 capítulos y 126 artículos, está conformado por «criterios técnicos» con una estructura acorde a «nuevas necesidades», según dijo el diputado Orlando Camacho.

Asimismo, prosiguió, se busca que esta ley «pueda ayudar a aumentar todas las garantías jurídicas» para generar confianza y atraer inversión nacional e internacional.

La norma permitirá que se acuda a «mecanismos de mediación y arbitraje independientes para la resolución de controversias», siempre que se agoten todas las instancias jurídicas nacionales.

Además, busca fortalecer el rol el Ministerio Minero para «regular, dirigir y organizar» toda la actividad del sector, que consiste en la exploración, explotación, producción, arranque y acarreo.

La propuesta se discutirá artículo por artículo en un segundo debate, después de ser sometida a consulta pública con sectores de la sociedad civil.

La norma establece la creación de un fondo social minero para «desarrollar y proteger la seguridad social» de los trabajadores de la minería.

También fija la creación de la «superintendencia nacional de actividad minera» para fiscalizar y buscar beneficios que favorezcan la inversión nacional y extranjera.

Explotación de minas en Venezuela

El viernes, el Departamento del Tesoro emitió una licencia que autoriza actividades relacionadas con la explotación de oro venezolano por parte de empresas estadounidenses, sector que estaba sujeto a sanciones.

La licencia general 51 permite a empresas estadounidenses comprar, transportar y revender oro de origen venezolano, incluso en operaciones que involucren al Gobierno o a Minerven.

La autorización también abarca servicios logísticos, seguros y transporte vinculados al comercio de ese metal.

La emisión de esta licencia se dio tras la reunión en Caracas entre la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum.

Durante ese encuentro, Rodríguez pidió dar celeridad a una reforma de la Ley de Minas, con el objetivo de ampliar el marco legal para desarrollar el sector.

De interés: Asamblea Nacional dice que ya está revisando la ley de minas para su reforma 

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Henry Chirinos

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«Estamos revisando arduamente la Ley de Minas, estamos ya llegando a un acuerdo. Yo creo que es una cosa perentoria, pero no va a ser en la sesión del día de hoy«, dijo el funcionario.

En declaraciones previas a la sesión ordinaria del Legislativo, Rodríguez indicó que la normativa será reformada «lo más pronto posible», sin especificar cuándo tienen previsto comenzar el proceso.

El miércoles, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvo una reunión en Caracas con el secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, y junto a él anunció una «ampliación de la Ley de Minas», para la cual pidió al Parlamento «celeridad».

Posteriormente, Burgum, quien visitó al país junto con representantes de unas dos docenas de empresas del sector minero, afirmó que las «oportunidades que existen para una colaboración y una sinergia» entre ambos países «no tienen límites».

El jueves se conoció que funcionarios estadounidenses negocian con la compañía de minas estatal de Venezuela, Minerven, un acuerdo multimillonario para vender hasta una tonelada de oro destinada al mercado del país norteamericano.

El acuerdo de oro requeriría que Minerven suministre entre 650 y 1.000 kilos de barras de oro Dore al comerciante de materias primas Trafigura, que será el encargado de transportar el oro a las refinerías estadounidenses, según informa Axios.

El pasado lunes, el presidente del Parlamento explicó que la reforma tiene como objetivo permitir que empresas «extranjeras grandes puedan entrar para la explotación» de minas de oro, diamante y «de las llamadas tierras raras».

Se trata de un trabajo legislativo para acompañar el «proceso de reformulación económica» del Gobierno de Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo hace exactamente dos meses, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de EE.UU.

Según la legislación venezolana, todo proyecto de ley o de reforma debe ser sometido a una primera discusión, durante la que «se considerará la exposición de motivos y se evaluarán sus objetivos».

Luego comienza una etapa de consultas públicas del proyecto encabezado por la comisión legislativa relacionada con el área, para después ser discutido en un segundo y último debate.

De interés: Delcy Rodríguez se reunió con secretario de Interior de EEUU para hablar sobre minería 

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Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña R

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El mensaje, publicado en su cuenta de X, fue en respuesta a una publicación de Trump en la que el estadounidense insistió que Rodríguez «está haciendo un excelente trabajo» y colaborando «muy bien» con Estados Unidos.

«Delcy Rodríguez, presidenta de Venezuela, está haciendo un excelente trabajo y colaborando muy bien con los representantes estadounidenses«, escribió Trump en un mensaje en su red social Truth.

Rodríguez recibió a secretario del Interior de EEUU

El miércoles 4 de marzo, la presidenta encargada de Venezuela recibió en Caracas al secretario de Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, para abordar temas de interés en la cooperación energética y fortalecer el sector minero.

Burgum llegó al Palacio de Miraflores -sede del Ejecutivo- para una reunión privada en la que también participó el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello.

La visita del funcionario estadounidense se da dos días después de que el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, señalara que el Legislativo prepara una reforma en la ley que rige la minería para permitir la inversión extranjera.

El pasado jueves, Delcy Rodríguez aseguró que Caracas y Washington están abriendo «una nueva agenda de cooperación» bilateral, y desde su juramentación recibió a varios funcionarios de EE.UU.

De interés: Delcy Rodríguez se reunió con secretario de Interior de EEUU para hablar sobre minería 

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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