El zar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, dijo este lunes que se enviarán oficiales del ICE a catorce aeropuertos estadounidenses. Entre ellos están el de Chicago-O’ Hare, el John F. Kennedy y el de Newark -que operan para Nueva York-, el Internacional Southwest de Florida, el Louis Armstrong (Nueva Orleans) y el de Filadelfia y Pittsburgh, según la cadena CNN.

Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a NBC News que Trump está «tomando medidas para desplegar a cientos de agentes del ICE en los aeropuertos que se ven afectados negativamente».

También estaba previsto enviar a oficiales del ICE al aeropuerto de LaGuardia, en el distrito neoyorquino de Queens, pero este permanecerá cerrado hasta al menos las 14:00 hora local (18:00 GMT) tras la colisión entre un avión y un camión de bomberos en la pista.

Homan explicó ayer que el ICE ayudará a la TSA «a hacer su trabajo en áreas que no requieren conocimientos especializados», como vigilar una salida, gestionar las colas o controlar las multitudes. Por su parte, el alcalde de Atlanta, Andre Dickens, aclaró que funcionarios federales le habían informado de que este despliegue «no tiene como objetivo llevar a cabo actividades de control migratorio«.

Reacciones a la presencia de ICE en aeropuertos

Sin embargo, la medida ha suscitado críticas de políticos de la oposición como Mikie Sherrill, gobernadora de Nueva Jersey, que aseguró que enviar a agentes «sin formación no es una solución aceptable». Del mismo modo, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, calificó de «inaceptable» que «los trabajadores y los viajeros se vean convertidos en rehenes de juegos políticos».

Los funcionarios de la TSA llevan sin cobrar desde febrero por el boicot demócrata contra la agresiva política migratoria del mandatario. El Senado rechazó el viernes, por quinta vez desde febrero, financiar al DHS que lleva en cierre parcial cinco semanas y del que dependen TSA y las agencias migratorias.

La suspensión del pago de las nóminas de los trabajadores de TSA ha llevado a que muchos pidan bajas o se hayan despedido, provocando larguísimas colas en importantes aeropuertos estadounidenses como Atlanta, el JFK de Nueva York o el de Nueva Orleans.

«Los demócratas han paralizado el Gobierno y están castigando a los hombres y mujeres de la TSA porque no les gusta que se aplique la ley de inmigración», indicó hoy Homan a periodistas desde la Casa Blanca.

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Aunque la dependencia no precisó qué agencias participarían, medios locales reportaron la próxima llegada de elementos de la Patrulla Fronteriza, como ocurrió el mes pasado en Carolina del Norte, cuando las autoridades detuvieron a 200 migrantes en el operativo ‘Charlotte’s Web’ (Telaraña de Charlotte).

El DHS sostuvo en un comunicado que la operación en la mayor ciudad del estado sureño de Luisiana se enfocará en detener migrantes con historial criminal, al mostrar imágenes de nacionales de México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Jordania y Vietnam, que presuntamente quedaron libres por las «políticas santuario».

«Las políticas santuario ponen en peligro a las comunidades estadounidenses al liberar a extranjeros criminales y forzar a los agentes del DHS a arriesgar sus vidas para remover a migrantes criminales ilegales a los que nunca debieron haber vuelto a soltar a las calles», dijo Tricia McLaughlin, subsecretaria del DHS.

El despliegue de los agentes federales ha sacudido a un estado con cerca de 223.000 migrantes, de los que casi uno de cada cinco son de Honduras, y cerca de la octava parte son de México, según datos del American Immigration Council.

Restaurantes y negocios latinos han anunciado cierres en sus redes sociales ante el temor de que trabajadores o clientes queden detenidos en las redadas, mientras que activistas han cuestionado que los agentes estén enfocándose en migrantes con antecedentes penales.

El despliegue también muestra los crecientes operativos de la Administración de Donald Trump en ciudades lideradas por demócratas, como la actual alcaldesa de Nueva Orleans, LaToya Cantrell, quien en 2026 cederá el cargo a Helena Moreno, quien nació en México, y en noviembre expresó su «preocupación» por el eventual operativo.

Los operativos contra migrantes buscan replicar lo ocurrido en junio en Los Ángeles y en septiembre en Chicago, lo que desató manifestaciones ciudadanas.

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El tribunal de apelaciones del distrito de Columbia denegó por votación dividida (2-1) la moción de suspensión presentada por el Gobierno, que esperaba poder seguir realizando las deportaciones aceleradas mientras apelaba el fallo de la corte de primera instancia.

En su orden, el tribunal concluyó que es poco probable que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos tenga éxito en demostrar que su sistema de elegibilidad para los migrantes indocumentados que desea deportar de forma rápida sea constitucionalmente adecuado.

«Nada en el expediente muestra que a las personas detenidas se les brinde la oportunidad de disputar si califican legalmente para la Deportación Expedita o de obtener evidencia para presentar a los oficiales de inmigración pruebas de su presencia continua de dos años en los Estados Unidos antes de su deportación», señaló el documento.

Expulsión inmediata de migrantes

La orden se alineó con la postura de la jueza Jia Cobb, de Washington D. C., que el pasado agosto criticó las deportaciones rápidas del presidente estadounidense, Donald Trump, al opinar que «prioriza la rapidez» y «llevará inevitablemente al Gobierno a deportar a personas por error a través de este proceso truncado».

La magistrada bloqueó temporalmente este tipo de deportaciones por violar el debido proceso, al aplicar el estatuto a un enorme grupo de personas que no han estado previamente sujetas a una deportación rápida.

En enero, Trump restableció la «expulsión inmediata» de migrantes, una política que ya aplicó en su primer mandato (2017-2021) y que permite la deportación rápida de indocumentados que no puedan probar que llevan dos años seguidos o más en el país, sin que medie una audiencia.

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El acuerdo busca garantizar «el traslado digno, seguro y oportuno desde EE.UU. a Ecuador de los nacionales de terceros países presentes en EE.UU. que puedan solicitar protección internacional contra el retorno a su país de origen o de residencia anterior«, especifica un documento del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés).

Este convenio no incluye el traslado de menores no acompañados, como se le conoce a los niños que ingresaron solos al país, ni pagos por parte de los firmantes. «La ejecución del presente Acuerdo estará sujeta a la disponibilidad de fondos y a la capacidad técnica de cada Parte», especifica el texto.

En septiembre pasado, fuentes del Departamento de Estado estadounidense y la Cancillería ecuatoriana ya habían adelantado que negociaban un pacto de este tipo, también llamado acuerdo de asilo cooperativo, mediante el cual Ecuador podría recibir hasta 300 solicitantes por año procedentes de EE.UU.

Según el documento, que incluye notas diplomáticas intercambiadas entre ambas naciones en julio pasado, Quito se compromete «a no devolver a ninguna persona trasladada a Ecuador por el Gobierno de EE.UU. a su país de origen o de su anterior residencia habitual hasta que se haya dictado una resolución definitiva» sobre sus casos.

El contenido del pacto, programado para ser publicado oficialmente en el Registro Federal estadounidense el próximo 17 de noviembre, también especifica el compromiso de Ecuador con el establecimiento de un procedimiento para definir el estatus de las personas transferidas que abandonen su petición de asilo o no la tramiten.

Tanto EE.UU. como Ecuador acordaron la elaboración de «procedimientos operativos» en un «instrumento posterior» que incluya «criterios claros» de elegibilidad de aquellos solicitantes de asilo a trasladar, además de la asistencia bilateral necesaria para la implementación del pacto.

Relaciones entre Ecuador y EEUU

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se reunió en septiembre en Quito con el presidente, Daniel Noboa, y su homóloga ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld.

Entonces, Sommerfeld indicó que este convenio respondería solamente a «personas refugiadas de ciertas nacionalidades, que no mantengan ningún tipo de antecedente de delincuencia» y que estén en buen estado de salud.

El presidente Donald Trump ya firmó en 2019, durante su primer mandato, un acuerdo de asilo cooperativo con El Salvador, Honduras y Guatemala, aunque solo se implementó el firmado con el último de estos países.

El Gobierno del ahora expresidente Joe Biden lo suspendió en 2021 ante las críticas de las organizaciones de derechos humanos con respecto a las capacidades limitadas de las autoridades guatemaltecas para acoger a refugiados.

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«Hoy completamos un vuelo más de deportación y expulsión de alrededor de 34 personas«, precisó el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego, quien agregó que con este nuevo vuelo se alcanza un total de «2.736 personas» deportadas y expulsadas gracias al memorando de entendimiento migratorio firmado por ambos países.

El junio pasado, tras una reunión de la secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, Panamá anunció la extensión del acuerdo para continuar con las operaciones de repatriación y deportación de migrantes irregulares.

Mediante este acuerdo, Estados Unidos ha aportado cerca de 14 millones de dólares —7 millones en 2024 y otros 7 millones en 2025— al Gobierno panameño para apoyar las operaciones de deportación y expulsión de migrantes irregulares.

El evento contó con la presencia del embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Cabrera, quien reiteró el compromiso de su país con la gestión migratoria panameña.

Cabrera entregó al Servicio Nacional de Migración de Panamá dos camionetas, dos furgonetas y dos autobuses valorados en casi 600.000 dólares, con el fin de fortalecer la seguridad fronteriza y combatir la migración irregular.

El diplomático estadounidense destacó que «este año unas 20 mil personas se han movilizado del norte al sur», mientras que el flujo del sur al norte ha pasado de aproximadamente 7 mil personas que transitaban por día «a prácticamente cero».

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La funcionaria de la Casa Blanca compartió una nota del medio conservador Breitbart en la que Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), afirma que están «en camino» para cumplir la meta de tener 10.000 nuevos agentes de ICE en la Administración de Donald Trump.

«Son 175.000 estadounidenses que se han postulado para unirse a ICE. ¡Asombroso! Es realmente alentador ver patriotas que no se dejan engañar y quieren aplicar el Estado de derecho y quieren proteger nuestra tierra», declaró McLaughlin al editor en jefe de Breitbart, Alex Marlow.

Contratación de agentes

La funcionaria recordó que existen los fondos gracias a la «gran y hermosa ley» que el presidente Trump firmó en julio y que, según especialistas, convertirá a ICE en la mayor agencia de seguridad de Estados Unidos, con un presupuesto estimado en 75.000 millones de dólares, superior al de casi todos los ejércitos del mundo.

El DHS expuso entonces que habría casi 30.000 millones de dólares para operativos, lo que permitirá contratar a 10.000 agentes de ICE que se sumarán a los 20.000 ya existentes y alcanzar un ritmo de un millón de deportaciones anuales.

Para incentivar las contrataciones, además de los bonos, el DHS eliminó en agosto los límites de edad para los agentes de ICE, que ahora solo necesitan ser mayores de 18 años, pues antes debían tener un mínimo de 21 años y un máximo de 37 ó 40, según la posición a la que postulaban.

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«Argentina ha iniciado el proceso de incorporación al Visa Waiver Program (Programa de Exención de Visados), que de culminar exitosamente permitirá que millones de argentinos puedan viajar a Estados Unidos por turismo o negocios sin necesidad de visado«, aseguró la Oficina del Presidente en un comunicado.

El Presidente Javier Milei mantuvo una reunión con la Secretaria de Seguridad Nacional del gobierno de los Estados Unidos, Kristi Noem, en la que se firmó una declaración de intención para el ingreso al Programa de Exención de Visas y de cooperación bilateral. pic.twitter.com/2q51VQaDLB

— Oficina del Presidente (@OPRArgentina) July 28, 2025

El anuncio tuvo lugar tras la reunión celebrada entre Milei y la secretaria de Seguridad Nacional del Gobierno de Donald Trump, Kristi Noem, en la sede del Ejecutivo en Buenos Aires.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) comunicó también la decisión a través de su web oficial.

«El proceso de designación del Programa de Exención de Visados lleva tiempo, ya que los socios deben cumplir con estrictos requisitos de seguridad, pero la declaración de intenciones indica el apoyo y el compromiso del DHS de trabajar con Argentina mientras trabaja diligentemente para cumplir con los criterios de elegibilidad en los próximos años», explicó en un comunicado.

Noem mencionó además que Argentina es el país latinoamericano con menor cantidad de estadías en Estados Unidos con visados vencidos y destacó que un 25 % más de argentinos viajaron a ese país en los primeros cuatro meses de este año en comparación con el año pasado.

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Tom Homan, el zar fronterizo de Estados Unidos, dijo a la prensa que ha leído muchas noticias falsas sobre la posibilidad de que la administración republicana esté planeando favorecer a ciertos indocumentados.

Homan también se refirió a las provisiones de un proyecto bipartidista presentado en el Congreso esta semana que daría una vía a la residencia permanente a algunos indocumentados subrayando que Trump no firmará ninguna amnistía.

Su negativa, sin embargo, contradice declaraciones pasadas del presidente Trump, quien se ha mostrado preocupado por el golpe a los agricultores, después de varias redadas en campos de California.

«Creo que pronto tendremos una orden al respecto«, añadió. «No podemos hacerle eso a nuestros agricultores, ni a los establecimientos de ocio ni a los hoteles», agregó.

Política para indocumentados

Días después el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) aclaró que las redadas continuarían en los campos, y Trump volvió a decir que no quería perjudicar a los agricultores.

Pero Homan, el encargado en ayudar a implementar la política migratoria de Trump, enfatizó que «no habrá amnistía», tras ser cuestionado sobre las posibles exenciones para las deportaciones de trabajadores agrícolas.

Tras las redadas en campos agrícolas, rancheros, dueños de granjas, e incluso legisladores republicanos han presionado al Gobierno Trump para que reduzca los operativos migratorios en los cultivos.

Aproximadamente un millón de personas trabajan en el campo en Estados Unidos, y cerca del 40% de ellas carecen de un estatus migratorio regular.

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La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, confirmó que la Administración de Donald Trump está en conversaciones con cinco estados del país gobernados por los republicanos para «replicar» el modelo de Florida.

Estas declaraciones llegan días después de que Stephen Miller, asesor de Trump y arquitecto de su política migratoria, dijera a la cadena Fox News que su Gobierno quiere que «todos los estados republicanos» trabajen con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para construir nuevos megacentros de detención.

El centro en Florida, situado en una reserva de humedales llena de reptiles, ha sido denunciado por la oposición demócrata y por migrantes detenidos allí debido a sus condiciones «inhumanas».

Este sábado, un grupo de legisladores federales y estatales de Florida denunciaron que hay 750 migrantes «en jaulas» tras recorrer por primera vez el nuevo centro.

Florida abrió el sitio a los legisladores demócratas, aunque no a la prensa, después de que los primeros inmigrantes detenidos en ‘Alligator Alcatraz’ denunciaron a medios locales las condiciones «infrahumanas» en las carpas improvisadas, con un calor y humedad «asfixiantes», escasez de agua y comida putrefacta.

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La directiva refuerza los protocolos municipales que prohíben el uso de recursos de la ciudad para la aplicación de la ley migratoria, amplía el acceso a recursos para las familias afectadas, establece un nuevo grupo de trabajo del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y solicita registros de agencias federales sobre redadas ilegales.

Bass afirmó que la orden “es necesaria” para ayudar a la ciudad y sus habitantes a enfrentar la política migratoria del Gobierno del presidente Donald Trump.

“Ante las señales de la Administración Trump de que intensificará su enfoque caótico, me aseguro de desplegar todos los recursos y herramientas disponibles en la ciudad para asegurar el apoyo a las comunidades inmigrantes”, declaró la alcaldesa.

Recursos legales para proteger inmigrantes

La demócrata explicó que el Ayuntamiento continuará buscando recursos legales en los tribunales para contrarrestar operativos violentos con agentes enmascarados, tras referirse al despliegue militar ocurrido el lunes en el icónico Parque MacArthur, corazón de la comunidad centroamericana de inmigrantes, que no contó con el permiso de la ciudad.

Aseguró que el operativo, que incluyó un helicóptero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) sobrevolando la zona, mientras que en tierra los agentes se movilizaban en vehículos blindados y a caballo, se hizo con el único fin de “atemorizar” a los inmigrantes.

“Nunca aceptaré estas redadas ilegales y caóticas y seguiré haciendo todo lo posible para defender los derechos de los habitantes de Los Ángeles”, advirtió Bass.

A inicios de semana la alcaldesa de Los Ángeles anunció que la ciudad presentó una moción para unirse a una demanda presentada contra el Ejecutivo estadounidense la semana pasada, alegando que las redadas contra inmigrantes ocurridas en Los Ángeles y sus alrededores son inconstitucionales y están basadas en el perfil racial.

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«Hemos tenido conversaciones sobre acuerdos de seguridad con Colombia. Sé que también se han llevado a cabo negociaciones comerciales con ese país y esperamos tener una mejor relación allí», indicó en una conferencia de prensa la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

Su comparecencia estaba centrada en la seguridad en los aeropuertos y la representante gubernamental no quiso responder de manera directa a una pregunta sobre la misiva enviada por Petro en junio a Trump en la que este le pidió «pasar página de los malentendidos y mirar hacia adelante».

«Sé que el presidente Trump está trabajando muy duro para construir relaciones con todos los países con el fin de asegurarse de que estamos devolviendo a casa a sus ciudadanos que pueden estar en nuestro país cometiendo delitos ilegalmente», se limitó a añadir Noem.

En la misiva de Petro, enviada el 23 de junio y divulgada este pasado lunes por medios colombianos, el líder de Colombia se retractaba de sus declaraciones sobre Rubio.

Crisis diplomáticas entre Colombia y EEUU

El 11 de junio, durante un evento público en Cali, el presidente colombiano se había referido a unas declaraciones del mandatario venezolano, Nicolás Maduro, y afirmó: «Dice un presidente vecino que Marco Rubio está organizando un golpe de Estado contra mí».

En ese contexto, y tras lo que consideró una acusación «infundada» de Petro, Rubio convocó a principios de julio de manera «urgente» al jefe de la misión diplomática estadounidense en Bogotá, John McNamara, y en respuesta el colombiano llamó a consultas a su embajador en Washington, Daniel García-Peña, con el fin de informarse sobre el estado actual de la agenda bilateral con Estados Unidos.

Esta nueva crisis diplomática coincidió con la renuncia la semana pasada de la tercera canciller de Petro, Laura Sarabia, por diferencias con decisiones tomadas por el Gobierno.

Ha sido el segundo conflicto diplomático entre los dos países en lo que va de año. El primero fue el 26 de enero, cuando Petro no permitió el ingreso al país de aviones con ciudadanos deportados por EE.UU. alegando que no recibían un trato digno.

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«¡Gran noticia del Departamento de Seguridad Nacional!», escribió Leavitt en la red social X compartiendo un mensaje de una corresponsal de la cadena CBS News en el que asegura: «Los viajeros ya no tienen que quitarse los zapatos para pasar la fila regular en los controles de seguridad de la TSA (siglas de la Administración de Seguridad en el Transporte) en los aeropuertos».

La medida pone así fin a una norma que ha sido obligatoria durante casi 20 años en los aeropuertos estadounidenses.

Según precisó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, el Ejecutivo quiere mejorar la experiencia de los viajes «conservando los estándares de seguridad» y asegurándose al mismo tiempo de mantener a la gente segura en sus desplazamientos aéreos.

Tal y como dijo en una conferencia de prensa desde el aeropuerto Ronald Reagan de Washington, la medida permitirá agilizar los flujos de pasajeros en un momento en que «muchos visitantes están llegando al país» y se anticipa que todavía más gente viaje a Estados Unidos cuando se conmemore en 2026 el 250 aniversario de la nación, se celebre ese mismo año el Mundial de fútbol o en 2028 los Juegos Olímpicos.

Controles de seguridad en aeropuertos

En agosto de 2006 la TSA comenzó a exigir la retirada del calzado en los controles de seguridad previos al embarque en un avión comercial.

Distintos informes de inteligencia que hablaban de planes de grupos terroristas para usar métodos de este tipo para atentar en vuelos comerciales llevaron a hacer la norma obligatoria casi cinco años después.

Pero en estas dos décadas, según dijo Noem, la tecnología ha cambiado de forma drástica, lo que permite modificar esa exigencia en todos los aeropuertos del país.

La secretaria avisó que a algún pasajero se le solicitará quitarse los zapatos si se considera necesario efectuar algún chequeo adicional. «Pero en términos generales la política será que ya no se requerirá que cada persona lo haga al llegar a un control».

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El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció la nueva norma federal conjunta con el Departamento de Justicia (DOJ) que hace parte de la estrategia de la Administración republicana para presionar a los inmigrantes sin estatus a abandonar el país.

La norma establece una multa de hasta 998 dólares por día a extranjeros que incumplan intencionalmente una orden de deportación.

Los inmigrantes que no acaten una orden de salida voluntaria enfrentarían cobros de 1.992 a 9.970 dólares. Además, los extranjeros que intenten ingresar o ingresen ilegalmente al país podrían enfrentar sanciones económicas de entre 100 a 500 dólares.

Política antiinmigratoria de Trump

La nueva regla también pretende hacer cambios en las notificaciones que se deben enviar a los inmigrantes avisando sobre las multas.

Actualmente, el gobierno debe alertar a quienes se encuentran en EE.UU. sin documentos 30 días antes de comenzar a imponer los cobros, la iniciativa eliminará el plazo de 30 días.

La norma propuesta por el DHS permitiría enviar multas a los inmigrantes indocumentados por correo postal y acortará el proceso aplicable si los afectados impugnan los castigos económicos.

“El DHS considera que la naturaleza de las sanciones por no salir del país y por entrada ilegal justifica la necesidad de procedimientos más ágiles”, dice la norma propuesta.

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Alrededor de 722 personas fueron detenidas en la región metropolitana de Los Ángeles en los diez primeros días de junio, cuando las autoridades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) iniciaron las redadas, de acuerdo a las cifras obtenidas por el Proyecto de Datos de Deportación de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Berkeley.

El rotativo angelino analizó las cifras y encontró que el 69 % de los arrestados durante ese período por ICE no tenía antecedentes penales y el 58 % nunca había sido acusado de ningún delito.

Los datos contradicen al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que este martes dijo en un comunicado que desde el pasado 6 de junio ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) iniciaron una operación “para expulsar a los peores delincuentes extranjeros ilegales”.

Al respecto, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, dijo la semana pasada en una entrevista con la CNN que a pesar de que la Casa Blanca había dicho que iba a perseguir a delincuentes violentos se había enfocado en trabajadores.

“No era una guarida de narcos, era un Home Depot«, dijo Bass cuestionando los espacios en los que se estaban llevando a cabo las redadas.

El análisis de Los Angeles Times encontró que la edad promedio de los arrestados era de 38 años y que, en su mayoría, se trataba de hombres. Casi el 48 % eran mexicanos, el 16 % guatemaltecos y el 8 % salvadoreños.

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La secretaria del DHS, Kristi Noem, aseguró en una audiencia ante el Senado que «no tiene planes de realizar un ‘reality’ show», luego que de fuera interpelada sobre la participación de la Administración en la producción.

La inédita posibilidad de que EE.UU. diera luz verde a una competencia televisiva cuyo fin sea obtener la naturalización en el país, fue reportada inicialmente por el diario británico The Daily Mail, que informó sobre el supuesto respaldo de Noem, algo que funcionarios de su departamento negaron.

La subsecretaria de la agencia, Tricia McLaughlin, aseguró en comunicado remitido a EFE la semana pasada que Noem «no ha respaldado ni conoce la propuesta de ningún programa de ficción o telerrealidad», aunque añadió en ese entonces que el plan «no ha recibido aprobación, ni rechazo del personal».

Propuesta del reality para inmigrantes

La portavoz admitió que la agencia gubernamental «recibe cientos de propuestas para programas de televisión al año» y que cada una «se somete a un riguroso proceso de selección antes de su rechazo o aprobación».

El productor Rob Worsoff, quien llevó la idea al DHS, aseguró al diario que el programa está pensado como «una celebración de ser estadounidense y del privilegio de ser ciudadano de Estados Unidos».

«Esto no es ‘Los Juegos del Hambre’ para inmigrantes», dijo. «Esto no es: ‘Si pierdes, te enviaremos en barco fuera del país’».

Los reportes de que el DHS estaba evaluando esta propuesta se dieron a conocer cuando la agencia se mueve rápidamente para impulsar la agenda del presidente, Donald Trump, quien regresó al poder en enero con una política de mano dura contra la inmigración, que incluye promesas de una histórica deportación masiva de indocumentados.

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En el tercer mes del año se constató «el menor número de arrestos fronterizos registrado en la historia de EE.UU., con poco menos de 7.200; esto significa que hubo días con menos de 200, lo que, nuevamente, es el nivel más bajo registrado», declaró la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, ante el Congreso.

La baja en los datos de cruces irregulares en la frontera de EE.UU. con México coincide con el endurecimiento en la política migratoria del país tras la llegada al poder en enero de Trump, quien ha prometido una histórica campaña masiva de deportaciones de indocumentados.

Durante su comparecencia, Noem resaltó que específicamente el 25 de febrero de 2025, la Patrulla Fronteriza encontró un récord de menos de 160 migrantes en la frontera suroeste con México.

En los tres primeros meses del año, el DHS también registró una baja del 94 % en los arrestos con menores migrantes no acompañados.

Encuentros con migrantes en la frontera

En marzo, el tráfico de fentanilo en la frontera se redujo un 54 % en comparación con el año anterior, según datos oficiales. En ese mismo mes, la Guardia Costera incautó 105.000 kilos de fentanilo y otras drogas ilícitas.

En febrero pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) registró 8.347 encuentros con migrantes irregulares en la frontera suroeste, lo que significó una caída del 94 % internanual y una disminución del 71 % intermensual.

Las autoridades migratorias estadounidenses ya habían reportado una reducción de un 85 % de los cruces en el límite con México durante los primeros 11 días del segundo Gobierno de Trump, frente al mismo período del 2024.

Trump llegó al poder con la promesa de realizar una deportación masiva de migrantes, a los que suele llamar «criminales». Este lunes, el DHS anunció que pagará 1.000 dólares a los indocumentados que elijan autodeportarse voluntariamente, además de ofrecer ayudas para comprar boletos de regreso a sus países.

Entre otras acciones, Trump ha militarizado la frontera, ha ordenado redadas en varios puntos del país y ha revocado beneficios migratorios para varias nacionalidades.

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El DHS detalló en un comunicado que las asistencias se canalizarán a través de la aplicación rebautizada como CBP Home y que en el caso del estipendio, este se pagará a los beneficiarios «una vez confirmado su regreso a su país de origen».

«La autodeportación es una forma digna de salir de EE.UU. y permitirá a los extranjeros indocumentados evitar ser interceptados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE)», indicó DHS.

Según el departamento, un hondureño que compró un pasaje desde Chicago a su natal Honduras fue el primero en hacer uso con éxito de este programa de asistencia de viajes. «Ya se han reservado boletos adicionales para esta semana y la siguiente», afirma el comunicado.

Campaña de deportaciones de indocumentados

Los inmigrantes irregulares que expresen su decisión de autodeportarse voluntariamente a través de CBP Home – una actualización de la aplicación CBP One de la Administración de Joe Biden (2021-2025)- ya no estarán en lo alto de la lista de ICE para sus redadas, «siempre que demuestren que están logrando avances significativos en la finalización de dicha salida»

«Participar en el programa de autodeportación de CBP Home puede ayudar a preservar la opción de que un extranjero indocumentado reingrese legalmente a EE.UU. en el futuro», advirtió DHS.

La Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, se ha movido con rapidez para cumplir las promesas del mandatario de realizar la mayor campaña de deportaciones en la historia del país.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/Graeme Sloan

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El plan del presidente  Joe Biden para suprimir el Título 42 estableció nuevas reglas para los solicitantes de asilo y castigos más severos para los migrantes que ingresan de forma ilegal, lo que redujo las detenciones a un promedio de 3.400 diarias, desde el 12 de mayo hasta el pasado viernes 2 de junio, según datos del DHS.

México aporta el mayor número de detenidos con un promedio de 1.200 al día, seguido de Honduras, con un promedio de 520 detenciones diarias, y Guatemala, con 360 detenidos al día.

De acuerdo con el DHS, entre el 12 de mayo y el 2 de junio también se repatriaron a más de 38.400 extranjeros de más de 80 países, incluidos 1.400 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que fueron devueltos a México bajo un acuerdo que permite enviarlos a ese país.

Según datos del International Rescue Committee, con la entrada en vigencia del Título 42, impuesto por el Gobierno del expresidente Donald Trump (2017-2021) al inicio de la pandemia en marzo de 2020, EE.UU. ejecutó más de 2,5 millones de expulsiones de migrantes.

Como parte de su plan, el gobierno de Biden actualizó el uso de la aplicación móvil CBP One para permitir que los solicitantes de asilo inicien sus peticiones desde su teléfono celular o una computadora. En promedio, 1.070 migrantes se presentaron todos los días para ser procesados después de programar una cita.

A partir del jueves pasado, el número de citas disponibles aumentó a 1.250 por día. Los migrantes que más usaron CBP One provienen de Haití, México y Venezuela.

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Víctor De Abreu

El Consulado General de los Estados Unidos en Matamoros, Tamaulipas, manifestó que el gobierno estadounidense exhortó a los ciudadanos evitar el área, y a su vez monitorear los medios de comunicación para obtener más información.

Una caravana de más de 1.000 migrantes de Venezuela partió este viernes desde Tapachula, frontera sur mexicana con destino a territorio estadounidense, a pesar de las nuevas restricciones migratorias, porque no quieren quedarse varados en Centroamérica o en territorio mexicano.

Esta es la primera caravana de migrantes de Venezuela desde que el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense (DHS, en inglés) anunció el miércoles la expulsión inmediata de los venezolanos que lleguen a Estados Unidos al cruzar la frontera con México.

The Gateway Bridge between Matamoros and Brownsville has been closed due to a protest. U.S. gov. employees have been instructed to avoid the area until further notice. 🇺🇸 citizens should avoid the area, monitor media for updates, and notify friends and family of their safety.

— US ConGen Matamoros (@USCGMatamoros) October 14, 2022

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Gabriela Morales

Con información de medios internacionales y redes sociales

En aplicación de esa norma sanitaria, iniciada por el gobierno del expresidente Donald Trump hace dos años y que vence este miércoles, más de 1,6 millones de migrantes fueron expulsados en la frontera de manera expedita.

Los Centros para Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos deben concluir hoy su revisión de la norma. El gobierno anunciará si continúa su aplicación o la suspende.

Una notificación de DHS dio detalles de su estrategia integral para encarar un incremento potencial en el número de encuentros con migrantes indocumentados en la frontera.

Esa estrategia incluye el despliegue de recursos para lidiar con volúmenes incrementados, “un trámite migratorio más justo y eficiente, el procesamiento y deportación de quienes no tienen razones válidas para solicitar asilo”.

Un funcionario de DHS, en una conversación con periodistas, detalló que las autoridades necesitan estar preparadas para lo que se considera una contingencia potencial, que es que la suspensión del Título 42 pueda incrementar los flujos de inmigrantes.

22 legisladores piden mantener la restricción

Al menos 22 miembros de la representación de Texas en la Cámara de Representantes enviaron una carta al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, así como al secretario de Salud, Xavier Becerra, instan al gobierno de Biden para que mantenga en práctica el Título 42.

En la misiva, los legisladores señalaron que las ciudades cercanas a la frontera ya encaran las dificultades de la migración ilegal y no tienen alojamiento temporal, servicios de salud y transporte para encarar la consecuencia de una suspensión del Título 42.

Las comunidades locales se verán forzadas a absorber al menos el doble del número actual de migrantes con resultados probablemente catastróficos

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales