«Acabamos de terminar una extraordinaria reunión con la doctora Eglée González, la defensora del Pueblo, que tiene extraordinarios proyectos que se adaptan a este nuevo momento que vive Venezuela, este renacer de Venezuela, proyectos que van dirigidos a atender los derechos del pueblo venezolano», indicó Rodríguez, junto a González, en un video difundido en su cuenta de Telegram.

La presidenta calificó de «extraordinarios» los proyectos y manifestó su confianza en que van a «revitalizar» los derechos humanos en el país.

«Los derechos humanos son la brújula que marcan la actuación del Estado venezolano», añadió la mandataria que en enero pasado anunció un «nuevo momento político» en Venezuela, luego de que Nicolás Maduro fuera capturado en enero por tropas estadounidenses en un ataque militar a Caracas.

Desde entonces, ha ordenado excarcelaciones de presos políticos y el Parlamento aprobó una ley de amnistía que ha beneficiado a más de 8.500 personas, aunque la gran mayoría de ellas tenían libertad restringida.

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A través de un comunicado publicado por Prensa Presidencial en Telegram, la mandataria indicó que solicitó la colaboración de la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General para esta investigación.

Asimismo, lamentó el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre del preso político.

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«Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH. e iniciamos una hoja de ruta para el seguimiento de estos expedientes, garantizando el derecho a la defensa y a la integridad de las personas», afirmó la defensora en un mensaje.

La institución divulgó algunas fotografías del encuentro con los familiares, quienes llevaron imágenes de los detenidos con carteles en los que denunciaron los casos como «falsos positivos tancol».

La semana pasada, un colectivo integrado por familiares de presos políticos solicitó la intercesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para liberar a 16 colombianos recluidos en Venezuela y acusados de «terrorismo».

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«La Defensoría asumirá la defensa de los derechos humanos en todas las vulnerabilidades. No se trata de un tema«, declaró González Lobato a la prensa desde la sede de su institución, en Caracas, luego de reunirse con representantes de dicho programa.

La funcionaria afirmó que la Defensoría del Pueblo tiene la «mayor intención» de entender la «realidad del país» y prometió «unir esfuerzos» para ser «efectivos en las respuestas y acciones».

«Queremos enviar un mensaje, es un mensaje de coordinación interinstitucional para dar respuesta a las necesidades de los venezolanos y venezolanas«, apuntó la defensora, quien fue designada por el Parlamento la semana pasada.

En este contexto, abogó por construir confianza y disminuir la conflictividad en Venezuela, aunque no desarrolló a profundidad este planteamiento durante su intervención ante los medios.

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«Se trata de unas mínimas e ineludibles exigencias relacionadas con asuntos que no admiten aplazamiento sin comprometer gravemente la protección efectiva de los derechos humanos», señaló la defensora del Pueblo de Colombia, Iris Marín, durante una rueda de prensa en Bogotá.

A menos de dos meses de las elecciones, la entidad alertó que el país enfrenta un escenario marcado por la persistencia de la violencia, brechas sociales profundas y debilidad institucional en varias regiones, por lo que presentó un documento que recoge cuatro frentes críticos: desigualdad, paz y seguridad, ambiente y transformación rural.

En el frente de desigualdad, la Defensoría advirtió que la pobreza, la informalidad y la exclusión siguen afectando de manera desproporcionada a comunidades rurales, pueblos étnicos, mujeres y jóvenes, y pidió, entre otras medidas, una reforma integral al sistema de salud.

«La desigualdad persiste como un problema estructural que limita el goce efectivo de los derechos humanos», agregó la funcionaria.

En materia de paz y seguridad, el organismo señaló que, pese al acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno y las antiguas FARC, las dinámicas del conflicto armado continúan activas y se han transformado en grupos «crecientes, transnacionales y altamente organizados«.

Los movimientos tuvieron lugar una semana después de la entrada en vigor de la amnistía. Pese a que habían sido ratificados hasta 2031, Tarek William Saab y Alfredo Ruiz dimitieron tras ocupar sus cargos desde 2017. La Asamblea Nacional nombró de manera provisional a Saab como defensor del pueblo encargado y al abogado Larry Devoe como fiscal general interino.

Necesidad operativa

El coordinador de la ONG Provea, Oscar Murillo, afirmó que los cambios reflejan un «reacomodo de la dinámica interna», aunque advirtió que no evidencian una «ruta clara» hacia la reinstitucionalización. Por su parte, el politólogo Guillermo Tell Aveledo subrayó que el Poder Ciudadano es un eje central de la amnistía, y el cambio de cúpula busca una «gestión de tiempos más fluida» ante las 8.110 solicitudes acumuladas.

Saab regresa a la Defensoría, cargo que dejó en 2017 para ir a la Fiscalía. Para Murillo, esta designación representa «una burla» para las víctimas de violaciones de derechos humanos. Aveledo agregó que el papel de Saab refleja la transición del sistema y su regreso marca el cierre de una etapa preservando su capital político interno.

Apuesta «técnica»

Sobre Larry Devoe, sancionado por Canadá en 2019, Aveledo consideró que es una «apuesta por la especialización técnica» debido a su experiencia en instancias internacionales. Murillo, sin embargo, cuestionó su cercanía con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, señalando que esto contradice el principio de imparcialidad.

Aveledo destacó que el oficialismo enfrenta el reto de racionalizar ante sus bases una negociación de soberanía y un gesto de «perdón» a cambio de estabilidad tras la captura de Nicolás Maduro. Murillo concluyó que la reinstitucionalización exige decisiones serias y que no se puede seguir «simulando cambios» en materia de derechos humanos.

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«Fue un extraordinario fiscal, un extraordinario defensor del pueblo y regresa a sus orígenes. No tenemos dudas de que lo va a hacer muy bien«, manifestó Cabello en su programa semanal ‘Con el mazo dando’, transmitido por el canal estatal VTV.

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela juramentó este miércoles a Larry Devoe y Tarek William Saab como fiscal general y defensor del pueblo encargado, respectivamente, mientras el Legislativo comienza un proceso de selección de los funcionarios definitivos.

Previamente, el Parlamento anunció que Saab presentó su renuncia como fiscal general, sin precisar los motivos, mientras que especificó que Alfredo Ruiz lo hizo como defensor del pueblo por causas personales, familiares y de salud.

Tanto Saab como Ruiz Angulo habían sido ratificados en sus cargos en octubre de 2024 para un periodo hasta 2031, pero su renuncia fue comunicada de manera sorpresiva este miércoles.

Saab, quien también fue gobernador, llegó a la Fiscalía en 2017 por designación de la plenipotenciaria Asamblea Nacional Constituyente, un foro integrado exclusivamente por defensores del Gobierno de Nicolás Maduro.

Las renuncias de Saab y de Ruiz Angulo se dan en medio del proceso de amnistía que fue aprobado el pasado jueves por el Parlamento, lo que permitirá liberaciones de presos políticos desde 1999 hasta la actualidad.

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«Hacer política, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país«, escribió el activista Peche en su cuenta en la red social X.

Hacer politica, defender derechos humanos o hasta opinar sobre lo que pasa en Venezuela puede ser causa de asesinato, ya no solo dentro del país.

Hoy mi hermano de vida @yendrive y yo lo vivimos en carne propia. Todavía lo estoy procesando pero lo más importante es que…

— Luis Peche Arteaga (@LuisPecheVE) October 13, 2025

El activista indicó que se encuentra bien al igual que Velásquez y agradeció a todos aquellos que han escrito sobre el hecho.

La Defensoría del Pueblo de Colombia denunció el hecho e instó a la Fiscalía a abrir una investigación «pronta y exhaustiva que permita esclarecer los hechos y adoptar medidas de protección para las víctimas«, al tiempo que reiteró su rechazo a toda forma de violencia, estigmatización o discriminación contra quienes buscan refugio y asilo en Colombia.

La institución indicó que el activista Velásquez había acudido a la entidad para solicitar acompañamiento en su trámite de protección internacional, tras huir de Venezuela por -aseguró- «persecución derivada de su labor en defensa de los derechos humanos».

Según la Policía Nacional de Colombia, se trató de un «ataque sicarial» tras el que ambos fueron trasladados a una clínica, donde se encuentran fuera de peligro, aunque Velásquez tuvo que ser sometido a una cirugía.

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La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, presentó en Bogotá la ‘Alerta Temprana Electoral 2025-2026’, un informe preventivo basado en 14 variables de riesgo y en la presencia territorial de la institución en los más de 1.100 municipios del país.

El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.

Las alertas tempranas son el principal instrumento de prevención y advertencia temprana de la Defensoría del Pueblo para evitar que los conflictos armados, el crimen organizado o la violencia política deriven en violaciones de derechos humanos.

Mayor atención de la Defensoría

El suroeste, que abarca los departamentos de Cauca, Nariño y Valle del Cauca, «es la subregión más crítica del país» pues concentra el 24 % de los municipios con necesidad de intervención inmediata, seguido del noroeste (Antioquia, Córdoba y Chocó) y el Catatumbo, en Norte de Santander, fronterizo con Venezuela.

Entre los principales actores armados que inciden en esas regiones figuran las disidencias de las FARC —incluido el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia—, la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, y otros grupos de crimen organizado.

La alerta, emitida seis meses antes de lo habitual, incluyó 20 recomendaciones dirigidas a distintas entidades del Estado, centradas en la prevención y la protección con enfoque de derechos humanos.

Entre ellas pidió al Ministerio del Interior mejorar la coordinación institucional, al Ministerio de Defensa reforzar la seguridad en las zonas rurales de mayor riesgo, y a la Unidad Nacional de Protección (UNP) priorizar la seguridad de candidatos, periodistas y firmantes de paz.

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Esa institución detalló en un comunicado que «en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación» entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

Las autoridades de Colombia atribuyeron al EMC el atentado ocurrido el jueves en Cali, capital del Valle del Cauca, que dejó siete víctimas mortales, según confirmó este lunes la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Según explicó, las disputas de los grupos armados por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos «han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados».

La presencia de estos grupos armados en la zona ha aumentado el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos y «afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas» de Colombia.

Ante esta situación, el organismo instó al Gobierno de Colombia a reforzar la presencia y el control territorial; fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, y ampliar la capacidad de respuesta humanitaria.

La Defensoría también llamó a la Fiscalía a «priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de la violencia, masacres, homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género».

 

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«Esta infamia constituye una violación flagrante del derecho internacional, un atentado contra nuestra soberanía y una grosera intromisión en los asuntos internos de un Estado soberano», dijo el fiscal general, Tarek William Saab, al leer un comunicado suscrito por las tres instituciones.

Asimismo, consideran que Estados Unidos insiste en recurrir a prácticas «propias de regímenes coloniales universalmente rechazados desde hace siglos, utilizando su aparato judicial como instrumento de persecución política global».

A juicio de los integrantes del Poder Ciudadano, pretender vincular a Maduro con «estructuras criminales», no es «solo una calumnia infame, sino un intento de construir un expediente artificial que no resiste el menor análisis serio, técnico o jurídico».

«Frente a esta narrativa falsa y malintencionada hay una verdad irrebatible, el Estado venezolano bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro y en coordinación con los órganos del sistema de Justicia, ha impulsado una política firme, sostenida y eficaz contra el crimen organizado, el narcotráfico y todas las formas de delincuencia transnacional», añadieron.

Ante esto, denunciaron esta campaña como una «operación ilegítima, que atenta contra los principios de no injerencia y de autodeterminación de los pueblos».

 

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«La denuncia es un paso fundamental para proteger la vida y la dignidad de las mujeres venezolanas», señaló el defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, citado en una nota de prensa.

Asimismo, hizo un llamado a los ciudadanos a no «permitir, tolerar ni normalizar estas conductas que son parte de una cultura machista patriarcal que a lo largo de los años se mantiene instaurada« en el país.

Ruiz indicó que actualmente la Defensoría del Pueblo ofrece asesorías legales gratuitas, acompañamiento, orientación y «canales confidenciales» para la recepción de denuncias.

Además, dijo que a través de la Escuela Nacional de Derechos Humanos se ofrecen cursos, talleres y diplomados dirigidos al público en general con el «objetivo de formar y empoderar a la población sobre los derechos de las mujeres a una vida libre de violencia y fortalecer una cultura de respeto a sus derechos humanos».

Tribunales contra la violencia machista

Al menos 61 mujeres fueron víctimas de feminicidio en Venezuela entre enero y mayo pasado, según informó el pasado 5 de agosto la organización no gubernamental Utopix, que considera sus datos como un «subregistro» al alertar que solo corresponden a casos registrados por medios de comunicación.

De acuerdo con el reporte de la ONG, del total de feminicidios, siete fueron en enero, doce en febrero, mientras que en marzo y abril registraron quince en cada uno y doce en mayo.

El pasado junio, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela informó que «próximamente» se instalarán nuevos tribunales contra la violencia machista en varios estados del país.

En 2024, Venezuela recibió 845 denuncias y peticiones relacionadas con violencia de género, según un informe presentado el pasado mes de marzo por la Defensoría del Pueblo.

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«Estamos viendo un aumento de lo que llamamos migración inversa, personas que tras intentar llegar al norte del continente ahora regresan sin garantías, muchas veces víctimas de violencia, trata o naufragios», advirtió en un declaraciones a EFE la defensora del pueblo, Iris Marín.

Uno de los principales corredores de retorno para los migrantes que cruzan la selva del Tapón del Darién comienza en el poblado panameño de La Miel y termina en el pueblo colombiano de Capurganá, en el departamento del Chocó.

Este último punto marca el final del trayecto selvático de una de las rutas más peligrosas del continente, que hasta hace poco era recorrida por cientos de miles de personas en dirección a Estados Unidos, pero que hoy, debido a las restricciones migratorias del gobierno de ese país, comienza a ser transitada en sentido inverso por quienes retornan sin haber logrado su objetivo.

Cruce de migrantes

Desde Capurganá, los migrantes cruzan por mar el golfo de Urabá hasta llegar al puerto de Necoclí, en el departamento de Antioquia, donde suelen buscar vías de transporte hacia otras ciudades del interior del país.

Este corredor marítimo se ha convertido en una ruta crítica para el retorno, pero también evidencia los vacíos institucionales en materia de atención humanitaria, especialmente en lugares apartados y de difícil acceso, como Capurganá y Necoclí.

A pesar de que los datos oficiales de tránsito por el Darién los divulgan mensualmente las autoridades panameñas, Migración Colombia advirtió de la entrada al país de 10.246 migrantes en tránsito inverso entre enero y mayo de 2025, lo que supone más de 80 personas al día que vuelven a Colombia.

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«Tenemos serias inquietudes que creemos que deben ser atendidas porque, según se conoce, esta concentración sería sin dejación de armas en una zona en la que se desarrollarían proyectos de participación territorial con participación de las comunidades», manifestó la funcionaria en Cúcuta, capital de Norte de Santander, departamento al que pertenece el Catatumbo.

Que se tomen todas las medidas de «evaluación de riesgo» para las comunidades que habitan la región

El anuncio de la ZUT, donde se concentrarán combatientes del Frente 33, que hace parte del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF) de las disidencias, lo hizo el pasado sábado el presidente colombiano, Gustavo Petro, sin dar detalles sobre las condiciones y duración de esa concentración.

Marín reconoció que la Defensoría del Pueblo y los pobladores del Catatumbo quieren «la paz en el territorio», pero pidió que se tomen todas las medidas de «evaluación de riesgo» para las comunidades que habitan esa región.

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Durante el pleno, la diputada Carolina García explicó que el Poder Ciudadano, que incluye la Fiscalía General, la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo, fue incluido en la Constitución aprobada en 1999 como una rama del poder público, rompiendo con la «estructura clásica» en la división de poderes.

El presidente de la comisión será el diputado Giuseppe Alessandrello.

En agosto de 2017, la extinta Asamblea Nacional Constituyente (ANC), un foro integrado únicamente por oficialistas que ejerció en el país durante dos años, designó a Tarek William Saab como fiscal general, luego de aprobar la destitución de Luisa Ortega Díaz, así como su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público.

La ANC acusó a Ortega de cometer «actos inmorales», y a su esposo, el exdiputado Germán Ferrer, de ser parte de una trama de extorsión que presuntamente operaba desde la Fiscalía.

Posteriormente, en octubre de 2018, la ANC designó como nuevo contralor general a Elvis Amoroso, que ocupó el cargo hasta 2023, cuando lo dejó por ser nombrado presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), donde se mantiene hasta la fecha.

De acuerdo con la legislación venezolana, las designaciones del contralor, fiscal y defensor corresponde al Parlamento, entonces controlado por la oposición y declarado en «desacato» por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que la ANC hizo uso de su carácter plenipotenciario para asumir estas tareas.

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Fuente de imagen referencial: Prensa Asamblea Nacional

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El encuentro estuvo a cargo de la coordinadora nacional del Programa VIH-Sida de la cartera de Salud, Yolimar Gil, quien conversó sobre las formas de transmisión y evolución del virus de inmunodeficiencia humana, las diferencias entre VIH y sida, medidas preventivas, no discriminación y la estrategia mundial contra la enfermedad.

En el taller, participó también el director de Materias de Especial Atención de la Defensoría del Pueblo, Edward Ferrazza, quien explicó el alcance de la Ley para la Promoción y Protección del Derecho a la Igualdad de las Personas con VIH o Sida y sus familiares, el marco jurídico nacional e internacional, el rol de la institución de la que forma parte y la protección de los pacientes.

La capacitación forma parte de un convenio de cooperación entre la Defensoría del Pueblo y el Programa de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSida). El programa está dirigido, principalmente, al personal sanitario, así como a «diferentes servidoras y servidores del Estado» en Caracas y los estados Amazonas, Bolívar, Delta Amacuro, Monagas y Sucre.

El convenio también contempla jornadas con comunidades sobre la prevención y tratos no discriminatorios.

En el marco del convenio suscrito entre la @Defensoria_Vzla y @ONUSIDA_VE se impartió un taller: Derechos Humanos de las personas con VIH/SIDA y Rol de la Defensoría del Pueblo. pic.twitter.com/SpNH2rUKKl

— Defensor del Pueblo (@Defensoria_Vzla) September 8, 2023

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Fiorella Tagliafico

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Fuente de imagen referencial: Twitter / @Defensoria_Vzla

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La congresista de izquierdas Ruth Luque detalló que la persona fallecida se llamaba Remo Candia Guevara, murió en el Hospital Antonio Lorena de Cuzco y era dirigente de la comunidad campesina Urinsaya Ccollana, en la provincia de Anta.

Hasta el momento, 40 manifestantes murieron en enfrentamientos directos con las fuerzas del orden, así como un agente de policía, mientras siete personas más perdieron la vida “por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo”, según los datos de la Defensoría del Pueblo.

“Guerra Civil”, gritan los manifestantes en Cuzco, en medio de las protestas contra el gobierno de @DinaErcilia Boluarte pic.twitter.com/A42LmLOAMc

— Oscar Cáceres González (@oscarcaceres) January 12, 2023

Las protestas de este miércoles en Cuzco se concentraron en los alrededores del aeropuerto Alejandro Velasco Astete, tal y como sucedió en otros puntos del país, donde los manifestantes se dirigieron contra estas infraestructuras.

De acuerdo con un primer reporte de la Gerencia Regional de Salud del Cuzco, en esa manifestación hubo 22 heridos, entre ellos, seis policías que sufrieron contusiones y uno presentó un traumatismo encéfalocreaneano, que requirió ser trasladado a otro centro médico.

Los heridos presentan lesiones por proyectil de arma de fuego (PAF), heridas por perdigón, contusiones e intoxicación por el gas lacrimógeno, entre otras.

Los manifestantes exigen la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso, el adelanto de elecciones generales a 2023 y una asamblea constituyente.

#Perú: segundo día de paro en Ayacucho con movilización, cierre de comercios y paralización del transporte. Hay protestas en Arequipa, Andahuaylas, Tacna, Puno. Se denuncia una fuerte represión en Cuzco. Llegó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. pic.twitter.com/jNd011XYwo

— Marco Teruggi (@Marco_Teruggi) January 11, 2023

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Gabriela Morales

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Fuente imagen referencial: Cactus24, vía web

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Los hechos ocurrieron el sábado, cuando «18 hombres murieron por la confrontación entre el autodenominado ‘Comandos de la Frontera’ y el frente primero ‘Carolina Ramírez’ de las disidencias de las FARC», de acuerdo a un boletín divulgado por el órgano estatal que vela por los derechos humanos.

La entidad no precisó si los fallecidos eran combatientes o civiles. Los choques se desataron en una zona rural del municipio de Puerto Guzmán, a unos 60 kilómetros de la frontera ecuatoriana. La Defensoría pidió «la presencia de la Fuerza Pública y la Fiscalía en la zona».

«Los cuerpos de los fallecidos fueron trasladados por la comunidad y permanecen en estos momentos en el cementerio de la Inspección de José María», detalló el comunicado.

El frente Carolina Ramírez pertenece a la facción más grande que se apartó del pacto de paz que desarmó a las FARC en 2017, conocida como Estado Mayor Central, según la prensa local.

La organización ha tenido contactos con delegados del presidente Gustavo Petro en una fase exploratoria de diálogos de paz y había anunciado que mermaría los ataques contra la fuerza pública para propiciar un alto al fuego bilateral en Colombia.

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Gabriela Morales

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La Defensoría del Pueblo explicó en un comunicado que el acuerdo se alcanzó durante un encuentro entre Ruiz y Rampolla, que también sirvió para ampliar los campos de cooperación en favor de “los sectores más vulnerables de la población”.

Asimismo, dijo que ambas partes acordaron construir “espacios de confianza” para ampliar la protección, defensa y vigilancia de los derechos humanos en las “zonas más distantes” de Venezuela, así como realizar trabajos complementarios y jornadas en coordinación con las Alcaldías, consejos comunales y otras instituciones del Estado.

Los organismos también se comprometieron a fortalecer los programas de formación como la prevención de la trata de personas y la protección social de los adultos mayores.

El defensor del Pueblo de Venezuela, Alfredo Ruiz, y el coordinador residente de la ONU en el país, Gianluca Rampolla, acordaron fortalecer los programas de protección social y formación en materia de derechos humanos.

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— Efecto Cocuyo (@EfectoCocuyo) September 27, 2022

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Gabriel Velásquez

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El alcalde de Arauquita, Etelivar Torres, explicó que recibió información de la comunidad sobre muertos por combates en varios lugares del departamento pero que es una información “no oficial” puesto que no han sido constatadas por ningún organismo.

Al respecto, la Defensoría del Pueblo indicó que, según información recopilada por su oficina regional, en las últimas horas se han presentado “homicidios, amenazas, retenciones ilegales, desplazamientos masivos y riesgo de desplazamiento forzado en municipios de frontera”, específicamente en Tame, Fortul, Saravena y Arauquita.

Igualmente, expresó su profunda preocupación por la “agudización del conflicto armado” en Arauca, departamento petrolero en el que hay fuerte presencia del ELN, disidencias de las FARC y bandas de narcotraficantes se disputan el control territorial.

Entre los muertos hay mandos medios de las disidencias de las FARC, otros del ELN y simpatizantes, milicianos o población civil

Protección de los derechos humanos

La Oficina en Colombia de la Alta Comisionada de la ONU para los DDHH llamó a proteger a la población civil y a activar los planes de contingencia para estos casos.

“Hacemos un llamado a asegurar el respeto al DIH y a los DDHH, en particular a la protección de la población civil; a activar los planes de contingencia necesarios y medidas que permitan cumplir las recomendaciones de las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo”, señaló el organismo internacional.

En ese mismo sentido, se manifestó la Misión de Apoyo al Proceso de Paz (MAPP/OEA) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

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Gabriela Morales

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