«No somos una institución enemiga de ningún país o régimen; somos un tribunal cuya función es procesar y juzgar a los responsables de los crímenes más graves del mundo. Por tanto, quiero dejar claro que no actuamos en oposición a ningún gobierno», afirmó Akane en una rueda de prensa telemática ofrecida a medios japoneses tras ser sancionada la semana pasada por Washington.

La magistrada insistió en que la respuesta de la CPI a las medidas estadounidenses -un conjunto de comunicados que rechazan las sanciones- no debe interpretarse como un enfrentamiento «específico» con la Administración de Donald Trump, sino como una defensa de «la independencia» del tribunal ante cualquier intento de presión exterior.

Además de las sanciones de Trump, Moscú también emitió una orden de detención contra Akane y un tribunal ruso la condenó en rebeldía el pasado diciembre. En ese caso, fue por haber formado parte de la sala que emitió en 2023 una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, por la presunta deportación ilegal de menores ucranianos a territorio ruso.

Estas situaciones obligan a Akane a dedicar «un tiempo y esfuerzo considerables» a garantizar su seguridad personal, dijo.

La presidenta rechazó además las acusaciones de Estados Unidos contra la CPI y calificó de «absolutamente falso» que sea una organización «política y corrupta que utiliza el derecho internacional para arrebatar soberanía» a otros países, como afirma Washington.

Según Akane, la Corte y su personal investigan, procesan y juzgan de manera «neutral e imparcial» a altos cargos sospechosos de los crímenes internacionales más graves y solo cuando se cumplen las condiciones establecidas por el Estatuto de Roma, su tratado fundacional.

También rechazó que las medidas estadounidenses respondan a una investigación actual dirigida contra sus ciudadanos y consideró que Washington invoca una «amenaza distante» (una investigación de presuntos crímenes en Afganistán que podría afectar a militares estadounidenses), sin que exista en estos momentos un caso directo contra personal de Estados Unidos.

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La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Como es habitual, la OFAC indicó que EE.UU. también sancionará transacciones con «cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más».

Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisados investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.

«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y deeply politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal», explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras.

Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.

En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

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En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la decisión anunciada por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y aseguró que el nuevo gobierno venezolano se suma a los esfuerzos encabezados por Washington para «desmantelar» la Corte.

«La CPI ha estado ‘investigando’ a Nicolás Maduro desde 2018 sin ningún resultado», afirmó el Departamento de Estado, que acusó al tribunal de destinar recursos a investigar y acusar a ciudadanos de países con sistemas judiciales «competentes e independientes» que nunca aceptaron su jurisdicción.

Según Washington, esa actuación constituye una muestra de «extralimitación», «sesgo político» y «aplicación selectiva de la justicia».

El gobierno estadounidense sostuvo además que la Corte «no es creíble, independiente ni legítima».

La Administración del presidente Donald Trump destacó que Maduro, detenido en Estados Unidos, enfrenta ahora la justicia estadounidense por los delitos que presuntamente cometió y concluyó el comunicado con un llamamiento para que todos los Estados parte abandonen el Estatuto de Roma, tratado fundacional de la CPI.

La reacción estadounidense llegó un día después de que el gobierno venezolano anunciara su decisión «firme e irrevocable» de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar el proceso de retirada de la Corte.

La CPI lamentó la decisión de Venezuela

El canciller venezolano, Félix Plasencia, sostuvo que la CPI ha concentrado de forma «desproporcionada» sus investigaciones en países africanos y latinoamericanos y acusó al tribunal de actuar con un sesgo que responde a intereses ajenos a la justicia.

Según explicó, por instrucciones de Rodríguez, la decisión ya fue comunicada al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

La presidenta encargada también acusó a la Corte de haber acumulado un historial de actuaciones dirigidas contra los países del llamado «sur global» y defendió que Venezuela apuesta por una justicia internacional basada en el respeto de la soberanía y el derecho internacional.

Por su parte, la CPI lamentó la decisión venezolana y recordó que la retirada no tendrá efecto inmediato.

El tribunal señaló que, conforme al Estatuto de Roma, Venezuela seguirá siendo Estado parte durante un año desde la notificación formal y deberá continuar cooperando con las investigaciones y procedimientos ya iniciados.

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«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», señaló el canciller de Venezuela, Félix Plasencia, en un comunicado.

Por instrucciones de la presidenta encargada @delcyrodriguezv, Venezuela comunicó al secretario general de la ONU,@antonioguterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127.

Venezuela…

— Félix Plasencia González (@plasenciafelixr) July 24, 2026

Además, dijo que por órdenes de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, se comunicó de esta decisión al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Retiro firme y terminante

Plasencia sostuvo que el «sesgo» de la CPI no es una simple coincidencia procesal, «sino el reflejo de una institución que ha puesto sus mecanismos al servicio de intereses ajenos a la justicia y a los pueblos que dice proteger».

«Por eso rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir», agregó.

Asimismo, el canciller reiteró el compromiso de Venezuela con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos».

EEUU celebró la salida de Venezuela de la CPI y pide a otros países abandonar el tribunal

El Gobierno de Estados Unidos celebró este sábado la decisión de Venezuela de retirarse de la Corte Penal Internacional (CPI) y aprovechó el anuncio para intensificar su campaña contra el tribunal, al que volvió a calificar de «corrupto», «sin valor» y carente de legitimidad.

En un comunicado, el Departamento de Estado dio la bienvenida a la decisión anunciada por Delcy Rodríguez, y aseguró que el nuevo Gobierno venezolano se suma a los esfuerzos encabezados por Washington para «desmantelar» la Corte.

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La norma fue sancionada por el Legislativo después de que la Fiscalía de la CPI anunció, el pasado 1 de diciembre, que cerrará su oficina técnica en Caracas, al advertir una falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», principio que exige al país investigar seriamente los crímenes de los que se les acusa antes de que intervenga este tribunal.

Durante la votación en la sesión parlamentaria, Rodríguez afirmó que esta institución «debería servir para proteger a los pueblos y solo sirve para los designios del imperialismo norteamericano«.

Con esta aprobación, el Parlamento sancionó la ley, que será remitida al presidente, Nicolás Maduro, a quien corresponde su promulgación. La legislación entraría en vigencia cuando sea publicada en la Gaceta Nacional, el periódico oficial del Gobierno.

Al comunicar el cierre de su oficina en Caracas, la Fiscalía de la CPI dejó claro que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en el país «permanece activa» y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

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«Para que quede registro histórico que nos estamos saliendo de esa Corte por inútiles, pero también nos estamos saliendo porque estamos denunciando el vasallaje de los representantes de esa Corte Penal Internacional«, manifestó Rodríguez durante una sesión ordinaria transmitida por el canal del Parlamento.

El jefe de la Asamblea Nacional intervino durante un debate en defensa de un proyecto de ley derogatoria del estatuto de Roma, que todavía debe aprobarse en una segunda discusión.

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En un acuerdo aprobado por unanimidad, los diputados denunciaron un «irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad» por parte de la Fiscalía de la CPI, al «no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana».

Este lunes, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, anunció el cierre de la oficina por falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El Parlamento venezolano expresó su «más enérgico y categórico repudio» a las declaraciones de Niang y condenó la que considera como una «instrumentalización política del sistema» de la corte para «ejercer un colonialismo jurídico» contra la nación.

A juicio del Legislativo, la Fiscalía de la CPI demuestra «un evidente incumplimiento de los memorándums de entendimiento suscritos», por lo que la acusó de «desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales».

Por otra parte, la AN denunció que ese órgano del tribunal internacional «ha guardado un silencio abrumador durante más de cinco años» sobre el caso denominado Venezuela II, que documenta, según el texto aprobado por el Parlamento, los «crímenes de lesa humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales».

La diputada Ilenia Medina, quien presentó el proyecto de acuerdo, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en la capital venezolana justo cuando la nación se encuentra «acosada y amenazada por el poder imperial», en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

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El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Giro en la relación CPI-Caracas

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear señaló un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

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Se trata de una nueva ronda de sanciones contra ese organismo por parte de la Administración de Donald Trump, que en febrero sancionó al fiscal de la CPI, Karim Khan.

Los jueces sancionados por Rubio son Solomy Balungi Bossa, de Uganda; Luz del Carmen Ibáñez Carranza, de Perú; Reine Adelaide Sophie Alapini Gansou, de Benín; y Beti Hohler, de Eslovenia.

Según el Departamento de Estado, estos «individuos participaron en los esfuerzos de la CPI para investigar, arrestar, detener o enjuiciar a ciudadanos de Estados Unidos o Israel, sin el consentimiento de estos últimos».

Sanciones contra la CPI

Trump firmó en febrero pasado una orden ejecutiva para imponer sanciones a funcionarios de la CPI, organismo que emitió una orden de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

La CPI, que se creó a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión.

Sin embargo, países clave como Estados Unidos, China, Rusia e Israel no son miembros de la Corte y, por lo tanto, no reconocen su jurisdicción ni la respaldan cuando se trata de casos que les afectan a ellos mismos o sus aliados.

Cuando los crímenes se cometen en el territorio de un país miembro, como lo es Palestina, la CPI si tiene jurisdicción para abrir una investigación, aunque los autores sean nacionales de un país no miembro.

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En una nota difundida este jueves por Cancillería, Van Klaveren explicó que su viaje busca «entregar antecedentes que mostrarían que el crimen contra el exteniente Ronald Ojeda puede ser relevante en la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía de la CPI, producto de la remisión presentada por Chile y otros países en 2018, por la comisión de crímenes perpetrados en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014».

Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en la capital chilena por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad y sepultados bajo un bloque de concreto.

«Esos antecedentes, que desde nuestro punto de vista son más que contundentes, vamos a compartirlos con las autoridades de la CPI para que puedan sumarlos en la investigación que ya están llevando a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, añadió Valencia en la nota.

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En una intervención ante la comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Akane subrayó que la CPI “necesita que la UE modifique el estatuto de bloqueo para contrarrestar los efectos de las sanciones estadounidenses” porque, según la orden ejecutiva firmada por Trump en febrero, cualquiera que coopere con personas en su lista podría ser sancionado, incluidas las ONG.

El fiscal Karim Khan es el primer y único sancionado por ahora. Los estadounidenses -lo que incluiría filiales en Europa de bancos, seguros y sistemas informáticos estadounidenses- están obligados a no cooperara con los sancionados, o sufrirán acciones penales.

“Se trata de una grave violación de la soberanía europea: un país extranjero está diciendo a sus ciudadanos y sus empresas qué leyes se les aplican y cómo comportarse”, añadió.

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Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter «a la fuerza», según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá «que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas».

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

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«Vamos a ir a la Corte antes que se termine la investigación, entregándole los antecedentes que se puedan entregar. No vamos a esperar que la investigación termine para que la CPI tenga estos elementos, los que hay hasta ahora», dijo la ministra en un reportaje del canal local 24 Horas.

Disidente del Gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile desde 2023, Ojeda fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos y su cadáver fue hallado diez días después, sepultado debajo de un bloque de cemento, a las afueras de la capital.

Aunque no precisó la fecha concreta, Tohá aseguró que el Gobierno «está agendando y coordinando los detalles» para entregar la información al tribunal penal, el más alto del mundo que puede juzgar a jefes de Estado y jefes militares por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, genocidio y crimen de agresión.

La familia pide que se investigue si las autoridades chilenas facilitaron a las venezolanas la ubicación de Ojeda en virtud de un convenio de cooperación bilateral en materia policial firmado entre ambos países semanas antes del asesinato del exteniente.

«En ningún caso iban a entregarse antecedentes de sus movimientos (de Ojeda) al país del cual se estaba refugiado, lo que no quiere decir que desde Venezuela no haya habido monitoreo de sus movimientos y sus redes sociales, pero Chile no tiene que ver», señaló la ministra en el reportaje.

Hasta ahora, han sido detenidos en Chile, Colombia, Costa Rica y Estados Unidos varios miembros de la banda transnacional de origen venezolano Tren de Aragua, pero aún se desconocen quiénes fueron los autores intelectuales y cuánto se pagó por un crimen que ha provocado un frontal enfrentamiento entre los Gobiernos de Chile y Caracas.

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El contenido de estas órdenes no ha sido revelado, pero un funcionario de la Casa Blanca adelantó a EFE que una de ellas impondrá sanciones a la CPI.

En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.

La firma de esta orden ejecutiva llega después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza.

Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.

Sanción anterior de Trump

En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.

La CPI, creada a través del Estatuto de Roma, es un tribunal internacional con la misión de juzgar a personas acusadas de crímenes de guerra, lesa humanidad y genocidio.

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El fiscal asegura tener “motivos razonables” para considerar a ambos “penalmente responsables” de un crimen de lesa humanidad en todo el territorio de Afganistán desde el 15 de agosto de 2021 por perseguir a niñas y mujeres afganas, y a personas que los talibanes percibían como “no conformes con sus expectativas ideológicas de identidad o expresión de género”, o “como aliadas de niñas y mujeres”.

“Esta persecución en curso conlleva numerosas y graves privaciones de los derechos fundamentales de las víctimas, contrarias al derecho internacional, incluido el derecho a la integridad física y la autonomía, a la libertad de circulación y de expresión, a la educación, a la vida privada y familiar y a la libertad de reunión”, denunció Khan.

Además, el fiscal subrayó que la resistencia u oposición percibida a los talibanes “fue, y es, brutalmente reprimida mediante la comisión de crímenes que incluyen asesinato, encarcelamiento, tortura, violación y otras formas de violencia sexual, desaparición forzada y otros actos inhumanos”.

Estas son las primeras órdenes de arresto solicitadas por el fiscal como parte de su investigación de crímenes graves en Afganistán, aunque asegura que “próximamente presentará más solicitudes para otros altos cargos de los talibanes”.

Entre las pruebas con las que cuenta su oficina, hay material audiovisual, decretos oficiales, informes forenses, así como testimonios de expertos y testigos, y declaraciones de los propios sospechosos y otros representantes de los talibanes.

“Estas solicitudes reconocen que las mujeres y las niñas afganas, así como la comunidad LGBTQI+, se enfrentan a una persecución sin precedentes, inadmisible y continua por parte de los talibanes. Nuestra acción indica que el statu quo para las mujeres y las niñas en Afganistán no es aceptable. Las sobrevivientes afganas, en particular las mujeres y las niñas, merecen rendir cuentas ante un tribunal de justicia”, advirtió el fiscal.

Investigación a talibanes

A finales de noviembre, Chile, Costa Rica, España, Francia, Luxemburgo y México mostraron su “preocupación por el grave deterioro de la situación de los derechos humanos en Afganistán, especialmente para mujeres y niñas” y pidieron al fiscal considerar “los crímenes contra mujeres y niñas” cometidos por los talibanes. Khan les aseguró que la persecución de género ya está incluida en su investigación y les prometió anunciar resultados “pronto”.

“La interpretación de la sharia por parte de los talibanes no debe ni puede utilizarse para justificar la privación de derechos humanos fundamentales ni la comisión de crímenes conexos contemplados en el Estatuto de Roma (tratado de la CPI)”, alertó este jueves, a la espera de que los jueces autoricen las órdenes de arresto contra los líderes talibanes.

En 2020, la fiscalía de la CPI logró la autorización unánime de los jueces para comenzar a investigar los presuntos crímenes cometidos en el territorio de Afganistán desde el 1 de mayo de 2003, así como los crímenes vinculados con el conflicto armado y la situación en Afganistán, que fueran cometidos en el territorio de otros Estados parte de la CPI desde julio de 2002.

El anterior gobierno afgano impugnó la admisibilidad de la investigación, pero el 31 de octubre de 2022, tras la toma del poder por parte de los talibanes, la fiscalía ha retomado el caso y “ha estado llevando a cabo una investigación independiente, imparcial y sólida” de los crímenes en Afganistán.

No obstante, Khan solo centrará sus esfuerzos en investigar los crímenes presuntamente cometidos por los talibanes y la filial del grupo Estado Islámico (EI-Khorasan), dejando en segundo plano otros aspectos, como los presuntos crímenes cometidos por soldados estadounidenses.

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«No es una decisión política, es una decisión de un tribunal internacional de Justicia, y la decisión del tribunal tiene que ser respetada y aplicada», dijo Borrell preguntado por la decisión de la CPI en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Exteriores jordano, Ayman Safadi, en Amán.

«Tomo nota de la decisión de la Corte Penal Internacional de dictar órdenes de detención contra el primer ministro (israelí, Benjamín) Netanyahu, el ex ministro de Defensa (Yoav) Gallant y los dirigentes de Hamás«, agregó en su intervención.

El jefe de la diplomacia europea dijo que esta decisión es «una mordaz decisión para todos los Estados, todos los Estados parte de la Corte, entre los que se incluyen todos los miembros de la Unión Europea, para que vinculen y apliquen esta decisión judicial».

Detención y entrega de Netanyahu

Borrell abogó así por el cumplimiento de esta orden en la que la Corte Penal Internacional pide la detención y entrega del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ex ministro de Defensa Yoav Gallant por crímenes de guerra y lesa humanidad en Palestina, incluido el uso del hambre como arma de guerra en Gaza, a pesar de los intentos de Israel de retar su jurisdicción y frenar el caso.

La CPI también dictó una orden de arresto contra un dirigente militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Mohamed Deif, aunque Israel ya lo declaró muerto en un ataque en junio contra la Franja, pero esto no fue confirmado por Hamás, ni lo logró demostrar el fiscal Karim Khan.

El mandatario europeo defendió la creación de los dos Estados como la única solución política viable a la guerra en Gaza e instó también a Netanyahu a que explique cuál es su solución para el conflicto palestino israelí.

«Si no quieres la solución de los dos Estados, cuenta al mundo cuál es tu solución. Porque si la solución es la aniquilación de los palestinos, esto no pasará, la comunidad internacional no lo aceptará», dijo Borrell en su apelación al primer ministro israelí.

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Aunque Bielorrusia no reconoce la jurisdicción de la CPI, el Ministerio de Justicia de Lituania dijo en un comunicado que la expulsión o deportación de opositores políticos de Bielorrusia a Lituania equivalía a cometer un delito en territorio lituano y, por lo tanto, podía ser investigado por el fiscal de la CPI.

Miles de bielorrusos han sido expulsados ​​o han huido a Lituania y otros países cercanos porque Lukashenko y sus fuerzas de seguridad “han emprendido una campaña contra la población civil de Bielorrusia», indica.

Esa campaña incluye «privación grave de derechos fundamentales; detención arbitraria, procesamiento y condena, violencia ilegal grave, asesinatos, violencia sexual, daño físico y mental, tortura, tratos inhumanos y degradantes, intimidación y acoso, trabajo forzado y desaparición forzada, entre varios otros”, dice el comunicado.

Orden de arresto a presidente de Bielorrusia

La ministra de Justicia de Lituania, Ewelina Dobrowolska, dijo que el objetivo de iniciar una investigación contra el régimen de Bielorrusia era eventualmente emitir órdenes de arresto internacionales contra Lukashenko y otros miembros de su gobierno y fuerzas de seguridad.

“Lituania fue el primer país en recurrir a la CPI en relación con la situación en Ucrania y, finalmente, se emitió una orden de arresto contra Putin (presidente ruso). Ahora, estamos solicitando a la CPI que investigue la situación en Bielorrusia y esperamos una orden de arresto contra Lukashenko”, dice Dobrowolska en el comunicado.

La solicitud al fiscal de la CPI pide que se investiguen los acontecimientos ocurridos en Bielorrusia desde mayo de 2020.

En 2020 una elección presidencial, considerada ampliamente injusta y amañada, dio a Lukashenko la reelección contra la líder de la oposición Sviatlana Tsikhanouskaya, quien luego huyó a Lituania.

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«En ese sentido, nos estamos sumando la semana que viene en La Haya (Países Bajos), presentándonos para que Uruguay denuncie lo que ha sucedido en la misma causa, pero después que se presentó inicialmente», puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

Por otra parte, Paganini habló sobre la orden de arresto contra el candidato de la mayor coalición opositora, Edmundo González Urrutia, y señaló que es «muy grave».

«Los cargos son inverosímiles, algunos son directamente ridículos. Por ejemplo, el hecho de que la oposición haya publicado copias de las actas lo ven como una usurpación del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin ningún sustento», afirmó el ministro uruguayo.

En ese sentido, hizo hincapié en la gravedad de que se persiga a los principales líderes de la oposición.

«La oposición venezolana se ha organizado, se ha movilizado pacíficamente, ha presionado y eso es muy importante. Al final, el régimen tiene que comprender que no puede seguir, que no tiene apoyo interno ni externo y tiene que abrir puertas para alguna salida. Ojalá lo escuchen y lo entiendan», concluyó.

Días atrás, Uruguay rechazó la orden de arresto contra González Urrutia junto con Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.

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DOBLE LLAVE

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Las solicitudes se basan en presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la guerra en Gaza y se extienden asimismo a varios altos cargos del grupo islamista Hamas.

En su solicitud, el fiscal solicita autorización a los jueces para emitir ordenes de arresto contra Yahya Sinwar, jefe del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) en Gaza; Mohammed Diab Ibrahim al Masri, conocido como Deif y comandante en jefe del ala militar de Hamas (Brigadas Al Qassam); así como Ismail Haniyeh, jefe de la oficina política de Hamas.

El fiscal de la CPI los considera «penalmente» responsables de “crímenes de guerra y lesa humanidad” cometidos en territorio de Israel y el Estado de Palestina desde al menos el 7 de octubre de 2023, lo que incluye “el asesinato de cientos de civiles israelíes” en ataques perpetrados por Hamas y otros grupos armados, así como “la toma de al menos 245 rehenes”.

CPI enumera los crímenes de guerra

Asimismo, el fiscal de la CPI pide dos ordenes de detención contra gobernantes israelíes, Netanyahu y Gallant, por crímenes de guerra y lesa humanidad cometidos “en el territorio del Estado de Palestina (Franja de Gaza) desde al menos el 8 de octubre de 2023”, es decir, el día posterior al ataque de Hamás a Israel y fecha del inició de la actual guerra israelí en Gaza.

Entre los crímenes de los que responsabiliza a ambos funcionarios israelíes está el uso del hambre como “método de guerra” contra los civiles y el “asesinato intencionado”.

“Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana”, argumenta Khan.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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La Corte condenó los intentos de “socavar la independencia, integridad e imparcialidad” de la CPI y expresó su “preocupación” por las declaraciones de amenaza vertidas desde Estados Unidos e Israel en base a rumores de que el fiscal Karim Khan estaría preparando órdenes de arresto contra funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamín Netanyahu.

“La Corte tiene el mandato fundamental de exigir responsabilidades a los autores de los crímenes y hacer justicia a todas las víctimas por igual”, señaló la Asamblea, órgano legislativo y de supervisión de la CPI, compuesta por representantes de todos los países que han ratificado el Estatuto de Roma, el tratado fundacional del tribunal.

Rumores en contra de la CPI

En las últimas semanas la prensa israelí aseguró que la CPI está preparando órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes por su papel en la guerra en Gaza, unos rumores que no se confirman de momento desde La Haya, ni por parte del fiscal, ni del tribunal.

Pero, aun así, la Cámara de Representantes de EE.UU., Mike Johnson, calificó de “vergonzosas” e “ilegales” esas supuestas órdenes de arresto. Israel las tildó de “crimen de odio antisemita” y “un abuso”, y legisladores republicanos trabajan en represalias por vía legislativa contra la CPI.

“Pedimos a todos los Estados que respeten la independencia y la imparcialidad de la CPI. Reiteramos nuestro firme compromiso de respaldar y defender los principios y valores consagrados en el Estatuto de Roma y de preservar su integridad sin dejarnos intimidar por las amenazas o medidas contra la Corte, sus funcionarios y quienes colaboran con ella”, advirtió.

La Asamblea recordó que el Estatuto fundador de la CPI resultó de negociaciones “exhaustivas, transparentes e inclusivas” en la que participaron todos los países, y representa “un compromiso internacional para acabar con la impunidad de los crímenes internacionales más graves que amenazan la paz, la seguridad y el bienestar del mundo”.

Jurisdicción de la Corte

Esta Corte tiene jurisdicción sobre crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y agresión. Tiene 124 miembros, entre los que no están ni Israel ni Estados Unidos, que no reconocen la investigación sobre la situación en los territorios palestinos ocupados, aunque Washington si respalda otras investigaciones, como la abierta por la guerra rusa en Ucrania.

La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), ha estado investigando desde 2021 las denuncias de crímenes de guerra presuntamente cometidos desde 2014 por el Ejército israelí y todas las milicias palestinas en los territorios palestinos ocupados, lo que incluye el ataque de Hamas a Israel el 7 de octubre y la posterior guerra israelí en Gaza.

En este sentido, la Asamblea señaló que apoya “de manera inquebrantable” a la CPI y sus funcionarios.

“Salvaguardar la integridad de la Corte, incluida su independencia judicial y de la fiscalía, es fundamental para el cumplimiento exitoso de su mandato. Enfatizamos la importancia de la Corte Penal Internacional como un tribunal de justicia independiente e imparcial”, añadió.

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

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