Fiscalía solicitó 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Fernández

DOBLE LLAVE – La Fiscalía argentina solicitó doce años de cárcel y la inhabilitación perpetua de la vicepresidenta, Cristina Fernández, para ocupar cargos públicos, puesto que la considera responsable de un supuesto entramado ilegal para defraudar al Estado mediante la concesión de obras públicas en Santa Cruz.

El Ministerio Público estima en 5.231 millones de pesos la cantidad defraudada por una red que salpica también al difunto esposo de la vicepresidenta, Néstor Kirchner, y a exfuncionarios como el exministro Julio de Vido, para el que se pidieron diez años de cárcel.

El fiscal Diego Luciani anunció que, con excepción del empresario Lázaro Báez, contra el que se reclaman doce años de prisión, «se va a solicitar la imposibilidad de ocupar cargos públicos» de todos los imputados, incluida Fernández, que siempre alegó que causas judiciales abiertas contra ella forman parte de una persecución política.

Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes, pues supuestamente interpuso su interés personal sobre el interés público

«Su condición de presidenta de la nación en el momento de los hechos hace que haya defraudado al Estado y a sus votantes», comentó el fiscal. «Interpuso su interés personal sobre el interés público», indicó Luciani, según el diario “La Nación”.

La vicepresidenta no está presente en esta parte del proceso, debido a que quedó exenta por su actual cargo, pero desde Twitter anunció por sorpresa que solicitó que volviera a declarar este mismo miércoles, dado que los fiscales «montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».

Está previsto que los alegatos finales de las defensas arranquen el 5 de septiembre y que la sentencia se conozca ya en diciembre. Sin embargo, un hipotético fallo condenatorio previsiblemente daría pie a una cadena de recursos y la sentencia podría no ser firme hasta dentro de varios años, lo que dejaría en suspenso tanto la inhabilitación como una posible entrada en prisión.

Ante la falta de pruebas en el juicio oral y las declaraciones de los testigos que demolieron la denuncia de Iguacel; los fiscales, en abierta violación del principio de defensa en juicio, montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas. Por ello…

— Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 22, 2022