CPI
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DOBLE LLAVE – El abogado especialista en derecho internacional, Simón Gómez Guaimar, aseveró este lunes que la instalación de una oficina de la Corte Penal Internacional (CPI) en Venezuela representa un avance al sistema de Justicia, ya que le permitirá al fiscal Karim Khan conocer el contexto venezolano y contribuir a fortalecer el sistema de Justicia, ante la presencia de un entorno legal y elementos culturales que «informan la carencia absoluta de institucionalidad en Venezuela».

Khan afirmó tras su visita a Venezuela que la apertura de la oficina permitirá aumentar la escala y el impacto de la presencia de la CPI en el país, con el fin de identificar y apoyar «esfuerzos significativos» para mejorar las iniciativas de Justicia.

En noviembre de 2022, Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares autorización para continuar con la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela.

«Esta oficina tiene como propósito suministrar asistencia técnica a las instituciones del sistema de Justicia venezolano, de modo que también puede servir como una oportunidad para coadyuvar al rescate de la institucionalidad del sistema de Justicia», añadió el fiscal.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, aseguró que esta oficina tendrá como objetivo principal la asistencia técnica, la formación y la cooperación, en el marco de la complementariedad a la que se comprometieron las partes mediante la firma de un memorando de entendimiento.

«El foco del Estatuto de Roma son los cuadros medios y altos de la cadena de mando, porque son ellos los encargados de prohibir, de reprimir, de prevenir y de impedir que se cometan estos hechos», señaló Gómez Guaimar.

El abogado indicó que la instalación de la oficina en Caracas parte de un diagnóstico de lo que está mal y se debe mejorar, por lo que también tendrá un efecto de supervisión sobre las acciones del Estado.

«Toda la relación va a ser de supervisión, efectivamente, uno de los aspectos más importantes que mucha gente no ha notado y que no entiende es que para que se produzca el mecanismo de complementariedad, es necesario que haya esta supervisión», manifestó.

Gómez Guaimara agregó que, para lograrlo, se requiere la plena voluntad del Estado para implementar reformas sustanciales y significativas y así «recobrar» la independencia del Poder Judicial y su funcionalidad.

«La asistencia técnica va a procurar fortalecer el sistema de Justicia en Venezuela (…) lo que resultaría razonable es que establecieran unos plazos o que determinara alguna forma de rendición de cuenta o establecimiento de resultados en relación con la gestión de esa propia asistencia», señaló.

El abogado aseveró que la asistencia técnica va más allá de la formación a funcionarios y buscará generar condiciones reales para que existan investigaciones y enjuiciamientos por crímenes de lesa humanidad.

Para lograrlo, Gómez destacó la necesidad de que exista transparencia en la gestión, así como una comunicación permanente con la sociedad venezolana y con todos los actores interesados en la gestión de la CPI, lo que incluye a las ONG y las presuntas víctimas.

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Víctor De Abreu

Con información de Unión Radio, otros medios nacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Politika UCAB, vía web

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