«Tenemos una lista de 17 personas con problemas de salud, algunos muy graves», dijo a la prensa Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, quien participó en una concentración frente a la sede del Ministerio Público en Caracas.

El activista aclaró que, «de manera general», todos los detenidos por esta causa «tienen problemas de salud» y ansiedad, a la vez que permanecen «en unas condiciones de reclusión que -consideró- no son las adecuadas».

Entre los problemas de salud que enfrentan los detenidos, mencionó enfermedades cutáneas y gástricas.

«Por lo menos (…) 17 personas podrían optar por una medida humanitaria», añadió González Plessmann, quien se encontraba acompañado de familiares.

Los parientes de los detenidos e integrantes de Surgentes acudieron a la Fiscalía para exigir celeridad en este proceso, ya que los acusados llevan entre cuatro y cinco años en prisión mientras enfrentan un juicio que sus allegados consideran injusto, debido a que niegan que tengan vínculos con los «tancol».

González Plessmann denunció que varios de los detenidos cumplieron la mayoría de edad tras las rejas y que solo dos de los 67 que tienen registrados por esta causa han logrado su liberación.

Sin embargo, Surgentes estima que son más de 200 los detenidos vinculados a los «tancol».

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«Desde la Defensoría del Pueblo, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los DD.HH. e iniciamos una hoja de ruta para el seguimiento de estos expedientes, garantizando el derecho a la defensa y a la integridad de las personas», afirmó la defensora en un mensaje.

La institución divulgó algunas fotografías del encuentro con los familiares, quienes llevaron imágenes de los detenidos con carteles en los que denunciaron los casos como «falsos positivos tancol».

La semana pasada, un colectivo integrado por familiares de presos políticos solicitó la intercesión del presidente de Colombia, Gustavo Petro, para liberar a 16 colombianos recluidos en Venezuela y acusados de «terrorismo».

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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«Se trata de muchísimos casos de personas campesinas, de lugares apartados (…) que fueron detenidas muchas veces cerca de sus casas y después desaparecidas durante un mes», señaló Antonio González Plessmann, miembro de Surgentes, a las afueras de la sede del Legislativo, en Caracas, acompañado de un grupo de familiares de estos presos que tenían carteles con fotografías de sus parientes.

Estos detenidos fueron acusados por la justicia de ser parte de los ‘tancol‘, un acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos«, que empezó a ser utilizado a mediados del año 2021.

González Plessmann indicó que fue un estigma por el cual se detuvo, especialmente entre 2021 y 2023, a una «gran cantidad de personas», en estados fronterizos con Colombia, acusados posteriormente de terrorismo, lo que advierte el activista es un «delito eminentemente político».

El investigador sostuvo que hasta la fecha pudieron registrar 45 casos, la mayoría de ellos con nacionalidad colombo-venezolana, pero añadió que empezaron a recibir más llamadas de familiares con casos similares por lo que cree que pueden llegar a documentar unos 200 detenidos acusados de terroristas.

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Con información de EFE Servicios

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Desde las afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, el activista Oglis Ramos indicó que pidieron a la comisión parlamentaria de seguimiento de la amnistía la revisión de más de cien casos excluidos de esta norma, que en su articulo 9 excluye los delitos de narcotráfico, lesa humanidad, homicidio intencional, corrupción y a procesados por acciones armadas.

«Exigimos a las comisiones que revisen los casos para aprobar la amnistía y no solo que revisen los casos, sino que devuelvan a cada uno de sus familiares a las casas», expresó.

Ramos, quien estuvo detenido y fue excarcelado a finales de febrero, señaló que tienen registrados alrededor de 140 casos de personas acusadas por supuestas vinculaciones con los llamados grupos «tancol», acrónimo creado por el Gobierno de Venezuela para referirse a «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

Los acusados, detalló Ramos, fueron detenidos en estados fronterizos con Colombia, como Táchira, Apure y Zulia, pero la mayoría se encuentran recluidos en cárceles como Yare II y III y Rodeo I, II y III, todas ubicadas en el norte del país.

También, denunció retardos procesales y que varios llevan años encarcelados «sin juicio» y con acusaciones «amarañadas» porque «no hay nada en los expedientes».

Miguel Ángel Pérez, padre de uno de estos detenidos, aseguró que son inocentes, pero tienen acusaciones relacionadas con terrorismo, asociación para delinquir y financiamiento para actividades armadas.

Según dijo, han acudido a distintos organismos del Estado para gestionar su amnistía, pero no han recibido respuesta.

«Venimos muchos haciendo sacrificios. No tenemos cómo pagar abogado y por eso no nos toman en cuenta. Simplemente nosotros vamos al abogado que el Gobierno les asigna (…). Las audiencias (de juicio) se las aplazan», agregó.

Por su parte, Delvis Alarcón pidió la liberación de su sobrino, Jhoneider Piñeres, ciudadano colombiano detenido en Apure en 2022.

Relató que presentaron su caso ante las autoridades en Cúcuta, Colombia, para pedir apoyo institucional de ese Gobierno, pero no han recibido respuestas.

«Estuvimos en Cúcuta cuando se dio la fecha de que se iba a reunir el presidente de Colombia con la presidente encargada de aquí de Venezuela, pero se pospuso esa reunión (…). Nos fue imposible a nosotros llevar este caso y muchos casos de connacionales que están aquí recluidos», lamentó.

Se cumplió un mes de la promulgación de la amnistía, en medio de denuncias por rechazos de la medida a periodistas, activistas políticos y sindicalistas.

Hasta el jueves pasado, el Parlamento cifraba en 7.727 libertades plenas concedidas en el marco de este proceso: 7.474 personas tenían libertad restringida con medidas cautelares, mientras que los otros 253 estaban encarcelados.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ronald Peña

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Asimismo fueron detenidos cuatro individuos vinculados a los grupos Tancol (Terroristas, Asesinos y Narcotraficantes Colombianos, según la denominación empleada por las autoridades de Caracas) y se incautó un cayuco.

«FANB en misiones de patrullaje soberano por las costas orientales de Sucre, detiene a 4 sujetos asociados a grupos TANCOL e incauta más de 100 Kg de cocaína, transportados en un peñero con 2 motores de 200 caballos de potencia», informó el comandante estratégico operacional de la FANB, Domingo Hernández Lárez, a través de su cuenta en Twitter.

Llama la atención esta operación en el estado de Sucre, ubicado en el oeste de la costa caribeña venezolana, lejos de la frontera con Colombia.

#FANB captura a 4 sujetos en un peñero de 2 motores de 200 Hp, con más de 119 Kg de cocaína en el estado Sucre, tratando de burlar a las autoridades venezolanas, usando nuestras costas para el tráfico de drogas hacia el Caribe. pic.twitter.com/3M7M4zNRmw

— GJ. Domingo Hernández Lárez (@dhernandezlarez) November 20, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa y redes sociales

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A través de su cuenta de Twitter, el funcionario castrense detalló que, durante un operativo en zonas y rutas del sector Caño La Colorada, se hallaron «cuatro artefactos explosivos de 50 kilos, con carga de proyección y metralla».

La FANB sigue con sus labores de inteligencia en Amazonas y Apure

Hernández Lárez aseguró que estos explosivos fueron dejados por miembros de los «tancol«, un acrónimo inventado por el gobierno venezolano que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa «terroristas armados narcotraficantes colombianos».

El pasado 2 de junio, Hernández, acompañado del presidente venezolano, Nicolás Maduro, afirmó que en los primeros 5 meses de 2022 fueron destruidas, en la amplia frontera que Venezuela comparte con Colombia, 257 «estructuras» usadas para el narcotráfico y el terrorismo.

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Gerardo Contreras

Con información de medios nacionales

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Igualmente, dictó nuevas operaciones militares en la parte oriental del territorio nacional «para proteger los mares de Anzoátegui, Sucre y Delta Amacuro, de los grupos paramilitares«, durante un balance de la operación “Escudo Bolivariano 2022”, difundido en sus redes sociales.

El comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), Domingo Hernández Lárez, explicó que durante el 2022 desmantelaron, 257 campamentos de las milicias colombianas, de ellos, 202 correspondían a la fabricación de explosivos, 32 a servicios logísticos y 23 se utilizaban para el procesamiento de estupefacientes.

En el país ocurren diversas conspiraciones, según Nicolás Maduro

Además, en los estados fronterizos de Apure, Táchira y Zulia, el Ejército venezolano desactivó 1.360 artefactos explosivos.

De este modo, Maduro indicó que EE.UU. considera a Colombia como su aliado, «y por ello nosotros y otros países tenemos que dar la batalla contra los narcotraficantes colombianos».

A su juicio, en Venezuela hay «conspiraciones contra la industria petrolera y las refinerías, contra el servicio eléctrico, contra la paz, la seguridad. Conspiraciones con bandas delincuenciales para atacar centros policiales y ha sucedido en algunos lugares».

«Los TANCOL son enemigos de Venezuela, son enemigos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana», sentenció.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa

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