La iniciativa parlamentaria responde a una solicitud formulada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, y contó con el trabajo de una comisión especial presidida por el primer vicepresidente de la AN, diputado Pedro Infante.

De acuerdo con lo debatido durante la sesión ordinaria, la propuesta tiene como ejes centrales la revisión de las sanciones penales que se aplicaron de forma errónea a ciudadanos bajo este marco legal, así como la despenalización formal de diversas conductas tipificadas en la normativa vigente.

Remisión al TSJ y próximas fases parlamentarias

Durante la plenaria, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hizo pública la comunicación formal enviada a la presidenta del máximo tribunal, magistrada Caryslia Beatriz Rodríguez, para someter el expediente a evaluación judicial conforme al procedimiento de vigencia de las leyes constitucionales.

“Me dirijo a usted en la oportunidad de remitirle el proyecto de reforma parcial de la Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, con su correspondiente exposición de motivos”, citó el titular del Parlamento al dar lectura al documento.

Jorge Rodríguez explicó que la remisión busca que la Sala Constitucional examine el alcance de los ajustes propuestos antes de que el texto regrese al hemiciclo. “Ya estamos en oportunidad de que sea el Tribunal Supremo de Justicia quien considere el asunto de la reforma parcial para continuar avanzando y traer luego de la consulta a segunda discusión el proyecto de ley”, puntualizó el parlamentario.

Una vez que el TSJ emita su consideración institucional, el proyecto retornará a la plenaria de la AN para ser sometido a su segunda discusión, fase en la que se detallará el articulado definitivo que será modificado o derogado.

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«Efectivamente, se trata de la ‘erradicación’ de la política petrolera de Chávez y, agregaría yo, de la nacionalización de 1976 y de todo el pensamiento nacional petrolero del país», publicó Ramírez en un mensaje en su cuenta en X.

Rafael Ramírez, quien fue ministro de Petróleo desde 2002 y presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) desde 2004 hasta 2013, señaló que el proyecto de reforma aprobado «deroga completamente no solo la nacionalización de 1976 que reservaba al Estado las actividades petroleras, sino la nacionalización de la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) de 2007», que, aseguró, otorgaba al país «el control y manejo de la mayor reserva de petróleo del planeta».

¿En manos de quién está el petróleo?

El exministro, quien se encuentra fuera de Venezuela tras ser acusado de corrupción por la Fiscalía, añadió que esta aprobación «borra de un zarpazo» las «conquistas» de casi 70 años.

Ramírez señaló que ahora las compañías privadas podrán comercializar el petróleo, que estaba reservado al Estado «por la Constitución», y con ello el Ejecutivo «se abroga una enorme discrecionalidad para favorecer al interés privado».

También criticó que se incluyera el arbitraje internacional para resolver disputas, al considerar que con ello se «está cediendo» la «soberanía jurisdiccional».

«Habría ahora que saber a favor de quién se entrega el petróleo de los venezolanos», añadió.

Tras casi dos horas de debate, la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dio luz verde a la reforma de la ley, promulgada en 2001 y sometida en 2006 a una modificación impulsada por Chávez para aumentar la participación estatal y el control sobre la actividad petrolera.

Ahora, tras los cambios aprobados esta semana, se abren espacios para la participación privada en actividades primarias (exploración, extracción, recolección, transporte y almacenamiento) y para la inversión extranjera, incluso con la posibilidad de que los conflictos puedan ser resueltos «mediante mecanismos alternativos de resolución de controversias, incluyendo mediación y arbitrajes».

La reforma a la legislación de hidrocarburos fue propuesta por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, después del ataque de Estados Unidos, que concluyó con la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de establecer contactos con la Casa Blanca.

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«El próximo martes (27 de enero) en la Asamblea Nacional avanzaremos para aprobar la reforma de la ley orgánica de hidrocarburos», dijo Rodríguez durante la primera consulta pública de la reforma de la legislación, en un acto con los trabajadores de la refinería de la ciudad de Puerto La Cruz, transmitido por el canal estatal VTV.

En el acto, el titular de la AN señaló que la idea de esta reforma es lograr «un aumento de la producción de petróleo».

Asimismo, aseguró que esta legislación, que permite asociaciones con empresas privadas y flexibilización de las regalías, no compromete la soberanía nacional porque, añadió, el petróleo es de Venezuela, como establece la Constitución.

El objetivo «primordial» de la reforma, señaló, es «adaptarse a una situación» que «permita sacar el petróleo de la tierra» y que «puedan venir quienes quieran invertir en Venezuela».

«Hay que sacar ese petróleo de la tierra y convertirlo en bienes, en prosperidad», sostuvo.

Seguridad jurídica a los inversores

Por su parte, el presidente de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), Héctor Obregón, indicó que la reforma busca actualizar las leyes para garantizar «seguridad jurídica» a los inversores privados.

Obregón dijo que el modelo de contratos de participación productiva, incorporados en la reforma, permitieron concentrar en 2025 una inversión privada equivalente a 900 millones de dólares en el sector hidrocarburos.

El Parlamento, de mayoría oficialista, aprobó el jueves en primera instancia la reforma parcial a la Ley Orgánica de Hidrocarburos.

Se requiere de una segunda discusión para que el proyecto quede definitivamente sancionado como ley. Entre ambos debates se pueden proponer modificaciones a la legislación.

Cumplido este proceso, la ley se remite al presidente, quien se encarga de su promulgación, y entra en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial.

La discusión de estas reformas tiene lugar mientras Caracas y Washington transitan una nueva etapa en su relación bilateral, marcada por el ataque estadounidense y el interés manifiesto del presidente Donald Trump en el petróleo venezolano, cuya venta ha anticipado que manejará su país.

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Así lo reveló la portavoz del Ejecutivo, Carolina Jaramillo, en su rueda de prensa semanal al ser consultada sobre la decisión de la CC de rechazar entre las preguntas, la relacionada con la posibilidad de que los magistrados de ese alto tribunal puedan ser sometidos a juicio político.

Además, la propuesta para eliminar por medio de una enmienda constitucional el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), un órgano compuesto por siete personas elegidas por votación popular que, entre otras atribuciones, nombra autoridades estatales como el fiscal general.

La CC consideró, asimismo, que la pregunta para la consulta popular relacionada con la reapertura de casinos y salas de juego en hoteles de cinco estrellas, que establece un tributo del 25 % de las ventas y destinar lo recaudado a programas contra la desnutrición crónica infantil «no cumple con los parámetros constitucionales».

En medio de un pulso político entre el Ejecutivo y al CC, los magistrados también se pronunciaron sobre una propuesta de Noboa de reforma constitucional para permitir la castración química a violadores, sumada a la creación de un registro confidencial para personas con sentencia condenatoria por delitos sexuales, pero que no estaba dentro de las preguntas del referéndum.

Para la Corte, no es posible esa modificación mediante una reforma parcial, al considerar que «no era idónea para proteger de forma efectiva a las víctimas de delitos sexuales«, y que el registro sería excesivamente indeterminado, sin claridad sobre su alcance y temporalidad».

Reformulación  y nuevas preguntas

Jaramillo avanzó que la Secretaría Jurídica de la Presidencia trabaja en planteamientos que se le harán esta misma semana a la Corte Constitucional, contra la que hubo una marcha el mes pasado, en Quito, liderada por Noboa, quien ha convocado a otra manifestación «por la paz y la justicia», el próximo jueves, en Guayaquil.

Jaramillo anotó que habrá una «reformulación de los planteamientos» hechos «para encontrar la mejor vía de llegar a la consulta popular».

Pero, además, tras escuchar el debate ciudadanos que provocó el anuncio de la consulta, «el Gobierno ha decidido enviar algunas otras preguntas», dijo sin especificar de qué tratarán.

En opinión de Jaramillo, la CC «está absolutamente desconectada de las necesidades y de las preocupaciones de la gente».

«Hay temas sensibles como el tema de la castración química o incluso el financiamiento para programas de desnutrición crónica infantil que requieren acciones inmediatas y acciones contundentes, pero nos parece que la Corte decide ignorar, o al menos decide no inmiscuirse en asuntos de altísima relevancia para los ecuatorianos«, sostuvo Jaramillo.

Preguntas aprobadas por la Corte de Ecuador

La CC aprobó las preguntas con las que se busca consultar a los ecuatorianos si están de acuerdo o no con que exista la contratación laboral por horas en el sector turístico y con que se reduzca el número de miembros de la Asamblea Nacional (Parlamento).

Estas dos preguntas aprobadas se suman a otra que los jueces ya validaron a inicios de agosto, relacionada con permitir nuevamente el establecimiento de bases militares extranjeras en el país, como la que Estados Unidos tuvo en la ciudad costera de Manta hasta 2009.

El secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, aseguró, en Quito, que el Gobierno del presidente Donald Trump está dispuesto a evaluar la reinstalación de una base militar en Ecuador, en caso de que se apruebe en el referéndum.

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«Lo vamos a considerar porque si se nos pide, viene de un aliado y amigo. Y es un lugar estratégico, muy estratégico. Obviamente, como país soberano nos tiene que invitar y tiene que ser algo formal, pero lo vamos a considerar muy de cerca», anticipó Rubio, tras reunirse en Quito con el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

El mandatario ecuatoriano pondrá a voto en un referéndum un conjunto de reformas constitucionales, entre las que se encuentra la eliminación de la prohibición para que existan bases militares extranjeras en Ecuador, impuesta en la Constitución de 2008 que promovió el expresidente Rafael Correa.

Reforma a la Constitución de Ecuador

Esto llevó a que Estados Unidos se viese obligado a salir de la base militar que tenía en la costera ciudad de Manta, lo que le confería una posición estratégica dentro del Pacífico Sur Occidental.

«Ecuador es un país soberano. Si nos invitan, lo vamos a considerar. Teníamos bases anteriormente. Nos pidieron que nos fuéramos en los años de Correa y nos fuimos. Si nos invitan a regresar, lo vamos a estudiar. Es un punto muy estratégico. Si nos ayudan, con lo que están enfrentado con la minería ilegal, el narcoterrorismo y la pesca ilegal», señaló Rubio durante la rueda de prensa posterior al encuentro.

La intención de Noboa, a través del referéndum previsto para finales de año, es conseguir modificar parcialmente la Constitución de Ecuador, una reforma que ya obtuvo el visto bueno de la Asamblea Nacional (Parlamento) y de la Corte Constitucional.

Además de sobre las bases militares, al referéndum también preguntará a la ciudadanía sobre el fin de financiar partidos políticos con fondos públicos, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la reducción del número de asambleístas y la posibilidad de firmar contratos laborales por horas, entre otros.

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Mediante un comunicado, Cristosal aseveró que las decisiones del partido del actual presidente, Nayib Bukele, impuestas el jueves, no devuelven «el poder al pueblo, como afirma la narrativa oficial», sino que «se lo entrega sin límites a la familia del gobernante».

La nota de prensa de Cristosal tiene lugar después de que el Congreso salvadoreño, dominado por el partido Nuevas Ideas (NI) de Bukele, realizara una reforma exprés que permite la reelección presidencial indefinida y extiende además por seis años el período presidencial.

«Sin contrapesos, el régimen se otorga a sí mismo el poder de perpetuidad», expuso el comunicado de Cristosal.

La organización humanitaria recalcó que la reelección indefinida y la extensión del mandato presidencial fueron modificadas «sin previo aviso, de espaldas al pueblo, sin debate» y «sin diálogo con actores de la sociedad».

De igual manera, Cristosal expresó que «denunciamos los hechos porque nos regresan a los errores de los regímenes arbitrarios del pasado».

Bukele, de 44 años de edad, tomó posesión como presidente de El Salvador en junio de 2019 para su primer mandato y en 2024 fue reelecto en el cargo.

En julio pasado, Cristosal suspendió operaciones en El Salvador «ante la escalada de criminalización» en su contra, por lo que se trasladó a Guatemala y Honduras.

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Li, que representó a China en la XVII reunión de jefes de Estado y de Gobierno del foro, sostuvo que las leyes internacionales y el orden se encuentran en grave peligro en un escenario mundial en el que «cambios no vistos en un siglo se desarrollan rápidamente» y la eficacia de las instituciones multilaterales «se desvanece».

Frente a esta situación, el premier chino destacó el «valor contemporáneo» de la visión de la gobernanza global que defiende el presidente chino, Xi Jinping, ausente por primera vez de una cumbre de los BRICS.

«Ante los conflictos y diferencias crecientes, es necesario mejorar el diálogo basado en la igualdad y el respecto mutuo, y ante unos intereses comunes profundamente entrelazados es necesario buscar la contribución conjunta mediante la solidaridad», arguyó.

Resolución en la cumbre BRICS

Li exhortó al bloque de economías emergentes a que defienda la independencia, muestre su sentido de la responsabilidad y juegue un papel mayor en la construcción de consensos, a la vez que pidió que sus países se apeguen «a la moralidad y la justicia».

Además, consideró que los países del BRICS han de ser «la punta de lanza de la cooperación al desarrollo».

El dirigente chino anunció que su país establecerá este año un centro de investigación China-BRICS sobre nuevas fuerzas productivas de calidad, así como un programa de becas para incentivar el talento en sectores que incluyen la industria y las telecomunicaciones.

También reiteró que el gigante asiático está listo para unir esfuerzos con el resto de los países miembros con el fin de lograr una gobernanza global más justa, equitativa y eficiente.

La primera de las dos jornadas de esta cumbre, marcada por las ausencias de Xi y de su homólogo ruso, Vladímir Putin, se cerró con una declaración final de 126 artículos que aborda la guerra comercial del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, la escalada de violencia en Oriente Medio y la reforma «urgente» de la ONU, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

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Los legisladores reformaron el artículo 1 y 7 de la referida ley, vigente desde septiembre de 2021, para establecer que el intercambio con este criptoactivo únicamente será entre ciudadanos y empresas privadas.

La nueva redacción del artículo 1 dicta que las transacciones con bitcóin deberán ser «con aceptación voluntaria por las personas naturales o jurídicas con total participación privada únicamente». Antes de estos cambios se incluían a las instituciones públicas.

La enmienda sustituye el artículo 7 que originalmente establecía que «todo agente económico deberá aceptar bitcóin como forma de pago cuando así le sea ofrecido», para indicar que las empresas podrán aceptar o no la criptomoneda.

La iniciativa de reformas a la normativa, enviada por el presidente Nayib Bukele, también prescribe que la deuda local o internacional adquirida por el Estado salvadoreño debe ser pagada en la moneda que fueron contraídas.

Los diputados también eliminaron de la ley los artículos 1 y 5 que hacen referencia a que el bitcóin es una moneda de curso legal al igual que el dólar estadounidense.

Entre las derogaciones aprobadas en la Ley Bitcoin están los artículos 4,8 y 9, que establecían que los impuestos podían pagarse con bitcóin y la obligación del Estado de proveer mecanismos a la ciudadanía para realizar transacciones en bitcóin, convertibilidad automática e instantánea de bitcoin a dólar.

El Gobierno de Bukele ha dado esta convertibilidad mediante recursos estatales colocados en un fideicomiso, del que no se rinden cuentas, y la billetera Chivo Wallet.

Adopción del bitcoin en El Salvador

La adopción del bitcóin en El Salvador se constituyó como la principal apuesta económica de Bukele y, pese a la alta popularidad que tiene el mandatario, está fue rechazada por la mayoría de la población.

A mediados de diciembre pasado se anunció que el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Gobierno de El Salvador alcanzaron un acuerdo para un préstamo de 1.400 millones de dólares, para lo que la institución financiera determinó como condiciones relacionadas con el uso del bitcóin.

La estadounidense Stacy Herbert, directora de la gubernamental Oficina Nacional de Bitcoin de El Salvador, dijo que el activo digital seguirá en curso legal, pero su uso se reducirá a inversiones del sector privado.

Por otra parte, la billetera gubernamental Chivo Wallet, será «vendida» o «descontinuada», según indicó Herbert.

Diversos estudios de encuestadoras reputadas en El Salvador han señalado que el 92 % de la población no utilizó el bitcóin en 2024, año en el que registró su menor uso desde 2021.

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“Vamos a hacer algunas modificaciones al Instituto Nacional de Migración, que permita convertirlo realmente más bien en un instituto de apoyo a la movilidad humana», declaró la mandataria en su conferencia matutina.

La modificación, de la que no dio más detalles, se anuncia mientras el actual titular del INM, Francisco Garduño, afronta un proceso penal por su responsabilidad en el incendio donde murieron 40 migrantes en marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez, en la frontera norte de México.

Además, migrantes y organizaciones defensoras de derechos humanos han acusado al INM de abusos para evitar el avance de los indocumentados hacia el norte del país ante las presiones de Estados Unidos, donde el presidente electo, Donald Trump, ha pedido a México que detenga «la invasión» migratoria.

Sheinbaum quiere una transformación

La mandataria afirmó que «va a haber un periodo de transición» en el INM antes de que asuma el nuevo titular, Sergio Salomón, porque la migración «es un tema obviamente delicado».

«Queremos hacer una transformación profunda del instituto y, mientras tanto, va a haber un periodo de transición y ya lo estaremos informando, y quien está encargada es la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez) con el apoyo de Relaciones Exteriores», expuso.

Sheinbaum recordó que «el instituto tiene distintas funciones, desde recibir a nacionales y extranjeros en los aeropuertos, en autobuses, en donde hay estaciones de migración, hasta la parte de control de migración en el sur del país».

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Asimismo, dispone que las elecciones nacionales se unifiquen a partir de 2032, además de dotar de una mayor independencia al Ministerio Público, del que también se determinan sus funciones.

La proclamación de la nueva Constitución la ejecutó el presidente de la Asamblea Nacional Revisora, el senador Ricardo de los Santos, en una ceremonia celebrada en el Congreso Nacional (bicameral) en la que estuvieron presentes el presidente del país, Luis Abinader, y la vicepresidenta, Raquel Peña.

La cuadragésima modificación a la Constitución dominicana dispone la imposibilidad de que la máxima autoridad del Poder Ejecutivo pueda intentar permanecer en el poder más allá de lo que establece el texto constitucional, que permite la reelección consecutiva, y «nunca más» volver a aspirar al cargo de presidente y al de vicepresidente.

Aprobación de la nueva Constitución

La Asamblea Nacional Revisora, que aprobó la nueva Constitución el 14 de octubre, dispuso que el número de diputados pasará de 190 a 170, a partir de las elecciones de mayo de 2032, cuando se producirá la unificación de los comicios nacionales, así como de los parlamentarios de organismos internacionales.

La Constitución dominicana ahora establece que el procurador general de la República no formará parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), posición que ocupará el presidente del Tribunal Constitucional (TC).

El procurador general ya no será nombrado por el Poder Ejecutivo, sino por el Consejo de la Magistratura tras una propuesta en ese sentido del presidente.

Para Abinader las modificaciones a la Constitución aseguran que el poder siempre esté en manos del pueblo y simboliza el fin del caudillismo y el continuismo que puso en riesgo a la democracia de República Dominicana en múltiples ocasiones.

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El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, explicó en plenaria que se trata de «iniciar un diálogo político» con las formaciones y grupos de electores que participaron en las presidenciales para reunir ideas y propuestas que den forma a un nuevo marco legal, que -adelantó- regirá los siguientes eventos electorales.

«Nuestra aspiración debe ser que nunca más un ladrón, un tránsfuga, un apátrida, un violento, un fascista vuelva a ser candidato o candidata a absolutamente ningún cargo de elección popular en Venezuela, nunca más», remarcó.

Leyes a revisar

Rodríguez, que presidirá la comisión especial del Parlamento que atenderá este diálogo político, indicó que entre las leyes a revisar se encuentran la que rige la actividad de los partidos y manifestaciones públicas, la de procesos electorales y la que define la actuación del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Adelantó que a este proceso de revisión se irá incorporando personal del CNE y de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), dos instituciones cuestionadas por la principal coalición opositora -Plataforma Unitaria Democrática (PUD)- y por parte de la comunidad internacional, por haber proclamado y validado, respectivamente, la reelección de Nicolás Maduro.

«Tiene que acabarse de una vez y para siempre la existencia de personas que utilicen los instrumentos electorales y políticos que proporciona la democracia venezolana para atentar contra la democracia venezolana, contra la vida de las personas, contra los bienes de la república, contra el sagrado territorio de la república», añadió el líder de la Cámara.

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Así lo señaló el ministro en una entrevista con la Agencia EFE en la que repasó el «complicado» horizonte que se abre tras el intento frustrado de empezar a tramitar la reforma del artículo 35 de la ley para establecer una acogida de inmigrantes vinculante entre todas las regiones españolas y aliviar así los recursos de zonas tensionadas.

La citada reforma pretendía solventar el problema de las islas atlánticas de Canarias, que soportan la mayor parte de los inmigrantes llegados a España en embarcaciones precarias desde la costa noroeste de África, muchos de ellos menores, mientras que Ceuta y Melilla, ciudades españolas en el norte de África, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en ese continente.

España recibió en la primera mitad del año más de 26.500 inmigrantes irregulares, casi el doble que el año pasado, de los que cerca del 75 % llegaron a Canarias.

La iniciativa del Gobierno de España rechazada pretendía establecer un mecanismo que para derivar a otras regiones españolas, en un año, a unos 2.500 jóvenes que actualmente Canarias acoge pero que no puede atender correctamente.

Tras perder la votación, Torres niega poder dar una respuesta ante esta incertidumbre «a unas horas» de que haya decaído la que, para él, sigue siendo la única solución viable: modificar la norma a través de una proposición de ley.

Pero sí tiene claro que no es viable la opción de aprobarla a través de un real decreto, como exige el Gobierno de Canarias, ya que, explica, éste habría que convalidarlo igualmente 30 días después en el Congreso y, según lo vivido estas últimas semanas, le parece «imposible» porque no ve «voluntad de negociación» en el principal partido de la oposición, los conservadores del PP.

Congreso de España

El Congreso rechazó la toma en consideración de esta reforma con el no de los ultraderechistas de Vox, que ya lo había anunciado como inamovible; de los independentistas catalanes de Junts, que pidieron condiciones inasumibles para el Gobierno, y el PP, con el que hubo intercambio de documentos hasta el último momento pero con el que finalmente no hubo acuerdo.

Al analizar lo ocurrido hasta unas horas antes de la votación, el ministro tiene claro que el Gobierno hizo «todo el esfuerzo» posible, que empezó con ocho meses de trabajo «leal» con el Gobierno de Canarias, alejado de «polémicas».

Meses que acabaron con el intercambio de hasta cuatro documentos con el los conservadores y la aceptación de media decena de las propuestas que habían planteado los populares.

Por ello, no ve espacio para la autocrítica, ya que su labor «no ha sido fácil», y da por cumplido el compromiso firmado con Coalición Canaria para la investidura de Pedro Sánchez, que pasaba por impulsar una reforma de estas características.

Lamenta que el PP haya «dado la espalda» a comunidades en las que gobierna y que más necesitan una solución -Canarias, Ceuta y Melilla- y negado a todos la posibilidad de «empezar a hablar» sobre la propuesta.

Lo más «penoso» es saber que ahora hay en Canarias, Ceuta y Melilla una «desazón importante» entre las organizaciones que trabajan con los jóvenes tutelados, porque «no pueden más», y entre los que defienden los derechos de los niños y niñas, quienes recuerda, son las verdaderas víctimas del fracaso de ayer.

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En un acto en la céntrica Plaza de Bolívar y ante cientos de asistentes, sobre todo adultos mayores, Petro firmó esta reforma, que es su primera gran victoria en la agenda social que quiere impulsar en el país.

«Estamos haciendo algo importante: no solo estamos dando un bono social, estamos dándole ciudadanía a la población mayor (…) dignidad», dijo el mandatario, acompañado de la vicepresidenta, Francia Márquez, pero sin la presencia de la impulsora de la reforma, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, una reivindicativa sindicalista, que es la que ha luchado porque los congresistas de las dos cámaras votaran a favor de la ley.

Petro también aprovechó para desmentir las críticas de que la reforma va a quitarle pensión a las clases medias cotizantes, asegurando: «a la clase media que creían que le íbamos a quitar la pensión (…) yo les digo desde aquí les mintieron, los engañaron”.

La reforma pensional

Esta reforma, aprobada en el Congreso de la República, pretende reparar los problemas estructurales del sistema colombiano, donde el trabajo informal supera el 50 % y provoca que solo uno de cada cuatro personas cuente con protección en su vejez, habiendo una brecha de género muy profunda, pues en el caso de las mujeres con derecho a pensión solo son una de cada ocho.

Para ello, la ley quiere transferir la mayoría de pensiones al sistema público y que el privado se quede con las contribuciones voluntarias y cuenta con varios pilares, para los que cotizan y para los que no.

Así va a garantizar que más de tres millones de colombianos de más de 80 años que no van a tener posibilidad de pensionarse, tengan un subsidio de 225.000 pesos mensuales (57 dólares).

La reforma entrará en vigor el 1 de julio de 2025 para que los sistemas privados y público se adapten y se espera que para 2052 sean más de 13 millones de colombianos con edad de pensión los que puedan tener protección de su vejez, con lo que la cobertura llegará al 87 %.

Más de la mitad de la población de Colombia, casi 26 millones de personas, es laboralmente activa, pero de esos afiliados, solo 10,2 millones cotizan a un sistema de pensiones, por lo que unos 14,7 millones de ciudadanos no tienen protección de su vejez.

«Nuestra mayor preocupación es que los 14 millones de colombianos y colombianas logren proteger su vejez porque ellos no cotizan en el sistema», explicó el presidente de Colpensiones (el sistema público), Jaime Dussán.

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«Creo que ha llegado la hora de una reforma constitucional para introducir en nuestra Constitución la pena de cadena perpetua para la corrupción, de inhabilitación de por vida de la corrupción, de cadena perpetua a la traición a la patria y a los graves delitos contra el pueblo«, dijo el jefe de Estado, quien dijo haber reflexionado sobre esta idea «desde hace un año».

El artículo 44 de la Constitución venezolana establece que «no habrá condenas a penas perpetuas o infamantes» y que «las penas privativas de la libertad no excederán de treinta años».

Maduro, quien pidió «ser implacables» contra aquellos que «traicionen al pueblo y se corrompan», afirmó que ha dirigido «personalmente» una investigación relacionada con una trama de corrupción, por la que han sido detenidas más de medio centenar de personas, según el Ministerio Público (MP, Fiscalía).

El mandatario aseguró que, en las últimas horas, «han aparecido nuevas pruebas» y «nuevos testimonios», además de que «han sido capturados nuevos traidores y corruptos».

De acuerdo con la investigación, los tres hombres llevaron a cabo una conspiración económica, «simultáneamente con la corrupción», con el objetivo de implosionar la economía venezolana «a través de la destrucción de la moneda nacional y el alza astronómica» de la cotización no oficial del dólar en el país, donde la mayoría de los precios están fijados en la divisa estadounidense.

Llegó la hora de una reforma constitucional para agregar la cadena perpetua a la corrupción, la inhabilitación de por vida, a la traición a la Patria, a los graves delitos contra el pueblo. ¡Es mi Propuesta! ¡Tenemos que ser implacables, caiga quien caiga! Pido todo el apoyo del… pic.twitter.com/5l6W0qX16F

— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 13, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

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El mandatario informó en sus redes sociales que mantuvo una «buena conversación» con Georgieva en Brasilia sobre «desarrollo con inclusión social y la retomada de la reducción de la pobreza en el mundo», dos de las principales banderas de Brasil, que ejerce la presidencia del G20 este año.

Lula añadió que, además, conversaron sobre «la necesaria reforma del FMI», para hacerlo «más representativo del mundo actual» y que sea «capaz de ayudar a los países» que requieren apoyo financiero «en mejores condiciones».

Georgieva asistió la semana pasada en Sao Paulo a las reuniones del grupo de Finanzas del G20, que congregó a ministros y autoridades de los países de esa organización, formada por las mayores economías del mundo.

En el marco de esa cita, la directora general del FMI elogió el rumbo que adoptó el Gobierno de Lula, así como algunas de las reformas que ha impulsado en las áreas social y económica, todo lo cual consideró como «una buena noticia para la economía mundial».

Boa conversa com a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, sobre desenvolvimento com inclusão social e a retomada da redução da pobreza no mundo. Também falamos da necessária reforma do FMI, para termos um Fundo Monetário Internacional mais representativo do mundo atual e… pic.twitter.com/0ronjdwBjv

— Lula (@LulaOficial) March 4, 2024

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Andre Borges

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Las protestas registradas este jueves en París terminaron con la invasión a una tienda de la marca de lujo LVMH en los Campos Elíseos, por parte de un grupo de sindicalistas que terminó sin incidentes.

Otras ciudades como Rennes, Nantes y Lyon también registraron enfrentamientos entre manifestantes y policías.

Los principales líderes sindicales del país, Laurent Berger y Sophie Binet, indicaron que las protestas no acabarán con la decisión judicial del 14 de abril, por lo que esperan una decisión favorable al Gobierno de Macron.

El mandatario francés indicó que está disponible para reunirse con los sindicatos, una vez que la ley haya pasado por las distintas fases del Poder Judicial, lo que ha indignado a los representantes de los trabajadores.

Macron ha mantenido su reforma pese a las presiones sociales y políticas, pues afirma que el aumento de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años es fundamental para el equilibrio de las cuentas públicas.

Desde entonces, Francia ha vivido huelgas constantes, sobre todo en el transporte ferroviario y aéreo. Pese a ello, se espera que esta noche se retome el paro al sistema de recolección de basura en París.

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Víctor De Abreu

Con información de Contrapunto, otros medios nacionales y redes sociales

Fuente imagen referencial: El Comercio, vía web

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El Kuala Lumpur, como se le conoce popularmente al congreso de esta nación, votó por mayoría a favor de la reforma del código penal, que sucede tras más de una década de pasos tomados en esta dirección y después de que el país declarara una moratoria a las ejecuciones en 2018, si bien se continuaron imponiendo condenas a muerte.

Según Amnistía Internacional, hay actualmente 1.337 reos en el corredor de la muerte en Malasia, que podrán pedir una revisión de su sentencia, el 67,5 % de ellos condenados por narcotráfico, entre los once delitos castigados hasta ahora forzosamente con la ejecución.

La ley propone que, en lugar de la pena de muerte, se impongan penas de hasta 40 años de cárcel para dichos once delitos, castigados hasta ahora con la ejecución mediante la horca.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente imagen referencial: Wikimedia, vía web

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En concreto, sindicatos y organizaciones acudieron a la manifestación denominada “La toma de Lima” para mostrar su rechazo a las vacancias presidenciales promovidas por el Parlamento, presidido por el derechista José Williams Zapata, y para apoyar la gobernabilidad del país, informó la emisora RPP.

“La toma de Lima” fue escenario para manifestar a favor de una nueva Constitución y el cierre del Congreso por parte de sindicatos y organizaciones populares, señalan despachos de noticias

La convocatoria tuvo lugar en medio de una polémica generada tras la propuesta del Ejecutivo de plantear que se anule una ley que limita la cuestión de confianza del gobierno.

Esa prerrogativa permite al Parlamento hacer efectiva la responsabilidad política del Consejo de Ministros, o de los ministros por separado, lo que en los últimos meses llevó a la renuncia de multitud de ministros del gobierno.

No obstante, Zapata rechazó la medida, acusando al Consejo de Ministros de Pedro Castillo de estar intentando cerrar el Parlamento.

«Lo que creo es que el Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República, y que el Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República (…). Revisar esta ley, que es constitucional, más bien rompería el equilibrio de poderes», añadió.

El primer ministro peruano, Aníbal Torres, anunció el jueves 10 de noviembre de forma definitiva que presentará una nueva solicitud para reformar la moción de confianza, pese a que el titular de la Cámara, José Williams, lo rechazara.

#Perú 🇵🇪 La prensa cumple un papel fundamental para documentar el desarrollo de las protestas. Hago un llamado al Estado peruano, para que garantice la seguridad de la prensa y promueva un clima de respeto hacia la labor de las y los periodistas. https://t.co/25yhAqam4V

— Pedro Vaca V. (@PVacaV) November 10, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y redes sociales

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