«Aún no hay investigación independiente sobre la muerte de Raúl Isaías Baduel, un exministro de (Hugo) Chávez que luego fue castigado como preso político por años, víctima de una cirugía clandestina contra su voluntad y su familia», señaló en X la organización no gubernamental.

Por su parte, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) exigió «justicia para Raúl», quien, aseguró, fue «víctima del patrón de persecución a la disidencia, torturas, tratos crueles e inhumanos, y la negligencia médica que sufrió en prisión».

Raúl Isaías Baduel, según su familia, falleció «en una celda del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia), diez meses después de una operación hecha en un quirófano improvisado, sin la atención médica necesaria».

«Fue ministro de la Defensa, un hombre de principios, un militar que creyó en la Constitución, en la soberanía y en el respeto a la vida, pero cuando se negó a apoyar la reforma constitucional de 2007, su voz disidente se convirtió en su condena», afirma la familia, que asegura también que «fue aislado, incomunicado, humillado y torturado».

En X, la activista Andreína Baduel, hija del militar, denunció el domingo que «la persecución» contra su familia «no ha cesado».

Josnars Adolfo Baduel, hijo también del exministro, está detenido desde 2020.

«Pero no han logrado quebrarnos, porque ser Baduel no es un delito, es tener el valor de defender la verdad, aunque duela. Hoy recordamos su vida, denunciamos su muerte y seguimos exigiendo justicia por todos los presos políticos que siguen padeciendo la misma tortura que lo mató», agregó la activista.

Proceso contra Raúl Isaías Baduel

Raúl Isaías Baduel, quien fue aliado del fallecido mandatario Hugo Chávez (1999-2013), fue considerado como el artífice de su vuelta a la Presidencia tras el golpe de Estado que lo derrocó durante 48 horas en abril de 2002.

Posteriormente, se pronunció contra la propuesta de reforma constitucional de Chávez.

En 2009, fue arrestado e inhabilitado para ejercer cargos públicos hasta que concluyera su condena. En 2015, se le otorgó libertad condicional, bajo unas premisas que, según la Justicia venezolana, incumplió, por lo que volvió a la cárcel en 2017, año en el que debería haber finalizado su pena.

Luego, le fueron imputados nuevos delitos, entre ellos contra la integridad de la nación y la independencia, lo que llevó a que su detención se prolongara de manera indefinida.

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La propuesta busca reformar los artículos 75, 80, 133, 152 y 154 de la Carta Magna salvadoreña, la cual hasta el momento prohibía la reelección inmediata.

«Históricamente, la reelección ha estado permitida en El Salvador para casi todos los cargos de elección popular, sin prohibiciones, sin condiciones en particular” y la única excepción hasta el momento ha sido la Presidencia», dijo la diputada Ana Figueroa de NI.

Añadió que los salvadoreños «van a tener el poder de decidir hasta cuándo desean apoyar el trabajo de cualquier funcionario público e incluyendo su presidente».

«La verdad es que esta reforma busca una mayor estabilidad en los ciclos electorales» y «de esta forma le estamos permitiendo también al país alcanzar una mayor seguridad jurídica en este momento», agregó Figueroa.

Esta iniciativa también contempla ampliar el período presidencia al 6 años (actualmente es de 5) y para «ordenar nuestro ciclo electoral» propone que el mandato actual de Nayib Bukele concluya en 2027 y no en 2029, para que las próximas elecciones presidenciales coincidan con las legislativas y municipales.

Además, la propuesta de reforma anularía la segunda vuelta en las elecciones presidenciales, por lo que la Presidencia se ganaría por mayoría y no sería necesario el 50 % más uno, como se contempla actualmente en la Constitución salvadoreña, vigente desde 1983.

La iniciativa, incluida en la agenda de la sesión plenaria con dispensa de trámite y sin debate legislativo, señala que debe ser ratificada por la actual legislatura. Esto lo permite una reforma constitucional avalada por la actual formación del Congreso, que tiene 57 de los 60 votos.

Bukele inició el pasado 1 de junio su segundo mandato consecutivo a pesar de que varios artículos de la Constitución lo prohíben tras un cambio de criterio de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, que la primera Legislatura dominada por NI en 2021 nombró en un proceso irregular.

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«Hemos acordado crear un proceso de consulta más incluyente, más dialogante, de mayor tiempo, para entregar a la Asamblea Nacional el proyecto de reforma constitucional. No se lo vamos a dar a esta, se lo vamos a dejar a la otra AN», explicó en declaraciones a los medios de comunicación, el mandatario venezolano, luego de votar en las elecciones regionales y parlamentarias.

«Creo, y así voy a trabajar, para presentarlo a la AN nueva, la Constitución de un nuevo sistema electoral, la reforma de todas las leyes electorales, y que se cree el sistema electoral de los circuitos comunales como nuevo sistema de consulta y elección de Venezuela: el sistema electoral de los circuitos comunales como nuevo sistema de consulta permanente. Que se haga una reingeniería de todo, de todo: cómo la gente vota, dónde vota la gente. Es una reingeniería para actualizar», puntualizó.

Ahora se necesita «crear un sistema electoral de los circuitos comunales, que es donde vive el ser humano, donde vive el hombre, la mujer, la familia, y es en el territorio donde está la familia que debe estar la consulta permanente». El Poder Electoral «tiene que transformarse y empezar a hablar el idioma de la gente de la calle» concluyó Maduro sobre este tema.

También habló de reconocimiento y respeto para quienes piensan distinto que puedan resultar electos.

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En una reunión con la comisión encargada de este proceso, transmitida por el canal estatal VTV, Maduro explicó que, si bien se va a «ratificar la estructura de la Constitución que cambió la historia de Venezuela», hay que «ampliar todas sus normas, todos sus mandatos», además de hacer una «actualización progresista de todos los postulados».

En ese sentido, hizo un llamado a la comisión, encabezada por el fiscal general, Tarek William Saab, e integrada mayoritariamente por personas cercanas a Maduro, a dirigir el proceso de manera creativa, audaz e inteligente, con la incorporación de «toda la nación venezolana», ya queafirmó hay «mucha gente motivada en participar».

«Es la activación del poder popular constituyente para ampliar, mejorar, perfeccionar y modernizar al máximo», dijo el jefe de Estado.

Explicó que se busca la ampliación de los derechos políticos y de la que llamó una «democracia real directa del pueblo», así como ahondar en el tema económico que, a su juicio, «quedó insuficiente» en la Constitución actual.

El pasado sábado, Maduro emplazó a la comisión a preparar un proyecto definitivo de reforma en un período de 90 días y con base en un «primer trabajo de aproximación» con 80 artículos elaborados hasta entonces, que no leyó.

¿Quiénes integran esa comisión?

La comisión está integrada también por la esposa de Maduro, Cilia Flores; la número dos del oficialismo, Delcy Rodríguez, y el diputado Hermánn Escarrá, y colaborarán el jefe de la AN, Jorge Rodríguez; la presidenta del Supremo, Caryslia Rodríguez; el presidente del ente electoral, Elvis Amoroso; y el titular de Defensa, Vladimir Padrino, entre otros.

El lunes, el partido venezolano Movimiento al Socialismo (MAS) llamó a la unidad de la oposición para hacer frente a la reforma promovida por Maduro y alertó sobre lo que señaló como «dominio» de un «solo sector» en ese proceso.

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El anuncio fue hecho por el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, en la sede del ente electoral, en Caracas, junto al titular del CNE, Elvis Amoroso, quien no ofreció declaraciones.

«Me ha informado el presidente Elvis Amoroso, y le agradecemos en ese sentido, que han decidido convocar a sesión permanente del Consejo Nacional Electoral», dijo Rodríguez, pese a que el titular del CNE se encontraba a su lado.

En rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, indicó que la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes Electorales del Parlamento entregó al organismo comicial un documento con propuestas relacionadas con la organización, el formato, la convocatoria, las postulaciones, el financiamiento de las campañas y otros «elementos generales» de los «nueve o diez eventos electorales» previstos para 2025, entre ellos, seis consultas populares.

#AlMomento || Llegada de la Comisión Especial para la Revisión de Normas y Leyes Electorales de la AN, a la sede del Consejo Nacional Electoral (CNE) pic.twitter.com/jQozNZ641K

— Asamblea Nacional (@Asamblea_Ven) January 17, 2025

Un CNE «blindado»

«Un ejercicio de sentido común señala que tendremos que hacer elecciones muy pronto», dijo Rodríguez, quien considera que el Estado y el CNE deben «establecer mecanismos para proteger la expresión a través del voto» de «ataques brutales» como -señaló- ocurrió en los comicios presidenciales del pasado 28 de julio.

Sin embargo, el presidente del Parlamento expresó que esa situación de «ataques que recibió directamente el sistema electoral venezolano» fue «afortunadamente solventado» por el CNE, pese a que, desde entonces, no ha publicado los resultados desglosados de esos comicios en los que proclamó ganador a Nicolás Maduro, aunque el cronograma que aprobó para estas votaciones lo contemplaba.

Según una nota difundida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organizaciones políticas propusieron más de un centenar de fechas, que van desde junio hasta diciembre, para la celebración de las venideras elecciones, incluyendo el referendo de una reforma constitucional que será elaborada por una comisión designada esta semana por Maduro, quien puso al fiscal general, Tarek William Saab, al frente.

El martes, el partido opositor Centrados en la Gente señaló como una «prioridad» la designación de un nuevo CNE, que sea «independiente y con plenas garantías de transparencia», antes de pensar en nuevos comicios, ya que la «desconfianza en los procesos electorales es una herida abierta que no puede ser ignorada».

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El nuevo texto disminuye el peso del Estado, podría limitar algunos derechos, como el aborto terapéutico, y endurece el trato a los migrantes con la expulsión «en el menor tiempo posible» de quienes estén en situación irregular.

La participación en plebiscito constitucional es obligatoria. Las mesas funcionarán por ocho horas y se espera un rápido conteo de votos.

Las encuestas, anticipan un triunfo de la opción que rechaza la propuesta de reforma constitucional.

Desde el año 2020 con un 80% del apoyo de la población se inició el proceso para cambiar la constitución vigente desde la dictadura (1973-1990) como respuesta a las masivas y violentas protestas que estallaron en octubre de 2019.

Izquierda llama «a votar en contra»

Michael Shifter, expresidente del centro de estudios Diálogo Interamericano y profesor de la Universidad de Georgetown  considera interesante que esto esté pasado en Chile, un país en el contexto latinoamericano reconocido por una buena clase política, abierta, tolerante, de diálogo y siempre buscando acuerdos y consensos,.

Ese agotamiento y hartazgo se vivió en las calles, donde la campaña apenas fue perceptible. Los cierres de esta semana fueron muy pequeños.

A juicio de Shifter «hoy es otro Chile. El país ha cambiado de manera dramática (…) y de cierta forma se ha vuelto un país más latinoamericano. Los chilenos se consideraron siempre como una excepción, un país más europeo y no como sus vecinos, y ahora se parece un poco más a ellos».

Aunque reformada varias veces en democracia, el cambio de la Constitución de Pinochet era una vieja aspiración de la izquierda chilena, que apunta a su origen ilegítimo y la escasa protección que establece de

Aunque el nuevo texto es más conservador, los partidos de la izquierda chilena llamaron a votar «en contra». El «mal menor» ante un texto que profundiza aún más el modelo neoliberal.

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@rafarias86

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Girán propone una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo y una flexibilización de la misma para incentivar la producción nacional y la empresa privada. Sin embargo, reconoce que una modificación constitucional no es fácil y que es necesario sentarse todas las partes involucradas en la relación laboral para reflexionar sobre el modelo actual.

Es importante destacar que, la situación económica en Venezuela ha sido difícil en los últimos años debido a diversas circunstancias, incluyendo la caída de los precios del petróleo, la inflación galopante y la escasez de productos que imposibilitan la producción nacional, aunado a la falta de políticas económicas congruentes con los problemas que padecen los venezolanos.

Al aire Maryolga Giran @mgiran: la decisión de no aumentar el salario sino hacerlo a través de unos bonos es un reconocimiento al fracaso e la ley del trabajo vigente hecha por ellos mismos https://t.co/xyCA3pchpa

— ROMAN LOZINSKI (@RLOZINSKI) May 2, 2023

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Gabriel Velásquez

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El Parlamento indicó, en un comunicado, que, «con 10 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó dictamen que propone la reforma constitucional para establecer el proceso electoral Elecciones Generales 2023″.

Esta medida busca disminuir los mandatos de los gobiernos y del Congreso peruano

El dictamen, impulsado por grupos parlamentarios en la oposición, pretender reformar la Carta Magna para acortar los mandatos del gobierno y del Congreso, aunque deberá reunir el voto favorable de al menos 87 de los 130 congresistas en dos legislaturas consecutivas.

No obstante, si la propuesta alcanza los 66 votos a favor en una sola legislatura, podría ser sometido a referéndum, así lo informó “El Comercio”.

Esta no es la primera vez que el Congreso intenta reducir el tiempo de una legislatura. Durante la Administración del expresidente peruano Martín Vizcarra, se presentó una reforma constitucional que pretendía acortar el periodo legislativo y presidencial al año 2020, en lugar del año 2021.

#CongresoInforma l Con 10 votos a favor, la Comisión de Constitución aprobó dictamen que propone la reforma constitucional para establecer el proceso electoral Elecciones Generales 2023. pic.twitter.com/YUOAfARcgf

— Congreso del Perú 🇵🇪 (@congresoperu) December 1, 2022

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María Gabriela Moncada

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