El nombre del dirigente fue retirado de la lista de personas sancionadas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Tesoro estadounidense.

Jorge Rodríguez es el interlocutor del diálogo impulsado por Washington entre el oficialismo y un bloque opositor encabezado por Dinorah Figuera para negociar una transición en Venezuela.

Desde la captura de Nicolás Maduro en una operación estadounidense en Caracas en enero pasado, la Administración de Donald Trump ha estrechado sus relaciones con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Estados Unidos y Venezuela restablecieron las relaciones diplomáticas, rotas desde 2019, y anunciaron en agosto un acuerdo petrolero que daría acceso a Washington a una cuarta parte de las reservas de crudo venezolano.

De interés: Oficialismo pedirá levantamiento de sanciones en diálogo con sector opositor

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La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro anunció en un comunicado que sanciona a Akane y también a Abdoulaye Seye, abogado senegalés de la fiscalía en la CPI, y que permitirá operaciones limitadas con cuentas asociadas a ambos para poder liquidar operaciones pendientes hasta el 17 de septiembre.

Como es habitual, la OFAC indicó que EE.UU. también sancionará transacciones con «cualquier entidad en la que una o varias de las personas mencionadas anteriormente posean, directa o indirectamente, ya sea individual o conjuntamente, una participación del 50 % o más».

Como presidenta de la CPI, Akane tiene principalmente funciones institucionales y de representación de la corte, mientras que Seye parece haber supervisados investigaciones sobre la financiación de asentamientos israelíes en Cisjordania o al suministro de armas a colonos, un área especialmente sensible para Washington, que no reconoce la legitimidad del tribunal.

«La Administración Trump ha sido clara: la Corte Penal Internacional (CPI) es un tribunal supranacional corrupto y deeply politizado que ha abusado maliciosamente de su autoridad y se ha extralimitado en su mandato. No toleraremos su ataque a la soberanía estatal», explicó por su parte el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

El anuncio está en línea con lo adelantado en julio por el propio Rubio, que prometió endurecer la campaña para desmantelar la corte en semanas venideras.

Trump declaró abiertamente la guerra al tribunal al retornar al poder el año pasado, y en febrero firmó una orden ejecutiva que calificaba distintas iniciativas de la CPI como una «amenaza» para la seguridad nacional.

En concreto, la orden pone la diana en las investigaciones de la CPI sobre el ejército de EE.UU. en lugares como Afganistán y las órdenes de detención que la corte emitió contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y su exministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Gaza.

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Puntos clave del anuncio

Transparencia institucional: El presidente del BCV, Luis Pérez González, enfatizó que estas auditorías buscan asegurar que los fondos se utilicen de manera correcta. Afirmó que el sector financiero nacional se encuentra «sano y plenamente auditable».

Normalización estadística: Se anunció el reinicio del cronograma de publicación de datos económicos bajo estándares internacionales, respaldado por la Gerencia de Estadísticas Económicas del BCV.

Indicadores cambiarios: Se reportó una ralentización significativa en los tipos de cambio (oficial y paralelo). La brecha entre ambas tasas se ha reducido a un 29 %, gracias a una intervención más activa por parte del ente emisor.

Contexto internacional: Este proceso ocurre tras el levantamiento de sanciones por parte del Departamento del Tesoro de EEUU (14 de abril) hacia el BCV y la banca pública (Banco de Venezuela, Banco Digital de los Trabajadores y Banco del Tesoro).

Relaciones diplomáticas: La medida se enmarca en la normalización de relaciones entre la Administración de Donald Trump y Venezuela, luego de los eventos políticos y la intervención militar ocurridos a principios de año.

Dato relevante: La OFAC ya emitió licencias que permiten transacciones comerciales con el gobierno venezolano, bajo previa autorización de Washington.

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«He recibido una comunicación de la licenciada, la doctora Laura Guerra, que ha presentado su renuncia al Banco Central de Venezuela», dijo la líder chavista en una reunión con autoridades económicas transmitida por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

Laura Guerra, quien ocupó el puesto desde abril del año pasado, ahora «seguirá con otras actividades en el ámbito de gobierno», señaló Rodríguez, quien el miércoles cumplió cien días como presidenta encargada, cargo que asumió tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas por parte de fuerzas estadounidenses.

El martes, el Departamento de Tesoro de EEUU anunció el levantamiento de las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, lo que también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el gobierno venezolano, con autorización previa de Washington.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

El jueves, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Grupo del Banco Mundial (BM) anunciaron la reanudación de sus relaciones con el gobierno de Venezuela.

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«Pasamos de una economía de ahorros en efectivo paralizados a una donde el capital es transferible y fluye como inversión útil para el aparato productivo del país», señaló el presidente de Conindustria, Tito López, citado en una nota de prensa.

Asimismo, destacó que esta flexibilización marca un punto de inflexión para el sector productivo del país, al sentar las bases para la confianza financiera, la reactivación del crédito y la modernización tecnológica.

López dijo que la dinamización de las operaciones del BCV y la banca pública es vista como la clave para la estabilidad de precios.

«Uno de los mayores problemas para la competitividad industrial ha sido la brecha cambiaria. Con el retorno del BCV y la banca pública a la dinámica financiera regular, aspiramos a ver un aumento significativo en la oferta formal de dólares», apuntó el líder gremial.

El martes, el gobierno de Estados Unidos levantó las sanciones impuestas al sistema de banca pública venezolana, incluyendo al Banco Central de Venezuela.

La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

La nueva relación Caracas-Washington

Estas nuevas directrices llegaron menos de dos semanas después de que EEUU retirara a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

Tras la captura en Caracas de Nicolás Maduro en una intervención militar por parte de EEUU a principios de año el gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, ha ido normalizando las relaciones diplomáticas con el país, que rompieron en 2019.

En paralelo, Washington también ha ido levantando las estrictas sanciones económicas a las que había sometido a Caracas, bajo el anterior mandato de Trump (2017-2021) en una estrategia para intentar presionar la salida de Maduro.

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La medida, anunciada por el Departamento de Tesoro, también incluye al Banco de Venezuela, al Banco Digital de los Trabajadores, al Banco de Tesoro y cualquier entidad en la que alguna de estas instituciones tenga participación directa o indirecta de un 50 % o más.

La Oficina de Control de Activos del Tesoro (OFAC) emitió a su vez una licencia que permite las «transacciones comerciales» con el Gobierno de Venezuela, con autorización previa de Washington.

Estas nuevas directrices llegan menos de dos semanas después de que EE.UU. retirara a la presidenta interina, Delcy Rodríguez, de su lista de sancionados y suponen un paso más en el deshielo de relaciones entre Washington y Caracas.

Sin estas restricciones, las principales instituciones bancarias venezolanas podrán entrar de nuevo al sistema financiero estadounidense y operar legalmente con el dólar.

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En su primera rueda de prensa en Bogotá tras asumir el cargo, en sustitución temporal de Ricardo Roa, Hurtado destacó que uno de los principales retos será «generar sostenibilidad, valor y crecimiento«, con énfasis en la eficiencia del gasto para garantizar la estabilidad de la empresa en el mediano y largo plazo.

El directivo, ingeniero eléctrico con 28 años de trayectoria en la compañía, subrayó que Ecopetrol continuará impulsando sus líneas tradicionales de negocio, especialmente la producción de hidrocarburos, donde, según dijo, ya se observan señales de aumento en la producción nacional de crudo.

«Seguimos trabajando para mejorar la productividad de nuestros campos, generar valor dentro de nuestros activos y aprovechar las oportunidades que existen tanto en petróleo como en gas para asegurar la sostenibilidad energética del país«, aseguró.

Hurtado agregó que la compañía revisa de forma constante su plan de inversiones y crecimiento y que Ecopetrol sigue a la espera de una respuesta de la Oficina de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos (OFAC) sobre el levantamiento de restricciones que permitirían avanzar en eventuales negocios con Venezuela.

«Venezuela es una oportunidad porque tenemos el conocimiento técnico y operativo para aportar a la reactivación de su industria petrolera«, indicó.

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La Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento de Tesoro de EE.UU. sacó a Rodríguez de su lista de individuos sancionados, donde había entrado en septiembre de 2018, bajo el primer mandato de Donald Trump.

La medida es el último paso en el deshielo de las relaciones entre Washington y Caracas, tras la captura por parte de EE.UU. del expresidente Nicolás Maduro, que enfrenta en Nueva York un juicio.

Fuera de la lista, Rodríguez deja de estar sujeta a las restricciones del Tesoro, que le impedían a cualquier organismo o individuo en EE.UU. realizar transacciones con ella, al igual que abre la puerta a que se descongele cualquier activo que ella tenga en el país norteamericano.

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El magistrado encargado del proceso, Alvin Hellerstein, manifestó dudas sobre la congelación de los fondos venezolanos por parte del Gobierno de EE.UU., que impide que el acusado pueda financiar su defensa.

La defensa de Flores y Maduro solicitó en febrero desestimar el caso después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negara a los acusados la licencia para pagar su defensa con fondos del Gobierno de Venezuela.

Hellerstein, de 92 años y al que hoy se le pudo escuchar la voz algo quebrada, descartó desestimar el caso «porque eso sería tomar una medida demasiado seria».

Por su parte, el fiscal adjunto de Estados Unidos, Kyle Wirshba, alegó al juez que el Gobierno estadounidense debería poder «utilizar sanciones para influir en la política exterior o la seguridad nacional».

No obstante, el magistrado respondió que, dado que Maduro y Flores están detenidos, «no representan ninguna amenaza para la seguridad nacional», y recalcó que «las cosas han cambiado en Venezuela» y que EE.UU. ya «hace negocios» con el país.

Cargos contra Maduro y Flores

Maduro está acusado por la Justicia estadounidense de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

En su primera comparecencia, Maduro se declaró «no culpable» y se definió a sí mismo como un «prisionero de guerra».

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«Están muy bien, fuertes, muy bien, muy bien, con mucho ánimo, con mucha fuerza y vamos a ver a un presidente delgado, atleta, está haciendo ejercicios todos los días», señaló Maduro Guerra en un video publicado en X por la periodista de Telesur Madelein García.

El diputado dijo que la primera dama, Cilia Flores, quien también fue capturada en enero pasado, está «firme y alerta».

Asimismo, dijo que la audiencia de juicio prevista para el próximo 26 de marzo servirá para «seguir elevando la verdad de Venezuela y la verdad de la inocencia de Maduro y Cilia».

Caso Maduro y Cilia Flores

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El jueves, Maduro y Flores reiteraron ante el tribunal federal de Nueva York que no tienen recursos para financiar su defensa en el caso de narcotráfico y afirmaron que están dispuestos a presentar pruebas financieras si el juez lo solicita, para reforzar su petición de desestimar la acusación.

Los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde 2015 que buscaban presionar para provocar un cambio político, y el gobierno de EEUU no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

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Los abogados de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Barry Pollack y Mark E. Donelly, afirmaron en un documento enviado al juez, en nombre de sus clientes, que, según la defensa, la Fiscalía reconoce el derecho de ambos a solicitar que el gobierno de Venezuela sufrague su defensa.

Además, incluyeron declaraciones juradas de Maduro y Flores en las que aseguran no poder costear sus abogados y manifiestan su disposición a presentar pruebas financieras si el tribunal lo requiere.

Esta declaración, presentada ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, llega apenas unos días antes de su próxima audiencia, prevista para el 26 de este mes.

Estatus de Maduro y Cilia Flores

Hasta ahora, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que administra e impone sanciones económicas y comerciales, no ha autorizado que el gobierno de Venezuela pague a sus abogados, lo que, alegan en un documento enviado al juez federal Alvin Hellerstein, interfiere con el derecho de ambos a elegir su propio equipo legal.

La OFAC ha impuesto sanciones económicas a Venezuela desde el 2015 que buscaban presionar a Maduro para provocar un cambio político, y el gobierno de EEUU no reconoce a Maduro como presidente legítimo de Venezuela.

En el escrito, la defensa destaca que la negativa a permitir que Venezuela pague los honorarios legales viola la Sexta Enmienda de la Constitución de EE UU, que establece el derecho a elegir defensa, y la Quinta Enmienda, que ampara el debido proceso.

Los abogados también recuerdan que la OFAC ha permitido en otras ocasiones «que un tercero sujeto a sanciones pague los honorarios legales de una persona también sancionada», algo que consideran inconsistente con su caso.

Señalan además que la propuesta del Gobierno de que acepten un abogado de oficio «no constituye en absoluto un remedio», ya que estarían obligados a aceptar una defensa que no escogieron.

«Obligar a los acusados ​​a aceptar un abogado de oficio que no es de su elección no es, por definición, una solución para la vulneración de su derecho a elegir a su propio abogado», acotan.

Por esas razones, la defensa pide al juez Hellerstein que se desestimen los cargos por ser un proceso «inconstitucionalmente defectuoso» o se realice una audiencia para discutir el caso.

«El único remedio es el sobreseimiento, dado que este tribunal no puede permitir que el presente caso prosiga en violación de los derechos constitucionales del Sr. Maduro y de la Sra. Flores de Maduro», indica el documento legal.

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«Sigamos pidiendo y exigiendo la liberación del presidente Nicolás Maduro y de Cilia Flores. Su lugar es aquí en Venezuela, no es en otro lugar, es aquí, en nuestro país», sostuvo el también identificado como número dos, segundo dirigente, del oficialismo.

En su programa semanal transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV), Diosdado Cabello igualmente solicitó a los seguidores del chavismo «levantar la cara» en «estos días amargos y seguir avanzando siempre por el camino de la revolución bolivariana», en referencia al proyecto y movimiento político creado por Hugo Chávez (1999-2013).

Se cumplieron dos meses de la captura de Maduro y Flores

El martes, cuando se cumplieron dos meses de la captura de Maduro y Flores durante una operación militar estadounidense en territorio venezolano, cientos de chavistas se movilizaron en Caracas para exigir la liberación de ambos, detenidos en Nueva York.

Maduro está acusado de cuatro cargos: tres de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos; y un cuarto delito de posesión de esas armas.

Flores, por su parte, está acusada de otros cuatro cargos relacionados con los de su marido: dos de conspiración para importar cocaína, uno de conspiración para poseer armas y otro de posesión de armas.

El pasado jueves, Maduro pidió a través de su abogado, Barry Pollack, que se desestime el caso por narcotráfico y corrupción en su contra en Estados Unidos después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le negó la licencia para pagar su defensa con fondos de Venezuela.

Tanto Maduro como el gobierno venezolano están sujetos a sanciones de EEUU, por lo que el abogado solicitó una licencia a la OFAC para recibir fondos por su labor de defensa, que le fue otorgada el 9 de enero, pero menos de tres horas después la agencia emitió una licencia enmendada que bloquea la transacción, según denunció el jurista.

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VTV transmitió imágenes del encuentro en el que participaron el vicepresidente regional de Shell, Adam Lomas, el vicepresidente de Global Gas, Cederic Cremers, y el representante de la empresa en Venezuela, Alfredo Urdaneta. Por la parte venezolana, estuvieron presentes el presidente de Pdvsa, Héctor Obregón, y los viceministros Paula Enau y Luis González.

El objetivo de la reunión era evaluar proyectos gasíferos, específicamente en torno al Proyecto de Interconexión Dragón. Este proyecto se detuvo en 2020 por las sanciones de EE. UU., pero Shell considera que representa una oportunidad estratégica para desarrollar gas costa afuera de Venezuela y suministrar a Trinidad y Tobago.

La licencia de la OFAC para este proyecto fue revocada en mayo de 2025 y restituida en octubre de ese año. El encuentro se produce semanas después de que el Parlamento aprobara una reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos que abre el sector a la inversión privada y extranjera, tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026.

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En una carta al juez Alvin Hellerstein, fechada el pasado 20 de febrero, Pollack explica que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) está «interfiriendo» en el derecho a la defensa de su cliente. La OFAC concedió el 9 de enero una licencia para autorizar el cobro de fondos, pero tres horas después la «enmendó» sin explicación para prohibir la recepción de fondos del Gobierno de Venezuela.

Pollack indica que el político venezolano tiene una «expectativa legítima» de que Caracas pague sus honorarios y que «no puede costearse de otro modo un abogado». Sostiene que, al no permitir el pago, la OFAC vulnera la Sexta Enmienda, que garantiza el derecho a contar con el abogado de su elección.

El abogado señaló que el 11 de febrero pidió restablecer la licencia original, pero la agencia «no ha actuado», a pesar de haber concedido licencias comerciales recientemente. Advirtió que, si la situación persiste, presentará una «moción formal solicitando reparación» ante el tribunal.

El obstáculo en la licencia afecta solo a Maduro, acusado de cargos de narcotráfico y corrupción, y no a su esposa, Cilia Flores, acusada de delitos similares. Maduro se declaró no culpable y tiene prevista su siguiente audiencia judicial el 26 de marzo.

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Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el «tono constructivo» de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado «en defensa de la soberanía» tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: «En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro».

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue «un gran honor» hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Temas de conversación entre Petro y Trump

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

«Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia», manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó «la incomunicación con el Gobierno de Trump» desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo.

«Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra ‘traquetos’ (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos», dijo. Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: «Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo».

De interés: Petro amenaza con volver a tomar las armas para defender la soberanía de Colombia    

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense identificó los buques y las compañías vinculadas como responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hacia diversos usuarios finales, aun cuando supuestamente ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos.

Entre los sancionados figura el empresario egipcio Hatem Elsaid Farid Ibrahim Sakr, cuyas empresas están asociadas con siete de los buques incluidos en la medida, además de varias navieras con presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, según detalló el Tesoro.

La acción se produce en el marco de la estrategia estadounidense de «máxima presión» sobre Irán, basada en la ‘Orden Ejecutiva 13902’ y en el ‘Memorando Presidencial de Seguridad Nacional 2’, con el objetivo de elevar los costos de exportación de petróleo iraní y reducir los ingresos que Teherán obtiene por cada barril vendido.

Estas sanciones llegan además días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, anunciara que incautará todos los buques petroleros que ingresen o salgan de Venezuela y que cuenten con algún tipo de penalización por sus vínculos con Irán.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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Según lo estipulado en la licencia otorgada por el gobierno de EE.UU., esto significa la extensión del permiso por un lapso de seis meses. Por lo que la vigencia del permiso se prolongaría hasta el 1 de agosto de 2025.

Previamente, el presidente estadounidense, Donald Trump, había ordenado revocar la licencia de operaciones a Chevron en Venezuela. No obstante, su decisión y anuncio parece no haberse concretado, debido a la no modificación en la normativa, informan despachos noticiosos internacionales y diferentes medios de comunicación.

Más sobre la licencia para Chevron

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos -contrariamente- informó este domingo 2 de marzo, que se alista para poner fin a las licencias que permiten las operaciones de Chevron en Venezuela, única petrolera estadounidense en el país.

“El Departamento del Tesoro se prepara a tomar medidas para liquidar la Licencia General 41 y otras licencias específicas según corresponda”, señaló el organismo mediante un breve pronunciamiento en la sección de preguntas frecuentes de la página oficial.

También señala que próximamente emitirá las orientaciones adicionales para facilitar la eliminación de estas concesiones, junto con cualquier cambio en las autorizaciones.

De interés: EE.UU. renueva autorización de exportación de gas licuado de petróleo a Venezuela

DOBLE LLAVE

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Desglose de cambios

Ha trascendido que, en un giro significativo, la OFAC ahora limita las operaciones de Minerven a la liquidación o cierre de transacciones pendientes, y este cambio estará en vigor hasta el próximo 13 de febrero.

Este movimiento estratégico busca influir directamente en el cumplimiento de los acuerdos de Barbados por parte del Ejecutivo de Venezuela.

Desafíos en los Acuerdos de Barbados

Los acuerdos de Barbados, firmados entre las partes involucradas, ahora se ven sometidos a interpretaciones divergentes. Esta divergencia plantea desafíos significativos y, al mismo tiempo, refleja la complejidad de las relaciones internacionales en juego.

En respuesta a la reciente sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que mantiene la inhabilitación de la líder opositora María Corina Machado por 15 años, la administración del presidente Joe Biden emitió dicha medida oficial que incidirá en los recursos minerales de la nación.

#ÚLTIMAHORA | El gobierno de #EEUU renueva sanciones contra la empresa estatal venezolana CVG Minerven.

Hasta el 13 de febrero la OFAC (dependiente del Dep. del Tesoro) permitirá transacciones destinadas a concluir operaciones en proceso.

Detalles aquí:… pic.twitter.com/DUOLfBg5cn

— VPItv (@VPITV) January 30, 2024

Estas acciones habían sido entregadas en garantía en 2016 por el gobierno chavista como parte de un préstamo millonario.

Poniendo fin a una violación de la ley venezolana

El hecho de recuperar estas acciones representa el fin de un capítulo oscuro en la historia de Venezuela.

Durante el régimen de Nicolás Maduro, funcionarios de PDV Holding, Inc. y Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) violaron la ley al entregar las acciones como garantía sin seguir los procedimientos legales correspondientes.

Ahora, gracias a los esfuerzos de la oposición, se ha restablecido la justicia y se ha corregido esta irregularidad.

La licencia emitida por la OFAC allana el camino hacia la recuperación

En mayo de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió una licencia a PDV Holding, Inc. autorizando la transferencia del certificado de acciones y la terminación de la garantía a favor de Rosneft Trading.

Esta licencia fue un paso fundamental para allanar el camino hacia la recuperación de las acciones de Citgo y garantizar el cumplimiento de la ley.

La devolución del certificado: un paso decisivo

Respondiendo a una solicitud de PDV Holding, Inc., Rosneft Trading acordó devolver el certificado de acciones que se encontraba bajo custodia en Nueva York.

Este importante paso tuvo lugar el 21 de junio de 2023, cuando el certificado fue entregado a PDV Holding, Inc., que ahora tiene la posesión de dicho documento en su sede corporativa en Houston, Texas.

La recuperación de estas acciones de Citgo representa un impulso significativo para el futuro de Venezuela.

Estos activos, que son de vital importancia para la economía del país, ahora están en manos de aquellos que luchan por un cambio democrático y una gestión transparente.

Esta victoria fortalece la posición de la oposición y abre nuevas oportunidades para la reconstrucción y el progreso de Venezuela.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), adscrita al Departamento del Tesoro, autorizó hasta el 19 de noviembre algunas transacciones de las empresas: Halliburton, Schlumberger Limited, Baker Hughes Holdings y Weatherford International.

La autorización permite a las empresas de servicios petroleros realizar las acciones necesarias para «el mantenimiento limitado de operaciones esenciales en Venezuela o la terminación gradual de operaciones en Venezuela» y para «garantizar la seguridad del personal o la integridad de las operaciones y activos en Venezuela», indicó OFAC en un comunicado.

La división del Departamento del Tesoro autoriza a dichas empresas a “la participación en las reuniones de accionistas y de las juntas directivas, el pago de facturas de terceras partes por transacciones y actividades autorizadas, los pagos de impuestos locales y los pagos de salarios a empleados y contratistas en Venezuela”.

Asimismo, la OFAC le prohíbe a dichas empresas “la perforación, extracción o procesamiento, compra o venta, transporte o embarque de petróleo o cualquier producto de petróleo de origen venezolano”.

Finalmente, la oficina del Departamento del Tesoro mantiene la prohibición a dichas empresas de participar en el diseño, construcción, instalación, reparación o mejorías “de cualquier pozo u otras instalaciones o infraestructura en Venezuela«, o «la compra o provisión de cualesquiera bienes o servicios excepto los requeridos para la seguridad”.

La OFAC aclaró además que la autorización no incluye “transacción alguna relacionada con la exportación o reexportación a Venezuela de diluyentes, directa o indirectamente”.

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