«De los 397 fallecidos, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, 2 custodios penitenciarios, 3 funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y uno era efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada)», indicó la organización en una nota de prensa.

La última masacre, prosiguió el OVP, ocurrió en abril pasado, en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda, «donde después de una protesta cinco reclusos fueron asesinados».

Asimismo, detalló que en 2012 murieron 22 presos en el Centro Penitenciario Región Andina, en el estado Mérida; 26 en Yare I (Miranda) y 10 en la cárcel La Pica, en el estado Monagas.

«Luego de estos hechos sangrientos se han anunciado investigaciones de las que actualmente se desconocen los resultados y los responsables», subrayó el OVP.

La ONG advirtió que el gobierno venezolano, «se lavó las manos diciendo que las muertes se produjeron entre la misma población penal», pero señaló que «es responsabilidad de las autoridades que pase (entre) un arma a un penal».

Igualmente, denunció que tampoco ha habido investigación para los funcionarios que presuntamente cometieron estas muertes, al asegurar que no todas han sido entre los mismos internos.

El observatorio señaló que el Estado venezolano sigue en deuda con las víctimas y sus familias.

«La verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir siendo postergadas», apuntó.

En mayo pasado, la Fiscalía General de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal a raíz de una protesta protagonizada por los presos del Internado Judicial de Barinas (Injuba), en el oeste del país, que denunciaban malos tratos de funcionarios.

Un mes antes, el Ministerio del Servicio Penitenciario informó sobre un motín de presos en Yare, que dejó cinco fallecidos y la Fiscalía también anunció entonces una investigación, de la que no se conoce públicamente los avances.

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El aparente control que los militares habían impuesto sobre el convulso sistema penitenciario de Ecuador quedó roto con la matanza de catorce personas en la cárcel de Machala (sur), entre ellas trece presos y un guardia carcelario, y siguió este jueves con la masacre de al menos diecisiete reclusos en la cárcel de Esmeraldas (norte).

Según las autoridades de Ecuador, ambos episodios comenzaron de forma similar: un grupo de presos pertenecientes a una banda criminal simuló la enfermedad o muerte de uno de sus integrantes para emboscar a los agentes que acudieron a inspeccionar. De ese modo lograron acceder a otras áreas del penal donde se encontraban reclusos de bandas rivales, a quienes atacaron con extrema violencia.

En el primer episodio, la cárcel de Machala, que se ubica cerca a la frontera con Perú y en la que predominan integrantes de Los Lobos, la Policía ecuatoriana atribuye la masacre a una facción de Los Lobos llamada Sao Box que buscó atacar a otra división del mismo grupo.

En los acontecimientos de este jueves en la prisión de Esmeraldas, que se encuentra en la frontera con Colombia y donde prevalecen Los Tiguerones, fueron presuntamente miembros de esta banda los que realizaron el ataque contra integrantes de varias bandas como Los Lobos y Los Choneros.

Aparentemente los presos han utilizado armas blancas que han logrado introducir en las prisiones pese al mayor control militar dispuesto por Noboa, y también, en el caso de Esmeraldas, se apropiaron del arma de fuego del militar al que redujeron y que terminó herido.

Tanto en una masacre como en la otra el Gobierno de Ecuador ha guardado silencio sin ofrecer información pública sobre los sucesos, por lo que la única información oficial ha sido difundida por la Fiscalía.

Desde 2020, más de 600 presos han sido asesinados en las cárceles de Ecuador, en su mayoría como resultado de violentos enfrentamientos entre bandas criminales rivales. Esta situación llevó a que, a inicios de 2025, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hiciera un llamado de atención al Gobierno.

El organismo internacional instó a Ecuador a comienzos de año: «A adoptar medidas para garantizar los derechos a la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia, a investigar todos los hechos, a identificar y sancionar a los responsables y, a prevenir su repetición».

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Esa institución detalló en un comunicado que «en estos territorios se configura un escenario de riesgo crítico debido a la confluencia y posible confrontación» entre el Clan del Golfo, la principal banda criminal del país; la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN); el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, y el grupo de crimen organizado Rastrojos Nueva Generación.

Las autoridades de Colombia atribuyeron al EMC el atentado ocurrido el jueves en Cali, capital del Valle del Cauca, que dejó siete víctimas mortales, según confirmó este lunes la Defensora del Pueblo, Iris Marín.

Según explicó, las disputas de los grupos armados por el control del Cañón de Garrapatas y otros corredores estratégicos «han derivado en un patrón recurrente de violencia que incluye la instalación y activación de artefactos explosivos improvisados en centros poblados, homicidios selectivos y enfrentamientos armados».

La presencia de estos grupos armados en la zona ha aumentado el riesgo de desplazamientos masivos, confinamientos y «afectaciones directas a comunidades indígenas, campesinas y urbanas» de Colombia.

Ante esta situación, el organismo instó al Gobierno de Colombia a reforzar la presencia y el control territorial; fortalecer las medidas de prevención y protección diferencial para los pueblos indígenas, la comunidad educativa, los niños, niñas y adolescentes, y ampliar la capacidad de respuesta humanitaria.

La Defensoría también llamó a la Fiscalía a «priorizar las investigaciones penales contra los máximos responsables de la violencia, masacres, homicidios, desapariciones, extorsiones y uso de artefactos explosivos, desplegando equipos móviles de investigación en terreno con enfoque en derechos humanos y género».

 

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«Comenzaré mi trabajo en Colombia viajando a escuchar a las contrapartes de nuestra oficina en Cali y Santander de Quilichao (el lunes y el martes). Me reuniré con representantes de pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y campesinas, defensoras y defensores de DD.HH., organizaciones de víctimas, autoridades del Estado y representantes del sector privado», afirmó Campbell.

El representante agregó que busca mostrar a estas personas su «apoyo y compromiso para trabajar conjuntamente con todas las personas y procesos organizativos que en Colombia trabajan valientemente por la defensa de los derechos humanos».

Cali es la capital del Valle del Cauca y Santander de Quilichao está ubicado en el Cauca, dos departamentos del suroeste de Colombia en los que operan varios frentes del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de la desmovilizada guerrilla de las FARC, que se dedica al narcotráfico.

«Según el seguimiento realizado por ONU Derechos Humanos, en lo que va de 2025, esta zona del país sigue siendo una de las más gravemente afectadas en materia de homicidios de personas defensoras de los DDHH, masacres, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes y ataques indiscriminados», expresó esta oficina en un comunicado.

Ataques y masacres en Colombia

El pasado miércoles, un ataque con un dron mató a trabajador de una empresa de electricidad y dejó dos personas más heridas en Santander de Quilichao y el jueves murió una mujer en otro atentado perpetrado sobre la Vía Panamericana en Mondomo, también en el Cauca.​

De esos ataques el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, responsabilizó a las disidencias de las FARC, de las que dijo que «siguen asesinando civiles».

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia condenó estos ataques y urgió a que «se investigue, juzgue y sancione a los responsables».

La ONU ha reiterado que la protección de los derechos humanos y el respeto a la vida deben ser ejes centrales en cualquier intento por resolver el conflicto armado en Colombia y ha expresado su apoyo a los esfuerzos del Gobierno por alcanzar una solución negociada, recordando a los actores armados su obligación de cumplir con el Derecho Internacional Humanitario (DIH).

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El documento, que «analiza la situación de los derechos humanos en Colombia en 2024», alerta de las «estrategias violentas de control social» de grupos armados y organizaciones criminales en las regiones que continúan «impactando en la población civil y generando riesgos para la gobernabilidad en los territorios».

«Esta violencia afecta desproporcionadamente a pueblos indígenas y afrodescendientes, procesos organizativos de base y comunidades campesinas», agrega el informe, según el cual «los grupos armados no estatales y las organizaciones criminales siguen tratando de destruir el tejido social, cooptar, suplantar y/o eliminar organizaciones con presencia histórica» en las regiones.

Violencia que persiste en Colombia

La Oficina del Alto Comisionado en Colombia recibió 89 alegaciones de posibles masacres perpetradas en el país el año pasado, de las cuales pudo confirmar 72, lo que supone una disminución del 27 % con respecto a la cifra informada en 2023.

Sin embargo, las matanzas dejaron 252 víctimas mortales, de las cuales 214 eran hombres, 26 mujeres, 11 niños y una niña. Del total de fallecidos, 12 pertenecían a pueblos étnicos, seis de ellos indígenas y seis afrodescendientes.

La ONU también recibió 191 alegaciones de asesinatos de defensores de derechos humanos el año pasado, de los cuales pudo verificar que en 89 casos había un vínculo entre la muerte y la labor de la víctima mortal.

Los 89 casos verificados -en los cuales 77 de las víctimas eran hombres, 11 eran mujeres y una era una persona trans- supusieron una disminución del 15 % de asesinatos de defensores con respecto a 2023.

El organismo afirmó que hubo 569 amenazas contra defensores de derechos humanos, «que constituyen solo una muestra del universo total de casos».

Reclutamiento al alza

Una de las cifras más preocupantes que revela el informe es el de reclutamiento de menores por parte de grupos armados ilegales, pues este organismo verificó 216 casos, de los cuales 118 son niños, 86 niñas y 12 sin confirmación de género.

Esto «implica un deterioro respecto a 2023 a pesar de que estas cifras representan solo una muestra del total de casos ocurridos en todo el país», según el organismo de la ONU, que está preocupado porque el 58 % de las víctimas pertenecen a grupos indígenas o afrodescendientes.

Igualmente fueron documentados casos de niños y niñas asesinados en el conflicto o como represalias internas del grupo armado que los reclutó.

«Debido al temor a las retaliaciones por parte de los grupos armados no estatales, a la normalización de estas conductas y a la desconfianza en las instituciones, un alto porcentaje de casos de reclutamiento no se denuncian ante las entidades públicas», lamentó la Oficina del Alto Comisionado de la ONU Derechos Humanos en su informe.

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Mauricio Dueñas Castañeda

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El alto comisionado de la ONU, Volker Türk, destacó que durante dichas masacres perdieron la vida 321 personas, mientras otros 116 activistas fueron asesinados, lo que denota la violencia cometida por grupos paramilitares armados.

El Consejo de Derechos Humanos de la ONU detalló en su informe la situación de Colombia y afirmó que estos crímenes «afectan desproporcionadamente a indígenas y afrodescendientes».

«Insto al desmantelamiento de los grupos criminales, así como a una mayor presencia de las instituciones del Estado, en particular en aquellas áreas donde tienen lugar las negociaciones», declaró Türk.

El alto comisionado de la ONU celebró la reanudación de las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), así como el compromiso del Gobierno con la «iniciativa de Paz Total», lanzada por el presidente Gustavo Petro.

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Víctor De Abreu

Con información de Unión Radio y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: TRT, vía web

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«Este es un proyecto grande (…) pero más que el valor económico, para nosotros tiene un valor de justicia real«, aseveró el gobernante desde la plaza central en el departamento salvadoreño de Morazán.

Bukele reiteró que el proyecto tiene la finalidad de terminar de asfaltar calles, construir pistas deportivas, una planta de tratamiento de aguas negras y un Centro Urbano de Bienestar y Oportunidades (CUBO) para atender el desarrollo de los jóvenes, entre otras acciones.

Este 2021 se cumplieron 40 años desde que ocurrió la masacre en El Mozote (El Salvador)

Entre los planes se encuentran la creación de una plaza memorial y un anfiteatro, así como un centro de atención geriátrica, una estación de policía y una plaza gastronómica, entre otros.

Por otra parte, el presidente de la Asociación Promotora de los Derechos Humanos de las Víctimas de El Mozote, Leonel Claros, argumentó que esta acción es arbitraria por parte del Ejecutivo y manifestó sentirse inconforme por no tomar en cuenta las opiniones de los familiares de las víctimas y sobrevivientes, según reseñó este sábado 11 de diciembre el diario local “La Prensa Gráfica”.

Un suceso histórico en El Mozote

Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas muestra que entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, soldados presuntamente pertenecientes al Batallón Atlacatl torturaron y ejecutaron a más de mil pobladores en este lugar en busca de guerrilleros.

«No solo vamos a recordar el pasado, también vamos a construir un mejor futuro para todas las nuevas generaciones de El Mozote», Presidente @nayibbukele. pic.twitter.com/XGPaCAVeXG

— Casa Presidencial 🇸🇻 (@PresidenciaSV) December 11, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

Molano, durante su comparecencia a través de un video, reveló que este era «el golpe más importante al narcotráfico del ELN en este año, con la incautación de seis toneladas de clorhidrato de cocaína».

Operación Jared

La Operación Jared, donde fueron destruidos tres «grandes laboratorios» por las fuerzas armadas y la fiscalía, se desarrolló en el municipio de Samaniego, departamento de Nariño, cercano a la frontera con Ecuador.

Por su parte, el fiscal general, Francisco Barbosa, detalló que,  «la cocaína, la maquinaria y otros elementos encontrados, superarían en valor los nueve millones de dólares. El estupefaciente estaba listo para ser embalado y transportado hacia las costas del Pacífico colombiano (…), para ser enviado hacia México y Estados Unidos».

Registran un aumento de violencia en la zona

El jefe de cartera para la Defensa enfatizó durante la semana que duplicaría esfuerzos contra «el terrorismo» de grupos armados, luego del ataque al helicóptero del presidente Iván Duque el pasado viernes 25 de junio en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela.

El gobierno colombiano acusó al ELN de este atentado, así como por el estallido de un coche bomba en una unidad militar de la misma ciudad hace unos diez días.

Por ahora, el suroeste de Colombia sufre un recrudecimiento de la violencia tras el acuerdo de paz firmado en 2016 con la insurgencia marxista. En lo que va del año, el observatorio Indepaz contabilizó 46 masacres.

Tras décadas de lucha antinarcóticos, Colombia es el mayor proveedor mundial de cocaína y Norteamérica es el principal consumidor.

Fuerza Pública propinó uno de los más grandes golpes a las finanzas del ELN. 6 toneladas de clorhidrato de cocaína fueron incautadas en un gigantesco complejo para la producción de sustancias ilícitas, que generaba utilidades de más de 8 millones de dólares/mes al grupo armado pic.twitter.com/qSmyb4OsOt

— Mindefensa (@mindefensa) June 29, 2021

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales