En un acuerdo aprobado por unanimidad, los diputados denunciaron un «irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad» por parte de la Fiscalía de la CPI, al «no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana».

Este lunes, el fiscal adjunto de la CPI, Mame Mandiaye Niang, anunció el cierre de la oficina por falta de «progreso real» con Venezuela en materia de «complementariedad», el principio que exige al país en cuestión investigar seriamente los crímenes de los que se le acusa antes de que intervenga este tribunal.

El Parlamento venezolano expresó su «más enérgico y categórico repudio» a las declaraciones de Niang y condenó la que considera como una «instrumentalización política del sistema» de la corte para «ejercer un colonialismo jurídico» contra la nación.

A juicio del Legislativo, la Fiscalía de la CPI demuestra «un evidente incumplimiento de los memorándums de entendimiento suscritos», por lo que la acusó de «desentenderse de su responsabilidad de apoyar y brindar asistencia técnica a las instituciones nacionales».

Por otra parte, la AN denunció que ese órgano del tribunal internacional «ha guardado un silencio abrumador durante más de cinco años» sobre el caso denominado Venezuela II, que documenta, según el texto aprobado por el Parlamento, los «crímenes de lesa humanidad perpetrados por los articuladores del bloqueo económico y las medidas coercitivas unilaterales».

La diputada Ilenia Medina, quien presentó el proyecto de acuerdo, cuestionó que la Fiscalía de la CPI decidiera cerrar su oficina en la capital venezolana justo cuando la nación se encuentra «acosada y amenazada por el poder imperial», en alusión al creciente despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe.

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El fiscal adjunto, Mame Mandiaye Niang, explicó su discurso de apertura de la 24ª Asamblea de Estados Parte de la CPI que, pese al “compromiso sostenido” mantenido con las autoridades venezolanas, la CPI concluyó que “el progreso real sigue siendo un reto”, por lo que decidió clausurar la oficina instalada en el país en 2024 para trabajar junto a las autoridades venezolanas.

“Siendo conscientes de la necesidad de gestionar eficazmente nuestros recursos limitados, hemos decidido cerrar nuestra oficina en Caracas”, señaló Niang.

No obstante, Niang subrayó que la investigación sobre los presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela “permanece activa” y dirigida por un equipo de fiscales que seguirá trabajando desde La Haya.

Giro en la relación CPI-Caracas

Caracas siempre rechazó esta investigación, alegando que debía respetarse el principio de complementariedad, por el que el tribunal internacional complementa la justicia nacional del país, no la sustituye, y solo puede intervenir si el Estado afectado no investiga.

El cierre de la oficina marca un giro en la relación entre la CPI y Caracas, que durante meses sostuvo intercambios con el tribunal en torno a la responsabilidad penal por las acusaciones por violaciones de derechos humanos en el país.

El fiscal Karim Khan dijo en abril de 2024 que la apertura de esa oficina era una “oportunidad única” para seguir avanzando en las investigaciones sobre presuntos crímenes de lesa humanidad y crear señaló un vínculo entre las leyes y el apoyo técnico que prestarán a la nación caribeña.

La CPI abrió la investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de una remisión de varios países. El gobierno de Nicolás Maduro intentó repetidamente frenar el caso, alegando que su sistema judicial está llevando a cabo investigaciones internas, pero la Corte rechazó esa posición en 2023 y autorizó la reanudación de las pesquisas por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2017.

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«Sea como sea, ‘la paz por la fuerza’ es una tesis difícilmente aplicable en el caso de Rusia. No merece la pena utilizarla», dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

Peskov, que se encuentra en Minsk, donde el presidente ruso, Vladímir Putin, participará mañana viernes 26 de junio en la cumbre de la Unión Económica Euroasiática, subrayó que «así será imposible lograr algún objetivo».

Recordó que «todo el mundo sabe» que «el precursor» del actual conflicto es, precisamente, cuando la OTAN comenzó a aproximar su infraestructura militar a las fronteras rusas y que la Alianza Atlántica patrocinó la revolución ucraniana del Euromaidán en 2014, que él tachó de «sangriento golpe de Estado».

«La amenaza imaginaria de Rusia, esa amenaza ilusoria, es una táctica que se utiliza para sacarle el dinero a los contribuyentes, el famoso 5 %. Es la técnica que se utiliza para seguir bombeando dinero y armas a Ucrania», dijo.

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En una nota difundida este jueves por Cancillería, Van Klaveren explicó que su viaje busca «entregar antecedentes que mostrarían que el crimen contra el exteniente Ronald Ojeda puede ser relevante en la investigación que ya lleva a cabo la Fiscalía de la CPI, producto de la remisión presentada por Chile y otros países en 2018, por la comisión de crímenes perpetrados en Venezuela a partir del 12 de febrero de 2014».

Ojeda, disidente del gobierno de Nicolás Maduro y asilado político en Chile, fue secuestrado el 21 de febrero de 2024 en su casa en la capital chilena por un grupo de hombres vestidos como agentes policiales chilenos. Sus restos fueron hallados diez días después en una localidad periférica de la ciudad y sepultados bajo un bloque de concreto.

«Esos antecedentes, que desde nuestro punto de vista son más que contundentes, vamos a compartirlos con las autoridades de la CPI para que puedan sumarlos en la investigación que ya están llevando a cabo por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela”, añadió Valencia en la nota.

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Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter «a la fuerza», según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá «que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas».

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

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«Hay una serie de erráticas acciones por parte de la Fiscalía de la CPI, que ha tratado de ocultar pruebas. Esta política fracasó y es hora de que se asuma como tal. La CPI debería desechar este caso contra Venezuela«, agregó.

Por otra parte, Gil reiteró que las instituciones del Estado trabajan en respeto de los derechos humanos de los ciudadanos.

«En Venezuela hay una democracia fuerte, un respeto a los derechos humanos sólidos. Tenemos unas instituciones judiciales, una fiscalía que trabaja en pro de garantizarle los derechos a todos los venezolanos. Eso es lo que precisamente este equipo ha desmontado».

Gil enfatizó que el siguiente paso es que este caso debe finalizar «porque ha sido fraudulentamente creado«, dijo.

Gobierno de #Venezuela afirma que «pulverizó» argumentos de CPI en caso contra el país https://t.co/Uvi1pxTUe2 pic.twitter.com/nHXjpUyuJ5

— Sputnik Mundo (@SputnikMundo) November 7, 2023

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DOBLE LLAVE

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Aunque el origen de esta actividad anómala aún no se ha revelado, la CPI ha tomado medidas inmediatas para abordar la situación y garantizar la seguridad de sus sistemas.

Alerta por actividad anómala en los sistemas informáticos

Este martes, la CPI emitió una declaración en la que informa sobre la detección de lo que califica como «una actividad anómala» en sus sistemas de información.

Esta preocupante situación fue identificada por los empleados del tribunal a finales de la semana pasada.

Respuesta inmediata y colaboración internacional

La CPI ha reaccionado de manera inmediata y en colaboración con las autoridades de los Países Bajos, donde tiene su sede en la ciudad de La Haya. Se han implementado medidas para mitigar el impacto de este incidente de ciberseguridad.

A pesar de la seriedad de la situación, la CPI ha optado por mantener la discreción en cuanto a los detalles de este incidente. No se ha proporcionado información sobre su posible origen ni sobre el alcance de los daños causados.

La Corte ha enfatizado que, por el momento, no se divulgará más información relacionada con el incidente.

Medidas continuas y prioridad en la seguridad

La CPI está trabajando activamente en la implementación de medidas adicionales de respuesta y seguridad, con la colaboración de las autoridades del país anfitrión.

Además, se ha subrayado la importancia de que el trabajo principal de la Corte continúe sin interrupciones mientras se maneja este incidente.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

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DOBLE LLAVE – Todos los arsenales declarados de estos agentes tóxicos han sido «irreversiblemente destruidos», aseguró este viernes la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), con sede en La Haya, Países Bajos, luego de que Estados Unidos anunciara haberse deshecho de sus últimas reservas.

Joe Biden, presidente estadounidense, anunció la destrucción de unas 500 toneladas de agentes químicos letales almacenados en el depósito «Blue Grass», una instalación militar en el estado de Kentucky, completando así un proceso iniciado en 1997 tras la firma de la convención global que busca erradicar esta clase de armas.

Zelensky aseveró que Vladimir Putin “merece ser condenado por sus acciones criminales desde aquí”, luego de que la CPI emitiera una orden de detención contra el mandatario ruso.

La CPI también solicitó la aprehensión de María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los Derechos del Niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia, lo que se considera un crimen de guerra.

El mandatario ucraniano rechazó cualquier tipo de “inmunidad híbrida para los criminales de guerra” y aseveró que la paz solo se podría garantizar mediante una “justicia plena”.

Zelensky continua en la solicitud de apoyo

El mandatario ucraniano llegó la mañana de este jueves a la sede del Senado neerlandés en La Haya, donde fue recibido por el presidente de esta Cámara, Jan Anthonie Bruijn, y la presidenta del Parlamento, Vera Bergkamp.

La visita de Zelensky coincide con el Día de la Memoria, en recuerdo de los caídos en la Segunda Guerra Mundial, donde se tiene previstos varios eventos de conmemoración; su participación aún no está confirmada.

El gobernante ucraniano ha viajado con frecuencia a países aliados como Reino Unido, Francia y Polonia, con el fin de pedir apoyo en su defensa de la invasión rusa.

Por su parte, Países Bajos ha suministrado apoyo a Ucrania con armas, dinero y tecnología, además de entrenamiento de soldados ucranianos en territorio neerlandés.

A través de un comunicado, la oficina de Borrell destacó que «la UE considera la decisión del TPI como el principio del proceso de rendición de cuenta para que los dirigentes rusos sean juzgados por los crímenes y atrocidades que están ordenando, habilitando y perpetrando en Ucrania»-

Asimismo, Bruselas recordó que esta orden se debe a los «presuntos crímenes por la deportación y traslado ilegal de menores en el contexto de la situación en Ucrania».

De la misma manera, Borrell explicó que la UE «acoge con satisfacción y anima todos los esfuerzos para garantizar la plena rendición de cuentas por crímenes de guerra y otros graves crímenes en relación con la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania».

Para culminar, ratificó su apoyo a la investigación de la Fiscalía del TPI y pide «plena cooperación» a todos los Estados firmantes del Tratado de Roma por el que se creó el tribunal con sede en La Haya.

La Unión Europea advirtió que la orden de detención al presidente de Rusia, Vladimir Putin, emitida recientemente por la Corte Penal Internacional, es «el principio del proceso» para perseguir penalmente a funcionarios rusos por crímenes de guerra https://t.co/lRBD1DvUNS

— Diario Puntal (@DiarioPuntal) March 19, 2023

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Leison Bustamante

Con información de dpa y redes sociales

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El ministro de Exteriores boliviano, Rogelio Mayta, liderará la comitiva que acudirá a La Haya, mientras que, del lado chileno, serán la subsecretaria de Exteriores del Gobierno chileno, Ximena Fuentes, así como la funcionaria Carolina Valdivia, las que viajarán a Países Bajos.

«Va ir una delegación de nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores para hacer seguimiento y conocer lo que va a determinar la Corte», comentó este lunes la ministra de la Presidencia boliviana, María Nela Prada, confirmando que será Mayta quien la liderará, según recogió el periódico “El Deber”.

De esta manera, Prada destacó que la parte boliviana está «interesada» en la resolución del litigio. «Una vez se conozca (el fallo) vamos a emitir nuestra posición», precisó, sin dar más detalles sobre esta posible postura de Sucre.

Mientras que, la ministra de Exteriores chilena, Antonia Urrejola, confirmó la asistencia de Fuentes y Valdivia, y también resaltó que ella presenciará el laudo junto con el presidente Gabriel Boric desde el Palacio de La Moneda.

Urrejola agradeció por su trabajo a todos los implicados en el caso, tanto científicos como funcionarios, después de encabezar una reunión de cara a los futuros escenarios que se puedan dar tras la decisión de la Corte.

El conflicto del río Silala se remonta a 1879

La gestión de las aguas dulces del río Silala fue motivo de enfrentamientos judiciales entre ambas naciones ante el organismo, debido a que Santiago considera que es un río internacional y La Paz sostiene que es exclusivo de su territorio nacional.

Chile reafirma que Silala es río internacional: «Todo se inicia porque Bolivia niega este carácter»https://t.co/9D9gwDJ9fa

— T13 (@T13) November 28, 2022

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María Gabriela Moncada

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A través de un documento difundido por el organismo, el Estado tiene como objetivo “defender los derechos e intereses de la República y procurar que esa demanda no sea admitida por carecer de elementos esenciales para conformar un debido proceso”.

Es importante recordar que, en marzo de 2018, el gobierno de Guyana interpuso una demanda contra Venezuela presentada ante un juez de La Haya para buscar resolver la disputa del territorio.

Posteriormente, en marzo de 2022, Guyana presentó ante la CIJ sus argumentos para dar validez al laudo arbitral de 1899, que concluyó con una sentencia que le otorgó el territorio a la entonces Guayana Británica, decisión que Venezuela no reconoce.

Venezuela se opone a la decisión de la @CIJ_ICJ de que tiene derecho a escuchar y determinar el argumento de Guyana para un arreglo final de la controversia fronteriza #9Jun #MiMapa La corte debe suspender la audiencia del caso hasta q se decida sobre la objeción de Venezuela. pic.twitter.com/8ZNNg5j21K

— Mi Mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo (@AntroCanal) June 9, 2022

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Gabriel Velásquez

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Las tres víctimas, por el momento las únicas en registrar, fallecieron debido a la caída de árboles mientras caminaban, circulaban en coche o en bicicleta, tal y como detalló el portal Dutch News.

Por otra parte, en la ciudad de La Haya el tifón arrasó la cubierta del estadio Cars Jeans Stadion, localizado a las afueras de la localidad neerlandesa.

Estas fuertes rachas de viento llegaron a paralizar la vida pública en gran parte de la nación. Hasta ahora, el fenómeno natural fue arrancando arboles árboles y volcando camiones.

Por seguridad los servicios de transporte público fueron suspendidos, mientras que las escuelas y los centros de vacunación cerraron sus puertas.

En el aeropuerto capitalino de Ámsterdam-Schiphol registraron retrasos y cancelaciones de algunos vuelos, según recogió la agencia alemana de noticias DPA.

El Instituto Meteorológico de Países Bajos (KNMI, por sus siglas en neerlandés) emitió una alerta “código rojo” hasta medianoche en las provincias costeras del oeste y en grandes áreas del norte del territorio.

El KNMI alertó de «situaciones de peligro» por las fuertes ráfagas de vientos que podrían llegar a alcanzar los 130 kilómetros por hora.

In het westen en noorden aanhoudend #coderood en #codeoranje voor zeer zware #windstoten 100-130 km/u door #StormEunice. Elders nog #codegeel. https://t.co/0qKIwDGADX #knmiwaarschuwingen.

— KNMI (@KNMI) February 18, 2022

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María Gabriela Moncada

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“Nosotros queremos que esa investigación avance hacia sanciones porque estamos hablando de la peor dictadura que ha visto América Latina en su historia reciente”, indicó el mandatario sobre el gobierno de Maduro, y aseguró que tiene confianza “en el sistema penal internacional”.

Duque dio estas declaraciones a los medios en las afueras de la CPI, en la ciudad neerlandesa de La Haya, después de una visita al tribunal internacional en la que se encontró con su juez presidente, Piotr Hofmanski, y el fiscal jefe, Karim Khan.

Agradecemos al Fiscal de @IntlCrimCourt, @KarimKhanQC, el reconocimiento que hace al cumplimiento del acuerdo que firmamos en el cierre del examen preliminar a Colombia, que duró 17 años. Además, que califique a nuestro país como modelo en implementación de la #PazConLegalidad pic.twitter.com/XIknCwrfYW

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) February 17, 2022

Preguntado por si mencionó a los altos funcionarios del tribunal la investigación de Venezuela, el presidente colombiano indicó que “no es procedente que dedique un tiempo con quienes están haciendo una evaluación independiente esperando a que ellos me contesten”.

“Mi rol es ser prudente, dejar que la Justicia avance con todas las garantías y con su imparcialidad”, comentó Duque, añadiendo que su gobierno quiere “que ese proceso continúe”.

Colombia fue uno de los seis países que en septiembre de 2018 remitió la situación venezolana a la CPI. Ese paso tuvo como consecuencia que la Fiscalía del tribunal internacional, cuando anunció la apertura de la investigación en Venezuela en noviembre de 2021, pudo abrirla directamente sin tener que pedir autorización a los jueces.

Las pesquisas de la corte abordan presuntos abusos de las fuerzas de seguridad contra miembros de la oposición en manifestaciones y en cárceles desde abril de 2017

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Gabriela Morales

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“Tomamos nota de la Corte para abrir una investigación sobre la situación en Venezuela”, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, en su rueda de prensa diaria, un día después de conocerse la decisión de la CPI.

«Como hemos dicho, apoyamos los esfuerzos para reestablecer una Venezuela pacífica, estable y democrática. También apoyamos medidas y programas de justicia y rendición de cuentas que fortalecen las instituciones democráticas», señaló el portavoz.

De esta manera, el funcionario resaltó que el gobierno estadounidense y sus socios democráticos están unidos en “denunciar las violaciones y abusos contra los derechos humanos”.

Cabe destacar que Estados Unidos nunca ha aceptado la jurisdicción de la CPI, con sede en La Haya (Holanda), la cual inició sus actividades en 2002.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

«Indudablemente estamos en una categoría extrema de violaciones, similares a las que cometió la dictadura militar en Argentina o Pinochet en Chile», expresó Vivanco, quien también señaló que probablemente a mediados de junio, la institución judicial debe tomar su decisión respecto a Maduro.

Pese a que dijo que el retiro de Argentina de la demanda no influirá en el curso del proceso, aclaró que considera esa decisión como un “paso errado” de parte del mandatario argentino.

Estamos en una categoría extrema de violaciones, similares a las que cometió la dictadura militar en Argentina o Pinochet en Chile, dijo Vivanco

Vivanco recalcó que, si la CPI decide avanzar con el proceso, Maduro se convertirá en el primer mandatario de América Latina en ser juzgado en ese tribunal.

Argentina retiró su apoyo a la demanda contra Nicolás Maduro que tramita en la CPl en La Haya. La noticia trascendió el 26 de mayo, pero según el gobierno argentino el hecho se oficializó el día siguiente de que el país saliera del Grupo de Lima.

Argentina retiró la referencia del caso de Venezuela ante la Fiscalía de la #CPI. La acción no tiene ninguna consecuencia práctica pues la Fiscalía ya está por terminar la etapa preliminar.

— Jose Ignacio Hernández G. (@ignandez) May 27, 2021

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Gabriel Velásquez

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