Según la agencia TASS, los condenados son José Aarón Medina Aranda y Alexander Ante, contra los que los servicios de seguridad rusos habían abierto previamente un caso penal por mercenarismo.

La decisión sobre la condena fue tomada por el Tribunal Supremo de la república popular de Donetsk, precisa el medio.

Los investigadores rusos sostienen que Medina Aranda y Ante se sumaron al batallón Sich de los Cárpatos en noviembre de 2023 y participaron en combates contra fuerzas rusas hasta julio de 2024.

Más tarde, fueron extraditados a Rusia desde Venezuela.

Rusia denuncia desde hace tiempo el alto número de mercenarios colombianos en las filas de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

Según diplomáticos rusos, Ucrania está reclutando mercenarios en Colombia a través de su embajada y en violación de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas.

La Justicia rusa ha impuesto en los últimos años diversas condenas contra extranjeros a los que acusa de combatir para el Ejército ucraniano, tanto en ausencia como a soldados capturados, entre ellos el colombiano Pablo Puentes Borges, condenado el pasado junio a 28 años de cárcel por combatir con las tropas ucranianas en la región rusa de Kursk. E

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

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«Hallamos a Gorinov culpable de un delito en el marco del artículo 207.3 del Código Penal de Rusia por difundir públicamente y a sabiendas información falsa sobre el uso de las Fueras Armadas (…) y lo condenamos a siete años de prisión en una colonia penal», expresó la jueza Olesia Mendeleeva.

El miércoles, la Fiscalía pidió siete años de cárcel para Gorinov tras la exposición de los argumentos de las partes, según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

Para la Justicia rusa Gorinov brindó «información falsa»

El político ruso fue detenido a finales de abril y, desde entonces insiste en su inocencia. La pesquisa señaló que este realizó una serie de comentarios que contienen «datos falsos sobre las Fuerzas Armadas de Rusia».

En este contexto, la ONG Amnistía Internacional condenó la decisión de la Justicia rusa y aseveró que se trata de una represalia por oponerse a la guerra en Ucrania. En un comunicado, el subdirector de la organización para Europa del Este y Asia Central, Bruce Millar, puntualizó que la sentencia es «impactante».

«Es una represalia ilegal por expresar sus puntos de vista. Gorinov no cometió ningún delito reconocido internacionalmente por decir que la guerra de (Vladimir) Putin en Ucrania es lo que es, algo criminal», puntualizó.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

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Otras redes sociales como Facebook y Twitter han sufrido sanciones similares por las autoridades rusas

De acuerdo con la agencia de noticias rusa Sputnik, la vocera del juzgado del distrito Taganski de Moscú, Zulfiyá Gurinchuk, señaló que ambas empresas fueron «declaradas culpables de haber cometido una infracción administrativa» en violación del Código de Infracciones Administrativas de la Federación rusa.

Con respecto a Telegram, el Servicio de Alguaciles Federales de Rusia comenzó a cobrar «por la fuerza» un total de cinco millones de rublos (unos 60.000 euros) por multas que fueron impuestas al servicio de mensajería instantánea después de que no se eliminara el «contenido prohibido», informó TASS.

Cabe destacar, que no es la primera vez que estas firmas son multadas en Moscú. Telegram había recibido previamente una multa de 35 millones de rublos (casi 424.000 de euros) y Google con 32,5 millones de rublos (más de 390.000 euros).

Lo mismo ocurrió con Facebook y Twitter, entre otras plataformas, que fueron sancionadas con un total de 180 millones de rublos (más de dos millones de euros) por las mismas razones, según el ente regulador de los medios de comunicación Roskomnadzor.

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, Sputnik y TASS

El representante del Kremlin, Dimitri Peskov, indicó que la decisión «se interpreta como algo positivo», según reseñó la agencia de noticias Sputnik. Burkov, que también es programador, fue condenado en suelo estadounidense de cometer diversos delitos cibernéticos.

Aunque sobre él también pesan cargos en Rusia, nación a la que fue ahora repatriado. Anteriormente, el hacker fue detenido en 2015 en Israel y extraditado en 2019 a Estados Unidos, que anunció que se encontraba en busca y captura.

Durante junio de 2020, un juzgado estadounidense lo condenó a nueve años de prisión. De los cinco cargos impuestos en su contra, Burkov se declaró culpable de dos.

Imagen referencial

Dejando la posibilidad de que el caso se vea seguido de otras extradiciones, Peskov admitió que este tipo de asuntos suelen tratarse con la parte estadounidense durante los «contactos» entre Washington y Moscú.

Posible «intercambio de presos»

No obstante, al ser preguntado por la situación del exmarine estadounidense Paul Whelan, encarcelado en Rusia, no dio detalles sobre un posible intercambio de presos.

La Justicia rusa no reconoció a trámite la solicitud de extradición del estadounidense. Sus abogados siguen proponiendo que sea indultado o intercambiado por otro preso ruso que esté recluido en suelo estadounidense.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

Tanto el FBK, azote del enriquecimiento ilícito entre los altos funcionarios rusos, como el FZPG, fueron declarados «agentes extranjeros» en octubre de 2019 y en diciembre de 2020, respectivamente.

Asimismo, la Fiscalía ya prohibió el lunes las actividades de las sedes de campaña del opositor, algo para lo que dice tener facultades, al tratarse de un «movimiento público«,  lo que es considerado ilegal por parte de aliados del político.

El equipo de Navalni ya anunció que dejó de trabajar en la amplia red de oficinas que el líder opositor tiene repartidas por toda Rusia

Según Navalni, al declarar «extremistas» sus organizaciones, las autoridades quieren impedirle que convoque protestas antigubernamentales y participe en las elecciones legislativas del próximo mes de septiembre.

Cabe destacar que la Fiscalía de Moscú anunció el pasado 16 de abril que llevó a cabo una inspección de las organizaciones y concluyó que «los objetivos reales de sus actividades son crear las condiciones para revertir los cimientos del orden constitucional, incluido el uso del escenario de la ‘revolución de color’«, en alusión a las revueltas populares en el espacio postsoviético promovidas desde el exterior según Moscú.

En caso de que las organizaciones sean declaradas «extremistas», no podrían recibir donaciones, y cortaría la financiación de las actividades del líder opositor

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales