Así lo aseguró a EFE la representante en Colombia de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Mireille Girard, quien manifestó que, con corte al pasado 14 de febrero, los afectados son 84.621 personas que en su mayor parte han sido desplazadas por la violencia guerrillera.

«La violencia en el Catatumbo ha generado el mayor desplazamiento masivo desde que tenemos registros en Colombia. Hay comunidades y familias confinadas, con movilidad restringida y acceso limitado a alimentos, atención médica y ayuda humanitaria», puntualizó Girard.

Las cifras recopiladas por Acnur son alarmantes: 52.286 desplazados, 19.000 con restricciones de movilidad, 8.668 confinados y 4.667 refugiados y migrantes venezolanos.

Diferentes autoridades también hablan de al menos 56 muertos a causa de los enfrentamientos que comenzaron con más intensidad el pasado 16 de enero en el Catatumbo, región conformada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, en el departamento de Norte de Santander.

El ELN y el Frente 33 de las disidencias de las FARC se disputan el control territorial de esta zona limítrofe con Venezuela, crucial para el narcotráfico porque es uno de los lugares del país con más cultivos de coca.

Los niños del Catatumbo

Para Girard, los enfrentamientos armados dejan en situación todavía más desventajosa a las comunidades indígenas, como los yukpa, que son transfronterizos porque viven y se Mueven en zonas de Colombia y Venezuela, y los barí, que son colombianos.

A eso se suman los niños que, por la violencia, no pueden ir a sus escuelas porque los «profesores tuvieron que huir y los niños quedan desprotegidos, expuestos a vulneraciones, posiblemente también a temas de violencia de género y de reclutamiento forzado».

«Es una situación extremadamente preocupante para las comunidades de estas zonas, en particular la afectación a las personas indígenas y afro que se encuentran desproporcionadamente impactadas porque viven en zonas que se disputan muchos grupos armados», aseguró la representante de ACNUR en Colombia.

Aunque reconoce los esfuerzos de las administraciones locales para ayudar a la población, Girard dice que las alcaldías se vieron desbordadas y sus recursos financieros se agotaron rápidamente ante la magnitud de la crisis.

Para la funcionaria es de suma importancia trabajar también para que los desplazados que están en Cúcuta, la capital departamental, en Ocaña y Tibú, ambas de Norte de Santander, e incluso los que han llegado a Medellín o Bogotá, tengan ayudas gubernamentales necesarias para el regreso a sus fincas, si es que así lo deciden.

De interés: Petro afirma que hay una «fuerza extranjera» detrás de la violencia en el Catatumbo

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«El Catatumbo tiene unos actores de la violencia que han cambiado en el tiempo. Llegaron a defender la población, llegaron a hacer una revolución para mejorar la vida (de los campesinos) pero han terminado en lo contrario y eso también hay que decirlo. Porque qué es lo que vemos en estos días: una fuerza extranjera ocupando el territorio», dijo el jefe de Estado en una visita a la ciudad de Ocaña.

Petro realizó un consejo de ministros en Ocaña, que, al igual que el Catatumbo, está ubicado en el departamento de Norte de Santander y es uno de los principales receptores de los más de 48.000 desplazados que ha dejado la violencia guerrillera.

El gobernante añadió: «Por eso yo dije en alguno de mis trinos (publicaciones en su cuenta de X) este es un problema de soberanía nacional, no solo es un conflicto interno».

Petro señaló además que lo que hizo el ELN en el Catatumbo fue una ocupación «con formas paramilitares» para controlar la frontera con Venezuela para quedarse con los cultivos de coca y sacar partido de las diferencias entre Estados Unidos y el régimen de Nicolás Maduro.

En Ocaña en dialogo con la comunidad sobre los hechos del Catatumbo y el pacto social para cambiar la economía regional. pic.twitter.com/UxJ26cWnl5

— Gustavo Petro (@petrogustavo) January 27, 2025

De interés: Ministros de Defensa de Venezuela y Colombia se reúnen para hablar del Catatumbo

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En esa zona, durante la última semana, la violencia guerrillera ha dejado entre 60 y 80 muertos y más de 36.000 desplazados, algunos de los cuales se han movido a Venezuela.

El encuentro, confirmó Velásquez en una rueda de prensa, tuvo lugar en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, y allí hablaron sobre «la gravedad de la situación propiciada, ocasionada y desarrollada por (la guerrilla de) el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la región del Catatumbo».

«Le comentaba de qué manera, al estilo paramilitar, esa organización recorrió casas extrayendo personas para darlos de baja con lista en mano, como ocurría en Colombia a finales de los noventa con los paramilitares y esas masacres terribles que los paramilitares cometieron», expresó Velásquez.

 

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De interés: Autoridades colombianas han recuperado 41 cuerpos en el Catatumbo

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«Hemos recibido 41 víctimas de homicidio reportadas desde el 15 de enero, y ya a todas se les ha podido hacer la inspección técnica de cadáveres», dijo en una rueda de prensa la fiscal general, Luz Adriana Camargo.

Son cuerpos que han sido llevados a Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, y a Ocaña, donde tiene presencia la Fiscalía, pero ante las dificultades de acceso y de seguridad para llegar a las zonas rurales del Catatumbo donde tienen lugar los enfrentamientos, las autoridades temen que pueda haber más cadáveres sin recoger.

La situación en el Catatumbo, una región pobre y montañosa de Norte de Santander, en límites con Venezuela y formada por los municipios de Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú, es incierta y hace dos días otro firmante de paz fue asesinado en plena calle en Teorama.

De los cuerpos recibidos, 39 ya han sido identificados y 32 entregados a sus familias, detalló el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Jorge Arturo Jiménez, quien añadió que hay 39 de sexo masculino y dos de femenino, así como los tres menores de edad: el bebé de 19 meses y los adolescentes de 14 y 16 años.

Además, las cifras recopiladas por el Puesto de Mando Unificado hablan de más de 32.000 desplazados por la violencia en el Catatumbo, sobre todo personas que han llegado a Cúcuta (13.426), Ocaña (10.719) y Tibú (10.422).

Investigación en el Catatumbo

La violencia entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el frente 33 de las disidencias de las FARC del Estado Mayor de Bloques (EMB) en el Catatumbo comenzó el jueves pasado, aunque dos días antes se produjo en cercanías de Tibú el asesinato de una familia de tres personas, incluido el bebé, crimen que según el ELN fue uno de los detonantes de los enfrentamientos.

La Fiscalía estudia dos líneas de investigación, según detalló Camargo: enfrentamientos entre el ELN y el frente 33 con operaciones sostenidas o que se hayan producido, como denuncian muchos organismos, asesinatos de personas seleccionadas por estos grupos.

Además, ha abierto tres casos matrices: por homicidios, por desplazamiento y afectaciones a líderes y firmantes de paz, pues por el momento la Fiscalía ha reportado que tres desmovilizados por el acuerdo de paz de 2016 han sido asesinados.

Otras autoridades, como la Defensoría del Pueblo, hablan de seis desmovilizados asesinados y de siete desaparecidos, de los cuales dos han sido liberados, además de 102 desplazados.

De interés: Ascienden a 32.000 los desplazados por la violencia en el Catatumbo

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Así lo manifestó la defensora del pueblo, Iris Marín, quien dijo que 15.000 personas se vieron forzadas a buscar refugio en Cúcuta, capital de Norte de Santander; 11.000 llegaron a Ocaña, segunda ciudad de ese departamento, y 5.300 a Tibú, localidad ubicada en el Catatumbo.

Desde el pasado jueves, día en que el ELN comenzó los ataques contra el Frente 33 de las disidencias de las FARC, unas 80 personas han sido asesinadas en el Catatumbo, según cifras de la Gobernación de Norte de Santander, entre ellas al menos seis firmantes del acuerdo de paz de 2016.

«Se mantiene el confinamiento en varias zonas y continúa la operación de la Fuerza Pública y Naciones Unidas para la extracción de personas en riesgo extremo», añadió la defensora, que confirmó el asesinato de los firmantes de paz, «la desaparición forzada de varios de ellos y el secuestro de otro grupo».

Crisis en el Catatumbo

La crisis humanitaria y de seguridad en el Catatumbo era algo anunciado por diversas autoridades, entre ellas la Defensoría del Pueblo que el pasado 15 de noviembre advirtió, mediante su sistema de alertas tempranas, de «la situación de riesgo» para la población civil por la presencia y amenazas de los grupos armados ilegales.

«En principio, la región atraviesa una escalada violenta por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN) a través de su Frente de Guerra Nororiental, una vez dejó de operar el mecanismo de cese al fuego bilateral y temporal» acordado durante las negociaciones de paz con el Gobierno, señala la alerta temprana emitida por la Defensoría del Pueblo en noviembre.

La defensora del pueblo también confirmó que fue liberado Antonio Marín, exalcalde del municipio de San Cayetano que estaba en manos del ELN y había sido secuestrado en diciembre pasado.

Esa guerrilla, sin embargo, aseguró esta semana que había «rescatado» a Marín porque estaba en manos del Frente 33 de las disidencias de las FARC y anunció que lo iba a entregar a una misión humanitaria, como sucedió este martes.

En los últimos día el Ejército se ha centrado en la distribución de ayuda humanitaria y el rescate de algunos líderes sociales perseguidos por el ELN, mientras que el presidente Gustavo Petro suspendió los diálogos de paz con esa guerrilla y anunció ayer la declaración del estado de conmoción interior y la emergencia económica, medidas de alcance y efectividad cuestionadas.

De interés: La oficina de DDHH de la ONU condena la violencia en Catatumbo

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Se trata de los líderes Carmelo Guerrero y Pedro María Ropero y también se ha producido «múltiples amenazas en contra de liderazgos sociales de la región, quienes en muchos casos se desplazaron junto con sus familias a Ocaña y Cúcuta».

«La Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los DDHH condena las graves infracciones del DIH y abusos cometidos por grupos armados no estatales en la región del Catatumbo, Norte de Santander», dijo hoy en un video el representante encargo de ONU Derechos Humanos en Colombia, Juan Carlos Monge.

Esta oficina ha verificado con varias fuentes el homicidio de al menos 60 personas en el Catatumbo (la Gobernación cifró el domingo en más de 80 los muertos), el desplazamiento forzado de más de 18.000 personas; el confinamiento de más de 1.000 personas, incluyendo 23 comunidades indígenas del Pueblo Bari y comunidades del Pueblo Yukpa.

También reportó la privación de la libertad de al menos 30 personas; la desescolarización de 46.000 niñas, niños y adolescentes; amenazas y estigmatización de liderazgos sociales; y homicidio de firmantes de paz, entre otras violaciones ocurridas en Tibú, Teorama, Sardinata, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí y Abrego, las principales poblaciones afectadas en el Catatumbo.

«La oficina llama al Ejército de Liberación Nacional y demás grupos armados no estatales a no violar el DIH y a respetar los derechos humanos de la población», estimó Monge, quien reconoció «la respuesta rápida del Gobierno» para atender la emergencia, pero hizo un llamado a que los esfuerzos «sean redoblados».

Los enfrentamientos en el Catatumbo, que comenzaron el pasado jueves entre el ELN y una disidencia de las FARC, han dejado unos 80 muertos y más de 20 heridos, aunque las autoridades aún no han podido acceder a todas las zonas donde ha habido combates.

#Comunicado ONU Derechos Humanos condena graves infracciones del #DIH y abusos a derechos humanos en #Catatumbo. Urge a grupos armados no estatales a respetar los derechos de la población civil. Llama al Estado a reforzar esfuerzos de protección https://t.co/gAQb28lCRo pic.twitter.com/N0tD8Pj144

— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) January 21, 2025

De interés: Venezuela atiende a colombianos desplazados por el conflicto del Catatumbo

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Márquez aparece firmando un documento denominado “Ideas para una visión continental”, que tiene fecha del 24 de julio de 2023. En este texto, ‘Márquez’, cuyo nombre de pila es Luciano Marín, defiende el legado del expresidente venezolano Hugo Chávez y critica fuertemente la injerencia de Estados Unidos en los asuntos de América Latina. Además, hace un llamado a la unidad continental, especialmente dirigido a los sectores progresistas.

Más allá de la firma de Iván Márquez, el texto no habla sobre el hecho de que le dieran por muerto ni tampoco aparece acompañado por ningún video ni imagen del exlíder de la extinta guerrilla de las FARC.

El pasado 6 de julio, el noticiero de televisión CM& anunció la muerte de Márquez, que habría sucumbido presuntamente a las heridas que sufrió hace un año, cuando un grupo de mercenarios, en el lado venezolano de la frontera, atentó en su contra, provocándole heridas en una pierna, la pérdida de un brazo y esquirlas en la cabeza.

El Gobierno colombiano ha repetido en varias ocasiones que está verificando la supuesta muerte, pero que de momento no hay confirmación.

En agosto de 2019, casi tres años después de firmar la paz «Iván Márquez», que fue también el número dos de las FARC, anunció que retomaba las armas al frente de una disidencia llamada Segunda Marquetalia, en referencia al lugar de nacimiento de las FARC hace más de medio siglo, por supuestos incumplimientos del Gobierno a lo pactado.

Atención: “Iván Márquez” está vivo. El máximo cabecilla de la autodenominada “Segunda Marquetalia” publica un extenso documento en el sitio web de las disidencias firmado el día de hoy. Vía @mateopinerosv @UltimaHoraBLU @BluRadioCo pic.twitter.com/Xr719GpQ4L

— Ricardo Ospina (@ricarospina) July 24, 2023

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Fiorella Tagliafico R.

Con información de agencias y medios internacionales

Fuente de imagen referencial: Twitter / @clar00033

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“Este criminal pretendía atemorizar a la población civil y fue neutralizado gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra fuerza pública”, aseguró el mandatario colombiano a través de cuenta en la red social Twitter.

Cayó alias ‘Roque’, cabecilla del GAOR E-33 de las disidencias de las Farc en Tibú, Norte de Santander. Este criminal pretendía atemorizar a la población civil y fue neutralizado gracias al trabajo conjunto y coordinado de nuestra fuerza pública. #ElQueLaHaceLaPaga

— Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 17, 2022

“Roque” fue dado de baja por las fuerzas de seguridad en un operativo especial que se llevó a cabo en la región de Tibú.

Cabe destacar que, las fuerzas de seguridad son las encargadas de ejecutar operaciones militares conjuntas y coordinadas entre el Ejército y la Policía.

#LoÚltimo En desarrollo de operaciones militares conjuntas y coordinadas con @PoliciaNteSder en el casco urbano de Tibú, fue neutralizado quien sería alias Roque, cabecilla de las milicias del GAOr-E33, en este municipio.

Operación en desarrollo… pic.twitter.com/4Hxi8qKgZi

— Mayor General Omar Esteban Sepúlveda Carvajal (@Ejercito_Div2) July 17, 2022

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

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Según el comunicado, los militares estaban adscritos a un batallón de fuerzas especiales con sede en Tumaco, población del departamento de Nariño, fronteriza con Ecuador.

Además de vender armas, explosivos y otros elementos de uso privativo de la fuerza pública, daban información “sobre operaciones, desplazamientos de tropa y de aeronaves militares, y la distribución de los grupos que brindaban seguridad durante las visitas del Presidente de la República y otros funcionarios a Tumaco”, señaló el comunicado.

Según la investigación, los soldados supuestamente están involucrados en el hurto de granadas, armas cortas y largas, uniformes y otros elementos, los cuales eran vendidos al “Frente Oliver Sinisterra” de las disidencias de las FARC.

Los capturados fueron enviados a la cárcel luego de ser imputados por los delitos de “concierto para delinquir agravado, cohecho, revelación de secreto, hurto agravado; y fabricación, tráfico, porte de armas y municiones de uso privativo de las Fuerzas Armadas”.

En las pesquisas se constató que varias granadas y balas que fueron vendidas a las disidencias fueron utilizadas por ese grupo en acciones contra civiles, policías y militares.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

En total se trata de 428 familias desplazadas (1.531 personas aproximadamente), entre las que se encuentran 21 venezolanas, informó la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.

“Se identifica que la población, tanto desplazada internamente como aquella con necesidades de protección internacional, se encuentra principalmente auto albergada en asentamientos humanos informales de Arauquita, y presentan necesidades en seguridad alimentaria, elementos de aseo, atención psicosocial”, informó esta agencia de la ONU en un comunicado.

A comienzos de este año, el ELN desató una serie de ataques sicariales contra supuestos miembros del Frente Décimo de las disidencias de las FARC o personas vinculadas (o inocentes) a ese grupo.

El ELN y el Frente Décimo de las disidencias de las antiguas FARC libran una guerra por el control territorial en Arauca

Desde entonces murieron unas 40 personas en Saravena, blanco de un atentado terrorista este miércoles, y en los vecinos municipios de Tame, Fortul y Arauquita, según la representante legal de la Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra, Sonia López.

Las disidencias contestaron en un comunicado que estaban “dispuestos a la confrontación” y amenazaron a activistas, defensores de derechos humanos y sindicalistas e impusieron restricciones a la movilidad entre municipios.

Por otra parte, el gobierno de Arauca impuso el jueves un toque de queda nocturno “con el fin de prevenir controlar y anticipar actos terroristas” y el gobierno nacional ofrece recompensas de hasta 1.000 millones de pesos, unos 250.000 dólares, por alias “Antonio Medina” de las disidencias de las FARC, presunto responsable del atentado.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

En una declaración del ministro de la Defensa, Diego Molano, que fue difundida a través de las redes sociales, se detalló que alias “Aurelio”, de quien no se dio su nombre completo, fue capturado en el Norte de Santander, en el caserío San Martín, del municipio de El Tarra.

El atentado ocurrió en el mes de junio durante el vuelo en el que se trasladaba el presidente colombiano hasta la región de Cúcuta

Molano explicó que “Aurelio”, además de ser el presunto responsable del atentado contra el presidente Duque y su comitiva, también está involucrado en el ataque contra las instalaciones de la Brigada 30 del Ejército, ambos hechos ocurridos en Cúcuta, capital del departamento de Norte de Santander, zona fronteriza con Venezuela.

El representante del Ministerio de la Defensa de Colombia aseguró que las operaciones en Norte de Santander contra las disidencias de las FARC continúan constantemente “para recuperar la tranquilidad”.

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Rubén Vásquez

Con información de medios internacionales

Los oficiales y patrulleros lesionados de la Policía, que comenzaban la jornada en las instalaciones ubicadas en el distrito de la ciudadela Juan Atalaya, en el norte de Cúcuta, fueron trasladados a centros de salud con heridas leves por esquirlas, aturdimiento y traumas.

“Criminales dejaron un artefacto explosivo improvisado debajo de una de las sillas del mobiliario urbano, ocasionando afectaciones a la parte física de nuestras instalaciones”, confirmó el comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, brigadier general Óscar Moreno Miranda.

“Trabajadores fueron afectados, tienen algunos traumas acústicos y fueron trasladados a centros asistenciales. De la misma manera, a dos ciudadanos que pasaban también por el lugar les ocasionaron esos traumas”, aseguró el comandante.

En el departamento de Norte de Santander hay fuerte presencia de la guerrilla del ELN, de las disidencias de las FARC y otros grupos criminales que se disputan el control de las siembras de coca y de las rutas del narcotráfico.

Autoridades condenan los hechos ocurridos

“Rechazo el cobarde atentado con un artefacto explosivo lanzado a la estación de nuestra Policía de Cúcuta en Juan Atalaya. Atendemos a los lesionados, a quienes les expreso mi solidaridad, y trabajamos con las autoridades en la investigación de los hechos”, aseguró el alcalde de la ciudad, Jairo Yáñez.

“Expresamos nuestra solidaridad con los heridos del atentado a las instalaciones de la Policía en la ciudadela Juan Atalaya de Cúcuta. Nuestra solidaridad con toda la fuerza pública y los cucuteños, frente a un acto criminal que rechazamos”, manifestó por su parte la Defensoría del Pueblo.

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Gabriela Morales

Con información de agencias y medios internacionales