«No vamos a permitir que, so pretexto de participar en los procesos de paz, los grupos delincuenciales se burlen de la justicia internacional para buscar la impunidad de sus crímenes», dijo Montealegre en un video divulgado en redes sociales.

 

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Los abogados de Larry Amaury Álvarez Núñez, uno de los jefes del Tren de Aragua en Colombia, solicitaron hace pocos días al Gobierno de Colombia que los incluya dentro de la denominada «paz total», una de las políticas bandera de su Gobierno, cuya idea se centra en negociar la paz con diferentes grupos y bandas criminales al mismo tiempo.

En la petición, dirigida a la Oficina del Consejero Comisionado para la Paz, liderada por Otty Patiño, se plantea que el Gobierno de Colombia evalúe la posibilidad de iniciar diálogos exploratorios con Álvarez Núñez, quien actuaría en representación de la organización transnacional.

También propone que se suspendan temporalmente las decisiones de extradición mientras se realizan los acercamientos exploratorios. Además, se pide que el Gobierno estudie la designación de Álvarez Núñez como gestor de paz.

El jefe de la cartera de Justicia recordó que durante el Gobierno de Petro se han expedido más de 450 resoluciones con fines de extradición por hechos relativos al narcotráfico, resoluciones y extradiciones que «ya se cumplieron».

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Después de días de rumores sobre su posible arresto, el polémico exmandatario de 79 años fue detenido por efectivos de la Policía filipina y de Interpol nada más llegar este martes al Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino de Manila, procedente de Hong Kong.

El exlíder fue trasladado a la base aérea de Villamor, donde permaneció hasta que fue embarcado en un avión chárter «a la fuerza», según denunció a los medios su hija, la vicepresidenta Sara Duterte.

El presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., señaló en rueda de prensa que la partida de Duterte a La Haya permitirá «que el expresidente se enfrente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas».

La detención se produjo después de que la CPI emitiera una orden de arresto por crímenes de lesa humanidad remitida por Interpol a las autoridades del país asiático, según un comunicado de la oficina presidencial de Filipinas.

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«Nosotros, el año pasado, en 2024, cerramos con una tasa de mortalidad que muy pocos países la tienen, que es una tasa de mortalidad de 4,1, personas fallecidas por homicidios por cada 100.000 habitantes», señaló Rico, en su programa ‘CICPC al Día’ publicado en Instagram, sin precisar la cifra cerrada de personas que fueron víctimas de este delito.

Por otra parte, el funcionario informó que el año pasado el CICPC logró la captura de 19.434 personas que presuntamente cometieron delitos, sin precisar cuáles.

También, prosiguió, se recuperaron 2.004 armas de fuego, 12.783 municiones, 5.172 vehículos, así como 5.576 teléfonos móviles.

 

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“Vamos a pedir su extradición. Esta persona es buscada por delitos que cometió en Chile. Está acusado de delitos muy complejos”, dijo Tohá en una entrevista en la emisora local Radio Exterior.

‘Larry Changa’ fue detenido durante un operativo en una zona rural en el departamento colombiano del Quindío (oeste), donde se escondía con una identidad falsa, se hacía pasar por comerciante y tenía el propósito de extender las redes de esa organización.

El Ministerio de Defensa colombiano explicó que el cofundador del Tren de Aragua llegó con documentos falsos a Colombia en 2022, procedente de Chile, donde lideraba la banda y cometió la mayoría de los delitos.

Delitos del cofundador del Tren de Aragua

El venezolano, de 46 años, era buscando tanto en su país de origen como en Chile por cargos de terrorismo, tráfico de armas, extorsión y secuestro y tiene orden de captura en 196 países por la Interpol, de acuerdo al ministerio colombiano.

«Cuando entró a Chile no tenía antecedentes y lo hizo legalmente. Pero cuando huyó, lo buscamos y logramos identificar que estaba en Colombia, donde pedimos ayuda a las autoridades», apuntó Tohá, quien agradeció a Colombia por la cooperación.

Fundada hace 15 años en una cárcel del estado venezolano de Aragua, del que lleva su nombre, el Tren de Aragua se ha convertido en una de las principales organizaciones criminales de la región y ha extendido sus tentáculos a países como Chile, Perú, Colombia y Brasil.

«Colombia detiene a estas personas sin problema y quisiéramos que lo mismo pasara en casos en Venezuela”, añadió la ministra chilena en referencia a la poca cooperación policial de la que Chile acusa a Venezuela.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Policía Nacional de Colombia

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Como parte de la Junta Militar que gobernó Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet, Sinclair enfrenta una sentencia de 18 años de cárcel por su participación en la infame Caravana de la muerte, un grupo responsable de la ejecución de doce campesinos.

La noticia, anunciada por las autoridades el sábado, trae consigo un sentimiento agridulce de justicia tardía.

La sentencia que revela la verdad oculta

Tras años de lucha y búsqueda de la verdad, la sentencia emitida este sábado por las autoridades chilenas trae a la luz la responsabilidad de Santiago Sinclair y otros tres antiguos militares en la ejecución de los doce hombres durante el régimen militar que gobernó el país entre 1973 y 1990.

La condena no solo representa un paso hacia la justicia, sino también una evidencia del compromiso de la sociedad chilena por enfrentar su pasado y honrar la memoria de las víctimas.

Justicia a pesar de la edad avanzada

Aunque Santiago Sinclair cuenta con 92 años y una avanzada edad, las autoridades han determinado que será trasladado a prisión en los próximos días. Esta decisión, basada en el respeto por la justicia y la necesidad de responsabilizarse por los crímenes cometidos, envía un mensaje claro de que no hay impunidad,

Sin importar la edad o el rango que tenga. La condena de Sinclair es un recordatorio de que el paso del tiempo no borra las atrocidades del pasado.

Un llamado a la memoria y a la reconciliación

La condena de Santiago Sinclair por su participación en la Caravana de la muerte no solo tiene implicaciones legales, sino también simbólicas y sociales. Este hecho reafirma el compromiso de Chile por la justicia, la verdad y la memoria histórica.

Es un llamado a reflexionar sobre los horrores de la dictadura y trabajar hacia la reconciliación, reconociendo el sufrimiento de las víctimas y buscando construir una sociedad basada en los valores democráticos y el respeto a los derechos humanos.

Aunque esta condena puede ser considerada tardía por algunos, representa un paso significativo en el camino hacia la justicia y la sanación de heridas profundas.

La memoria colectiva y la verdad son fundamentales para construir un futuro en el que los errores del pasado no se repitan.

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Gabriel Velásquez

La ONU aseveró, además, que las fuerzas de combate rusas han perpetrado crímenes contra la humanidad en la ola de ataques iniciada en octubre de 2022 contra infraestructuras energéticas, además de la responsabilidad de los políticos rusos que validaron el uso de la tortura.

“La comisión ha concluido que las fuerzas armadas de Rusia han perpetrado ataques con armas explosivas en áreas pobladas con aparente menosprecio del sufrimiento y daño a los civiles», detalló el informe que expondrá el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la próximas semana.

El documento explicó que las fuerzas rusas incrementaron las hostilidades y los asesinatos de civiles conforme avanzaban en el territorio ucraniano, además de detener y confinar a rehenes en instalaciones creadas para tal fin, tanto en Ucrania ocupada como en Rusia.

La ONU reveló que, en dichos lugares, se cometieron torturas por motivos como «hablar ucraniano» o «no recordar la letra del himno ruso», mientras fuera de ellos se ejecutaron redadas a domicilios privados, donde los soldados rusos cometían violencia sexual o amenazaban con utilizarla contra mujeres y hombres.

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Víctor De Abreu

Con información de Unión Radio y otros medios nacionales

Fuente imagen referencial: Radio Usach, vía web

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De esta manera, República Dominicana podrá obtener la expropiación de esa zona «en caso de no llegase a un acuerdo con el propietario», así lo esgrime el artículo 2 de la ley.

Este lugar será utilizado para la construcción de la verja perimetral y el decreto 292/22 declara de «urgencia» que el Estado dominicano entre en posesión del terreno para que se puedan iniciar los trabajos de construcción.

Desde el magnicidio del presidente Moise, la delincuencia, migraciones y contrabando aumentaron en la frontera entre Haití y República Dominicana

En esta línea, «el Ministerio de Defensa realizará todos los actos, procedimientos y recursos, tanto ordinarios como extraordinarios, de acuerdo a las leyes», para determinar la expropiación.

Hasta ahora, se construyeron 23 kilómetros de verja en la frontera con Haití, según el diario “Hoy Digital”.

La nación comenzó el 21 de febrero la construcción de un muro de 160 kilómetros en la frontera con Haití, para frenar la migración irregular y el contrabando de mercancías.

El muro tendrá 3,90 metros de alto y estará construido con hormigón armado y una estructura metálica, también habrá 170 torres de vigilancia y unas 71 puertas de acceso.

Desde el homicidio del presidente, Jovenel Moise, la siempre convulsa situación política y económica de Haití se vio aún más golpeada. El vacío de poder degeneró en una crisis de seguridad, con asesinatos y secuestros a diario, sobre todo en amplias zonas de la capital.

En República Dominicana expropiarán tierras para levantar un muro en la frontera con Haitíhttps://t.co/vYvcpk37sL

— Agencia Télam (@AgenciaTelam) June 3, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, medios internacionales y redes sociales

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El reporte identifica a países como Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia y el Reino Unido donde se evidencia un alza en hechos relacionados.

En ese sentido, se demuestra que la mayoría de los incidentes fueron llevados a cabo por grupos políticos radicales de derecha e izquierda, comenzando con mensajes de odio a través de redes sociales.

Referente a esto, en países como Estados Unidos, el cual tiene la población más grande de ciudadanos judíos fuera de Israel, el número de crímenes de odio en contra de esta comunidad en ciudades como Nueva York y Los Ángeles, se reportaron en aumento en comparación con el año 2020.

En el caso de Alemania, los episodios relacionados reportados a las autoridades, incrementaron en un 29 % en paralelo con el año 2020; y 49 %  respecto al año 2019.

Finalmente, el estudio identifica la proliferación de teorías conspirativas en cuanto a la influencia de la pandemia para provocar un incremento de acaecimientos de esta índole.

AUDITORÍA DE LA ADL REVELA QUE LOS INCIDENTES #ANTISEMITAS EN ESTADOS UNIDOS ALCANZARON SU MÁXIMO HISTÓRICO EN 2021

Se reportaron incidentes en los 50 estados, incluyendo un pico drástico durante el conflicto entre #Hamás e #Israel.

Nota completa ▶https://t.co/kWZYisGEoZ pic.twitter.com/OllzXABGII

— Radio Jai (@fmjai) April 26, 2022

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Miguel Arocha

Con información de medios internacionales, agencias de noticias y redes sociales

La administración estadounidense destacó que la impunidad es el «gran escollo» para los derechos fundamentales en América Latina, al destacar que la mayoría de crímenes quedan sin investigar o se resuelven de manera ineficiente.

La introducción del documento hace énfasis en Cuba y Nicaragua, junto con países como Rusia, China, Corea del Norte o Siria, aunque el análisis es crítico con la situación en la mayoría lugares de América Latina.

En la sección dedicada a Cuba, el informe recordó que en el pasado mes de julio se produjeron las protestas más grandes en décadas para exigir el fin de la represión.

Estados Unidos denunció que la impunidad es el gran escollo para los derechos humanos en América Latina, y destacó que en países como Cuba, Nicaragua, Venezuela, México, Bolivia y Perú la mayoría de crímenes quedan sin investigar #13Abr https://t.co/FJSaH5zEAh

— Analítica (@Analitica) April 13, 2022

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Entre enero y febrero, la ONU registró el fallecimiento de cuatro periodistas y un trabajador de un medio de comunicación. La cifra real sería mayor, la propia Bachelet admitió ante el Consejo de Derechos Humanos que su oficina intentó «verificar» dos crímenes más.

«Los periodistas que cubren la política local, la corrupción o el crimen corren un mayor riesgo de sufrir ataques», aseveró la expresidenta chilena, justo después de recordar que en 2021 hubo diez víctimas vinculadas a medios de comunicación, ocho de ellas informadores.

Organizaciones denunciaron inseguridad y retórica utilizada por los altos cargos mexicanos

Agregó que, «lamentablemente» hay oportunidades donde “las autoridades han contribuido al clima de temor» en que trabaja la prensa, «denigrando» su labor o la relevancia de las informaciones que publican. Bachelet no colocó ejemplos de estos supuestos excesos.

Pese a esto, las organizaciones que defienden la libertad de prensa se quejaron en varias ocasiones no sólo de la inseguridad sino también de la retórica que utilizan altos cargos, incluido el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que no duda en señalar a periodistas por informaciones críticas desde su comparecencia diaria ante los medios.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios internacionales