«La Corte estima pertinente ordenar al Estado que disponga, en un plazo de 18 meses a partir de la notificación de la presente sentencia, el cierre del centro de detención ‘El Helicoide'», indica la CorteIDH.

El tribunal internacional también dispuso «que el traslado de las personas allí detenidas se efectúe conforme a los estándares establecidos en la Convención Americana en materia de integridad personal, libertad personal y debido proceso».

En su sentencia, la CorteIDH indica que constató que varias instituciones y organismos internacionales que monitorean la situación de los derechos humanos en Venezuela han determinado que las personas privadas de libertad en El Helicoide han sido sujetas a torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

En particular, la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, indicó que había motivos suficientes para afirmar que un número importante de personas privadas de la libertad en El Helicoide fueron víctimas de detención arbitraria, así como de torturas y tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Fuente de imagen referencial: EFE/Miguel Gutiérrez

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Incumplimiento de Directrices Internacionales

La corte fundamenta el desacato en el hecho de que el Estado peruano ejecutó la sentencia del Tribunal Constitucional del Perú, fechada el 17 de marzo de 2022. Esta sentencia restituyó los efectos al indulto otorgado el 24 de diciembre de 2017 por el presidente de la República a Alberto Fujimori, alegando «razones humanitarias«.

Cabe destacar que la corte había instruido explícitamente que el Estado se abstuviera de implementar dicha medida.

Desencuentro entre decisiones nacionales e internacionales

El desacato evidencia un desencuentro entre las decisiones adoptadas a nivel nacional e internacional en el caso Fujimori. Mientras el Tribunal Constitucional respaldó la restitución de los efectos al indulto, la corte sostiene que esta acción contravino sus disposiciones previas.

En este escenario, el desacato a la corte respecto al caso Fujimori se erige como un punto de conflicto entre las decisiones internas y las directrices internacionales. La situación destaca la complejidad jurídica y la intersección entre el sistema legal peruano y el marco de derechos humanos establecido por la CIDH.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales y redes sociales

Fuente de imagen referencial: Unsplash/Eduardo García

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Durante la Asamblea General, varios países exigieron al régimen de Daniel Ortega “poner fin a la intimidación y el acoso judicial, administrativo y de otro tipo contra periodistas, especialmente mujeres, y contra los medios de comunicación y las organizaciones no gubernamentales”.

Se exigió, además, al gobernante Daniel Ortega que “garantice la integridad física, mental y moral, la libertad y el derecho a la vida de todas las personas que han sido detenidas arbitrariamente”, y que libere “inmediatamente a todos los presos políticos, en cumplimiento de las decisiones y recomendaciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Estos términos fueron contenidos en una “Resolución sobre la crisis política y de derechos humanos en Nicaragua”, que fue aprobada por aclamación antes del cierre de la LII Asamblea General de la OEA, celebrada en Lima.

OEA demanda libertad inmediata para presos políticos y cese de la represión en Nicaragua. Resolución de la Asamblea General de cancilleres fue aprobada por aclamación, sin ningún voto en contra o abstenciones, con un «pie de página» de Honduras.https://t.co/a2H2dnTv58

— Carlos F Chamorro (@cefeche) October 8, 2022

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Gabriel Velásquez

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La corte también pidió garantizar su integridad y su vida mientras se cumple la liberación de los dirigentes campesinos Medardo Mairena Sequeira y Pedro Joaquín Mena Amador.

La lista la completan Jaime José Arellano Arana, Miguel Ángel Mendoza Urbina, Mauricio José Díaz Dávila, Max Isaac Jerez Meza y Edgar Francisco Parrales.

«Las detenciones y procesos penales iniciados hacen parte de un contexto de hostigamiento a quienes se manifiestan en oposición a las políticas del actual gobierno de Nicaragua, el cual se ha visto exacerbado con motivo de las elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 2021″, señala la resolución.

#Nicaragua🇳🇮 #CIDH y @DESCA_CIDH condenan la reciente cancelación arbitraria de la personería jurídica de 179 ONG mediante nuevos decretos aprobados por la @AsambleaNi, entre ellas, la Academia Nicaragüense de la Lengua y Red de Desarrollo Sostenible-Nicaragua. pic.twitter.com/oUMJw7WT0V

— CIDH – IACHR (@CIDH) June 6, 2022

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Gabriel Velásquez

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De esta manera, el representante legal del exmandatario, Gregorio Parco, solicitó su liberación para que, luego de ser operado, pueda ser atendido en su domicilio.

¿Qué exige el abogado de Alberto Fujimori?

Parco sostuvo en su demanda que las autoridades peruanas violaron varios artículos del Código Procesal Constitucional, que establece la posibilidad de otorgar el “habeas corpus” cuando el detenido no reciba el tratamiento médico adecuado, informó “La República”.

Además del director del Instituto Nacional Penitenciario del Perú (INPE), Omar Méndez y la presidenta del Poder Judicial, Elvira Barrios, la demanda acusa al jefe del Estado, Pedro Castillo, así como a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, por avalar la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de no permitir la excarcelación de Fujimori decretada por el Tribunal Constitucional.

«Esta es una demanda de ‘habeas corpus’ correctivo», aseveró Parco, quien criticó el apoyo de Castillo y Alva a la decisión de una «corte de Costa Rica», tal y como se refirió a la CIDH de no aplicar el fallo del Constitucional. «Todo preso, cuando está enfermo, debe estar en la clínica o en su casa. Es una demanda muy simple», subrayó.

En la madrugada del domingo, Fujimori tuvo que ser trasladado a un hospital tras presentar un cuadro de descompensación cardíaca. Una vez estabilizado fue enviado a la Clínica Centenario Peruano Japonesa para observación.

De acuerdo con su hija, Keiko Fujimori, los últimos fallos judiciales afectaron el bienestar de su padre, lo que evidencia «sin duda” la fragilidad de su estado de salud.

Abogado Gregorio Parco presenta habeas corpus para excarcelar a Alberto Fujimorihttps://t.co/WmAsI1bpgF

— América Noticias (@noticiAmerica) April 17, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias, medios internacionales y redes sociales

El letrado visitó este jueves 31 de marzo a Fujimori en la prisión de Lima en la que cumple una condena a 25 años por crímenes de lesa humanidad, tras lo cual declaró que no esperaban que la CorteIDH ordenara “medidas provisionales” para paralizar su liberación inminente.

“Mi única esperanza es que se haya realizado por falta de información”, sostuvo tras recordar que la Justicia peruana dictó la semana pasada medidas cautelares, como el impedimento de salida del país, para Fujimori en otros procesos que se le siguen.

El abogado también confirmó que la CorteIDH convocó a una audiencia para este viernes, en la que se revisará “si se va a poder ejecutar o no la medida del TC”, que restableció el indulto otorgado a Fujimori en diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de cárcel por la autoría mediata de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

En un comunicado, IDEA señaló que el anuncio de su inmediato juicio bajo los cargos de “terrorismo, sedición y conspiración” resulta contrario a los principios fundamentales de un Estado de derecho.

“El 27 de julio expresamos nuestra preocupación por una constante en la región, a saber, la judicialización de la política o guerra jurídica que vienen implementando desde el poder algunos gobiernos al objeto de criminalizar a las oposiciones comprometidas con los valores de la democracia y la libertad”, señalaron.

IDEA abogó por el respeto estricto en el caso de la expresidenta Áñez de los principios fundamentales de la separación del poder del Estado

Ante el anuncio de que se iniciará al juicio contra Áñez, “por haber actuado contra la Constitución Política del Estado”, IDEA acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y denunció que la expresidenta tiene derecho a gozar de un juicio en libertad, así como derecho al debido proceso y a una tutela judicial efectiva.

“En una democracia representativa es necesario que el ejercicio del poder se encuentre sometido a reglas, fijadas de antemano y conocidas previamente por todos los ciudadanos, con el fin de evitar la arbitrariedad. Este es precisamente el sentido del concepto Estado de derecho”, expresaron.

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Gabriela Morales

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La Corte reiteró que la interdependencia entre democracia, Estado de Derecho y protección de los derechos humanos es la base de todo el sistema del que la Convención forma parte y consideró que los principios de la democracia representativa incluyen, además de la periodicidad de las elecciones y el pluralismo político.

“La permanencia en el cargo de la persona que ejerza la presidencia de la República por más de dos períodos consecutivos de duración razonable sin que dicha duración pueda ser modificada durante la vigencia del mandato”, dijo el organismo en relación al termino.

El Tribunal explicó que la prohibición de la reelección presidencial indefinida debe garantizar la democracia representativa, por lo que es acorde con la convención y, tomando en cuenta la concentración de poderes que tiene la figura del jefe de gobierno o Estado en un sistema presidencial, la restricción de la posibilidad de reelección indefinida es una medida idónea para asegurar dicha finalidad.

CIDH declaró la reelección presidencial indefinida como contraria a los principios de una democracia representativa https://t.co/VB1wr6NHkl

— Centro de Comunicación Nacional (@Presidencia_VE) August 14, 2021

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales venezolanos, internacionales y redes sociales