En la comunicación, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta, se señala que la decisión fue tomada tras las «últimas declaraciones y publicaciones en redes sociales» del mandatario relacionadas con las elecciones.

La apertura de la investigación ocurre después de críticas de distintos sectores políticos y organismos de control por mensajes publicados por Petro en apoyo al candidato oficialista Iván Cepeda, a pocos días de las elecciones.

La carta, dirigida al secretario de la Comisión, Jairo Fabián Corzo Ordóñez, indica que la actuación se sustenta en el artículo 422 del Código Penal colombiano, que establece el delito de intervención en política, así como en las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 y la Ley Quinta de 1992.

La legislación colombiana prohíbe a los funcionarios públicos participar en actividades políticas o intervenir en controversias electorales, salvo el ejercicio del voto.

El presidente de Colombia cuenta con fuero constitucional, por lo que no puede ser investigado ni juzgado por la Justicia ordinaria mientras ejerce el cargo.

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Con información de EFE Servicios y redes sociales

Fuente de imagen referencial: EFE/Ricardo Maldonado Rozo

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El nuevo código, aprobado por el Parlamento en diciembre de 2022, establece que toda persona que mantenga relaciones sexuales con alguien que no sea su marido o su mujer «será castigada por adulterio con prisión hasta por un año», mientras que quienes vivan juntos como un matrimonio sin haberse casado recibirán una pena de seis meses de encarcelamiento.

Para estos delitos, la Policía no puede actuar a menos que los considerados agresores de la norma sean denunciados por sus padres, hijos o parejas legales, lo que excluye a los turistas extranjeros de esta normativa en Indonesia, la nación con más musulmanes del mundo y la tercera mayor democracia del planeta. Bali, el destino por excelencia del archipiélago indonesio, recibió en 2025 a siete millones de visitantes internacionales.

El nuevo marco legal también estipula penas de hasta seis años de prisión para quienes difundan noticias falsas, sabiendo que lo son, si estas «causan disturbios o desorden en la sociedad», un apartado que permite a la Policía detener a personas que el Gobierno considere desestabilizadores en áreas como la política o la economía.

Asimismo, la incitación pública al ateísmo o a abandonar la religión conllevará castigos de hasta cuatro años de encarcelamiento, para lo cual se considerará si el promotor de la apostasía utilizó amenazas de violencia o cualquier tipo de fuerza. El sistema también contempla una pena máxima de tres años por «atacar el honor» del presidente o vicepresidente, quienes tendrían que denunciar el ataque para que la Policía pueda actuar.

Aunque el artículo dice que la crítica por motivos de interés público no es delito, el texto preocupa a defensores de la libertad de expresión por posibles acciones contra la prensa independiente. El código ratifica castigos contra la promoción del comunismo y crea una pena de hasta 18 meses de prisión contra aquellos que dicen poseer poderes sobrenaturales y usarlos para causar daños a terceros.

Una reforma criticada

El nuevo código fue duramente criticado tras ser aprobado en 2022 por organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional (AI) y Human Right Watch (HRW), y su entrada en vigor este viernes ha desatado un nuevo escrutinio de la normativa.

El experto en Derecho Penal Abdul Fikar Hadjar, profesor de la Universidad de Trisakti, remarcó a EFE la importancia de que la sociedad «actúe con valentía para luchar contra las fuerzas del orden» cuando considere que los representantes del Estado están abusando de sus poderes. En este sentido, recordó que los ciudadanos pueden presentar demandas ante el Tribunal Constitucional para solicitar la anulación de ciertas normas.

El país, de tradición secular y pluralista, como recoge su ideología fundacional -llamada «Pancasila», establecida tras su independencia de los Países Bajos en 1945-, afronta un auge de la religiosidad y de los movimientos islamistas. Numerosas organizaciones de derechos humanos condenan la «islamización» del país, que había dado por superado el periodo oscuro de la dictadura de Suharto (1967-1998).

Frente a las críticas, el Ministro de Interior y Justicia, Yusril Ihza Mahendra, destacó en un comunicado que este nuevo enfoque amplía las penas alternativas como el servicio comunitario, «incluyendo un énfasis en la rehabilitación médica y social para consumidores de drogas con el fin de reducir el hacinamiento en las instituciones penitenciarias». Sobre el castigo al sexo extramarital, subrayó que se ha establecido la necesidad de la denuncia de un familiar para procesar este tipo de delito y con ello, dijo, «evitar la excesiva intervención estatal en el ámbito privado».

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DOBLE LLAVE

Con información de EFE Servicios

Fuente de imagen referencial: EFE/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

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El Kuala Lumpur, como se le conoce popularmente al congreso de esta nación, votó por mayoría a favor de la reforma del código penal, que sucede tras más de una década de pasos tomados en esta dirección y después de que el país declarara una moratoria a las ejecuciones en 2018, si bien se continuaron imponiendo condenas a muerte.

Según Amnistía Internacional, hay actualmente 1.337 reos en el corredor de la muerte en Malasia, que podrán pedir una revisión de su sentencia, el 67,5 % de ellos condenados por narcotráfico, entre los once delitos castigados hasta ahora forzosamente con la ejecución.

La ley propone que, en lugar de la pena de muerte, se impongan penas de hasta 40 años de cárcel para dichos once delitos, castigados hasta ahora con la ejecución mediante la horca.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios internacionales

Fuente imagen referencial: Wikimedia, vía web

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La medida fue adoptada por el Servicio Federal de Supervisión Financiera (Rosfinmonitoring), informó la agencia rusa de noticias TASS. Un tribunal de Moscú resolvió en marzo que las actividades de Instagram y Facebook eran «extremistas» y prohibió sus operaciones en la nación.

La Fiscalía rusa presentó además una petición del Parlamento para investigar las actividades de la empresa por «difundir propaganda terrorista» y amenazar la seguridad de los ciudadanos rusos. Conjuntamente, un comité legislativo le acusó de incitar a la violencia y al asesinato de ciudadanos rusos.

Meta fue acusada de «propaganda terrorista» e «incitar al odio»

De este modo, la Fiscalía se amparó en dos artículos del Código Penal que hacen posible señalar a Meta como partícipe en actos de «propaganda terrorista» y de «incitar al odio y la enemistad con amenaza de violencia», al tiempo que acusó a la compañía de reducir sus restricciones sobre el «contenido de odio» hacia los habitantes, en una decisión que «fomenta la permisibilidad de las actividades terroristas» contra la población y el personal militar.

Además, Rosfinmonitoring incluyó también en su listado de «organizaciones terroristas» al movimiento civil Vesna, que durante las últimas semanas convocó protestas contra el decreto de «movilización parcial» aprobado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania, reseñó la agencia rusa de noticias Interfax.

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María Gabriela Moncada

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

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Ambas activistas expresaron que se están recabando firmas para solicitar a la Asamblea Nacional que proceda a modificar esta ley y que básicamente se busca que se cambie la tipificación de maltrato a un animal, de falta por delito, de manera que haya una real penalización a quien les ocasione daño.

Proteccionistas consideran que las leyes que existen son insuficientes

Comentaron que el Código Penal establece entre ocho y 45 días de arresto para quien mate a un animal, lo cual consideran que es insuficiente, por los altos niveles de crueldad que se han visto en los últimos tiempos.

Asimismo, expresaron que maltratar a un animal no es solo infringirle sufrimiento físico, sino también impedirles el acceso al agua, abandonarlos, no bañarlos ni suministrarle los cuidados necesarios.

Apuntaron que en el artículo 34 de la Ley de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio, aprobada en el 2010, se establece que en todas las alcaldías del país debe haber una dependencia que se encargue de la protección y defensa del animal, pero en la mayoría esto no se cumple, lo que indica que hay un desacato evidente.

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Gabriel Velásquez

Con información de medios nacionales y redes sociales

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De esta manera, lo anunció el jefe del Comité de Política de Información, Tecnología y Comunicaciones de la Duma, Alexander Jinshtein, haciéndose eco de unas declaraciones en su canal de Telegram, informó la agencia Interfax .

Desde hace varios años la Duma rusa tomó medidas contra otras orientaciones sexuales

«Hoy, tal prohibición se aplica exclusivamente a los niños. Esto, claramente, no es suficiente. Proponemos, en general, extender la prohibición de tal propaganda independientemente de la edad de la audiencia», destacó Jinshtein.

La medida contempla prohibir la difusión de estos contenidos en medios de comunicación, Internet, redes sociales, en incluso en los cines, así como establecer una ampliación del Código Penal para que se reconozca como falta administrativa hacer «apología» de ello.

Por otra parte, también se contempló endurecer las penas para los delitos de pedofilia, la prohibición entre los niños no solo de esta «propaganda», sino de cualquier otra que demuestre relaciones sexuales «no tradicionales», u otras perversiones.

«Considero esta tarea extremadamente importante, no solo como presidente del comité relevante de la Duma, sino también como padre de dos hijos», remarcó.

La Duma rusa busca ampliar la prohibición de «propaganda» sobre «relaciones sexuales no tradicionales» https://t.co/JhtARmnvyn

— EP Internacional (@EPinternacional) July 11, 2022

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María Gabriela Moncada

Con información de dpa, Interfax y medios internacionales

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La despenalización fue aceptada en sesión extraordinaria por cinco votos a favor y cuatro en contra de los magistrados de la alta corte, en un proceso que lleva meses dilatado por trabas administrativas, por impedimentos a jueces puestos por grupos opositores al aborto, y que hasta hoy no había abordado el debate de fondo.

Hasta la fecha el aborto solo estaba permitido en Colombia por tres causas: cuando está en riesgo la salud o la vida de la madre; cuando es fruto de violación o incesto, o si hay malformación del feto, mientras que en el resto de casos está penado hasta con cuatro años y medio de cárcel.

Duque manifestó su desacuerdo

El presidente de Colombia, Iván Duque, cuestionó la decisión de la Corte Suprema y aseveró en que siempre se ha considerado “una persona próvida”, y que siempre ha sido respetuoso con las tres causales que estableció la Corte Constitucional por muchos años.

“Me parece que este fallo no solamente altera el principio de causas juzgadas frente al cual ya se había pronunciado la corte, sino que me parece además delicado que estemos facilitando que el aborto se convierta en una práctica casi que anticonceptiva y que se pueda volver recurrente y regular”, explicó.

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Gabriela Morales

Con información de agencias de noticias y medios internacionales

También puede haber afectaciones mentales, psicológicas y psiquiátricas que pueden descompensar al agravado. Así lo manifiesta el abogado Jesús Ramón Rodríguez, quien agrega que todos estamos en la calle y así como podemos pescar una gripe, también podemos ser objeto de ofensas.

“Ya sea una persona normal que se exaltó o por una persona que tenga un desquiciamiento o descontrol, también por la vía de redes que ligeramente hagan algunas afirmaciones que afectan al particular o que una web pueda colocar indicaciones respecto a otra sin haberla contactado, sin saber, por el puro hecho de venganza o por causarle una afección… de tal forma que la persona agraviada se sienta mal, se afecte”.

Jesús Ramón Rodríguez señala cómo la Constitución y el Código Penal protegen, regulan y sancionan estos delitos

Rodríguez conoce muy bien el tema, él es especialista en Derecho Penal y Derecho Informático. Asegura que el buen nombre, la reputación, el honor y la vida privada de las personas así como su integridad, están protegidas por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 60.

No deja pasar la oportunidad para referirse igualmente al artículo 442 del Código Penal donde se regula el tema de la difamación y al artículo 444, del mismo código, que se refiere a las injurias.

Afirma que ambos términos tienen unas sanciones que son leves en cuanto al alcance. “La difamación tiene una situación de sanción de uno a tres años y una multa de 100 a 1000 unidades tributarias, eso a consideración del juez, según la gravedad del hecho y si concurre en otras conductas que pueden ser de que la haya realizado de manera continuada, eso agrava la pena”, resalta.

En el caso de las injurias, el Código Penal señala que  la persona será castigada con prisión de seis meses a un año y multa de cincuenta unidades tributarias (50 U.T.).

¿Qué acciones tomar?

El doctor Jesús Ramón Rodríguez señala que hay acciones que puede llevar a cabo la persona difamada, entre estas, dirigirse al agresor y reclamarle la situación con el fin de que retire la publicación que se ha realizado. Otra vía es  ir directamente a poner lo que se llama una querella o una acusación particular ante un Tribunal de Juicio, no de control. Explica que tiene que ser accionado y vigilado por el mismo ofendido o por su representante legal y que en este tipo de casos no interviene el Ministerio Público.

“Es una situación de debate que se va a presentar entre la persona que se siente ofendida y la que está siendo querellada, que está siendo acusada por esa conducta, de difamación e injuria”.

El buen nombre, la reputación, el honor y la vida privada de las personas así como su integridad, están protegidas legalmente

Explica que —como se trata de delitos de acción privada— estos tienen un procedimiento particular, especial, establecido también en el Código Orgánico Procesal Penal. “Hay que comentar que la manera de intervenir la Fiscalía sería antes, cuando esto se trate de la ubicación de datos de esa persona agresora, de esa persona ofensora que está realizando tal actividad y no tiene el ofendido los instrumentos para conseguir que dicha persona pueda ser identificada; entonces el Ministerio Público realiza lo que se llama un auxilio judicial y le entrega esa información que la requirió el ofendido y la consigna ante el Tribunal de juicio para que se realice el procedimiento con la querella que inicia”.

Rodríguez aconseja o recomienda comunicarse con un abogado de confianza para poder analizar y ver las conductas, si alcanzan realmente a ilícitos que puedan ser procesados y ver la posibilidad de que ello pueda ser denunciable, “hay casos de los cuales se han tenido respuestas condenatorias por estos actos agresivos de los difamantes  o injuriantes por vía electrónica y es perfectamente viable”.

Finalmente, Rodríguez aprovechó el espacio para ponerse a la orden de quien quiera conversar y tener información sobre hechos de los cuales se sienta ofendido, y así analizar juntos “la situación ocurrida de hecho y evaluar, plantearse si tenemos posibilidad de llevarla a un juicio”.

DOBLE LLAVE

Tomado de El Sumario

Mediante conversación con el entrevistado e información de Juristelseg